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Mexico Violento

Guerrero: Policía Ciudadana condena extorsión de Antorcha campesina

La Policía Ciudadana y Popular de Temacalatzingo Guerrero recibe la segunda denuncia de abusos en la comunidad

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Con la esperanza de justicia se formó la Policía Ciudadana. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TEMACALATZINGO, Guerrero.- Eleocadio Cuadrado Acevedo ha sido víctima de extorsión y violencia por parte de Antorcha campesina en el municipio de Olinalá. Instigado por este grupo de choque con la anuencia de autoridades que lo arrestaron por no pagar la extorsión, su abuela sufrió una crisis nerviosa y posteriores secuelas.

Para el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana Popular (PCP) es una flagrante injusticia cometida en contra de este campesino y de los demás ciudadanos de los pueblos indígenas. Se trata de la segunda denuncia pública desde la fundación de la PCP el 2 de diciembre y se dio a conocer la detención por parte de la policía municipal del nahua la madrugada del 18 de este mes en la comisaría municipal de Santa Cruz Lomalapa, municipio de Olinalá con uso de violencia.

Ante estos hechos derivados de un conflicto entre vecinos por la entrada de unos marranos a un terreno, la PCP exige a través de un comunicado al presidente municipal priísta Eusebio González Rodríguez y al síndico procurador, prudencia en sus acciones con las comunidades originarias, de lo contrario desconocerán su autoridad.

También piden que dejen de provocar a través de sus agentes externos de Antorcha Campesina porque solo siembran odio y no traen propuestas para el desarrollo de las comunidades sino solo conflictos por lo que no son bien vistos en territorio comunitario.

Otra exigencia radica en el respeto absoluto a los derechos humanos de todas y todos los indígenas, alto a la extorsión institucional, así como el respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas y campesinos del sistema de gobierno seguridad y justicia popular.

En el sexto punto, informan que el CGSJ-PCP es el órgano de interlocución autorizado para cualquier asunto que tenga que ver con las comunidades indígenas adheridas a la policía ciudadana que nace ante la corrupción y violencia de grupos de delincuencia organizada e institucional.

La misiva, notifica que al no haber pruebas de delito y ante la intervención del CGSJ-PCP, con autoridades municipales, Cuadrado Acevedo salió libre pero no le devolvieron dinero que le habían quitado acusando además a las autoridades de provocarle daño moral y sicológico.

Los hechos

La Policía Ciudadana y Popular narra en el texto que unos marranos del señor Miguel F. R. entraron al patio del señor Cuadrado Acevedo por lo que él los ahuyentó para evitar daños, pero el dueño de los porcinos se molestó y discutieron con groserías aunque la situación no derivó en una cuestión más grave.

Sin embargo, Miguel F.R, por presunta indicación de su suegro Gabriel de los Santos y su cuñado Jośe de los Santos, ambos dirigentes de Antorcha campesina, lo obligaron a denunciar y exigir un pago sin que existiera daños o lesión alguna.

Fue así que el comisario de Lomalapa le cobró a Cuadrado Acevedo 700 pesos pero antorchistas solicitaron su parte exigiendo 500 pesos más. Al no tener el acusado la cantidad de dinero solicitada, los antorchistas, junto con el comisario, llamaron a la policía municipal por lo que el nahua fue llevado a Olinalá donde el Ministerio Público consintió la extorsión.

Para la Policía Ciudadana existen antecedentes de extorsión contra indígenas desde años atrás por parte del Ministerio Público y distintos gobiernos municipales han utilizado este grupo de choque como Antorcha campesina para que “hagan el trabajo sucio”.

Dentro del historial de hechos de extorsiones y violaciones de derechos humanos destacan la agresión sufrida por una señora de Vista Hermosa por la ruptura de las represas de agua de uso común para dos localidades, y ataques a la propia policía municipal y agresiones en reuniones comunitarias.

Estas cuestiones, que al revertírseles son prontamente denunciadas ante el Ministerio Público y la presidencia son para la Policía Ciudadana derivadas del apoyo que reciben por parte del auxiliar del Ministerio Público y “en plena complacencia del Ayuntamiento Municipal actual… así como lo fue de anteriores gobiernos priistas”.

Policía Ciudadana señala complicidad de autoridades

Según el comunicado del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, la situación de las personas involucradas en el conflicto está siendo analizada para iniciar cualquier procedimiento que corresponda, ya que están alterando la paz y convivencia sana de las comunidades indígenas. En cuanto a las instituciones, afirmaron repudiar el manejo fuera de la ley y el hostigamiento de indígenas condenando la “actitud provocadora de las autoridades, presidente municipal y síndico procurador así como de la Policía Preventiva Municipal” fincando responsabilidad a los anteriores de cualquier incidente que se presente.

Nuevamente, el CGSJ-PCP emite la recomendación a integrantes de Antorcha campesina en Olinalá de reflexionar y corregir su conducta porque “les están envenenando la cabeza para agredir a sus propios hermanos -los nauatlajtoani todos somos hermanos, no tuerzan el camino, no se equivoquen—nosotros no somos sus enemigos”, señalan en el documento.

El comunicado reitera que los pueblos se han organizado para defenderse de la delincuencia organizada e institucional, siendo ellos mismos quienes pueden y deben proporcionar seguridad, justicia y desarrollo, somos nosotros mismos ante un gobierno que por siglos ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas en todo el país dejando solo desprecio, represión, chantaje, manipulación política, exclusión, injusticia y represión.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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