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Guerrero: Policía Ciudadana condena extorsión de Antorcha campesina

La Policía Ciudadana y Popular de Temacalatzingo Guerrero recibe la segunda denuncia de abusos en la comunidad

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Con la esperanza de justicia se formó la Policía Ciudadana. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TEMACALATZINGO, Guerrero.- Eleocadio Cuadrado Acevedo ha sido víctima de extorsión y violencia por parte de Antorcha campesina en el municipio de Olinalá. Instigado por este grupo de choque con la anuencia de autoridades que lo arrestaron por no pagar la extorsión, su abuela sufrió una crisis nerviosa y posteriores secuelas.

Para el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana Popular (PCP) es una flagrante injusticia cometida en contra de este campesino y de los demás ciudadanos de los pueblos indígenas. Se trata de la segunda denuncia pública desde la fundación de la PCP el 2 de diciembre y se dio a conocer la detención por parte de la policía municipal del nahua la madrugada del 18 de este mes en la comisaría municipal de Santa Cruz Lomalapa, municipio de Olinalá con uso de violencia.

Ante estos hechos derivados de un conflicto entre vecinos por la entrada de unos marranos a un terreno, la PCP exige a través de un comunicado al presidente municipal priísta Eusebio González Rodríguez y al síndico procurador, prudencia en sus acciones con las comunidades originarias, de lo contrario desconocerán su autoridad.

También piden que dejen de provocar a través de sus agentes externos de Antorcha Campesina porque solo siembran odio y no traen propuestas para el desarrollo de las comunidades sino solo conflictos por lo que no son bien vistos en territorio comunitario.

Otra exigencia radica en el respeto absoluto a los derechos humanos de todas y todos los indígenas, alto a la extorsión institucional, así como el respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas y campesinos del sistema de gobierno seguridad y justicia popular.

En el sexto punto, informan que el CGSJ-PCP es el órgano de interlocución autorizado para cualquier asunto que tenga que ver con las comunidades indígenas adheridas a la policía ciudadana que nace ante la corrupción y violencia de grupos de delincuencia organizada e institucional.

La misiva, notifica que al no haber pruebas de delito y ante la intervención del CGSJ-PCP, con autoridades municipales, Cuadrado Acevedo salió libre pero no le devolvieron dinero que le habían quitado acusando además a las autoridades de provocarle daño moral y sicológico.

Los hechos

La Policía Ciudadana y Popular narra en el texto que unos marranos del señor Miguel F. R. entraron al patio del señor Cuadrado Acevedo por lo que él los ahuyentó para evitar daños, pero el dueño de los porcinos se molestó y discutieron con groserías aunque la situación no derivó en una cuestión más grave.

Sin embargo, Miguel F.R, por presunta indicación de su suegro Gabriel de los Santos y su cuñado Jośe de los Santos, ambos dirigentes de Antorcha campesina, lo obligaron a denunciar y exigir un pago sin que existiera daños o lesión alguna.

Fue así que el comisario de Lomalapa le cobró a Cuadrado Acevedo 700 pesos pero antorchistas solicitaron su parte exigiendo 500 pesos más. Al no tener el acusado la cantidad de dinero solicitada, los antorchistas, junto con el comisario, llamaron a la policía municipal por lo que el nahua fue llevado a Olinalá donde el Ministerio Público consintió la extorsión.

Para la Policía Ciudadana existen antecedentes de extorsión contra indígenas desde años atrás por parte del Ministerio Público y distintos gobiernos municipales han utilizado este grupo de choque como Antorcha campesina para que “hagan el trabajo sucio”.

Dentro del historial de hechos de extorsiones y violaciones de derechos humanos destacan la agresión sufrida por una señora de Vista Hermosa por la ruptura de las represas de agua de uso común para dos localidades, y ataques a la propia policía municipal y agresiones en reuniones comunitarias.

Estas cuestiones, que al revertírseles son prontamente denunciadas ante el Ministerio Público y la presidencia son para la Policía Ciudadana derivadas del apoyo que reciben por parte del auxiliar del Ministerio Público y “en plena complacencia del Ayuntamiento Municipal actual… así como lo fue de anteriores gobiernos priistas”.

Policía Ciudadana señala complicidad de autoridades

Según el comunicado del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular, la situación de las personas involucradas en el conflicto está siendo analizada para iniciar cualquier procedimiento que corresponda, ya que están alterando la paz y convivencia sana de las comunidades indígenas. En cuanto a las instituciones, afirmaron repudiar el manejo fuera de la ley y el hostigamiento de indígenas condenando la “actitud provocadora de las autoridades, presidente municipal y síndico procurador así como de la Policía Preventiva Municipal” fincando responsabilidad a los anteriores de cualquier incidente que se presente.

