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Justicia pendiente

Hermano de juez ejecutado involucra a Peña Nieto por caso Atenco

Enrique Peña Nieto le habría pedido al juez ejecutado en 2006, René Hilario Nieto, incrementar al máximo pena carcelaria a líder de Atenco

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La Suprema Corte de Justicia entregó el premio al mérito judicial al Juez René Hilario Nieto In Memoriam Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

TOLUCA, México.- Su hermano fue ejecutado en Toluca el 17 de agosto de 2006. Se trataba de un hombre de Estado, el juez federal de Almoloya de Juárez, René Hilario Nieto. Una ejecución de francotiradores, según denuncia de Ricardo Humberto Nieto, por no someterse a las peticiones de quien estaba planeado que sería el presidente de la República: Enrique Peña Nieto.

El hermano del juez, ha tenido que hacer sus propias investigaciones, ha dedicado años y recursos a indagar por qué ejecutaron a su hermano, si «era un hombre de leyes», dice, «entregado a la justicia y a conducirse con rectitud». ¿Por qué la Procuraduría ha detenido a presuntos culpables y los ha liberado al poco tiempo? ¿Por qué hay otras muertes detrás de esta muerte? eran las preguntas que rondaban en su mente y no ha descansado hasta conocer la verdad.

René Hilario era secretario proyectista y trabajaba con el juez Juan Pedro Contreras. Su nombramiento como juez federal fue un mes después de los enfrentamientos de Atenco. A él llegó el caso, y según la denuncia de su hermano Ricardo, se le “ordenó” entre sobornos, cohechos y amenazas, incrementar las penas carcelarias de los campesinos, especialmente la de Agustín del Valle, líder de los campesinos, que conforme a derecho rondaban entre meses hasta tres años. Sin embargo, la “orden” pretendía hasta 112 años de cárcel.

El haberse negado a esta solicitud sería el motivo por el cual lo ejecutaron, según la investigación. Pero su hermano denunció también que el juez había sido acosado y amenazado con otros casos de altos delincuentes protegidos por políticos del Estado de México. Para el hermano del juez no hay duda de sus asesinos materiales. Entre éstos, ha señalado a Roberto Delgado Nabor como uno de los que francotiradores, ejecutados mayo de 2007, en Veracruz, siendo escolta de Enrique Peña Nieto.

Han pasado seis años del asesinato del juez federal Nieto Contreras, y no ha habido claridad ni justicia en este crimen, denuncia Ricardo Humberto quien se ha dirigido a este medio y a la opinión pública internacional para contar puntualmente una narcoejecución acallada por los medios en México al estar involucrado el candidato del PRI.

Peritos de la PGR y agentes federales en la ejecución del juez federal René Hilario Nieto Foto: Agencia MVT

Mi hermano se negó a incrementar las penas carcelarias de líderes de Atenco

Ricardo Humberto Nieto ha escrito una serie de documentos en los que va atando cabos y sumando nombres de personas involucradas en el crimen contra su hermano. En vida, el juez era muy apegado a su hermano y le contaba las presiones que tenía en su trabajo. Le daba nombres de políticos involucrados en el narcotráfico y de cómo estaban protegidos por los mismos cárteles. Para Nieto, el candidato del PRI sólo es el rostro de una mafia política que intentar seguir en el poder a costa de la vida de las personas. Aquí parte de su denuncia:

«Soy el Dr. Ricardo H. Nieto Contreras, médico general por 30 años y con 10 especialidades en medicina alternativa o naturista, con lo que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien con tres consultorios a mi cargo y empresario independiente registrado Amway de México durante 12 años. Aunque gozo de un éxito parcial debido a las continuas interrupciones (falsas demandas, amenazas, extorsiones, difamaciones, etc.) por cuestiones del narcotráfico y la política, como más adelante lo explicaré.

No es mi intención herir susceptibilidades, sinceramente, sólo quiero exponer mis reales y valederos motivos de por qué uno de los contendientes a la presidencia de México es el peor de los candidatos. Me refiero a Enrique Peña Nieto.

El 3 de mayo del 2006 se cometió una masacre más en contra del pueblo mexicano en San Mateo Atenco muy parecida a Acteal. En esta fecha fatídica mi hermano, el Lic. René Hilario Nieto C., era secretario del juez federal Juan Pedro Contreras en La Palma, Almoloya, (penal de máxima seguridad) en Toluca, Estado de México. Al mes, mi hermano fue ascendido como juez federal.

El 17 agosto del 2006, tuvimos la amarga experiencia de perderlo. Fue acribillado a los dos meses de ser juez federal en Almoloya de Juárez, La Palma, Toluca, Cuarto de lo Penal de Alta Seguridad del Estado.

Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (afortunadamente no pertenecemos a esa nefasta familia). Durante su período fue el estado que más narco ejecuciones contra jueces hubo, así como feminicidios, secuestros, asaltos, extorsiones. Han apresado a personas que, nosotros bien sabemos, tan sólo han sido “chivos expiatorios”.

Los verdaderos criminales están en altos puestos de Seguridad del Estado de México como son los narcotraficantes Wilfrido Robledo Madrid, Aurelio Vargas, Genaro García Luna, entre otros.

