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Justicia pendiente

Guerrero: Indígenas piden educación bilingüe e infraestructura escolar

Indígenas de Guerrero han demostrado que con educación bilingüe los niños pueden aprender más, sin embargo autoridades educativas ignoran la petición

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Retraso escolar en Guerrero. Foto: Arturo de Dios Palma

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, Guerrero.- En materia educativa, en la comunidad indígena de San Jerónimo Palantla, las cifras de fracaso escolar son contundentes: durante los últimos 60 años, ninguno de sus pobladores que se ha quedado a estudiar ahí ha logrado convertirse en profesionista, a lo más que han llegado es a la secundaria. Aunque sí hay un médico originario de la localidad, Celestino Jorgín Calvario, él nunca estudió ahí.

San Jerónimo Palantla es una comunidad netamente indígena. De ahí es originario el vestido que identifica en gran parte a los indígenas nahuas del estado: el tradicional traje de San Jerónimo. Sin embargo, desde 1954, cuando se fundó la primaria Miguel Hidalgo, el gobierno decidió darles educación en una lengua que no es la suya: español.

Ante esto, desde hace tres años la comunidad comenzó a solicitar ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) una escuela bilingüe. Desde ese tiempo, hasta ahora, sólo ha recibido negativas.

No obstante, de forma paralela, los padres de familias –en principio todos– decidieron construir una galera de palos de otate donde los niños tomaran clases con profesores que hablan náhuatl.

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Diferencias por la educación bilingüe en San Jerónimo Guerrero. Foto: Arturo de Dios Palma

En septiembre de 2011 llegó el profesor bilingüe, Francisco Morales Romero, y, cinco meses después, su compañero Crispín Barrera Hernández; ambos forman parte de la planilla de la primaria Lázaro Cárdenas ubicada en la comunidad vecina Mexcalcingo I. Los profesores se encargan de los niños de los seis grados.

No obstante, los profesores de la escuela Miguel Hidalgo comenzaron a convencer a padres de familia que no es necesario que los niños tomen clases en su lengua materna, hasta que lograron dividir a los padres y, en consecuencia, los niños se repartieron en las dos escuelas. Así que ahora 69 niños toman clases en la galera renovada con láminas y otro número igual lo hace en la primaria Miguel Hidalgo.

“Los maestros (de la Miguel Hidalgo) tienen miedo de ser reubicados si se aprueba la otra escuela”, resumieron los profesores bilingües y pobladores los motivos de la resistencia de los otros docentes.

La razón por la que los padres mantienen las aulas provisionales y exigen a la Secreataría de Educación de Guerrero una escuela bilingüe, radica en el bajo desempeño educativo de los niños. Y de eso abundan las muestras.

Por ejemplo, está el poblador Isaac Xochitempa Chautla, quien dice que su hijo –que va en quinto grado y toma clases con los profesores bilingües– sabe leer más que sus hijas que están por terminar la secundaria y que no toman clases en su lengua.

También está Arcadio Díaz Cuamachalco, quien explicó que su hija comenzó a avanzar en sus clases hasta que él mismo le tradujo al náhuatl sus tareas. La niña, dice Arcadio, no avanzaba porque no entendía nada de lo que sus profesores le decían en español.

“Los niños no quieren entrar a la secundaria, porque no se sienten seguros de lo que aprendieron, y además ahí les hablan todo en español”, explica uno de los padres de familia.

Para el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallego, quien ha acompañado a los padres de los 69 niños en la exigencia a la SEG, los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación en su propia lengua, pues indicó, es un derecho fundamental que está inscrito en el artículo 2 de la Constitución.

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Condiciones de diferentes escuelas del municipio de Chilapa. Foto: Arturo de Dios Palma

María Concepción Nava de la Cruz, cuenta con 6 años de edad, cursa el primer año en la primaria Vicente Guerrero -que actualmente su edificio se encuentra en reconstrucción-, pero ya no quiere ir porque no soporta el dolor de piernas que le provoca caminar de su comunidad, El Paraíso, atravesar la ciudad y llegar a la unidad deportiva donde desde hace 15 días recibe clases.

