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Mexico Violento

Guerrero, en alto riesgo para defensores de derechos humanos

El Estado de Guerrero es un foco rojo para los defensores de derechos humanos, principalmente, por la presencia de militares advierte Ong Red TDT

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Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos avizora  un oscuro panorama con el próximo gobierno federal

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- “Guerrero es una entidad de alto riesgo para los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan en Tlachinollan, alertó Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), y consideró que la lucha de estos defensores, es sin embargo, “un ejemplo de lucha a nivel nacional”.

La activista declaró que es sistemática la agresión a defensores de derechos humanos, e incluso hay una situación de riesgo para quienes sólo acompañan a las víctimas en casos de violaciones a derechos humanos, por parte de las autoridades civiles y militares, por lo que resulta necesario establecer rutas para continuar con éxito la defensa.

En su asamblea sobre escenarios post-electorales, la Red TDT resaltó la falta de agenda en materia de derechos humanos por parte del nuevo gobierno federal, lo que deja ver que no será prioridad, aunado a los pendientes que deja la administración de Felipe Calderón.

En los estados continúa la discriminación contra los pueblos originarios y contra los más pobres, hay una serie de retos como el acceso a la justicia o el respeto a los derechos de las mujeres, señaló Raczynska.

En el país, existen diversos focos rojos de agravios, refirió la activista. Uno de éstos es Oaxaca, donde tras una misión para visibilizar los conflictos se detectó que se ha recrudecido la violencia siendo uno de los estados donde hay más ataques a la población.

Guerrero y Chihuahua se agregan a los primeros lugares de la lista de amenazas, agresiones físicas y asesinatos, considerando organismos de la Red TDT que dicho escenario se recrudecerá con el nuevo gobierno que limitaría la libertad de expresión tanto de defensores como de periodistas, además de la agudización de conflictos relacionados con la tierra, el territorio y la criminalización de la protesta social, como lo está viviendo ahroa Michoacán con los estudiantes normalistas.

Sin embargo, para Raczynska aunque la población recibe información distorsionada, los medios alternativos se hacen más accesibles y se gestan movimientos como el #YoSoy132 que ha dado empoderamiento a los jóvenes con su propia agenda a nivel nacional.

Otro punto importante es la organización comunitaria que responde ante la violencia o la implementación de proyectos eólicos o mineros, así como la organización de familiares de víctimas de desapariciones forzadas o feminicidios.

La secretaria ejecutiva coincidió con activistas de Chiapas o Chihuahua por mencionar ejemplos, en que el espíritu de trabajo de Tlachinollan es alentador, por lo que a la asamblea acudieron para aprender y conocer varios casos a través del testimonio de los defensores de las comunidades de La Montaña y Costa Chica y, asímismo, la forma en que los activistas identifican la problemática social.

La 44 asamblea nacional de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) se realizó en la ciudad de Tlapa teniendo como anfitrión al Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

Valentina Rosendo, mujer me´phaa, y su hija con el abogado de Tlachinollan Santiago Aguirre. La lucha por justicia ante violación perpetrada por militares fue llevada hasta la CIDH. Foto: Sergio Ferrer

Después del evento, El Sur conversó con algunos representantes de organismos defensores de derechos humanos, de los más de 70 que aglutina la Red TDT.

La red se gestó desde 1989, en las seis etapas que llevan contabilizadas en su historia, existe el registro en la primera de un contexto nacional en donde hubo fraudes electorales, el asesinato de Norma Corona, entre otros lo que derivó en la necesidad de reunirse entre quienes trabajan los derechos humanos siendo el Prodh impulsor de dichas encuentros.

En la segunda etapa (92-93) se enfocó en el asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara y la memoria “500 años de Resistencia indígena”. Para la red se visualiza la necesidad de reglas, su institucionalización y campañas por la libertad de presos indígenas.

Para la tercer etapa (94-96) destacó el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de Colosio, la masacre de Aguas Blancas y se gestaron bases legales para incorporar al ejército en labores de seguridad pública. La red inicia trabajo internacional y respuesta ante la situación en Chiapas.

Para la cuarta etapa ya se conoce el Ejército Popular Revolucionario/ERPI, la expulsión de observadores internacionales de derechos humanos, otra masacre en Acteal así como ejecuciones de indígenas en El Charco, Guerrero y operaciones contra municipios autónomos. Red TDT trabajaría en consolidación de litigios ante la CIDH y un fuerte trabajo internacional.

En la quinta, se registró el asesinato de Digna Ochoa, la represión contra altermundistas en Guadalajara. En el contexto de su sexta etapa enlistan el conflicto en Atento y Oaxaca, entrada del gobierno calderonista e inicio de la participación intensiva del ejército en la lucha contra el narcotráfico.

El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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