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Justicia pendiente

Hermano de juez ejecutado involucra a Peña Nieto por caso Atenco

Enrique Peña Nieto le habría pedido al juez ejecutado en 2006, René Hilario Nieto, incrementar al máximo pena carcelaria a líder de Atenco

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La Suprema Corte de Justicia entregó el premio al mérito judicial al Juez René Hilario Nieto In Memoriam Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

TOLUCA, México.- Su hermano fue ejecutado en Toluca el 17 de agosto de 2006. Se trataba de un hombre de Estado, el juez federal de Almoloya de Juárez, René Hilario Nieto. Una ejecución de francotiradores, según denuncia de Ricardo Humberto Nieto, por no someterse a las peticiones de quien estaba planeado que sería el presidente de la República: Enrique Peña Nieto.

El hermano del juez, ha tenido que hacer sus propias investigaciones, ha dedicado años y recursos a indagar por qué ejecutaron a su hermano, si “era un hombre de leyes”, dice, “entregado a la justicia y a conducirse con rectitud”. ¿Por qué la Procuraduría ha detenido a presuntos culpables y los ha liberado al poco tiempo? ¿Por qué hay otras muertes detrás de esta muerte? eran las preguntas que rondaban en su mente y no ha descansado hasta conocer la verdad.

René Hilario era secretario proyectista y trabajaba con el juez Juan Pedro Contreras. Su nombramiento como juez federal fue un mes después de los enfrentamientos de Atenco. A él llegó el caso, y según la denuncia de su hermano Ricardo, se le “ordenó” entre sobornos, cohechos y amenazas, incrementar las penas carcelarias de los campesinos, especialmente la de Agustín del Valle, líder de los campesinos, que conforme a derecho rondaban entre meses hasta tres años. Sin embargo, la “orden” pretendía hasta 112 años de cárcel.

El haberse negado a esta solicitud sería el motivo por el cual lo ejecutaron, según la investigación. Pero su hermano denunció también que el juez había sido acosado y amenazado con otros casos de altos delincuentes protegidos por políticos del Estado de México. Para el hermano del juez no hay duda de sus asesinos materiales. Entre éstos, ha señalado a Roberto Delgado Nabor como uno de los que francotiradores, ejecutados mayo de 2007, en Veracruz, siendo escolta de Enrique Peña Nieto.

Han pasado seis años del asesinato del juez federal Nieto Contreras, y no ha habido claridad ni justicia en este crimen, denuncia Ricardo Humberto quien se ha dirigido a este medio y a la opinión pública internacional para contar puntualmente una narcoejecución acallada por los medios en México al estar involucrado el candidato del PRI.

Peritos de la PGR y agentes federales en la ejecución del juez federal René Hilario Nieto Foto: Agencia MVT

Mi hermano se negó a incrementar las penas carcelarias de líderes de Atenco

Ricardo Humberto Nieto ha escrito una serie de documentos en los que va atando cabos y sumando nombres de personas involucradas en el crimen contra su hermano. En vida, el juez era muy apegado a su hermano y le contaba las presiones que tenía en su trabajo. Le daba nombres de políticos involucrados en el narcotráfico y de cómo estaban protegidos por los mismos cárteles. Para Nieto, el candidato del PRI sólo es el rostro de una mafia política que intentar seguir en el poder a costa de la vida de las personas. Aquí parte de su denuncia:

“Soy el Dr. Ricardo H. Nieto Contreras, médico general por 30 años y con 10 especialidades en medicina alternativa o naturista, con lo que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien con tres consultorios a mi cargo y empresario independiente registrado Amway de México durante 12 años. Aunque gozo de un éxito parcial debido a las continuas interrupciones (falsas demandas, amenazas, extorsiones, difamaciones, etc.) por cuestiones del narcotráfico y la política, como más adelante lo explicaré.

No es mi intención herir susceptibilidades, sinceramente, sólo quiero exponer mis reales y valederos motivos de por qué uno de los contendientes a la presidencia de México es el peor de los candidatos. Me refiero a Enrique Peña Nieto.

