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Justicia pendiente

Hermano de juez ejecutado involucra a Peña Nieto por caso Atenco

Enrique Peña Nieto le habría pedido al juez ejecutado en 2006, René Hilario Nieto, incrementar al máximo pena carcelaria a líder de Atenco

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La Suprema Corte de Justicia entregó el premio al mérito judicial al Juez René Hilario Nieto In Memoriam Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

TOLUCA, México.- Su hermano fue ejecutado en Toluca el 17 de agosto de 2006. Se trataba de un hombre de Estado, el juez federal de Almoloya de Juárez, René Hilario Nieto. Una ejecución de francotiradores, según denuncia de Ricardo Humberto Nieto, por no someterse a las peticiones de quien estaba planeado que sería el presidente de la República: Enrique Peña Nieto.

El hermano del juez, ha tenido que hacer sus propias investigaciones, ha dedicado años y recursos a indagar por qué ejecutaron a su hermano, si “era un hombre de leyes”, dice, “entregado a la justicia y a conducirse con rectitud”. ¿Por qué la Procuraduría ha detenido a presuntos culpables y los ha liberado al poco tiempo? ¿Por qué hay otras muertes detrás de esta muerte? eran las preguntas que rondaban en su mente y no ha descansado hasta conocer la verdad.

René Hilario era secretario proyectista y trabajaba con el juez Juan Pedro Contreras. Su nombramiento como juez federal fue un mes después de los enfrentamientos de Atenco. A él llegó el caso, y según la denuncia de su hermano Ricardo, se le “ordenó” entre sobornos, cohechos y amenazas, incrementar las penas carcelarias de los campesinos, especialmente la de Agustín del Valle, líder de los campesinos, que conforme a derecho rondaban entre meses hasta tres años. Sin embargo, la “orden” pretendía hasta 112 años de cárcel.

El haberse negado a esta solicitud sería el motivo por el cual lo ejecutaron, según la investigación. Pero su hermano denunció también que el juez había sido acosado y amenazado con otros casos de altos delincuentes protegidos por políticos del Estado de México. Para el hermano del juez no hay duda de sus asesinos materiales. Entre éstos, ha señalado a Roberto Delgado Nabor como uno de los que francotiradores, ejecutados mayo de 2007, en Veracruz, siendo escolta de Enrique Peña Nieto.

Han pasado seis años del asesinato del juez federal Nieto Contreras, y no ha habido claridad ni justicia en este crimen, denuncia Ricardo Humberto quien se ha dirigido a este medio y a la opinión pública internacional para contar puntualmente una narcoejecución acallada por los medios en México al estar involucrado el candidato del PRI.

Peritos de la PGR y agentes federales en la ejecución del juez federal René Hilario Nieto Foto: Agencia MVT

Mi hermano se negó a incrementar las penas carcelarias de líderes de Atenco

Ricardo Humberto Nieto ha escrito una serie de documentos en los que va atando cabos y sumando nombres de personas involucradas en el crimen contra su hermano. En vida, el juez era muy apegado a su hermano y le contaba las presiones que tenía en su trabajo. Le daba nombres de políticos involucrados en el narcotráfico y de cómo estaban protegidos por los mismos cárteles. Para Nieto, el candidato del PRI sólo es el rostro de una mafia política que intentar seguir en el poder a costa de la vida de las personas. Aquí parte de su denuncia:

“Soy el Dr. Ricardo H. Nieto Contreras, médico general por 30 años y con 10 especialidades en medicina alternativa o naturista, con lo que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien con tres consultorios a mi cargo y empresario independiente registrado Amway de México durante 12 años. Aunque gozo de un éxito parcial debido a las continuas interrupciones (falsas demandas, amenazas, extorsiones, difamaciones, etc.) por cuestiones del narcotráfico y la política, como más adelante lo explicaré.

No es mi intención herir susceptibilidades, sinceramente, sólo quiero exponer mis reales y valederos motivos de por qué uno de los contendientes a la presidencia de México es el peor de los candidatos. Me refiero a Enrique Peña Nieto.

El 3 de mayo del 2006 se cometió una masacre más en contra del pueblo mexicano en San Mateo Atenco muy parecida a Acteal. En esta fecha fatídica mi hermano, el Lic. René Hilario Nieto C., era secretario del juez federal Juan Pedro Contreras en La Palma, Almoloya, (penal de máxima seguridad) en Toluca, Estado de México. Al mes, mi hermano fue ascendido como juez federal.

El 17 agosto del 2006, tuvimos la amarga experiencia de perderlo. Fue acribillado a los dos meses de ser juez federal en Almoloya de Juárez, La Palma, Toluca, Cuarto de lo Penal de Alta Seguridad del Estado.

Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (afortunadamente no pertenecemos a esa nefasta familia). Durante su período fue el estado que más narco ejecuciones contra jueces hubo, así como feminicidios, secuestros, asaltos, extorsiones. Han apresado a personas que, nosotros bien sabemos, tan sólo han sido “chivos expiatorios”.

Los verdaderos criminales están en altos puestos de Seguridad del Estado de México como son los narcotraficantes Wilfrido Robledo Madrid, Aurelio Vargas, Genaro García Luna, entre otros.

