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Investigaciones

Hermana de Sanjuana Martínez, beneficiada con programas de Conacyt desde 2018

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Sagrario Martínez Montemayor, hermana de la directora de la Agencia Informativa del Estado mexicano, Notimex, Sanjuana Martínez, fue beneficiada con recursos económicos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde 2018, a través de diferentes programas de Infraestructura Social, meses  antes de que Sanjuana asumiera el cargo público.

De acuerdo con información de Transparencia a la que Los Ángeles Press tuvo acceso, en abril de 2018, la hermana de la actual directora de Notimex recibió un recurso de 17 mil 151 pesos (902 dlls) como parte de los programas de subsidios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Conacyt. No obstante, a partir de que su hermana asumió el cargo público, coincidentemente, fueron incrementándose los montos del subsidio, e incluso en este año, la Dirección de Vocación Científicas y el mismo SNI registraron al menos dos subsidios que suman 98,080 pesos.

En 2020, Sagrario Martínez Montemayor tuvo un incremento en el subsidio que ascendió de 17 mil a 23 mil 770 pesos (1,219 dlls), mientras que en 2021, Transparencia arrojó un registró de 24 mil 520 pesos (1,290 dlls) y otro de 73 mil 560 pesos como parte del programa de infraestructura social del programa del Conacyt, aunado a que también de forma sistemática ha sido beneficiaria de otros distintos programas de la misma institución.

Según el indicador general de Conacyt, Sagrario Martínez es investigadora del SNI tipo II. Con una licenciatura en Química Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), maestra en Ciencias con Especialidad en Ingeniería Cerámica por la misma institución y doctora en Polímeros por el Centro de Investigación en Química Aplicada.

Sanjuana Martínez Montemayor, como directora de Notimex, ha sido denunciada ante tribunales por haber incurrido en diferentes irregularidades en su gestión al frente de la empresa informativa como despidos injustificados, acoso y violación de los derechos laborales de los trabajadores, desconociendo una huelga que supera los 600 días. Además, fue expuesta públicamente por medios internacionales como la BBC de usar recursos públicos para atacar a mujeres periodistas con calumnias y difamaciones, y de usar tráfico de influencias para introducir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador a Raymundo Ramos, un hombre que se presenta como activista de derechos humanos en Nuevo León y fue descubierto en conversaciones con miembros del Cártel del Noreste en el que claramente se revela que trabaja para ellos.

 

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Estados Unidos

En el juicio de Nueva York, ‘El Diablo’ culpó de violencia en Nayarit a García Luna

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El Diablo y García Luna

Narcotraficantes pagaron a García Luna 5 millones de dólares por la ‘plaza de Nayarit’

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

En el testimonio en contra de Genaro García Luna, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, ‘El Diablo’, culpó de la violencia de estado por la falta de apoyo del exsecretario de Seguridad Pública federal, durante la gestión del gobernador Roberto Sandoval; y no a que el Cártel de los Beltrán Leyva tenían compradas a las autoridades, como él mismo había aceptado.

“Sin recursos, rentamos un helicóptero, compramos uniformes nuevos y sacamos a crédito un auto blindado para dar la apariencia de seguridad hacia el pueblo de Nayarit”, confió en la sesión verpertina de la audiencia de ayer martes.

Señaló que hubo una segunda ocasión en que la facción del Mayo Zambada y El Chapo Guzmán enviaron a Julián Venegas, compadre del Chapo, a ofrecerles de nueva cuenta comprar la plaza. “Me dijo que a nivel federal ya tenían todo arreglado”, y mencionaron haber pagado “5 millones de dólares a Genaro García Luna” para primero poder matar a ‘El Chaguín’, empleado de los Beltrán Leyva, que a su vez había matado al hijo de Nacho Coronel, pero sobre todo para tomar la plaza nayarita.

“No acepté la oferta (esta vez le ofrecieron 5 millones de dólares) pues teníamos un compromiso con los Beltranes”, aseguró Veytia.

En ese punto, acabó momentáneamente cualquier referencia al acusado, pues el relato llegó al momento del cambio de presidente en México en 2012 y el ascenso del mismo Veytia como fiscal general del Estado en 2013. Reconoció la relación muy cercana que siguió teniendo con el H2 y los crímenes, torturas, despojos, secuestros, incendios, reportes falsos, ataques o incautaciones ordenados por el mismo H2 que eran ejecutados por Veytia o elementos de la corporación a su cargo.