El 3 de mayo del 2006 se cometió una masacre más en contra del pueblo mexicano en San Mateo Atenco muy parecida a Acteal. En esta fecha fatídica mi hermano, el Lic. René Hilario Nieto C., era secretario del juez federal Juan Pedro Contreras en La Palma, Almoloya, (penal de máxima seguridad) en Toluca, Estado de México. Al mes, mi hermano fue ascendido como juez federal.

El 17 agosto del 2006, tuvimos la amarga experiencia de perderlo. Fue acribillado a los dos meses de ser juez federal en Almoloya de Juárez, La Palma, Toluca, Cuarto de lo Penal de Alta Seguridad del Estado.

Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (afortunadamente no pertenecemos a esa nefasta familia). Durante su período fue el estado que más narco ejecuciones contra jueces hubo, así como feminicidios, secuestros, asaltos, extorsiones. Han apresado a personas que, nosotros bien sabemos, tan sólo han sido “chivos expiatorios”.

Los verdaderos criminales están en altos puestos de Seguridad del Estado de México como son los narcotraficantes Wilfrido Robledo Madrid, Aurelio Vargas, Genaro García Luna, entre otros.

También quiero nombrar a Eduardo Medina Mora y Alberto Bazbaz, quien en ese entonces, éste último siendo Secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría del Estado de México por asesinar campesinos y jueces del caso de Atenco. Es decir, lo premiaron por “tapadera” de los narcotraficantes Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el actual Eruviel Ávila, así como del Obispo de Ecatepec Onésimo Zepeda.

Mi hermano, Lic. René Hilario Nieto Contreras, durante los dos meses que estuvo en el cargo recibió múltiples amenazas de muerte, contra él y contra el resto de nosotros, su familia, por no plegarse a los deseos de los narcopolíticos. Fue acribillado porque le tocaba dar sentencia definitoria (Cuarto de lo Penal Federal) a la gente detenida (campesinos) de Santiago Atenco (Peña Nieto “ordenó” que exagerara sus delitos para aumentar la penalidad) y que ayudara (con penas más cortas) a más de cien delincuentes profesionales como Arturo Pliego Fuentes “El Súper Policía”, Daniel Arizmendi “el Mocha orejas”, Ramón Alcides Magaña “el Metro”, a Oziel Cárdenas Guillén del grupo de los Arellano Félix.

Otros delincuentes, conjuntamente con Enrique Peña Nieto, le ofrecieron grandes sobornos para que les ayudara en sus casos. Hablo de millones de pesos, residencias suntuosas, vacaciones lujosas con todo pagado. Pero nunca intentó torcer la ley porque nuestros valores familiares son que la justicia prevalezca a toda costa.

Me dijo mi hermano días antes de su muerte, con mucha tristeza en sus ojos, en su corazón y en su alma, que de someterse se esclavizaría toda su vida o sería abatido por bandas contrarias. Que a México y a los mexicanos “ya nos llevó el tren” porque un número importante de los funcionarios públicos en su entorno estaban coludidos con los narco políticos.

Me reservo muchos de los nombres que él mencionó, porque de ello depende mi integridad física y la de mi familia y para no entorpecer la investigación desde otros países y en cauces legales.

De acuerdo a mis investigaciones personales en las que he invertido fortísimas cantidades de dinero (tanto en investigaciones como en protección) producto de mi trabajo, y de andarme escondiendo y disfrazando por las múltiples amenazas de muerte, de falsas difamaciones y demandas interpuestas en contra de mi profesión y mi persona, tengo una larga lista de más de 50 personas que se involucraron directa o indirectamente con la muerte de mi hermano.

No me causa temor, ya los conozco, y en caso de que atenten contra mi familia o mi persona ya están pagados la mayoría (así funcionan las cosas en México).

Tengo suficientes datos de ellos y de sus “familias” para proceder, pero será por decencia que espero que la Justicia llegue, con las pruebas aportadas a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero mencionar que poco a poco, varios de los involucrados, han ido cayendo en prisión o han sido víctimas de narcoejecuciones políticas. Duele también porque nunca desearía la muerte de un semejante bajo ningún motivo y esa no es la justicia que fortalece al país.

Estas experiencias jamás me han doblegado porque hay lados positivos de todas las experiencias por muy negativas que sean: tuve que aprender de leyes en la práctica para poder ganar las seis falsas demandas que me interpusieron y la verdad se impuso. Aprendí a conocer cuáles eran mis verdaderos amigos y porqué muchos me dieron la espalda ¡aun siendo vecinos!

