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Mexico Violento

Guerrero, tercer estado más peligroso de México para mujeres periodistas

Las mujeres periodistas corren mayor peligro en Guerrero por amenazas de cárteles y funcionarios de gobierno

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Mujeres periodistas en la reflexión sobre la violencia institucional. Foto: Sergio Ferrer

Mujeres periodistas en la reflexión sobre la violencia institucional. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

CIUDAD DE MÉXICO.- Guerrero es el tercer estado con mayor inseguridad para mujeres periodistas, según datos presentados en el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), presentado ayer en la Ciudad de México.

Con base en un registro de 147 casos perpetrados en el periodo que abarca 2014 y 2015 en 24 entidades federativas, incluidos dos feminicidios, la violencia contra mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento en relación a los dos años anteriores, siendo el 54. 4 ciento de los ataques, cometidos por funcionarios públicos. El trabajo muestra que Guerrero ocupó el tercer lugar de índice de violencia, sólo abajo de Veracruz y la Ciudad de México.

El informe incluye el testimonio anónimo de una reportera guerrerense que fue privada de su libertad y torturada por un grupo armado, quien además, tiempo después fue amenazada de muerte y este año, intimidada por policías cuando documentaba el desalojo de un grupo de transportistas.

Para la periodista, “Guerrero es un estado que se encuentra en crisis de violencia e inseguridad, de pobreza y malestar social… caminamos sobre los huesos de las víctimas de la delincuencia, caminamos sobre las fosas clandestinas y en una tumba tan grande no debe haber límites para darle voz a aquellos que fueron callados por las armas”, se lee en el informe en el cual en su apartado aboga por que los periodistas no vean a las personas fallecidas como cifra, que no pierdan la capacidad de generar un periodismo humano.

El informe se presentó en el Museo Memoria y Tolerancia, proyectaron un video con testimonios de mujeres periodistas y posteriormente hubo una charla en la que participaron las periodistas, Lydia Cacho Ribeiro como moderadora, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, quienes narraron sus experiencias frente a hechos de violencia perpetrados en su contra o en el caso de González Barrera, la experiencia de trabajar en el informe con una perspectiva feminista.

Las mujeres periodistas criticaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) así como al Mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas al existir testimonios de revictimización, falta de perspectiva de género , lo cual demuestra que a 10 años de creada la FEADLE, no está funcionando.

Además, coincidieron en que hacen falta abogados dedicados a la defensoría de periodistas así como terapeutas para intervenciones sicosociales, por otro lado, es un hecho que se insiste en demeritar el trabajo de las mujeres intentando in-visibilizarlas o callar su voz o pluma cuando retoman temas que tienen que ver con el despojo, la represión a movimientos sociales, aunque el abanico es amplio lo que dificulta saber de dónde llegan los ataques.

Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, señaló a pregunta de Cacho Ribeiro que en contraparte, con los años, se ha fortalecido el periodismo independiente de mujeres, la construcción de redes de periodistas, la legitimación de periodismo con perspectiva de género, dándoles voz a las periodistas, y lograr que organizaciones machistas incorporen en sus documentos a las mujeres.

Lagunes Huerta, afirma en el informe que, “la violencia contra mujeres periodistas en México no disminuye, muchos pequeños duartes se reproducen en el país”, ante la insistencia de mujeres de efectuar un trabajo que denuncie la corrupción así como el poder abusivo de caciques y las relaciones asimétricas de poder existentes en el sistema patriarcal, existe una expansión de la violencia, usada como mecanismo de intimidación, hostigamiento y coacción para silenciar o frenar las investigaciones que realizan, buscando afectar su intimidad, honor, seguridad física, cibernética, económica e incluso la vida.

La ausencia de registro en los demás estados, es síntoma de que no existen condiciones necesarias para denunciar, afirma el documento, el cual además describe que cuando las mujeres periodistas cuestionan al poder absoluto de políticos, servidores públicos, cuerpos militares y/o narcotráfico, son víctimas de agresiones de diversos tipo que vulneran paralelamente su derecho a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

La cobertura o investigación de actos de corrupción, compra de votos, asuntos relacionados con el desvío de recursos, manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otros hechos son parte de lo que originan incomodidad a los cacicazgos del poder.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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