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Justicia pendiente

Guerrero, organizado para el boicot electoral

El Frente Igualteco creado para exigir justicia por caso Ayotzinapa dijo que sus organizaciones están preparadas para suspender elecciones y crear gobierno sin partidos políticos

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Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- La consigna es que no se lleven a cabo elecciones en el estado mexicano de Guerrero el próximo 7 de junio del año en curso. Así lo dio a conocer Galileo Alfonso Moreno Pérez, encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz que encabeza el contador público Ignacio Suárez, organización que junto con otras 80 de diferentes regiones del país, integran lo que denominan como la Asamblea Nacional que reconoce como sede la Escuela Normal Rural  “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero.

Este colectivo de organizaciones sociales de oposición al gobierno mexicano, surgió a raíz de los hechos sangrientos y aún no esclarecidos registrados a partir del día 26 de septiembre del pasado año, cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala en patrullas, apoyados por hombres armados sin identificar y en unidades automotores sin razón social o pública, atacaron e hicieron desaparecer a cuarenta y tres estudiantes del plantel formador de profesores de Ayotzinapa.

El Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con otras organizaciones locales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), tienen unas tiendas de campaña en la explanada del Ayuntamiento, en el centro de esta cabecera municipal y donde de manera permanente hay quien o quienes atiendan las demandas de información que se les haga.

Al preguntarle si la Asamblea Nacional y sus organizaciones afines tenían el personal y la infraestructura suficiente para llevar a cabo el bloqueo de los comicios electorales en toda la entidad, Galileo Alfonso dijo: “Sí contamos como Asamblea nacional con el personal suficiente para que se lleve a cabo este procedimiento, el objetivo es que no haya elecciones y que por su parte, los habitantes del estado, se sumen y se nieguen a participar”.

–¿Y en caso de que lograran este propósito, de qué forma se gobernarían las municipalidades una vez terminado el periodo de los que se encuentran actualmente en los ayuntamientos?

–Se haría por medio de la integración de Consejos Ciudadanos municipales –respondió Galileo– en los que se tomarían en cuenta a ciudadanos honestos y responsables, pero con la condición de que estos organismos no tuvieran relación ni filiación con ningún partido político.

 Si se considera que esta entidad federativa cuenta con más 2770 seccionales en sus 28 distritos electorales y 81 municipios, la Asamblea Nacional debería de contar con más de 3 mil personas distribuidas en toda la extensión territorial de la entidad para el día 7 de junio. Y el encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Paz, asegura que cuentan con esa cantidad de afiliados y aún más.

El objetivo fundamental de que se lleve a cabo esta acción, evitar las elecciones, es como una medida de presión en contra del gobierno federal para que esclarezca totalmente los acontecimientos relacionados con los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados.

 Da por hecho que las investigaciones aún no han llegado a su fin, que la comisión internacional enviada para llevar a cabo el análisis del suceso y elaborar las conclusiones realiza una investigación sobre bases documentales y muy poco sobre los hechos. La búsqueda de los posibles restos de los 43, asegura, se suspendió hace cuatro meses y se siguen tomando como verdaderas las versiones dadas por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.

 

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

La esperanza no muere aún

Galileo Alfonso Moreno considera que algunos de los muchachos desaparecidos, pudieran estar aún con vida, en alguna parte, ocultos y que por interés de algún grupo o del mismo gobierno pudieran devolverlos después de las elecciones.

Como dato curioso, esta misma versión está convertida en un rumor entre habitantes del municipio de Cocula, área en que se dice, fueron sacrificados los estudiantes.

 Como se recordará, desde que se intensificaron las acciones por la localización de los jóvenes de la normal rural, el gobierno federal destituyó a todos los elementos, mandos y directores de las policías municipales de Iguala y Cocula. En las calles de estas municipalidades se puede apreciar la ausencia de elementos de tránsito, razón por la cual, muchos conductores han tomado ya como hábito no respetar las más elementales normas de tránsito.

 Aunque se ve patrullaje por parte de elementos de la gendarmería (una área de la policía federal), los habitantes no lo consideran suficiente ni eficiente y con frecuencia señalan a esos elementos como “turistas uniformados” que son muy cautos en participar en hechos de riesgo para la sociedad.

Un caso que pusieron de manifiesto operadores de taxis fue cuando se incendió una parte del mercado municipal: Como es costumbre en estas regiones en donde no son muy numerosos los cuerpos de bomberos, voluntarios y afectados iniciaron a formar brigadas para tratar de controlar el incendio pero los elementos de la gendarmería evitaron que lo hicieran.

Afirman que si en un principio se consideró que la presencia de esta corporación mejoraría las condiciones de seguridad, ahora comprueban que no es así. Indican que estas personas son soberbias, tiene poco respeto por los habitantes, en parte son abusivos y los elementos varones se destacan en que se la pasan “chuleando” (flirteando) a cuanta mujer pase cerca de ellos sin importar si son solteras o casadas.

Le preguntamos al miembro del Frente Igualteco sobre si con la presencia de la corporación federal ha disminuido el índice delictivo en la municipalidad a lo que  contestó:

 “La verdad no. Usted pude corroborar que casi a diario hay uno o dos asesinatos, robos, asaltos. Pero lo peor es que todo eso parece que quedará en la impunidad pues se desconoce si se llevan a cabo procedimientos de investigación”.

A simple vista, para alguien que va de visita a estos municipios, puede parecer que todo transcurre de forma normal y en calma. La multiétnica y pluricultural concurrencia a la “Cuna de la Bandera” –como se le conoce a esta ciudad-, llega de madrugada a las inmediaciones del gran mercado para vender, comprar o hacer trueque con una infinidad de productos que van desde seres vivos domésticos o salvajes, frutas, granos, verduras y hasta productos marinos o de las lagunas cercanas.

Se puede uno sorprender si se encuentra a algún joven corriendo a toda velocidad y tras de él, uno o dos afectados;  algo les robó el primero y por eso lo perseguían. Pero para la gente de allí, que se mantiene de sus actividades, eso es cosa que ni les llama la atención siquiera, es algo cotidiano, ordinario. Lo que pudiera sorprendernos de esa gente, es que ya no se sorprenden después de todo lo que ha ocurrido.

 Y lo mismo ocurre en Cocula, pase lo que pase, todo transcurre en tranquilidad… sin importar lo que pueda suceder.

Frente a la carpa del Frente Igualteco por la Justicia y Paz, un integrante de la organización y un niño cuelgan de unos cordeles posters alusivos a su lucha. Foto: Teódulo Pineda

Un integrante de Frente Igualteco y un niño cuelgan posters alusivos a la exigencia de justicia por Ayotzinapa. Foto: Teódulo Pineda

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Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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