También quiero nombrar a Eduardo Medina Mora y Alberto Bazbaz, quien en ese entonces, éste último siendo Secretario de Seguridad Pública, fue premiado con la Procuraduría del Estado de México por asesinar campesinos y jueces del caso de Atenco. Es decir, lo premiaron por “tapadera” de los narcotraficantes Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el actual Eruviel Ávila, así como del Obispo de Ecatepec Onésimo Zepeda.

Mi hermano, Lic. René Hilario Nieto Contreras, durante los dos meses que estuvo en el cargo recibió múltiples amenazas de muerte, contra él y contra el resto de nosotros, su familia, por no plegarse a los deseos de los narcopolíticos. Fue acribillado porque le tocaba dar sentencia definitoria (Cuarto de lo Penal Federal) a la gente detenida (campesinos) de Santiago Atenco (Peña Nieto “ordenó” que exagerara sus delitos para aumentar la penalidad) y que ayudara (con penas más cortas) a más de cien delincuentes profesionales como Arturo Pliego Fuentes “El Súper Policía”, Daniel Arizmendi “el Mocha orejas”, Ramón Alcides Magaña “el Metro”, a Oziel Cárdenas Guillén del grupo de los Arellano Félix.

Otros delincuentes, conjuntamente con Enrique Peña Nieto, le ofrecieron grandes sobornos para que les ayudara en sus casos. Hablo de millones de pesos, residencias suntuosas, vacaciones lujosas con todo pagado. Pero nunca intentó torcer la ley porque nuestros valores familiares son que la justicia prevalezca a toda costa.

Me dijo mi hermano días antes de su muerte, con mucha tristeza en sus ojos, en su corazón y en su alma, que de someterse se esclavizaría toda su vida o sería abatido por bandas contrarias. Que a México y a los mexicanos “ya nos llevó el tren” porque un número importante de los funcionarios públicos en su entorno estaban coludidos con los narco políticos.

Me reservo muchos de los nombres que él mencionó, porque de ello depende mi integridad física y la de mi familia y para no entorpecer la investigación desde otros países y en cauces legales.

De acuerdo a mis investigaciones personales en las que he invertido fortísimas cantidades de dinero (tanto en investigaciones como en protección) producto de mi trabajo, y de andarme escondiendo y disfrazando por las múltiples amenazas de muerte, de falsas difamaciones y demandas interpuestas en contra de mi profesión y mi persona, tengo una larga lista de más de 50 personas que se involucraron directa o indirectamente con la muerte de mi hermano.

No me causa temor, ya los conozco, y en caso de que atenten contra mi familia o mi persona ya están pagados la mayoría (así funcionan las cosas en México).

Tengo suficientes datos de ellos y de sus “familias” para proceder, pero será por decencia que espero que la Justicia llegue, con las pruebas aportadas a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Quiero mencionar que poco a poco, varios de los involucrados, han ido cayendo en prisión o han sido víctimas de narcoejecuciones políticas. Duele también porque nunca desearía la muerte de un semejante bajo ningún motivo y esa no es la justicia que fortalece al país.

Estas experiencias jamás me han doblegado porque hay lados positivos de todas las experiencias por muy negativas que sean: tuve que aprender de leyes en la práctica para poder ganar las seis falsas demandas que me interpusieron y la verdad se impuso. Aprendí a conocer cuáles eran mis verdaderos amigos y porqué muchos me dieron la espalda ¡aun siendo vecinos!

Me di cuenta que el 78% de los licenciados en Derecho operan con títulos falsos en todo México. Me di cuenta del gran alcance y dominio que tienen estos narcotraficantes, porque me encuentro a ocho horas por carretera de la ciudad de Toluca. Me di cuenta del divorcio total que hay entre las leyes estatales y federales, y que las leyes están hechas para proteger al poderoso. Me di cuenta que la bandera de los narcopolíticos siempre será napoleónica (“divide y vencerás”), y que su objetivo es “vender la patria” para su enriquecimiento personal.

El narco juez federal Juan Pedro Contreras, que fungió como jefe mediato de mi hermano René Hilario Nieto, le negó protección. Cuando mi hermano le pidió escoltas y vehículos blindados para su protección personal por las frecuentes amenazas que estaba recibiendo, él sólo le contestó: “¿¡Qué! A dos meses de tu cargo ya tienes miedo!?”.

No era miedo, conocí a mi hermano profundamente y era un hombre muy valiente. Era su instinto de protección para con sus hijos, mis adorados sobrinos, y su esposa. Sospechosamente, este narcojuez le negó protección (lo necesitaba indefenso) y fue el primero en enterarse del suceso. Fue también el primero en presentarse a la escena del crimen, cuando era un asunto que no le competía directamente. ¿Acaso iba a hacer un peritaje? ¡Solo apareció para constatar que estaba muerto y reportarlo a sus narcos superiores!

Por lo anterior, hago responsable directo a Enrique Peña Nieto, actual candidato del PRI a la presidencia de México, en caso de que se atente contra mí, contra mis familiares y bienes, o ante cualquier acto delictivo, lesiones, secuestro, “siembra” de narcóticos o cualquier o delito que se nos impute, o acto fuera de la ley que dañe nuestro libre derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la expresión y al proceso de esta indagatoria, en exigencia de la justicia para el crimen contra el juez federal René Hilario Nieto Contreras.»

 

La averiguación previa a la que no se dio seguimiento PGR/MEX/TOL/ V/790/2006.

El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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