Dijo que llegó un momento en que ‘El H2’ dejó de tener poder, por lo que él mismo planeó primero secuestrar, luego torturar y después asesinar a ese líder criminal “con autorización del gobernador y coordinándome con fuerzas federales” que no eran de la policía federal.

Leer más: Genaro García Luna y la señora Wallace: Historia y contexto de una pareja siniestra

 

También admitió que a otro al que llamaban El Paisa, los Beltrán Leyva lo quisieron ejecutar y fallaron, así es que estando ese personaje en el hospital, Leyva ordenó a la policía a su cargo que se retiraran del nosocomio para que otros pistoleros lo fueran a rematar.

En el contrainterrogatorio, el defensor Florian Miedel utilizó el reconocido recurso de la defensa de hacerle ver al testigo que su primer mención de Genaro García Luna “se habría dado ya en el 2020, cuando él mismo se ofreció a colaborar en este caso” y no en alguna «de las 150 veces anteriores» que este testigo se había entrevistado con agentes federales.

“Es que no me preguntaron por él”, se disculpó Veytia.

“Usted habló de corrupción de funcionarios, del gobernador, del secretario de la Defensa Nacional, de comandantes de la policía, de generales del ejército, de jueces, y en ninguna charla mencionó el nombre de Genaro García Luna”, volvió a preguntarle Miedel. “No, en ninguna”, aceptó el exfiscal originario de Tijuana.

Entérate: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

 

Le recordó el defensor a Veytia que los fiscales de los Estados Unidos se habían arrepentido de haberle ofrecido un acuerdo de culpabilidad, el cual nunca celebraron, “porque no podían corroborar la información que usted les daba”.

– Yo no lo recuerdo así- dijo Veytia.

– ¿Pero no estaba usted devastado por no tener un arreglo?- atacó el defensor.

“Si”, aceptó débilmente.

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El Caso Wallace

Periodista hace precisiones sobre víctimas del caso Wallace a Salvador Leyva, exfuncionario de Defensoría pública

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salvador leyva morelos

 

 

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, quien se desempeñó como secretario técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, hizo pública su renuncia a la nueva titular de ese organismo Taissia Cruz Parcero. Sin embargo, en su referencia a las víctimas del caso Wallace, dice «sentir temor de que la defensa sea vulnerada».

En respuesta, la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de El falso caso Wallace, en una carta abierta al exfuncionario público, especifica las situaciones de vulnerabilidad que ya presentaba la defensa de las víctimas durante la gestión de Salvador Leyva como responsable de combatir la tortura desde Defensoría pública.

Aquí la carta abierta

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023

Sr. Salvador Leyva Morelos Zaragoza
Exsecretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP

En su renuncia al Instituto Federal de Defensoría Pública presentada con fecha del 2 de febrero de 2023, hago las siguientes precisiones con respecto a las víctimas de la fabricación del caso Wallace, por mi compromiso ético con éstas y por el derecho que México tiene a estar informado, sobre todo cuando ha sido objeto de manipulación mediática y corrupción judicial por casi cuatro sexenios promovida por ustedes mismos, los servidores públicos.

Siendo secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrito a la Dirección General del IFDP, usted ignoró a las víctimas de tortura relacionadas con este caso: César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón, y al abogado defensor de Jacobo, Alejandro Garduño Real, quien sufrió atentados con armas de fuego, además de la tortura psicológica por las amenazas a su familia.

Bajo su gestión, se le negó a César Freyre Morales practicarle el protocolo de Estambul por parte de la institución con el argumento de que ya estaba sentenciado. Incluso el defensor público que lleva el caso de esta víctima dijo tener miedo a represalias por tomar iniciativas en la defensa. Mi trabajo como periodista de investigación llegó a generar la evidencia documental para gestionar ante el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, adjunto a la CNDH, la aplicación del protocolo de Estambul a César Freyre, y el 1 de agosto de 2022, bajo la dirección del Dr. Emmanuel Santos Narváez, se le entregó el resultado positivo en tortura, siendo una de las víctimas con más eventos de estas violaciones de derechos humanos en las que participó directamente Isabel Miranda Torres, acompañada en 2015 por Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de seguridad púbica, esposo de quien ahora es la titular del IFDP.

Usted, su director general y el defensor público de César Freyre ignoraron los resultados de ese protocolo de Estambul, sin darle el debido seguimiento.