Me di cuenta que el 78% de los licenciados en Derecho operan con títulos falsos en todo México. Me di cuenta del gran alcance y dominio que tienen estos narcotraficantes, porque me encuentro a ocho horas por carretera de la ciudad de Toluca. Me di cuenta del divorcio total que hay entre las leyes estatales y federales, y que las leyes están hechas para proteger al poderoso. Me di cuenta que la bandera de los narcopolíticos siempre será napoleónica (“divide y vencerás”), y que su objetivo es “vender la patria” para su enriquecimiento personal.

El narco juez federal Juan Pedro Contreras, que fungió como jefe mediato de mi hermano René Hilario Nieto, le negó protección. Cuando mi hermano le pidió escoltas y vehículos blindados para su protección personal por las frecuentes amenazas que estaba recibiendo, él sólo le contestó: “¿¡Qué! A dos meses de tu cargo ya tienes miedo!?”.

No era miedo, conocí a mi hermano profundamente y era un hombre muy valiente. Era su instinto de protección para con sus hijos, mis adorados sobrinos, y su esposa. Sospechosamente, este narcojuez le negó protección (lo necesitaba indefenso) y fue el primero en enterarse del suceso. Fue también el primero en presentarse a la escena del crimen, cuando era un asunto que no le competía directamente. ¿Acaso iba a hacer un peritaje? ¡Solo apareció para constatar que estaba muerto y reportarlo a sus narcos superiores!

Por lo anterior, hago responsable directo a Enrique Peña Nieto, actual candidato del PRI a la presidencia de México, en caso de que se atente contra mí, contra mis familiares y bienes, o ante cualquier acto delictivo, lesiones, secuestro, “siembra” de narcóticos o cualquier o delito que se nos impute, o acto fuera de la ley que dañe nuestro libre derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la expresión y al proceso de esta indagatoria, en exigencia de la justicia para el crimen contra el juez federal René Hilario Nieto Contreras.”

 

La averiguación previa a la que no se dio seguimiento PGR/MEX/TOL/ V/790/2006.

Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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Justicia pendiente

Periodistas independientes convocan a integrar comisión de observadores por la liberación de presos

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Por Ignacio García

Periodistas de Los Ángeles Press lanzan convocatoria a las personas interesadas en formar parte de la Comisión Independiente de Observación en la Liberación de Presos, a raíz del Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario de la Federación, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria de los periodistas, podrán participar integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de derechos humanos, colegios de abogados, facultades de Derecho, Medicina e Instituciones Universitarias que podrán nombrar a un representante para participar a título individual o realizar una declaración firmada de no tener vínculo con alguno con instancias de gobierno o acusadores de las personas privadas de libertad.

La convocatoria especifica que no podrán participar notarios públicos, funcionarios o ex servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipales, por lo que los resolutivos serán enviados a la Comisión Nacional, las comisiones estatales de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

En caso de que la comisión independiente de observación emita acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios del poder judicial, serán enviadas al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunado a que se dará a conocer a la opinión pública.

De la misma manera, la convocatoria invita a participar a personas expertas en diferentes áreas como médicos especialistas en Protocolos de Estambul, periodistas de investigación, médicos legistas, criminólogos, posgraduados en Derecho Penal, entre otros.

La convocatoria estará abierta a partir del 15 de septiembre y se cerrará el jueves 30 de septiembre de 2021, por lo que los interesados deberán enviar su solicitud de participación al correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com, en donde adjunten un documento oficial que acredite su identidad, el cual será únicamente utilizado para validar la identidad del participante.

Asimismo, debe incluir una breve semblanza curricular de no más de diez líneas y los resultados de los integrantes de la comisión serán dados a conocer el 5 de octubre de 2021, por lo que dependiendo del número de integrantes se abrirá un foro virtual, mismo que admitirá propuestas y testimonios sobre la organización de acuerdos que serán entregados a un secretario de la comisión elegido por los integrantes de la misma.

