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Mexico Violento

Hipocresía y fraude electoral, la cruzada antihambre de Peña Nieto

La cruzada antihambre de Peña Nieto, el seguro de vida para el priísmo en México

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La pobreza de México Foto: red

Por Alberto Buitre

La Cruzada antihambre de Peña Nieto se convertirá en la empresa electoral más grande en la historia de México. Con un PRI anclado a la compra y coacción del voto, la institucionalización de la entrega de despensas será la legalización del fraude electoral y un seguro de vida para el priísmo.

Con una población meta de 7.5 millones de pobres a quienes se les pretende hacer llegar este plan alojado en el Sistema Nacional Contra el Hambre, el PRI cubriría la totalidad, más 2.5 más, de personas a quienes les compró el sufragio en la elección presidencial del 2012, constatado en cinco millones de votos, según cifras de la coalición Movimiento Progresista. Y con elecciones municipales, estatales y federales intermedias a la vista, el absolutismo priísta contará con una herramienta sustancial para su imposición en cada rincón del país.

Durante la campaña presidencial, la coordinación electoral de Peña Nieto adelantó que se crearía este programa, dijeron, como una copia del plan Hambre Cero implementado en Brasil por el presidente Lula que redujo de 60 a 20 millones el número de pobres en ese país. Sin embargo, el plan peñanietista no es ni por mucho una calca del modelo brasileño, sino simple y llanamente una transpolación nacional de un modelo instaurado en el Estado de Hidalgo cuando el hoy secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, era gobernador de esa entidad. Ahí le llamaron Plan Alimentario y trataba única y exclusivamente el reparto de despensas básicas a través del sistema DIF (que por cierto, ahora dirige a nivel nacional la esposa de Osorio Chong, Laura Vargas Carrillo).

Pero el programa de Osorio Chong en nada resolvió la hambruna en Hidalgo, tipificado por la Federación como el quinto estado más pobre de México. A razón de que, entonces, al Gobierno estatal se le olvidó implementar reglas de operación, ley orgánica o mecanismos de transparencia que evitaran lo que finalmente ocurrió: el Plan Alimentario hidalguense fue interceptado por operadores electorales que bajo orden oficial reparten a conveniencia los alimentos (no necesariamente a quien lo necesite) convirtiéndose esto en la herramienta inmediata de coacción electoral que tuvo su prueba de fuego en la elección gubernamental del año 2010 donde el otrora gobernador impuso a su sucesor, Francisco Olvera.

Ése es el plan ahora nacionalizado en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Un programa que ni siquiera puede calificarse de bien intencionado, cuando sus objetivos específicos son político-electorales. Y si no fuera así ¿qué alcances podría tener un plan pensado para 7.5 millones de habitantes, cuando existen 28 millones de mexicanos que literalmente no tienen ni para comer, 10 millones de los cuales son indígenas con hambruna, según Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)?

Además de que este programa no se plantea eliminar las causas de la miseria que están relacionadas con el incentivo de las relaciones mercantiles y la eliminación de derechos sociales, aunado a la cancelación de la organización agrícola y el subsidio a las cosechas que eviten la migración del campo a las urbes donde más y más gente está expuesta al desamparo ¿Qué no es la Cruzada Nacional Contra el Hambre sino una hipocresía perversa de Peña Nieto y los capitales que lo solapan?

Más en el blog: http://buitre.info

 

Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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