Jael Malagón Uscanga, quien fue torturado dentro de la celda en mayo de 2010 y que el ataque le provocó el desprendimiento de la retina del único ojo que tiene, tampoco fue atendido por el IFDP como víctima de tortura en el tiempo de su gestión como secretario técnico, siendo la acusadora Isabel Miranda Torres la que participó directamente en la detención de Jael, a quien también se le ha negado realizar un protocolo de Estambul y aún se encuentra sin sentencia. La defensora pública que lleva el caso de Jael ha expresado a la familia “el pánico que le tiene a Isabel Miranda”, por lo que tampoco ha hecho una defensa correcta.

Jacobo Tagle, como usted bien sabe, con protocolos de Estambul positivos en tortura y sin sentencia, además de la acusación del falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, fue acusado del homicidio de Eduardo Bracamontes Salazar, causa 80/2012, perpetrado en 2004. La confesión de Jacobo bajo tortura fue parte de las fabricaciones del exagente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con la complicidad de la jueza de la CDMX Hermelinda Silva Meléndez, para sentenciar culpables a George Khoury Layón y a César Freyre Morales.

George Khoury ha sido víctima de cuatro detenciones arbitrarias y tortura ordenadas por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y ha sido acusado reiteradamente en los medios por Isabel Miranda de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo y de otros crímenes.

Sin embargo, George ha sido absuelto de cinco procesos, y solo tiene la causa mencionada por la corrupción del Juzgado Vigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. La tortura más reciente a George Khoury fue el 12 de junio de 2022, en el Cefereso #17 de Michoacán, y en su traslado arbitrario al Cefereso #12 de Guanajuato, cuatro días antes de su audiencia de preliberación por haber compurgado el 50 por ciento de la condena por el delito que no cometió. La misma acusadora, los mismos torturadores y la misma indiferencia de usted en estos casos en su responsabilidad de combatir la tortura, los tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario.

Por último, el exdefensor público Alejandro Garduño Real fue despedido injustificadamente del IFDP, después de 20 años de trabajar en el Poder Judicial y de tomar la defensa de Jacobo Tagle en 2019, cuando presenté ante la FGR y al Senado de la República al padre biológico de Hugo Alberto Wallace, quien daba la prueba superveniente con la muestra de ADN, el acta de matrimonio con su prima Isabel Miranda y el de nacimiento de su hijo con sus apellidos. Tras una serie de amenazas y atentados, el abogado Alejandro Garduño fue obligado a pedir refugio político a Estados Unidos, debido a la falta de protección institucional y a las torturas psicológicas por las amenazas a su familia ignoradas bajo su gestión en la secretaría para combatir la tortura.

Por lo anterior, la realidad de las víctimas contradice sus palabras sobre el temor que dice sentir a que la defensa de éstas sea vulnerada, puesto que en su propia gestión -bajo la dirección de Netzaí Sandoval Ballesteros– ya lo era.

Usted mismo fue parte del tráfico de influencias promovido por Ricardo Raphael con Alejandro Gertz Manero, en la FGR, y con el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar. Usted mismo promovió la entrada ilegal de Ricardo Raphael al Cefereso #16, de Morelos, para entrevistar a una de las víctimas, usurpando la función de un servidor púbico y dando armas judiciales y mediáticas a Isabel Miranda Torres para sus ataques.

Desde el IFDP se manipuló la defensa de las víctimas, y se ignoraron mis denuncias por tortura y secuestro en grado tentativo contra Isabel Miranda Torres interpuestas en 2018 y ratificadas en 2019.

No señor Leyva, usted no dice la verdad a México, y es responsable de la defensa vulnerada de miles de víctimas de tortura que fueron ignoradas por su gestión, no solamente el de las ocho víctimas de Isabel Miranda Torres, no seis, por cierto, como usted dice, una imprecisión que demuestra su ignorancia o su manipulación.

Las víctimas y nuestro país merecen la verdad. No los subestime.

Atentamente

Guadalupe Lizárraga
Periodista independiente
Los Ángeles Press

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Investigaciones

Las violaciones constitucionales de Javier Corral y Jenaro Villamil a personas privadas de libertad

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Caso Duarte y el caso Miroslava, temas manipulados por el exgobernador de Chihuahua en SPR, un medio del Estado

Por Guadalupe Lizárraga

El 11 de enero, el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado visitó los estudios del Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano (SPR) que dirige Jenaro Villamil Rodríguez. Dos personajes de la vida pública que se presentan -al menos- como enterados de las leyes y la comunicación.

