Connect with us

Mexico Violento

Guerrero: Policía Ciudadana condena extorsión de Antorcha campesina

La Policía Ciudadana y Popular de Temacalatzingo Guerrero recibe la segunda denuncia de abusos en la comunidad

Published

on

Con la esperanza de justicia se formó la Policía Ciudadana. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TEMACALATZINGO, Guerrero.- Eleocadio Cuadrado Acevedo ha sido víctima de extorsión y violencia por parte de Antorcha campesina en el municipio de Olinalá. Instigado por este grupo de choque con la anuencia de autoridades que lo arrestaron por no pagar la extorsión, su abuela sufrió una crisis nerviosa y posteriores secuelas.

Para el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana Popular (PCP) es una flagrante injusticia cometida en contra de este campesino y de los demás ciudadanos de los pueblos indígenas. Se trata de la segunda denuncia pública desde la fundación de la PCP el 2 de diciembre y se dio a conocer la detención por parte de la policía municipal del nahua la madrugada del 18 de este mes en la comisaría municipal de Santa Cruz Lomalapa, municipio de Olinalá con uso de violencia.

Ante estos hechos derivados de un conflicto entre vecinos por la entrada de unos marranos a un terreno, la PCP exige a través de un comunicado al presidente municipal priísta Eusebio González Rodríguez y al síndico procurador, prudencia en sus acciones con las comunidades originarias, de lo contrario desconocerán su autoridad.

También piden que dejen de provocar a través de sus agentes externos de Antorcha Campesina porque solo siembran odio y no traen propuestas para el desarrollo de las comunidades sino solo conflictos por lo que no son bien vistos en territorio comunitario.

Otra exigencia radica en el respeto absoluto a los derechos humanos de todas y todos los indígenas, alto a la extorsión institucional, así como el respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas y campesinos del sistema de gobierno seguridad y justicia popular.

En el sexto punto, informan que el CGSJ-PCP es el órgano de interlocución autorizado para cualquier asunto que tenga que ver con las comunidades indígenas adheridas a la policía ciudadana que nace ante la corrupción y violencia de grupos de delincuencia organizada e institucional.

La misiva, notifica que al no haber pruebas de delito y ante la intervención del CGSJ-PCP, con autoridades municipales, Cuadrado Acevedo salió libre pero no le devolvieron dinero que le habían quitado acusando además a las autoridades de provocarle daño moral y sicológico.

Los hechos

La Policía Ciudadana y Popular narra en el texto que unos marranos del señor Miguel F. R. entraron al patio del señor Cuadrado Acevedo por lo que él los ahuyentó para evitar daños, pero el dueño de los porcinos se molestó y discutieron con groserías aunque la situación no derivó en una cuestión más grave.

Sin embargo, Miguel F.R, por presunta indicación de su suegro Gabriel de los Santos y su cuñado Jośe de los Santos, ambos dirigentes de Antorcha campesina, lo obligaron a denunciar y exigir un pago sin que existiera daños o lesión alguna.

Fue así que el comisario de Lomalapa le cobró a Cuadrado Acevedo 700 pesos pero antorchistas solicitaron su parte exigiendo 500 pesos más. Al no tener el acusado la cantidad de dinero solicitada, los antorchistas, junto con el comisario, llamaron a la policía municipal por lo que el nahua fue llevado a Olinalá donde el Ministerio Público consintió la extorsión.

Para la Policía Ciudadana existen antecedentes de extorsión contra indígenas desde años atrás por parte del Ministerio Público y distintos gobiernos municipales han utilizado este grupo de choque como Antorcha campesina para que “hagan el trabajo sucio”.

Dentro del historial de hechos de extorsiones y violaciones de derechos humanos destacan la agresión sufrida por una señora de Vista Hermosa por la ruptura de las represas de agua de uso común para dos localidades, y ataques a la propia policía municipal y agresiones en reuniones comunitarias.

Estas cuestiones, que al revertírseles son prontamente denunciadas ante el Ministerio Público y la presidencia son para la Policía Ciudadana derivadas del apoyo que reciben por parte del auxiliar del Ministerio Público y “en plena complacencia del Ayuntamiento Municipal actual… así como lo fue de anteriores gobiernos priistas”.

Policía Ciudadana señala complicidad de autoridades

Según el comunicado del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, la situación de las personas involucradas en el conflicto está siendo analizada para iniciar cualquier procedimiento que corresponda, ya que están alterando la paz y convivencia sana de las comunidades indígenas. En cuanto a las instituciones, afirmaron repudiar el manejo fuera de la ley y el hostigamiento de indígenas condenando la “actitud provocadora de las autoridades, presidente municipal y síndico procurador así como de la Policía Preventiva Municipal” fincando responsabilidad a los anteriores de cualquier incidente que se presente.

Nuevamente, el CGSJ-PCP emite la recomendación a integrantes de Antorcha campesina en Olinalá de reflexionar y corregir su conducta porque “les están envenenando la cabeza para agredir a sus propios hermanos -los nauatlajtoani todos somos hermanos, no tuerzan el camino, no se equivoquen—nosotros no somos sus enemigos”, señalan en el documento.

El comunicado reitera que los pueblos se han organizado para defenderse de la delincuencia organizada e institucional, siendo ellos mismos quienes pueden y deben proporcionar seguridad, justicia y desarrollo, somos nosotros mismos ante un gobierno que por siglos ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas en todo el país dejando solo desprecio, represión, chantaje, manipulación política, exclusión, injusticia y represión.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

Published

on

El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

Continue Reading

Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

Published

on

By

 

Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Continue Reading

Mexico Violento

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja 12 muertos en Jalisco

Published

on

Esta madrugada se produjo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías municipales y estatales durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde murieron 12 personas, de las cuales ocho fueron civiles y cuatro uniformados.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que anunció que apoyarán a las familias de los efectivos abatidos.

El mandatario estatal señaló que los policías realizaban un operativo en una casa de seguridad, donde presuntos delincuentes mantenían secuestradas a personas, por lo que se produjo un enfrentamiento armado, ya que en el interior del inmueble localizaron armamento oculto y cuatro policías municipales de El Salto fallecieron.

Por su parte, el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sostuvo que la policía municipal recibió el reporte de sujetos armados que ingresaban a dos personas esposadas en una vivienda en la colonia San Lorenzo, por lo que los policías acudieron a verificar el lugar y fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

En la refriega fallecieron los cuatro policías municipales, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, por lo que en el sitio fallecieron ocho presuntos delincuentes, cuyos cuerpos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal que acordonaron la zona, por lo que después del enfrentamiento que duró más de una hora se localizaron los cuerpos de los presuntos delincuentes, aunado a que se liberaron a dos personas que habían sido reportadas como secuestradas.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: