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Guerrero: Indígenas en resistencia contra mineras canadienses

Ciudadanos de Guerrero inician resistencia por la entrega de 26 concesiones de la presidencia de México ha empresas mineras

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Marcha contra la depredación minera desde La Montaña, Guerrero, hasta el DF Foto: Larsez

Por Alberto Buitre

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de 300 kilómetros a pie desde Guerrero hasta el Distrito Federal recorrió una delegación de noventa campesinos e indígenas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), para manifestarse en contra de la imposición de mineras canadienses en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de este Estado suroccidental de México.

La delegación partió el pasado viernes 12 del municipio de Malinaltepec y llegó el lunes 15 a la capital mexicana, buscando reunirse con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para entregarle sus demandas en contra la instalación de las mineras a las que, no obstante, la Presidencia de la República entregó ya más de 26 concesiones de extracción en 32 de los 42 puntos mineros a lo largo de 200 mil hectáreas de zona minera guerrerense , provocando la devastación natural y privatización de zonas comunales en detrimento de la organización, cultura y territorio indígena de este estado.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC, -organización ganadora del Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en el 2011-, actualmente existe en Guerrero “una explotación desmedida de los minerales que se encuentran en el llamado Cinturón de Plata de la Sierra Madre del Sur”.

Tlachinollán detalla que algunas de las concesiones mineras en esta región son “La Diana” con una superficie de 15 mil hectáreas otorgada a la empresa canadiense CAMSIM, la cual afectará a los núcleos agrarios de Zitlaltepec, Iliatenco, Paraje Montero y Malinaltepec; además de la llamada “Corazón de Tinieblas”, con una superficie de 50 mil hectáreas concesionada a la empresa inglesa HOCHSCHILD, la cual afectará a los núcleos agrarios Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenamazapa, Pascala del Oro, Colombia Guadalupe, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa y San Miguel del Progreso.

“Los mecanismos para el otorgamiento de títulos de concesión para la extracción de minas en territorios indígenas viola de manera flagrante los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución (…) como son “el derecho a la consulta previa libre e informada, el derecho a la preservación del territorio y los recursos naturales, el derecho a conservar y mejorar el hábitat y la preservación de las tierras, así como su derecho a la planeación, utilización, administración y conservación colectiva de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Además de lesionar gravemente el ecosistema de estas regiones, la minería ha significado “esclavitud y muerte” para los pueblos de Guerrero, denuncia Tlachinollan. Esto motivó que la LARSEZ dispusiera su marcha justo el 12 de octubre que “marca para nosotros el inicio del despojo, asesinato, discriminación y arrasamiento de los pueblos originarios, y a quinientos años de eso, nosotros venimos a decirle al Gobierno que existimos, que vivimos”, dijo en entrevista a pie de la marcha, Raymundo Velásquez Flores, dirigente de la organización.

La marcha-comisión es integrada por campesinos, indígenas, profesores y estudiantes de los municipios de Malinaltepec, de la región de La Montaña, Atoyac de Alvarez y Coyuca de Benítez de la Costa Grande y San Luis Acatlán de la Costa Chica, y fue recibida por el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, quien, a su vez, les prometió una reunión con la Secretaria de Gobernación sin que a la fecha exista fecha disponible para el encuentro.

De acuerdo con datos expuestos por la Cámara Minera de México, las mineras canadienses son el cuarto corporativo extranjero con más inversión en el país, y son los dueños de la exploración y explotación de oro y plata en estados como Chihuahua, Baja California, Durango, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Chiapas, según sus registros. De estas, la industria Goldcorp Inc, es dueña de un tercio de la producción total, incluida la mina Los Filos en Guerrero con un saldo de más de seis toneladas de oro anuales, con pretensiones de expansión hacia las comunidades dominadas por la LARSEZ.

Hace unos días, más de cinco mil indígenas y campesinos pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se reunieron en la comunidad de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, en la región Tlapaneca, para rechazar la instalación de las mineras canadienses en la zona y establecer medidas de resistencia.

Ahí, se negaron a la venta de las tierras comunales según es el proyecto del Gobierno de México para que las mineras puedan instalarse en el territorio. Eso significaría el derribo de asentamientos como panteones, iglesias, escuelas, tierra agrícola y casas de uso cotidiano, para el posterior desplazamiento de las comunidades.

“Nosotros ya hemos tenido experiencias con otras empresas de explotación de minas y lo que ha arroja es muerte. Y a final de cuentas ni pagan la tierra. Nosotros no queremos sacar a nuestros muertos de nuestros panteones, de nuestras iglesias. Nosotros nos regimos por usos y costumbres y ahí (donde se pretenden instalar las nuevas mineras) es donde estamos nosotros”.

La intención de la LARSEZ es quedarse en la Ciudad de México hasta reunirse con el secretario Poiré y definir una solución al conflicto por la instalación de las mineras ante las cuales, afirma Raymundo Velásquez, los indígenas y campesinos guerrerenses no dudan en plantar una resistencia efectiva. Tras lo obtenido, regresarán a sus comunidades e informarán a su pueblo que ya se organiza de la mano de la CARC-PC.

Canadá

Sin justicia, 56 víctimas de incendio en hogar estatal de Guatemala en 2017

El colectivo internacional de Guatemala y Canadá 8Tijax emprende acciones por la justicia de 41 niñas que murieron en el fuego de un hogar estatal guatemalteco, y 15 heridas de gravedad, retenidas por la policía el 8 de marzo de 2017

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Los Ángeles Press

HALIFAX, Canadá. Del 28 de febrero a el 9 de marzo, Mayra Jiménez del colectivo 8Tijax ofrece charlas en gira por las provincias marítimas de Canadá sobre la lucha en curso por buscar justicia para 41 niñas y jóvenes víctimas fatales de un incendio causado dentro de un hogar estatal para niños y jóvenes, Hogar Seguro Virgen de la Asunción 8 de marzo de 2017 en Guatemala. La gira de conferencias organizada por la Red Rompiendo el Silencio de las provincias marítimas y Guatemala (RES), conmemora el segundo aniversario de la tragedia. Los eventos se realizan en Fredericton, Sackville, Halifax, Antigonish y Tatamagouche.

“El Hogar Seguro debería haber sido un lugar donde se protegía a niños y jóvenes vulnerables, lamentablemente esto dista mucho de ser así”, señala Jiménez. Los menores allí fueron sujetos a violencia sexual, maltratos físicos, abortos forzados, tráfico de personas y prostitución forzosa por los empleados a cargo. Igualmente soportaron condiciones infrahumanas como hacinamiento y alimentación vencida. Las denuncias sobre estos maltratos han sido públicas desde 2013 con conocimiento por parte de las autoridades.

Temprano en la mañana, la policía encerró en un cuarto de 6.8 por 7 metros a un grupo de niñas y jóvenes que trataron de escapar del establecimiento. La policía no las dejó salir cuando el incendio se inició dentro del cuarto en el que 41 de ellas murieron y otras 15 fueron gravemente heridas. Los miembros del colectivo 8 Tijax inmediatamente llegaron a los hospitales donde admitieron a las sobrevivientes. Allí los encargaron a dar información sobre la identidad de las víctimas y de notificar a los padres y familiares que se encontraban afuera en espera de noticias. Los miembros también ayudaron a trasportar las sobrevivientes a hospitales y los cuerpos a la morgue y proporcionaron ayuda psicológica y apoyo moral y espiritual. Luego de haber identificado la última víctima se enfocaron en acompañar a las familias en todo el proceso legal ahora en las cortes de Guatemala.

Actualmente, 12 personas, entre ellas, oficiales estatales de alto rango, el ex director del Hogar Seguro y los policías involucrados, afrontan cargos referentes a la tragedia mencionada. Lamentablemente, estos casos presentan considerables retrasos y hasta la fecha ninguno ha sido condenado. Mayra Jiménez defensora de la justicia de género, y como miembro y cofundadora de 8 Tijax afirma que “en estos 2 años, apenas de 12 sindicados, incluyendo la que se guardó la llave, nada más hay ocho que van a enfrentar un juicio. Los cuatro restantes, ni siquera han prestado su primera declaración”.

