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Justicia pendiente

Guerrero, organizado para el boicot electoral

El Frente Igualteco creado para exigir justicia por caso Ayotzinapa dijo que sus organizaciones están preparadas para suspender elecciones y crear gobierno sin partidos políticos

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Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- La consigna es que no se lleven a cabo elecciones en el estado mexicano de Guerrero el próximo 7 de junio del año en curso. Así lo dio a conocer Galileo Alfonso Moreno Pérez, encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz que encabeza el contador público Ignacio Suárez, organización que junto con otras 80 de diferentes regiones del país, integran lo que denominan como la Asamblea Nacional que reconoce como sede la Escuela Normal Rural  “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero.

Este colectivo de organizaciones sociales de oposición al gobierno mexicano, surgió a raíz de los hechos sangrientos y aún no esclarecidos registrados a partir del día 26 de septiembre del pasado año, cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala en patrullas, apoyados por hombres armados sin identificar y en unidades automotores sin razón social o pública, atacaron e hicieron desaparecer a cuarenta y tres estudiantes del plantel formador de profesores de Ayotzinapa.

El Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con otras organizaciones locales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), tienen unas tiendas de campaña en la explanada del Ayuntamiento, en el centro de esta cabecera municipal y donde de manera permanente hay quien o quienes atiendan las demandas de información que se les haga.

Al preguntarle si la Asamblea Nacional y sus organizaciones afines tenían el personal y la infraestructura suficiente para llevar a cabo el bloqueo de los comicios electorales en toda la entidad, Galileo Alfonso dijo: “Sí contamos como Asamblea nacional con el personal suficiente para que se lleve a cabo este procedimiento, el objetivo es que no haya elecciones y que por su parte, los habitantes del estado, se sumen y se nieguen a participar”.

–¿Y en caso de que lograran este propósito, de qué forma se gobernarían las municipalidades una vez terminado el periodo de los que se encuentran actualmente en los ayuntamientos?

–Se haría por medio de la integración de Consejos Ciudadanos municipales –respondió Galileo– en los que se tomarían en cuenta a ciudadanos honestos y responsables, pero con la condición de que estos organismos no tuvieran relación ni filiación con ningún partido político.

 Si se considera que esta entidad federativa cuenta con más 2770 seccionales en sus 28 distritos electorales y 81 municipios, la Asamblea Nacional debería de contar con más de 3 mil personas distribuidas en toda la extensión territorial de la entidad para el día 7 de junio. Y el encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Paz, asegura que cuentan con esa cantidad de afiliados y aún más.

El objetivo fundamental de que se lleve a cabo esta acción, evitar las elecciones, es como una medida de presión en contra del gobierno federal para que esclarezca totalmente los acontecimientos relacionados con los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados.

 Da por hecho que las investigaciones aún no han llegado a su fin, que la comisión internacional enviada para llevar a cabo el análisis del suceso y elaborar las conclusiones realiza una investigación sobre bases documentales y muy poco sobre los hechos. La búsqueda de los posibles restos de los 43, asegura, se suspendió hace cuatro meses y se siguen tomando como verdaderas las versiones dadas por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.

 

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

La esperanza no muere aún

Galileo Alfonso Moreno considera que algunos de los muchachos desaparecidos, pudieran estar aún con vida, en alguna parte, ocultos y que por interés de algún grupo o del mismo gobierno pudieran devolverlos después de las elecciones.

Como dato curioso, esta misma versión está convertida en un rumor entre habitantes del municipio de Cocula, área en que se dice, fueron sacrificados los estudiantes.

 Como se recordará, desde que se intensificaron las acciones por la localización de los jóvenes de la normal rural, el gobierno federal destituyó a todos los elementos, mandos y directores de las policías municipales de Iguala y Cocula. En las calles de estas municipalidades se puede apreciar la ausencia de elementos de tránsito, razón por la cual, muchos conductores han tomado ya como hábito no respetar las más elementales normas de tránsito.

 Aunque se ve patrullaje por parte de elementos de la gendarmería (una área de la policía federal), los habitantes no lo consideran suficiente ni eficiente y con frecuencia señalan a esos elementos como “turistas uniformados” que son muy cautos en participar en hechos de riesgo para la sociedad.

Un caso que pusieron de manifiesto operadores de taxis fue cuando se incendió una parte del mercado municipal: Como es costumbre en estas regiones en donde no son muy numerosos los cuerpos de bomberos, voluntarios y afectados iniciaron a formar brigadas para tratar de controlar el incendio pero los elementos de la gendarmería evitaron que lo hicieran.

Afirman que si en un principio se consideró que la presencia de esta corporación mejoraría las condiciones de seguridad, ahora comprueban que no es así. Indican que estas personas son soberbias, tiene poco respeto por los habitantes, en parte son abusivos y los elementos varones se destacan en que se la pasan “chuleando” (flirteando) a cuanta mujer pase cerca de ellos sin importar si son solteras o casadas.

Le preguntamos al miembro del Frente Igualteco sobre si con la presencia de la corporación federal ha disminuido el índice delictivo en la municipalidad a lo que  contestó:

 “La verdad no. Usted pude corroborar que casi a diario hay uno o dos asesinatos, robos, asaltos. Pero lo peor es que todo eso parece que quedará en la impunidad pues se desconoce si se llevan a cabo procedimientos de investigación”.

A simple vista, para alguien que va de visita a estos municipios, puede parecer que todo transcurre de forma normal y en calma. La multiétnica y pluricultural concurrencia a la “Cuna de la Bandera” –como se le conoce a esta ciudad-, llega de madrugada a las inmediaciones del gran mercado para vender, comprar o hacer trueque con una infinidad de productos que van desde seres vivos domésticos o salvajes, frutas, granos, verduras y hasta productos marinos o de las lagunas cercanas.

Se puede uno sorprender si se encuentra a algún joven corriendo a toda velocidad y tras de él, uno o dos afectados;  algo les robó el primero y por eso lo perseguían. Pero para la gente de allí, que se mantiene de sus actividades, eso es cosa que ni les llama la atención siquiera, es algo cotidiano, ordinario. Lo que pudiera sorprendernos de esa gente, es que ya no se sorprenden después de todo lo que ha ocurrido.

 Y lo mismo ocurre en Cocula, pase lo que pase, todo transcurre en tranquilidad… sin importar lo que pueda suceder.

Frente a la carpa del Frente Igualteco por la Justicia y Paz, un integrante de la organización y un niño cuelgan de unos cordeles posters alusivos a su lucha. Foto: Teódulo Pineda

Un integrante de Frente Igualteco y un niño cuelgan posters alusivos a la exigencia de justicia por Ayotzinapa. Foto: Teódulo Pineda

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Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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Justicia pendiente

Ebrard y Delgado no fueron sancionados por anomalías en Línea 12

Ignacio García

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El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el ex secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, no fueron sancionados por las irregularidades en el proyecto de la Línea 12 del metro por parte de la Contraloría de la Ciudad de México.

Aunque en su momento, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se detectaron diferentes irregularidades en la construcción de la Línea 12 del metro, no aplicó alguna sanción al ahora canciller y al dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Contraloría capitalina sancionó en total a 48 ex funcionarios capitalinos de la administración de Ebrard como el ex director del metro, Enrique Horcasitas, así como otros servidores públicos con cargos menores para desempeñar algún cargo de la administración pública.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no fue sancionado por las deficiencias en el proyecto de la denominada línea dorada, mientras que esta condición se replicó al también diputado federal, por lo que fueron exonerados por las autoridades capitalinas en la administración de Mancera.

No obstante, diferentes organizaciones civiles han señalado que también deben fincarse responsabilidades tanto a Ebrard como a Mancera, pues también encabezó un proyecto de restauración del metro, mismo que fue insuficiente para evitar el colapso de un convoy el lunes pasado, donde murieron 25 personas que iban a bordo de esta unidad.

De la misma manera, en la actual administración de Claudia Sheinbaum no se destinaron recursos suficientes para el mantenimiento de la Línea 12, además de que no se atendieron las principales quejas por parte de la ciudadanía que desde hace varios meses había denunciado el riesgo de la debilidad de la estructura.

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