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Justicia pendiente

Guerrero, organizado para el boicot electoral

El Frente Igualteco creado para exigir justicia por caso Ayotzinapa dijo que sus organizaciones están preparadas para suspender elecciones y crear gobierno sin partidos políticos

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Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Carpa que mantiene de forma permanente el Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con la CETEG. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

IGUALA, Guerrero.- La consigna es que no se lleven a cabo elecciones en el estado mexicano de Guerrero el próximo 7 de junio del año en curso. Así lo dio a conocer Galileo Alfonso Moreno Pérez, encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Justicia y la Paz que encabeza el contador público Ignacio Suárez, organización que junto con otras 80 de diferentes regiones del país, integran lo que denominan como la Asamblea Nacional que reconoce como sede la Escuela Normal Rural  “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero.

Este colectivo de organizaciones sociales de oposición al gobierno mexicano, surgió a raíz de los hechos sangrientos y aún no esclarecidos registrados a partir del día 26 de septiembre del pasado año, cuando elementos de la Policía Municipal de Iguala en patrullas, apoyados por hombres armados sin identificar y en unidades automotores sin razón social o pública, atacaron e hicieron desaparecer a cuarenta y tres estudiantes del plantel formador de profesores de Ayotzinapa.

El Frente Igualteco por la Justicia y la Paz, junto con otras organizaciones locales como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), tienen unas tiendas de campaña en la explanada del Ayuntamiento, en el centro de esta cabecera municipal y donde de manera permanente hay quien o quienes atiendan las demandas de información que se les haga.

Al preguntarle si la Asamblea Nacional y sus organizaciones afines tenían el personal y la infraestructura suficiente para llevar a cabo el bloqueo de los comicios electorales en toda la entidad, Galileo Alfonso dijo: “Sí contamos como Asamblea nacional con el personal suficiente para que se lleve a cabo este procedimiento, el objetivo es que no haya elecciones y que por su parte, los habitantes del estado, se sumen y se nieguen a participar”.

–¿Y en caso de que lograran este propósito, de qué forma se gobernarían las municipalidades una vez terminado el periodo de los que se encuentran actualmente en los ayuntamientos?

–Se haría por medio de la integración de Consejos Ciudadanos municipales –respondió Galileo– en los que se tomarían en cuenta a ciudadanos honestos y responsables, pero con la condición de que estos organismos no tuvieran relación ni filiación con ningún partido político.

 Si se considera que esta entidad federativa cuenta con más 2770 seccionales en sus 28 distritos electorales y 81 municipios, la Asamblea Nacional debería de contar con más de 3 mil personas distribuidas en toda la extensión territorial de la entidad para el día 7 de junio. Y el encargado de las finanzas del Frente Igualteco por la Paz, asegura que cuentan con esa cantidad de afiliados y aún más.

El objetivo fundamental de que se lleve a cabo esta acción, evitar las elecciones, es como una medida de presión en contra del gobierno federal para que esclarezca totalmente los acontecimientos relacionados con los 43 normalistas desaparecidos y los tres asesinados.

 Da por hecho que las investigaciones aún no han llegado a su fin, que la comisión internacional enviada para llevar a cabo el análisis del suceso y elaborar las conclusiones realiza una investigación sobre bases documentales y muy poco sobre los hechos. La búsqueda de los posibles restos de los 43, asegura, se suspendió hace cuatro meses y se siguen tomando como verdaderas las versiones dadas por el ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.

 

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

Colgado a un costado del edificio del Ayuntamiento de Iguala, puede verse una lona impresa con las fotografías de los 43 desaparecidos y varios mensajes exigiendo justicia. Foto: Teódulo Pineda

La esperanza no muere aún

Galileo Alfonso Moreno considera que algunos de los muchachos desaparecidos, pudieran estar aún con vida, en alguna parte, ocultos y que por interés de algún grupo o del mismo gobierno pudieran devolverlos después de las elecciones.

Como dato curioso, esta misma versión está convertida en un rumor entre habitantes del municipio de Cocula, área en que se dice, fueron sacrificados los estudiantes.

 Como se recordará, desde que se intensificaron las acciones por la localización de los jóvenes de la normal rural, el gobierno federal destituyó a todos los elementos, mandos y directores de las policías municipales de Iguala y Cocula. En las calles de estas municipalidades se puede apreciar la ausencia de elementos de tránsito, razón por la cual, muchos conductores han tomado ya como hábito no respetar las más elementales normas de tránsito.

 Aunque se ve patrullaje por parte de elementos de la gendarmería (una área de la policía federal), los habitantes no lo consideran suficiente ni eficiente y con frecuencia señalan a esos elementos como “turistas uniformados” que son muy cautos en participar en hechos de riesgo para la sociedad.

Un caso que pusieron de manifiesto operadores de taxis fue cuando se incendió una parte del mercado municipal: Como es costumbre en estas regiones en donde no son muy numerosos los cuerpos de bomberos, voluntarios y afectados iniciaron a formar brigadas para tratar de controlar el incendio pero los elementos de la gendarmería evitaron que lo hicieran.

Afirman que si en un principio se consideró que la presencia de esta corporación mejoraría las condiciones de seguridad, ahora comprueban que no es así. Indican que estas personas son soberbias, tiene poco respeto por los habitantes, en parte son abusivos y los elementos varones se destacan en que se la pasan “chuleando” (flirteando) a cuanta mujer pase cerca de ellos sin importar si son solteras o casadas.

Le preguntamos al miembro del Frente Igualteco sobre si con la presencia de la corporación federal ha disminuido el índice delictivo en la municipalidad a lo que  contestó:

 “La verdad no. Usted pude corroborar que casi a diario hay uno o dos asesinatos, robos, asaltos. Pero lo peor es que todo eso parece que quedará en la impunidad pues se desconoce si se llevan a cabo procedimientos de investigación”.

A simple vista, para alguien que va de visita a estos municipios, puede parecer que todo transcurre de forma normal y en calma. La multiétnica y pluricultural concurrencia a la “Cuna de la Bandera” –como se le conoce a esta ciudad-, llega de madrugada a las inmediaciones del gran mercado para vender, comprar o hacer trueque con una infinidad de productos que van desde seres vivos domésticos o salvajes, frutas, granos, verduras y hasta productos marinos o de las lagunas cercanas.

Se puede uno sorprender si se encuentra a algún joven corriendo a toda velocidad y tras de él, uno o dos afectados;  algo les robó el primero y por eso lo perseguían. Pero para la gente de allí, que se mantiene de sus actividades, eso es cosa que ni les llama la atención siquiera, es algo cotidiano, ordinario. Lo que pudiera sorprendernos de esa gente, es que ya no se sorprenden después de todo lo que ha ocurrido.

 Y lo mismo ocurre en Cocula, pase lo que pase, todo transcurre en tranquilidad… sin importar lo que pueda suceder.

Frente a la carpa del Frente Igualteco por la Justicia y Paz, un integrante de la organización y un niño cuelgan de unos cordeles posters alusivos a su lucha. Foto: Teódulo Pineda

Un integrante de Frente Igualteco y un niño cuelgan posters alusivos a la exigencia de justicia por Ayotzinapa. Foto: Teódulo Pineda

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Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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