Nuevamente, el CGSJ-PCP emite la recomendación a integrantes de Antorcha campesina en Olinalá de reflexionar y corregir su conducta porque “les están envenenando la cabeza para agredir a sus propios hermanos -los nauatlajtoani todos somos hermanos, no tuerzan el camino, no se equivoquen—nosotros no somos sus enemigos”, señalan en el documento.

El comunicado reitera que los pueblos se han organizado para defenderse de la delincuencia organizada e institucional, siendo ellos mismos quienes pueden y deben proporcionar seguridad, justicia y desarrollo, somos nosotros mismos ante un gobierno que por siglos ha abandonado a su suerte a los pueblos indígenas en todo el país dejando solo desprecio, represión, chantaje, manipulación política, exclusión, injusticia y represión.

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Mexico Violento

Tribunal de Zacatecas pide crear figura de jueces sin rostro tras asesinato de juzgador

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Tras el asesinato de un juez por el crimen organizado, el poder judicial de zacatecas pidió crear la figura de juzgadores sin rostro

Luego del asesinato del juez de control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, por un grupo armado el fin de semana pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, solicitó al Congreso de la Unión crear la figura de jueces sin rostro para garantizar la integridad de los impartidores de justicia en el país.

Por medio de un comunicado, el juzgador consideró que los jueces de control especializados están expuestos a las agresiones del crimen organizado como sucedió el fin de semana pasado con su homólogo, pues al girar órdenes de aprehensión o sentencias los líderes de los grupos delictivos los amenazan.

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De acuerdo con el representante del Poder Judicial de Zacatecas, existe un riesgo permanente en esa entidad, principalmente en Cieneguillas, donde los trabajadores temen regresar a las actividades regulares en los juzgados de control.

Por su parte, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) pidió al Estado mexicano que garantice las condiciones de seguridad para los trabajadores del Poder Judicial de las 32 entidades del país ante las condiciones de violencia.

El organismo judicial sostuvo que existen condiciones de violencia e inseguridad que vulneran las acciones de los juzgadores, por lo cual enfatizó en la importancia de reforzar la seguridad en los distintos juzgados, así como garantizar la protección de los impartidores de justicia.

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Según las áreas de inteligencia del gobierno federal, en Zacatecas existe una pelea permanente entre los Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan el control de la entidad para el control y tráfico de las drogas y otras actividades que van contra la ley.

 

 

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Justicia pendiente

Respuesta de José Humbertus Pérez por calumnias de Sergio Villafuerte, director de Milenio Estado de México

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El director de Milenio Edomez, Sergio Villafuerte, lanzó calumnias contra José Humbertus Pérez, director de PIDH

 

¡Imaginemos que confianza pueden dar las personas que se venden con las autoridades que tienen familiares en prisión¡

 

Sergio Villafuerte
Director General de Milenio Estado de México

PRESENTE:

Mucho le agradecería que se incluyera en su diario en la edición impresa y digital de mañana lunes 5 de diciembre de 2022 en la nota principal, a ocho columnas y con la misma tipografía, mi nota aclaratoria por la falsa, perversa y calumniosa información que publicó el 1 de diciembre de 2022 el periodista Mario C. Rodríguez, titulada: “Denuncian mujeres a Humbertus Pérez por abuso y violencia”.

Quiero destacar que el Diario Milenio Estado de México tiene mucho años que no publica temas del activismo social y en defensa de los derechos humanos que vengo defiendo desde el año 2007 en todo el Estado de México y de un día para otro me convierto en tema de noticia principal para su diario.

Incluso en la nota publicada el 1 de diciembre de 2022 se faltó a la imparcialidad, objetividad y transparencia que deben aplicar los periodistas en sus investigaciones, máxime por lo gravedad de las acusaciones, el periodista Mario C. Rodríguez antes de hacer la publicación, tenía el deber ético de tomar mi versión y publicar para que los lectores tuvieran su criterio propio.