También quiero nombrar a Eduardo Medina Mora y Alberto Bazbaz, quien en ese entonces, éste último siendo Secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría del Estado de México por asesinar campesinos y jueces del caso de Atenco. Es decir, lo premiaron por “tapadera” de los narcotraficantes Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el actual Eruviel Ávila, así como del Obispo de Ecatepec Onésimo Zepeda.

Mi hermano, Lic. René Hilario Nieto Contreras, durante los dos meses que estuvo en el cargo recibió múltiples amenazas de muerte, contra él y contra el resto de nosotros, su familia, por no plegarse a los deseos de los narcopolíticos. Fue acribillado porque le tocaba dar sentencia definitoria (Cuarto de lo Penal Federal) a la gente detenida (campesinos) de Santiago Atenco (Peña Nieto “ordenó” que exagerara sus delitos para aumentar la penalidad) y que ayudara (con penas más cortas) a más de cien delincuentes profesionales como Arturo Pliego Fuentes “El Súper Policía”, Daniel Arizmendi “el Mocha orejas”, Ramón Alcides Magaña “el Metro”, a Oziel Cárdenas Guillén del grupo de los Arellano Félix.

Otros delincuentes, conjuntamente con Enrique Peña Nieto, le ofrecieron grandes sobornos para que les ayudara en sus casos. Hablo de millones de pesos, residencias suntuosas, vacaciones lujosas con todo pagado. Pero nunca intentó torcer la ley porque nuestros valores familiares son que la justicia prevalezca a toda costa.

Me dijo mi hermano días antes de su muerte, con mucha tristeza en sus ojos, en su corazón y en su alma, que de someterse se esclavizaría toda su vida o sería abatido por bandas contrarias. Que a México y a los mexicanos “ya nos llevó el tren” porque un número importante de los funcionarios públicos en su entorno estaban coludidos con los narco políticos.

Me reservo muchos de los nombres que él mencionó, porque de ello depende mi integridad física y la de mi familia y para no entorpecer la investigación desde otros países y en cauces legales.

De acuerdo a mis investigaciones personales en las que he invertido fortísimas cantidades de dinero (tanto en investigaciones como en protección) producto de mi trabajo, y de andarme escondiendo y disfrazando por las múltiples amenazas de muerte, de falsas difamaciones y demandas interpuestas en contra de mi profesión y mi persona, tengo una larga lista de más de 50 personas que se involucraron directa o indirectamente con la muerte de mi hermano.

No me causa temor, ya los conozco, y en caso de que atenten contra mi familia o mi persona ya están pagados la mayoría (así funcionan las cosas en México).

Tengo suficientes datos de ellos y de sus “familias” para proceder, pero será por decencia que espero que la Justicia llegue, con las pruebas aportadas a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero mencionar que poco a poco, varios de los involucrados, han ido cayendo en prisión o han sido víctimas de narcoejecuciones políticas. Duele también porque nunca desearía la muerte de un semejante bajo ningún motivo y esa no es la justicia que fortalece al país.

Estas experiencias jamás me han doblegado porque hay lados positivos de todas las experiencias por muy negativas que sean: tuve que aprender de leyes en la práctica para poder ganar las seis falsas demandas que me interpusieron y la verdad se impuso. Aprendí a conocer cuáles eran mis verdaderos amigos y porqué muchos me dieron la espalda ¡aun siendo vecinos!

Me di cuenta que el 78% de los licenciados en Derecho operan con títulos falsos en todo México. Me di cuenta del gran alcance y dominio que tienen estos narcotraficantes, porque me encuentro a ocho horas por carretera de la ciudad de Toluca. Me di cuenta del divorcio total que hay entre las leyes estatales y federales, y que las leyes están hechas para proteger al poderoso. Me di cuenta que la bandera de los narcopolíticos siempre será napoleónica (“divide y vencerás”), y que su objetivo es “vender la patria” para su enriquecimiento personal.

El narco juez federal Juan Pedro Contreras, que fungió como jefe mediato de mi hermano René Hilario Nieto, le negó protección. Cuando mi hermano le pidió escoltas y vehículos blindados para su protección personal por las frecuentes amenazas que estaba recibiendo, él sólo le contestó: “¿¡Qué! A dos meses de tu cargo ya tienes miedo!?”.

No era miedo, conocí a mi hermano profundamente y era un hombre muy valiente. Era su instinto de protección para con sus hijos, mis adorados sobrinos, y su esposa. Sospechosamente, este narcojuez le negó protección (lo necesitaba indefenso) y fue el primero en enterarse del suceso. Fue también el primero en presentarse a la escena del crimen, cuando era un asunto que no le competía directamente. ¿Acaso iba a hacer un peritaje? ¡Solo apareció para constatar que estaba muerto y reportarlo a sus narcos superiores!

Por lo anterior, hago responsable directo a Enrique Peña Nieto, actual candidato del PRI a la presidencia de México, en caso de que se atente contra mí, contra mis familiares y bienes, o ante cualquier acto delictivo, lesiones, secuestro, “siembra” de narcóticos o cualquier o delito que se nos impute, o acto fuera de la ley que dañe nuestro libre derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la expresión y al proceso de esta indagatoria, en exigencia de la justicia para el crimen contra el juez federal René Hilario Nieto Contreras.”

 

La averiguación previa a la que no se dio seguimiento PGR/MEX/TOL/ V/790/2006.

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Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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