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Mexico Violento

Hacienda va por reforma en pensiones

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El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, informó que buscan una reforma en pensiones que pase de mil 250 a 750 semanas obligatorias para obtener una pensión, con lo cual se elevará la aportación patronal.

El funcionario federal dijo que las aportaciones de los trabajadores se mantienen intactas y las aportaciones de los patrones se elevan de 5.15 a 13.87 por ciento, por lo que de esta manera buscan que los trabajadores en promedio aumenten en un 40 por ciento sus pensiones.

De acuerdo con el responsable de la SHCP, se trata de una manera radical para las condiciones de retiro de los trabajadores como un acceso a un retiro justo, pues reconoció que las fallas que presenta actualmente el sistema de pensiones es que las aportaciones y el ahorro no son suficientes.

Agregó que esa situación favorecerá ciertos niveles de ingresos, en los cuales la pensión resulta mínima, ya que ejemplificó que un trabajador con hasta 40 salarios mínimos hoy recibe únicamente el equivalente al 30 por ciento de su salario, por lo que las condiciones de vida de esos empleados cambiarán una vez que se retire.

Asimismo, ejemplificó que se garantiza una pensión de 25 a 15 años para la recepción del límite inicial de los trabajadores para destacar el número de personas que serán beneficiadas con este modelo de pensiones para que puedan contar con una posibilidad de retiro digna.

Herrera Gutiérrez refirió que esta reforma representa un cambio para garantizar mejores condiciones de vida de los trabajadores que destinan la mayor parte de sus vidas para la accesibilidad a un retiro digno que les permita sufragar sus gastos personales de manutención.

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Mexico Violento

Red Solidaria Década contra la Impunidad denuncia que México debe ser juzgado por violaciones a derechos humanos

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La Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que México tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso Tzompaxtle Tecpile, por lo cual deberá concluir en una reforma constitucional para evitar más detenciones arbitrarias.

Por medio de un comunicado, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, señaló que el caso Tzompaxtle Tecpile y otros que han documentado abordan la detención arbitraria e ilegal de los indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz, por elementos de la policía federal en Veracruz en enero de 2006.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, las víctimas estuvieron sujetas a un procedimiento judicial que violó las garantías de un juicio justo entre otras situaciones, debido a que las víctimas fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin existir flagrancia, aunado a que no fueron informadas sobre la causa de su aprehensión y fueron puestas en prisión preventiva oficiosa.

De la misma manera, durante el periodo en el que permanecieron recluidas se les fabricaron pruebas falsas para mantenerlos en prisión, por lo que la CIDH ha convocado a México a una audiencia pública el próximo 23 de junio en San José, Costa Rica, para que la corte pueda determinar los hechos y consecuencias jurídicas que sean emitidas la próxima semana.

Desde hace 15 años la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó una petición especial ante la CIDH, misma que fue admitida el pasado 2018 y que emitió recomendaciones especiales y finalmente el año pasado el caso fue llevado en la Corte Interamericana.

Asimismo, enfatizó que buscan que con este caso se muestren las arbitrariedades del proceso penal mexicano en el que miles de personas son sometidas a prisión preventiva oficiosa sin haber recibido alguna sentencia, por lo que enfatizó que se debe garantizar la dignidad a todas las personas.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Mexico Violento

Juez vincula a proceso a 8 sujetos por presunta delincuencia organizada

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Un juez de distrito federal vinculó a proceso a ocho personas por su presunta responsabilidad en la delincuencia organizada por la posesión de metanfetamina, cocaína, mariguana, armas de fuego y cartuchos útiles.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgador federal determinó que existen suficientes elementos para vincular a proceso a las cuatro personas que fueron detenidas por las autoridades federales durante el cumplimiento de la orden de cateo de cuatro inmuebles en el estado de Morelos.

La FGR colaboró con la Guardia Nacional para catear los inmuebles, tras recibir una denuncia anónima en los lugares donde se almacenaba y vendían drogas y donde se localizaron 13 kilos 831.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 22 kilos 537 gramos de mariguana, acetona, seis armas de fuego, 385 cartuchos de diversas calibres, cinco cargadores y cinco vehículos.

Las personas imputadas permanecerán recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Morelos, por lo que se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Morelos es uno de los estados más afectados por el crimen organizado, debido al tráfico de drogas que se producen de la zona sur del país y que se exportan a Estados Unidos, por lo que se tratan de diferentes luchas internas entre los grupos del narcotráfico que tratan de ocupar puestos estratégicos.

Según datos de inteligencia federal, los diferentes grupos del crimen organizado que compiten la zona se desprenden de la escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que se mantiene la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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