Concepción -dice su profesora- es una de las niñas más aplicadas, pero ahora desde que toman clases en la cancha de frontón en la unidad deportiva de Chilapa, asiste dos o tres días a la semana.

La razón, cuenta la profesora, es que ya no quiere caminar desde su comunidad, que está a unos cuatro kilómetros de distancia hasta el lugar donde recibe clases. La mamá de Concepción, le ha dicho a la profesora que cuando llega de la escuela no quiere comer, lo único que desea es dormir, descansar. Pero también, Concepción le ha dicho que le duelen sus pierdas por las largas distancias que recorre.

La comunidad de El Paraíso está a unos tres kilómetros de la cabecera municipal (si se parte desde el centro de la ciudad), sin embargo, para llegar a ella hay que recorrer una subida.

Las instalaciones originales de la primaria Vicente Guerrero están ubicadas en el barrio de San Francisco, en el centro de la ciudad, pero a esta escuela, dijo el director, Víctor Flores Gutiérrez, están inscritos niños que viene en comunidades como Nejapa y de colonias de la periferia de la ciudad como Los Pinos y La Joya, El Pedregal.

Estas condiciones están provocando que los padres de familia estén solicitando el cambio de sus hijos a otras escuelas o de plano simplemente los estén sacando.

Por eso los profesores piden que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (Igife), el encargado de la obra, la acelere porque tuvo que estar lista en septiembre del año pasado.

Los mentores sugirieron que se redoblen turno para avanzar más rápido con la construcción. Asimismo pidieron al gobierno federal, que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto, y al secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet que antes de pedir calidad a los profesores, cumplan con tener en buenas condiciones las escuelas del país.

El 21 de marzo de 2013 se dio en banderazo del arranque de la reconstrucción de la primaria, Vicente Guerrero, ubicada en el centro de la ciudad. Ese día todo fue alegría. La obra, les informó el alcalde, el priísta Francisco Javier García González, duraría cuatro meses. De eso han pasado casi un año y la obra está inconclusa y los 140 estudiantes del turno matutino toman clases en una cancha de frontón en la unidad deportiva.

Desde fuera de la cancha de frontón se escucha un ruido, nada concreto. Dentro de ella gritan los ocho profesores que tratan de darle clase a los 140 niños. La voces de uno y otro se entremezclan, pero al final no se logra escuchar con precisión lo que dicen, y no lo pueden evitar, no tienen divisiones entre grupos, mucho menos aulas.

Esta situación la viven los profesores y los estudiantes de esta escuela desde hace 15 días, cuando llegaron a montar sus aulas improvisadas a la cancha de frontón. Llegaron ahí después de haber estado más de 10 meses en una casa ubicada la azotea de la universidad privada, Aurora Meza, donde los maestros daban una cooperaban de 4 mil pesos.

Se salieron de ahí porque la universidad también comenzó trabajos de remodelación, además del temor de los profesores porque los niños deterioraran las instalaciones.

Antes de llegar a la cancha de frontón, solicitaron ayuda al seminario y a la Casa hogar, inmuebles pertenecientes a la iglesia católica, pero no se los prestaron. También pidieron el Auditorio municipal, pero por los múltiples eventos que se realizan ahí optaron por no ocuparlo.

Pero el peregrinar comenzó en marzo de 2013. De acuerdo a los profesores, en esa ocasión les dijeron que en septiembre del año pasado la escuela quedaría lista. También les dijeron que los tres pisos, sus ocho aulas, el aula de medios y sus baños serían estrenados ese mes.

Sin embargo, ese mes, precisamente, no sólo se suspendió la obra sino se comenzó a demoler el poco avance. La razón: las lluvias de la tormenta Manuel provocaron el hundimiento de lo que era la planta baja. Así que todo el trabajó, literalmente, se echó a la basura: se desenterraron los cimientos.