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Lo más grave, no obstante que desde el 1 de diciembre de 2022 le acredité con pruebas, que estas acusaciones son falsas y que las personas que hoy me denuncian fueron expulsadas de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C. (PIDH, A.C.) por desplegar diversas conductas que las acreditamos al periodista Mario C. Rodríguez y que continuación describimos:

El primer caso María “N”, se le otorgó la garantía de audiencia el 1 de mayo de 2020, para que diera una explicación por las graves acusaciones de extorsionar a Personas Privadas de la Libertad (PPL), reunión a la que no asistió, se le acreditaron depósitos a su cuenta bancaria por la cantidad de $60 mil pesos de las personas extorsionadas, además de otras acusaciones que no fueron atendidas y por resolución del pleno de la mesa directiva se le expulsó de nuestro movimiento. (Se anexaron pruebas de los vouchers están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Segundo caso Gabriela “N”, fue electa tesorera por el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, durante su desempeño se le solicitó en reiteradas ocasiones por la mesa directiva, que presentara los informes mensuales: contables, financieros y fiscales, pero nunca los presentó, también los comprobantes que se le entregaron por los gasto de gasolina, casetas, fotocopias, comidas entre otros.

También se le pidió que entregaran los ingresos totales de los depósitos de las rifas, aportaciones para las rentas de salón y nunca más se volvió presentar a PIDH, A.C. desde el mes de marzo de 2022; pues era importante la información contable, en virtud de que en el mes de abril de 2022 se realizaría la Asamblea Ordinaria de la A.C. para cambiar la mesa directiva incluyendo a la tesorera. El pasado 25 de octubre de 2022 en la asamblea se nombró un nueva tesorera, en la Asamblea General, en el pleno de PIDH, A.C. se votó por unanimidad para que se presentaran la denuncia penal y demanda civil, entre otras.

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Incluso en un primer momento Gabriela “N”, se quedó con nosotros, quién en una reunión que tuvimos con familiares de los penales de Otumba, Texcoco y Zumpango, señaló que María “N”, le cobró varias “asesorías jurídicas”, incluso nos entregó unos vouchers, en donde, nos hizo de nuestro conocimiento que esos pagos se hicieron para contratar a unos sicarios del Estado de Sonora para que atentaran en contra la vida del ofendido que acusaba a su hijo por el delito de feminicidio. (Tenemos los 3 vouchers en nuestro poder de los depósitos y que acreditan que esta testimonial forma parte de una investigación en diversa fiscalía).

María “N” comenzó una campaña de violencia contra la menor de edad (niña) y de género, denuncia que fue interpuesta y que la Fiscalía general de Justicia del Estado de México conoció de estas conductas, concretamente el vicefiscal Rodrigo Archundia Barrientos, pero se niegan a integrar la investigación cuando se trata de proteger políticamente los delitos y fabrican delitos a falsos culpables, incluso no se ha querido incorporar la comparecencia de varias compañeras para que rindan su testimonio como pruebas. Entre éstas, que María «N» les llamó para que me acusaran de acoso y abuso sexual. (Se anexaron pruebas que están en poder de Diario Milenio Estado de México).

Tuvimos conocimiento que una vez que la tesorera Gabriela “N” que no presentó los ingresos y gastos de PIDH, A.C., se volvió a unir con María “N”, quién la acercó al Colectivo Zeferino Ladrillero, quienes apoyaron y comenzaron la denuncia penal en mi contra que interpusieron desde el mes marzo de la presente anualidad, y que sorpresivamente hoy la dan a conocer, violentando el debido proceso y mi presunción de inocencia.

Es muy importante señalar que la estrategia perversa para dañar a un servidor y a PIDH, A.C., se acredita con la propia publicación del 1 de diciembre de 2022, en donde el periodista Mario C. Rodríguez concluye señalando que “Agrupaciones como Haz Valer Mi Libertad y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero dan seguimiento a los casos y arropan a los familiares de presuntos inocentes en prisión».

La estrategia fue desprestigiar a PIDH, A.C. y fortalecer a los colectivos “Haz Valer Mi Libertad” y al “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, cuando estos dos organismos perdieron todas las amnistías que interpusieron desde el 20 de enero de 2021; esto se acredita con el Amparo en Revisión 218/2021 y el diverso Amparo en Revisión 215/2021, resuelto el primero por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el segundo  por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ambos ubicado en la Ciudad de Toluca.