Sin embargo, no se puede tomar como desinformación o descuido el contenido de la entrevista que Jenaro hace a Corral en su programa “Versiones públicas”, en el Canal 14. Villamil, desde hace décadas, se ha mostrado como un experto en comunicación televisiva y manejo de medios. Incluso con obra publicada en la materia.

Corral, por su parte, cuenta con una cédula profesional como licenciado en Derecho de una universidad sinaloense expedida en 2006, y su perfil de Wikipedia dice ser “catedrático” de la UNAM, “institución que le otorgó el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, un extraño premio que sólo se ha otorgado una vez y ha sido a él, aunque no se encuentra registrado en el sitio digital del instituto.

De cualquier manera, ninguno de los dos ignora lo que es una violación a las garantías constitucionales, a los derechos humanos ni las implicaciones del grave daño moral que ocasiona la violencia de su narrativa, más tratándose de un medio del Estado; por lo que el proceder de ambos parecería responder más que a un ejercicio de la libertad de expresión, a un ejercicio de violencia institucional deliberadamente planeado.

Dos elementos de la entrevista: Por un lado, la docilidad de un periodista como Jenaro Villamil, que antes era un feroz crítico de las televisoras por sus contenidos tendenciosos y sesgos ideológicos, hoy hace lo mismo, utiliza los recursos públicos para una promoción política y empresarial de Javier Corral. Y dos, la grandilocuencia de Corral se traduce a una burda táctica bajo los principios de Goebbels: negar, distorsionar y banalizar los asuntos de la agenda pública que lo incomodan: El gobierno de Maru Campos, la debilidad jurídica del caso César Duarte, y las irregularidades en la investigación del homicidio de Miroslava Breach.

Para el recuento de las violaciones observemos en primer lugar el escenario del estudio. La fotografía en primer plano de César Duarte Jáquez como fondo de la entrevista representa un grave daño moral no sólo para él y su familia, sino para la sociedad en su conjunto. César Duarte aún no tiene sentencia. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, lo cual significa que al momento de esa entrevista es todavía inocente.

La violación a su derecho a la presunción de inocencia, en el que la presunción es un principio jurídico estipulado en el artículo 20, apartado B de la Constitución mexicana, se está dando desde el Estado, por un organismo público responsable de garantizar el derecho a la información, un derecho fundamental que va de la mano con el derecho humano a la libertad de expresión.

Sin embargo, César Duarte ya fue juzgado por SPR, este sistema nacional de radio y televisión que dirige Jenaro Villamil, y que se paga con recursos públicos, es decir, de los impuestos de la ciudadanía. Por tanto, se incrementa la gravedad de la conducta del servidor público Jenaro Villamil Rodríguez, no nada más por desviar recursos del erario para vendettas políticas, sino porque un representante del Estado mexicano es el que está promoviendo las violaciones de derechos humanos a personas privadas de libertad.

Al tratarse de un medio público su capacidad corruptora es incalculable, porque la fractura es la del Estado de derecho. De acuerdo con estadísticas del INEGI, existen más de cien mil personas que se encuentran en la situación jurídica similar a la de César Duarte, con una prisión preventiva prolongada -hay casos hasta de 26 años sin sentencia- y que, independientemente de si son culpables o no, sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso son violentados.

El principio de presunción de inocencia “es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme”. Esto es a través de un juicio. En este caso, el Estado no está garantizando este derecho fundamental a César Duarte, a quien no sólo expuso públicamente su fotografía, con los ojos cubiertos con una cinta negra, sino el mismo servidor público hace elocuciones del tipo “los cómplices de Duarte”.

Corral también usó las expresiones como “cogobierno de Duarte” y “corruptos del PRIAN”, entre otros, implicando a la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de tener un “control de medios de comunicación”. En este sentido, Corral asevera que no hay libertad de expresión en Chihuahua y que la sociedad está siendo manipulada por la corrupción de los medios. No obstante, no da más elementos ni analíticos ni seguimiento de casos o evidencias para sostener su dicho.

De tu interés: Carta al gobernador de Chihuahua por crimen contra Miroslava Breach – Los Ángeles Press

 

Por otra parte, las garantías constitucionales de César Duarte no fueron las únicas que se violaron en ese ejercicio mediático. Javier Corral acusó directamente a “Los Salazar” al habar del asesinato de la periodista Miroslava Breach y fue enfático en sus sentencias. Algunas de sus afirmaciones en la entrevista fueron:

“Larry es el autor intelectual del asesinato” (59:15), “Por parte de las mismas bandas delictivas se ejecutó al pistolero” (50:47), “Jaciel Vega Villa es el otro autor intelectual” (50:57), “Jaciel como El Chueco son protegidos de Los Salazar” (51:23); “Al pistolero lo ejecutaron ellos mismos porque lo habían contratado para eso” (51:43); “El Chueco está estrechamente vinculado al cártel de Los Salazar” (52:01), entre otras frases temerarias del exgobernador.