“Desde hace casi dos años, la justicia no ha cumplido con su deber, retrasando y negándola a las víctimas y sobrevivientes de este crimen estatal. Hacemos una llamada a Canadá, como gobierno “feminista” a manifestarse acerca de este asunto y que asuman una función proactiva abogando por la justicia de género para estas niñas”, dice Stacey Gómez, coordinadora de Rompiendo el Silencio en las provincias marítimas.

Janette Fecteau, miembro del comité de Rompiendo el Silencio en Antigonish, por su parte señaló que “como miembros de este comité, viviendo en Mi’kmaki y trabajando en solidaridad con grupos como 8 Tijax en Guatemala, vemos el paralelo existente entre el retraso y la negación de justicia en el caso del Hogar Seguro, con la trágica situación en Canadá de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. A través de la gira de Mayra Jiménez examinaremos este paralelo y alentando a la población a tomar medidas respecto a estos dos frentes.”

Para rememorar el segundo aniversario de la tragedia, Rompiendo el Silencio está presentando una exposición itinerante de arte por estas provincias del 1 de febrero hasta principios de abril, la cual presenta retratos conmemorativos de cada una de las 41 niñas difuntas. Rompiendo el silencia ha lanzado también una campaña a través de media social y una postal solicitando enfáticamente al gobierno de Canadá a actuar activamente en este asunto.

Fotografía: La activista Mayra Jiménez.

Contacto:

Stacey Gomez

Coordinadora por las provincias maritimas de RES

BTSMaritimesCoordinator@gmail.com

902.999.4458 

 

Antecedentes: Rompiendo el Silencio consta de una red de personas voluntarias en las provincias marítimas de Canadá que empezó a organizarse en 1988 con el fin de apoyar los esfuerzos de los guatemaltecos afrontando la justicia política, social y económica. Hoy día, esta iniciativa cuenta con comités en Halifax, Charlottetown, the North Shore, Fredericton, and Antigonish. Está comprometida con la defensa de derechos humanos, educación pública, apoyo en gestiones políticas, considerando asuntos fundamentales: defensa territorial; justicia de género; veracidad, justicia e impunidad; y seguridad. Para más información visítenos aquí

 

Eventos:

ANTIGONISH, NS
Viernes el 8 de marzo @ 2:30pm
Community Room, People’s Place Library

https://www.facebook.com/events/581862845614931/

 

TATAMAGOUCHE, NS
Sabado el 9 de marzo @ 3pm
Tatamagouche Centre

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Canadá

Ong canadiense presenta nuevas pruebas de inocencia en caso de Judith Brassard en Colombia

Judith Brassard lleva nueve años de cárcel injusta, por lo que la Asociación Canadiense por el Derechos y la Verdad En Vero asumió la defensa desde Canadá a Colombia

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Judith Brassard, lleva 9 años encarcelada injustamente en Colombia. Foto: freejudith.org

En Vero/Redacción

BOGOTÁ, Colombia.- En el marco de la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de hoy en el auditorio San Luis Beltrán del Colegio Jordán de Sajonia de Bogotá, la organización canadiense de defensa de los derechos humanos En Vero presentó los elementos probatorios que sustentan el recurso de revisión presentado el pasado lunes 18 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el caso de la canadiense Judith Brassard.

Judith Brassard fue condenada en 2010 a 28 años de prisión como consecuencia del asesinato de su esposo Felipe Rojas Gnecco, el 4 de diciembre de 2006. Desde 2015, la canadiense, quién a lo largo de 9 años de encarcelamiento, ha mantenido firme su declaración de inocencia, ha recibido de parte de la organización canadiense un apoyo que dio un nuevo giro a su caso. En Vero, ha recibido a su vez el apoyo de otra fundación colombiana defensora de derechos humanos llamada FondeJusticia y Verdad, cuyo representante intervino durante la rueda de prensa.