La obra se reinició en diciembre y de nueva vuelta, les prometieron que concluiría en cuatro meses, es decir, el próximo mes de abril. La realización de la obra corre a cargo del Igife y la justificación de le ha dado a los maestros por el retraso, es que la empresa constructora anterior trabaja muy lento. Por ahora la obra está ya en el comienzo del segundo piso.

Esta obra en el inicio del año pasado la anunció el gobierno municipal, con espectaculares lonas en el lugar de la construcción.

Pero ahora, indica el director de la escuela, que fue nombrado apenas hace 15 días, Víctor Flores Gutiérrez, tienen dos preocupaciones: una, que la obra concluya antes de la temporada de lluvias y, dos, que no continúe la deserción de estudiantes. En este ciclo escolar, informó el director, han dejado la escuela 23 niños.

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Escuela en Chilapa, Guerrero, en espera de reconstrucción antes de las lluvias. Foto: Arturo de Dios Palma

Sin infraestructura escolar

Casi un año alrededor de 400 alumnos de la primaria Eucaria Apreza llevan tomando clases afuera de su escuela, debido a la reconstrucción del edificio, obra que está suspendida desde el mes de junio del año pasado.

Durante todo este tiempo los alumnos ha recibido clases en casas particulares, en pequeños cuartos que resultan insuficientes para albergar a los grupos completos, no tienen agua y la renta la tienen que pagar los profesores.

Desde el comienzo de 2013, el gobierno municipal que encabeza el priísta Francisco Javier García González, anunció la reconstrucción de la escuela primaria Eucaria Apreza, ubicada justo en el primer cuatro de la ciudad.

La demolición del edificio comenzó en el mes de mayo y apenas dos mes después, en julio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendieron al obra por violar la Ley Federal sobre Monumentos históricos. La demolición era el único misión que tenía el gobierno municipal.

La escuela primaria hasta antes de su demolición colindaba con los portales centrales de la ciudad construcción realizada en 1791 y por tal considerada por el INAH como monumento histórico.

La suspensión se dio porque el gobierno municipal no presentó el proyecto de reconstrucción de la escuela que estaba obligarlo hacerlo por colindar con un monumento del siglo XVIII. Esta suspensión no sólo ha provocado el retraso en la reconstrucción de la escuela, sino que dejó sin un espacio adecuado a sus estudiantes.

Ahora los más de 400 alumnos toman clases en una casa que hasta esta administración era utilizada como instalaciones del DIF municipal. Antes estuvieron separados: unos en casas particulares y otros en la Casa de la Cultura.

En el lugar donde están ahora, es una la casa de dos plantas con recamaras que no coinciden con las medidas de una aula regular, los 18 grupos que integran la escuela la ocupan. No tienen agua, ni baños suficientes para los 400 alumnos y los alrededor de 20 profesores. Tampoco tienen un espacio para jugar o hacer sus actividades físicas de forma adecuada.

El pago, de alrededor de 7 mil pesos, por la renta de esta casa corre por cuenta de los 20 profesores. Pero el verdadero problema ahora es que no hay fecha para cuando se concluya la reconstrucción de la escuela. Hasta el día de hoy, los trabajos aún no se han reanudado, sólo unos trabajadores hacen excavaciones en el terreno que está cercado y que mantiene cancelado el paso en la avenida Revolución.

Pero la suspensión de la reconstrucción de la escuela Eucaria Apreza no sólo ha dejado sin un espacio a los alumnos, también ha provocado la disminución de las ventas de los comerciantes del mercado central de Chilapa porque cerraron, sin que realizaron ningún trabajo, la avenida principal y obstaculizó el acceso a ese centro comercial.

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

Especialistas de Red Solidaria Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

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A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

La editora recomienda: Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

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Fuente: tlachinollan.org

 

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