De acuerdo con la versión de Corral, habría varios autores intelectuales del asesinato de Miroslava, además de los dos que mencionó por sus nombres o alias específicos ante las cámaras de SPR. Pero su entrevistador no le preguntó al exgobernador ¿quiénes son los Salazar a los que se refiere -en plural- como responsables del crimen? ¿Por qué insiste en la acusación mediática ambigua años después de que tuvo en sus manos la investigación criminal del caso? ¿Por qué inmediatamente después del crimen señaló como responsable al narcotraficante Carlos Arturo Quintana, alias El 80, del grupo delictivo La Línea, y se sintió amenazado por él, y horas más tarde -sin aclarar la situación- cambió su versión contra “Los Salazar”? ¿Por qué se alteró la escena del crimen de plantando una cartulina con un supuesto narco-mensaje de amenazas hacia él? ¿Por qué entró a la casa de Miroslava un par de horas después del asesinato y se llevó su computadora? ¿Por qué en mayo de 2017 mantuvo privado de libertad a Hugo Amed Schultz en su oficina de Palacio de Gobierno por más de seis horas, en presencia del fiscal César Peniche y cuatro agentes del Ministerio Público, para obtener una declaración bajo coacción que incriminara a Los Salazar?

Más información: Preguntas abiertas al fiscal de Chihuahua sobre el presunto asesino de Miroslava Breach – Los Ángeles Press

Hay muchas más cuestiones que tendría que responder el exgobernador en una comparecencia pública, pero con respecto a sus calumnias televisivas, solo quedan en eso, porque hasta el momento, confirmado por su abogado, no hay una denuncia judicial por el homicidio de Miroslava en contra de Jesús Alfredo Salazar Ramírez ni de Adán Salazar Zamorano, quienes se encuentran en prisión preventiva por más de diez años acusados de delitos contra la salud, lo cual significa que bajo los principios del Estado de derecho, son inocentes.

Con respecto a Crispín Salazar Zamorano, Corral ha filtrado a los medios que hay una orden de aprehensión en contra de esta persona, y en la entrevista con Jenaro Villamil lo vuelve a sugerir sin ser explícito. No obstante, cuando tuvo a su cargo la investigación criminal del homicidio de Miroslava no tuvo pruebas para ejecutarla. Y una vez que atrajo el caso la FEADLE, los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez detuvieron de manera arbitraria al hijo de Crispín, Edgar Salazar Gaxiola, el 22 de enero de 2019, dado a conocer en los medios hasta el 9 de febrero como si hubiera sido detenido este día y no quince días antes. Primero, los medios lo presentaron como presunto autor intelectual del crimen y después como hijo del presunto autor intelectual, y finalmente, meses más tarde, como el testigo protegido Apolo.

La situación mediática fue fabricada por la FEADLE, y Édgar Salazar Gaxiola fue torturado. Durante los primeros quince días que lo tuvieron retenido le negaron la visita a su madre, quien entrevistada por Los Ángeles Press, confirmó que aún después de dos semanas su hijo presentaba las secuelas físicas de la tortura. El encarcelamiento de Édgar por dos años y la amenaza latente de volver a golpearlo sirvió a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo para coaccionarlo de aceptar declaraciones elaboradas previamente para que incriminara a su padre Crispín Salazar, y a los sentenciados Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, y Hugo Amed Schultz.

Javier Corral, licenciado en Derecho, lo que ha hecho es acusar de nueva cuenta en los medios del Estado, sin pruebas y sin denuncia judicial, a personas que no han sido sentenciadas y que tienen todo el derecho a que se respete su presunción de inocencia y tengan un debido proceso.

En tanto él, lo que debería de responder con transparencia ante una sociedad democrática que se apega al Estado de derecho es por qué, si tiene pruebas de quién más es la responsabilidad del crimen perpetrado contra Miroslava Breach, obstaculizó la investigación con torturas, coacciones, fabricación de declaraciones y contaminó la escena del crimen al momento siguiente de los hechos.

Entrevista Jenaro Villamil a Javier Corral.

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