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Justicia pendiente

Guerrero, organizado para el boicot electoral

El Frente Igualteco creado para exigir justicia por caso Ayotzinapa dijo que sus organizaciones están preparadas para suspender elecciones y crear gobierno sin partidos políticos

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Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- La consigna es que no se lleven a cabo elecciones en el estado mexicano de Guerrero el próximo 7 de junio del año en curso. Así lo dio a conocer Galileo Alfonso Moreno Pérez, encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz que encabeza el contador público Ignacio Suárez, organización que junto con otras 80 de diferentes regiones del país, integran lo que denominan como la Asamblea Nacional que reconoce como sede la Escuela Normal Rural  “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero.

Este colectivo de organizaciones sociales de oposición al gobierno mexicano, surgió a raíz de los hechos sangrientos y aún no esclarecidos registrados a partir del día 26 de septiembre del pasado año, cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala en patrullas, apoyados por hombres armados sin identificar y en unidades automotores sin razón social o pública, atacaron e hicieron desaparecer a cuarenta y tres estudiantes del plantel formador de profesores de Ayotzinapa.

El Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con otras organizaciones locales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), tienen unas tiendas de campaña en la explanada del Ayuntamiento, en el centro de esta cabecera municipal y donde de manera permanente hay quien o quienes atiendan las demandas de información que se les haga.

Al preguntarle si la Asamblea Nacional y sus organizaciones afines tenían el personal y la infraestructura suficiente para llevar a cabo el bloqueo de los comicios electorales en toda la entidad, Galileo Alfonso dijo: “Sí contamos como Asamblea nacional con el personal suficiente para que se lleve a cabo este procedimiento, el objetivo es que no haya elecciones y que por su parte, los habitantes del estado, se sumen y se nieguen a participar”.

–¿Y en caso de que lograran este propósito, de qué forma se gobernarían las municipalidades una vez terminado el periodo de los que se encuentran actualmente en los ayuntamientos?

–Se haría por medio de la integración de Consejos Ciudadanos municipales –respondió Galileo– en los que se tomarían en cuenta a ciudadanos honestos y responsables, pero con la condición de que estos organismos no tuvieran relación ni filiación con ningún partido político.

 Si se considera que esta entidad federativa cuenta con más 2770 seccionales en sus 28 distritos electorales y 81 municipios, la Asamblea Nacional debería de contar con más de 3 mil personas distribuidas en toda la extensión territorial de la entidad para el día 7 de junio. Y el encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Paz, asegura que cuentan con esa cantidad de afiliados y aún más.

El objetivo fundamental de que se lleve a cabo esta acción, evitar las elecciones, es como una medida de presión en contra del gobierno federal para que esclarezca totalmente los acontecimientos relacionados con los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados.

 Da por hecho que las investigaciones aún no han llegado a su fin, que la comisión internacional enviada para llevar a cabo el análisis del suceso y elaborar las conclusiones realiza una investigación sobre bases documentales y muy poco sobre los hechos. La búsqueda de los posibles restos de los 43, asegura, se suspendió hace cuatro meses y se siguen tomando como verdaderas las versiones dadas por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.

 

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

La esperanza no muere aún

Galileo Alfonso Moreno considera que algunos de los muchachos desaparecidos, pudieran estar aún con vida, en alguna parte, ocultos y que por interés de algún grupo o del mismo gobierno pudieran devolverlos después de las elecciones.

Como dato curioso, esta misma versión está convertida en un rumor entre habitantes del municipio de Cocula, área en que se dice, fueron sacrificados los estudiantes.

 Como se recordará, desde que se intensificaron las acciones por la localización de los jóvenes de la normal rural, el gobierno federal destituyó a todos los elementos, mandos y directores de las policías municipales de Iguala y Cocula. En las calles de estas municipalidades se puede apreciar la ausencia de elementos de tránsito, razón por la cual, muchos conductores han tomado ya como hábito no respetar las más elementales normas de tránsito.

 Aunque se ve patrullaje por parte de elementos de la gendarmería (una área de la policía federal), los habitantes no lo consideran suficiente ni eficiente y con frecuencia señalan a esos elementos como “turistas uniformados” que son muy cautos en participar en hechos de riesgo para la sociedad.

Un caso que pusieron de manifiesto operadores de taxis fue cuando se incendió una parte del mercado municipal: Como es costumbre en estas regiones en donde no son muy numerosos los cuerpos de bomberos, voluntarios y afectados iniciaron a formar brigadas para tratar de controlar el incendio pero los elementos de la gendarmería evitaron que lo hicieran.

Afirman que si en un principio se consideró que la presencia de esta corporación mejoraría las condiciones de seguridad, ahora comprueban que no es así. Indican que estas personas son soberbias, tiene poco respeto por los habitantes, en parte son abusivos y los elementos varones se destacan en que se la pasan “chuleando” (flirteando) a cuanta mujer pase cerca de ellos sin importar si son solteras o casadas.

Le preguntamos al miembro del Frente Igualteco sobre si con la presencia de la corporación federal ha disminuido el índice delictivo en la municipalidad a lo que  contestó:

 “La verdad no. Usted pude corroborar que casi a diario hay uno o dos asesinatos, robos, asaltos. Pero lo peor es que todo eso parece que quedará en la impunidad pues se desconoce si se llevan a cabo procedimientos de investigación”.

A simple vista, para alguien que va de visita a estos municipios, puede parecer que todo transcurre de forma normal y en calma. La multiétnica y pluricultural concurrencia a la “Cuna de la Bandera” –como se le conoce a esta ciudad-, llega de madrugada a las inmediaciones del gran mercado para vender, comprar o hacer trueque con una infinidad de productos que van desde seres vivos domésticos o salvajes, frutas, granos, verduras y hasta productos marinos o de las lagunas cercanas.

Se puede uno sorprender si se encuentra a algún joven corriendo a toda velocidad y tras de él, uno o dos afectados;  algo les robó el primero y por eso lo perseguían. Pero para la gente de allí, que se mantiene de sus actividades, eso es cosa que ni les llama la atención siquiera, es algo cotidiano, ordinario. Lo que pudiera sorprendernos de esa gente, es que ya no se sorprenden después de todo lo que ha ocurrido.

 Y lo mismo ocurre en Cocula, pase lo que pase, todo transcurre en tranquilidad… sin importar lo que pueda suceder.

Frente a la carpa del Frente Igualteco por la Justicia y Paz, un integrante de la organización y un niño cuelgan de unos cordeles posters alusivos a su lucha. Foto: Teódulo Pineda

Un integrante de Frente Igualteco y un niño cuelgan posters alusivos a la exigencia de justicia por Ayotzinapa. Foto: Teódulo Pineda

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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