Convocatoria abierta

a formar parte de la

Comisión Independiente de Observación

por la Liberación de Presos

Considerandos

  1. El ACUERDO presidencial publicado el pasado 25 de agosto del 2021 por el que se instruye “a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de pre liberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, adolece de distintas condiciones indispensables de considerar.
  2. Que la mayoría de las condiciones para la liberación de presos en el ACUERDO, YA ESTÁN ESTABLECIDAS EN DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS como es el caso del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y el Artículo 20, Apartado B, fracción IX, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares; En la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal de Amnistía; así como en las legislaciones estatales correspondientes.”
  • Que de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, las normas deben ser interpretadas expandiendo la protección de los derechos de la persona. En atención a este principio, el marco jurídico de la duración de privación de libertad favorece a las personas sentenciadas más que a las personas procesadas. Mientras que a las personas procesadas les aplica el máximo de la pena que la ley fija para el delito de que se trate, a la mayoría de las personas sentenciadas, el plazo de privación de libertad es del cincuenta o del setenta por ciento de la pena[1] por la aplicación de las medidas preliberacionales de libertad condicionada o anticipada. Esta situación genera una diferencia irracional y desproporcionada basada en la situación jurídica, que como se señaló favorece a las personas sentenciadas más que a las procesadas, lo que no resulta lógico ni jurídico.
  1. Que el artículo 1 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  2. “Que el artículo 52 del referido ordenamiento legal establece que procederá el reconocimiento de inocencia de la persona sentenciada” … “en virtud de haberse obtenido a través de una violación de derechos humanos o fundamentales”.
  3. Que a pesar de estar en vigor el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal denominado “Pre liberación por criterios de política penitenciaria” donde se establece “Cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia, o bien cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia”, en la práctica NO SE CUMPLE.
  • Que hay suficientes testimonios de abogados penalistas que dan cuenta de la violación de derechos humanos y parcialidad de jueces en la aplicación de las leyes, a los que se les identifica como “jueces de consigna”.
  • Que más de 112 mil personas en México (INEGI, 2019) permanecen por más de dos años de prisión preventiva bajo el argumento de sobre carga de trabajo en los juzgados o la suspensión de labores por motivos de la pandemia, violando derechos constitucionales.
  1. Que el Comité a formarse conforme al Acuerdo Presidencial, “deberá de estar integrado por servidores públicos que se encuentren adscritos a las dependencias previstas en el artículo Primero de este Acuerdo, a fin de que den seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos a la persona Titular del Ejecutivo Federal.
  2. Que hay una tendencia natural a que los integrantes de los poderes públicos, en general, y del Poder Judicial, en particular, se protejan entre sí, porque la liberación de personas privadas de su libertad por estas causas revela errores, actos de corrupción y actos ilícitos de servidores públicos.
  3. Que la mayoría de las personas privadas de libertad que alegan tortura no cuentan con el Protocolo de Estambul que acredite estos hechos, y en miles de casos se ha sentenciado con confesiones bajo tortura y sin evidencia científica por delitos de alto impacto, negándoles la aplicación del protocolo por estar sentenciados.
  • Que aun cuando está en vigor el principio constitucional de publicidad, que permite que las personas periodistas puedan presenciar audiencias, las autoridades siguen impidiendo el cumplimiento de este principio lo que favorece la opacidad en las resoluciones judiciales, por lo que se necesita socializar la información necesaria para que se ejerza el control comunitario de los procesos judiciales por medio de la labor periodística.
  • Que se siguen fabricando culpables y cometiendo actos de tortura para simular la resolución de investigaciones sobre todo tipo de delitos y, en particular asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y ambientales, y que a la fecha representan un promedio de cuatro crímenes al mes, los abajo firmantes nos permitimos publicar la siguiente:

Convocatoria a integrar la Comisión Independiente de Observadores de Derechos humanos para vigilar, dar seguimiento e incluso impugnar públicamente las resoluciones de los servidores públicos en torno a las omisiones para la liberación masiva de personas privadas de su libertad, por los considerandos arriba mencionados:

  1. Esta convocatoria está abierta a los integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de Derechos Humanos, Colegios de abogados, facultades de derecho y medicina e instituciones universitarias, quienes tendrán el derecho preferente de nombrar un representante por colectivo o asociación; sin embargo, los integrantes deberán participar a título individual y hacer una declaración firmada de no tener vínculo alguno con instituciones o personas que hayan sido vinculadas, mencionadas en expedientes judiciales o en la opinión pública como participantes de manera directa o indirecta de violaciones al debido proceso de personas privadas de libertad. Para garantizar la autonomía de criterios no se admitirá la participación de notarios, funcionarios o ex funcionarios públicos de ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto del fuero común como federal, ni integrantes de partidos políticos.
  2. Los resolutivos serán entregados a las Comisiones Nacional y estatales de Derechos humanos, Las Cámaras de Diputados y Senadores, para la creación de las iniciativas de ley que de ella emanen, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de la Función Pública, así como a los diversos Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueven la liberación de víctimas de derechos humanos privadas de libertad.
  3. En caso de que en la Comisión Independiente de Observación se desprendan acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios públicos del poder judicial o federal, se entregará la información correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, y será puesta al conocimiento de la opinión pública.
  4. Se alienta en particular la participación, mencionada pero no exclusiva de expertos en otras materias de médicos especialistas en Protocolo de Estambul, Periodistas de Investigación, Médicos legistas, criminólogos; postgraduados en Derecho penal, sin detrimento de la inscripción de profesionales en otras materias no contempladas en este primer borrador.

Se abre un primer plazo para inscripciones a la

Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos

Bases

Se abre un plazo para la inscripción de las personas interesadas a partir de la publicación y hasta las 00:00 del jueves 30 de septiembre de 2021, hora Ciudad de México, a través del correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com

Es requisito indispensable acompañar la solicitud de inscripción de un documento oficial que acredite la identidad de los participantes. Los documentos se utilizarán exclusivamente para la identificación de los ponentes y estarán sujetos a las disposiciones de ley que garantizan la protección de datos personales.

Junto a la solicitud de inscripción se debe incluir una breve semblanza o perfil biográfico no más de 10 líneas.

La dirección de esta Comisión Independiente informará el jueves 23 de septiembre de 2021, las personas aceptadas como miembros de esta comisión y organizará itinerario de sus participaciones.

De acuerdo con el número de inscripciones y espacialidad de los miembros se abrirá un foro virtual, con diversas mesas que se programarán en fechas sucesivas, en las diferentes redes sociales de Los Ángeles Press y la Nueva Unión de Periodistas Democráticos.

El Foro virtual promovido por la Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos admitirá testimonios y propuestas sobre los procesos de organización para los acuerdos que se tomen, los cuales serán entregados a un secretario de acuerdos designado por los propios participantes, para su publicación.

Las participaciones tendrán como objetivo central la exposición de motivos sobre los temas que no están previstos en el Acuerdo presidencial y la manera de subsanar estos fallos; dar seguimiento a los casos y generar propuestas para su solución.

Los materiales resultantes podrán ser utilizados, sin fines de lucro, exclusivamente para su publicación respondiendo al interés público con apego estricto a principios éticos y de derechos de autor.

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el mismo Comité integrado.

* * * O * **

 

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[1] Los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas; así como el delito de tortura no admiten medidas de preliberación.

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CNDH pide cuidar higiene menstrual de internas en penales femeninos

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores, a la Comisión de Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el cuidado de la higiene menstrual de las mujeres que se encuentran internas en los penales de la capital del país.

El organismo autónomo refirió que se acreditó violaciones al derecho humano a la protección de la salud en transversalidad con las garantías de salud sexual y reproductiva en los diferentes penales estatales y federales del país.

De acuerdo con la CNDH, tras realizar visitas al Personal de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a los centros penitenciarios que albergan mujeres se constató que hay restricciones para obtener toallas sanitarias femeninas y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente y no existe una partida presupuestal para este sector.

La CNDH revisó los penales de las 32 entidades del país, por lo que confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal para la adquisición de elementos de gestión menstrual que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres.

Por ello, consideró que el gobierno federal y las autoridades estatales deben se garantes de salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad sanitaria de la población penitenciaria femenina.

Anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que en México los penales femeninos no tienen la capacidad sanitaria necesaria para atender a las mujeres, por lo que también se han contabilizado problemas de hacinamiento permanentes.

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