Los colectivos mencionados: ¿arroparon y dieron seguimiento a los casos? No es verdad, perversamente lucraron con el dolor de los familiares, mismos a los que obligaron a raparse, sacarse sangre, denigrarlos bañándolos públicamente simulando estar en prisión, vestirse de Reyes Magos y la cabalgata de la mediocridad jurídica, toda vez que cuando ellos realizan estas “protestas” sus solicitudes de amnistías que ingresaron el 18 de marzo de 2021 en la CODHEM se les habían negado desde el 31 de agosto de 2021 y que en la página 4 del  Amparo en Revisión 218/2021 se señala “tuvo por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados José Antonio Duque y Fabiola Vite Torres” Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Ante la perdida de su estrategia jurídica en las solicitudes de amnistía el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió clemencia y ser oídos por el Gobierno del Estado de México, ¿Por qué no hablar con la verdad a las personas que dicen arropar y que siguen sus casos? Simplemente, porque negociaron con los verdugos de los falsos culpables, la libertad por la lucha y la verdad por la infamia, tenemos pruebas como este colectivo en tan sólo tres casos cobraron aproximadamente $290 mil pesos por tres amparos de tres amnistías perdidas y ahora hasta se olvidaron de los familiares, lo más triste que los PPL no obtuvieron su libertad.

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PIDH, A.C. no perdido ninguna solicitud de amnistía y actualmente tenemos interpuestos 10 amparos colectivos por las resoluciones de la CODHEM, de resolver opiniones consultivas desfavorables (que no perdidas de amnistía).

No somos lo mismo, tenemos otros datos y los damos a conocer que en el Informe Justificado del Amparo Indirecto número 884/2022 rendido por el diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, presentó la relación de las solicitudes que han sido negadas por los organismo que tenían que emitir las citadas opiniones consultivas, y ahí aparecen todos los nombre de las y los PPL que perdieron sus solicitudes de los colectivos que son de: “Haz Valer Mi Libertad” y el “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”, como los casos de Cristóbal “N” y Daniel “N” entre otros, pero lo más deshonesto y perverso es seguir lucrando con la amnistía, que ni un punto y coma no obstante de haber estudiado Derecho no escribieron, y mucho menos hicieron ninguna propuesta para de Ley de Amnistía.

La campaña de desprestigio, calumnias, cobrar por la amnistías y por delitos de violencia a la mujer tiene como objetivo debilitar la Segunda Marcha Nacional de los Falsos Culpables, los acuerdos de la mendicidad jurídica dieron frutos para la traición, y son muchos los intereses para detener a nuestro colectivo.

Señalamos como el director Editorial de Milenio Diario Sergio Villafuerte se comprometió a publicar mi réplica y hasta el día de hoy no se ha publicado nuestro desmentido.

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Finalmente sabemos que uno de los personajes (de muchos más) que están detrás de esta estrategia de perversidad es el diputado Sergio García Sosa, cuyos colaboradores fueron acusados de acoso laboral y contra el director Editorial de Milenio Estado de México Sergio Villafuerte pesan en sus espaldas diversas acusaciones de acoso laboral y que la autoridad del Ministerio Público no ha querido integrar las respectiva carpeta de investigación porque hace uso político de la justicia.

La negativa de darme el derecho de réplica sólo tiene una respuesta, la estrategia de fabricar delitos, para esto se necesita la perversidad; estamos ciertos que el directivo de Milenio Diario Sergio Villafuerte operó esta infamia, no importando que fue nombrado integrante del “Mecanismo para la Protección de Periodistas del Estado de México”.

 

RESPETUOSAMENTE

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
FUNDADOR DE PIDH, A.C.

Evidencias de fraude de Gabriela «N»

 

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Justicia pendiente

Juez niega prisión domiciliaria a Murillo Karam

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Un juez le negó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

El juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia Fuerte, negó cambiar la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue aprehendido desde agosto pasado.

El juzgador ordenó que el ex funcionario federal permanezca en prisión preventiva justificada, aunque en la Torre Médica del penal de Tepepan, por lo cual deberá permanecer en reclusión por las imputaciones que existen en su contra.

Para saber más del caso: UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero

La defensa legal del ex gobernador de Hidalgo alegó que debería permanecer en su domicilio, debido a las complicaciones de salud que ha presentado durante meses, no obstante, esta petición fue rechazada y será atendido médicamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez también determinó fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria contra el también ex senador, debido a que fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Según la defensa legal de Murillo Karam, quien se desempeñó en diferentes puestos durante la administración de Enrique Peña Nieto, necesita de atención médica especial, ya que padece hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral, pero el juez consideró que existe el riesgo de que se dé a la fuga y por ello debe seguir recluido.

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También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Murillo Karam por lavado de dinero, debido a que no comprobó millones de pesos que recibió en distintas cuentas bancarias que usaba para fines personales y a través de familiares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

 

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