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Mexico Violento

Guerrero, en alto riesgo para defensores de derechos humanos

El Estado de Guerrero es un foco rojo para los defensores de derechos humanos, principalmente, por la presencia de militares advierte Ong Red TDT

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Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos avizora  un oscuro panorama con el próximo gobierno federal

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- “Guerrero es una entidad de alto riesgo para los defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan en Tlachinollan, alertó Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), y consideró que la lucha de estos defensores, es sin embargo, “un ejemplo de lucha a nivel nacional”.

La activista declaró que es sistemática la agresión a defensores de derechos humanos, e incluso hay una situación de riesgo para quienes sólo acompañan a las víctimas en casos de violaciones a derechos humanos, por parte de las autoridades civiles y militares, por lo que resulta necesario establecer rutas para continuar con éxito la defensa.

En su asamblea sobre escenarios post-electorales, la Red TDT resaltó la falta de agenda en materia de derechos humanos por parte del nuevo gobierno federal, lo que deja ver que no será prioridad, aunado a los pendientes que deja la administración de Felipe Calderón.

En los estados continúa la discriminación contra los pueblos originarios y contra los más pobres, hay una serie de retos como el acceso a la justicia o el respeto a los derechos de las mujeres, señaló Raczynska.

En el país, existen diversos focos rojos de agravios, refirió la activista. Uno de éstos es Oaxaca, donde tras una misión para visibilizar los conflictos se detectó que se ha recrudecido la violencia siendo uno de los estados donde hay más ataques a la población.

Guerrero y Chihuahua se agregan a los primeros lugares de la lista de amenazas, agresiones físicas y asesinatos, considerando organismos de la Red TDT que dicho escenario se recrudecerá con el nuevo gobierno que limitaría la libertad de expresión tanto de defensores como de periodistas, además de la agudización de conflictos relacionados con la tierra, el territorio y la criminalización de la protesta social, como lo está viviendo ahroa Michoacán con los estudiantes normalistas.

Sin embargo, para Raczynska aunque la población recibe información distorsionada, los medios alternativos se hacen más accesibles y se gestan movimientos como el #YoSoy132 que ha dado empoderamiento a los jóvenes con su propia agenda a nivel nacional.

Otro punto importante es la organización comunitaria que responde ante la violencia o la implementación de proyectos eólicos o mineros, así como la organización de familiares de víctimas de desapariciones forzadas o feminicidios.

La secretaria ejecutiva coincidió con activistas de Chiapas o Chihuahua por mencionar ejemplos, en que el espíritu de trabajo de Tlachinollan es alentador, por lo que a la asamblea acudieron para aprender y conocer varios casos a través del testimonio de los defensores de las comunidades de La Montaña y Costa Chica y, asímismo, la forma en que los activistas identifican la problemática social.

La 44 asamblea nacional de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) se realizó en la ciudad de Tlapa teniendo como anfitrión al Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

Valentina Rosendo, mujer me´phaa, y su hija con el abogado de Tlachinollan Santiago Aguirre. La lucha por justicia ante violación perpetrada por militares fue llevada hasta la CIDH. Foto: Sergio Ferrer

Después del evento, El Sur conversó con algunos representantes de organismos defensores de derechos humanos, de los más de 70 que aglutina la Red TDT.

La red se gestó desde 1989, en las seis etapas que llevan contabilizadas en su historia, existe el registro en la primera de un contexto nacional en donde hubo fraudes electorales, el asesinato de Norma Corona, entre otros lo que derivó en la necesidad de reunirse entre quienes trabajan los derechos humanos siendo el Prodh impulsor de dichas encuentros.

En la segunda etapa (92-93) se enfocó en el asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara y la memoria “500 años de Resistencia indígena”. Para la red se visualiza la necesidad de reglas, su institucionalización y campañas por la libertad de presos indígenas.

Para la tercer etapa (94-96) destacó el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de Colosio, la masacre de Aguas Blancas y se gestaron bases legales para incorporar al ejército en labores de seguridad pública. La red inicia trabajo internacional y respuesta ante la situación en Chiapas.

Para la cuarta etapa ya se conoce el Ejército Popular Revolucionario/ERPI, la expulsión de observadores internacionales de derechos humanos, otra masacre en Acteal así como ejecuciones de indígenas en El Charco, Guerrero y operaciones contra municipios autónomos. Red TDT trabajaría en consolidación de litigios ante la CIDH y un fuerte trabajo internacional.

En la quinta, se registró el asesinato de Digna Ochoa, la represión contra altermundistas en Guadalajara. En el contexto de su sexta etapa enlistan el conflicto en Atento y Oaxaca, entrada del gobierno calderonista e inicio de la participación intensiva del ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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