El presidente de En Vero, David Bertet, ha presentado algunos de los elementos probatorios que la organización pudo conseguir después de casi dos años de investigación. Agregó que se tratan de hechos y pruebas nuevas que respetan los criterios estrictos establecidos por la constitución colombiana para la presentación del recurso de revisión, cuyo carácter es excepcional. Recordó que la condena de Judith Brassard a 28 años de cárcel fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, por lo cual la petición presentada ante el máximo tribunal tenía que basarse en nuevos elementos probatorios.

El activista internacional insistió en que el contexto jurídico actual resulta más favorable para la canadiense y que es más probable que se aplique de manera estricta en este caso el principio de in dubio pro reo, es decir de duda razonable. Así las cosas, los desafíos que enfrenta la Corte Suprema desde que se evidenciaron posibles prácticas ilícitas de parte del ex presidente del Tribunal y autor del reporte que dio lugar a la confirmación de la sentencia condenatoria en contra de Judith Brassard -ex magistrado Leónidas Bustos– representan una verdadera oportunidad para fortalecer el estado de derecho en Colombia.

En palabras de Bertet, “nosotros defendemos a las personas que como Judith Brassard, son inocentes y víctimas de prácticas que llamamos de “fabricación de culpables”. Nuestra misión y nuestra filosofía, es trabajar con las autoridades y con el poder judicial. No vamos en contra de ellos, sino que trabajamos para que se fortalezcan y que se protejan los derechos humanos dentro del marco legal.”

Aludiendo al caso Brassard, David Bertet expresó que “lo más relevante de este caso, y lo más preocupante también, no es tanto que la familia del difunto en su momento haya muy probablemente tratado de orientar las investigaciones de la Fiscalía de Santa Marta hacia Judith Brassard. Y de eso tenemos pruebas. Lo más preocupante es que las autoridades responsables de la investigación se hayan prestado a aceptar las presiones exteriores, y que la influencia de quienes querían ver a Brassard encarcelada, generara un efecto corruptor sobre todo el proceso, desde la etapa crucial de investigación hasta el proceso judicial, en el cual no se respetó ni se protegió el derecho a la presunción de inocencia, ni se tomó en cuenta el principio de la duda razonable.”

Bertet afirmó que En Vero presentará en las próximas semanas una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para vigilar que el debido proceso sea respetado de manera minuciosa.

La presentación concluyó con unas palabras de Judith Brassard grabadas desde la cárcel de Santa Marta. La canadiense se dirigió a las otras personas inocentes en Colombia, así como a sus dos hijos Mariana y Felipe. «Pronto tendremos la oportunidad de reunirnos a fuera y con la tranquilidad de que al final, se hizo justicia.»

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“Venezuela acostumbra a decidir su destino en las urnas”: Malvar

Venezuela vive una situación de tensión política por la muerte del presidente Hugo Chávez, y ahora construye nuevo destino

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Entrevista a Francia Malvar, cónsul de Venezuela en Montreal

Por Francisco Belmont

MONTREAL, Canadá.-El pasado viernes 28 de septiembre de 2012, la cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de Montreal, Quebec, Canadá, Francia Malvar, concedió una entrevista a Francisco Belmont, en el contexto de las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en su país.

Por la reciente muerte del presidente Hugo Chávez, quien salió victorioso de esa contienda, cobran mayor importancia las declaraciones de la diplomática, al abrirse de nuevo un proceso electoral.

En aquel momento, al terminar la entrevista, la funcionaria recibió un comunicado dirigido a las representaciones de Venezuela en el extranjero en que se prohibía terminantemente a los miembros del servicio consular conceder entrevistas a la prensa o hacer cualquier tipo de declaración pública sobre el proceso electoral por realizarse.

Ya elaborada la entrevista y habiendo constatado esa instrucción viendo la copia fax del documento, Belmont dio su palabra de no hacerla pública, pero se negó a entregar el material videográfico obtenido como periodista con derecho al uso de la información recogida durante la jornada de trabajo.

Dado que representa un documento histórico, después del deceso de Chávez, queda la presente video-edición como prueba del desempeño de personas convencidas con las causas e ideales, valores y soportes morales que sustentan su desempeño como lo fue la señora Francia Malvar, representante consular de su país.

Consul de Venezuela en Montreal, Francia Malvar. Foto: Noticias Montreal

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