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Guerrero: Acoso militar a comunidades indígenas por proteger ríos

Las comunidades indígenas de Guerrero acuerdan una lucha conjunta para proteger sus ríos ante acoso militar que proteger empresas privadas

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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) esperan las mesas de discusión durante el 19 aniversario de Tlachinollan Foto: Sergio Ferrer

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) durante el 19 aniversario de Tlachinollan Foto: Sergio Ferrer

**Comunidad amuzga denuncia la ilegalidad de la obra del entubamiento del río san Pedro

**Piden en foro de Tlachinollan a dirigencias a superar sus diferencias

 Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- Durante las conclusiones del foro Digna Rebeldía organizado por Tlachinollan con motivo de su 19 aniversario, organizaciones sociales, comunidades, defensores de derechos humanos, instituciones de seguridad comunitaria, maestros, acordaron buscar una articulación de las luchas frente la embestida de aparatos represivos del Estado y los intentos de desarticulación de instituciones sociales como la CRAC, la PCP o el CECOP.

El llamado de los asistentes fue hacia las dirigencias para “superar sus diferencias y no perder de vista que la lucha es la misma”. Por otra parte a las personas y organizaciones que siguen los procesos de justicia comunitaria de Guerrero les pidieron actuar con responsabilidad al no ahondar en confrontaciones estériles que no son de las comunidades.

El llamamiento recae fuertemente sobre la situación que vive la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la Montaña-Costa. En el punto correspondiente se reitera la postura de “defender los modelos de justicia y seguridad comunitarias que han surgido en la región, poniendo en el centro los sistemas normativos y la libre determinación”.

Organizaciones acordaron también no permitir la destrucción de los territorios comunitarios rechazando la minería y proyectos de reserva que quieren quitar el control de la vida, de lo que es sagrado para los pueblos.

También, reivindicaron como patrimonio popular los triunfos de la disidencia magisterial que con solidaridad de diversos actores como los estudiantes normalistas, logró parar la avalancha de reformas legales en materia educativa. El respaldo es extensivo a las luchas por venir.

Los asistentes condenaron la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández, Félix Rafael y Ángel Román en Iguala, demandando que el crimen sea esclarecido y se garantice seguridad para los familiares sobrevivientes. En otros puntos se acordó la solidaridad con el pueblo naancue ñomndaa frente a la privatización simulada de sus ríos asimismo respaldaron la lucha del CECOP.

Acoso militar y desatención para defensores de ríos en Guerrero

Antes de las conclusiones, dos defensores de derechos humanos, uno del CECOP y otro de la Radio Ñomndaa, informaron sobre la situación que se vive en sus lugares de origen. El primer caso expuesto como denuncia pública es el de Julián Blanco Cisneros, adulto mayor ejidatario de Los Guajes.

El hombre relató que el 1 de febrero alrededor de las 10:45 de la noche militares allanaron el domicilio del defensor de derechos humanos apuntando a quienes interrogando a Blanco preguntándole por armas, 15 minutos después regresaron y estacionaron los vehículos afuera de su casa.

El 26 de junio volvieron a ir pero ahora presentándose como personas de derechos humanos. Las visitas se replicaron el 2 de julio, el 13 de julio hasta la última el 17, mediante documentos, militares le piden presentarse a la zona militar 27 de Atoyac para declarar por la averiguación previa 272M/24/201B-1 que aparentemente pesa en su contra y esta iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar.

A Blanco Cisneros le preocupa su familia porque, “mi esposa no quiere comer tiene miedo que nos vayan a desaparecer, pero no dejaré la lucha, nos oponemos a La Parota queremos seguir viviendo allí tenemos nuestras raíces, somos campesinos ese proyecto de la hidroeléctrica en el río no es para nosotros sino a beneficio de empresas transnacionales”, atajó.

Acompañados de la asesoría jurídica de Tlachinollan, el CECOP a ganado desde 2003 cinco juicios agrarios para anular asambleas que buscan expropiar mil 500 hectáreas de Cacahuatepec.

En cuanto al río San Pedro que nutre a comunidades amuzgas y mixtecas, David Valtierra Arango, fundador de la radio Ñomndaa en Xochistlahuaca, denunció que el gobierno de Ángel Aguirre comenzó una obra de entubación de gran cantidad de agua del río sin consultar a los pueblos que serán afectados solo haciendo trato con un pueblo prometiendo obras que son de por sí obligación del estado.

La obra que quitaría del líquido a comunidades para cumplir la demanda de empresas y ganaderos de Ometepec, trabaja en la opacidad ya que a pesar de que organizaciones y ciudadanos han pedido al IFAI el expediente técnico hasta la fecha se les ha negado.

En tanto instancias como Semarnat, Conagua dicen que el estudio de impacto ambiental tiene fallas que están subsanando pero la obra ya lleva un 80 por ciento de avance. Valtierra Arango lamentó que los líderes de las comunidades no se atrevan a denunciar esta arbitrariedad ambiental por temor a perder las dádivas del gobierno perredista.

Tras ratificar que seguirán en defensa del agua y la vida, Valtierra Arango pidió la solidaridad de la población e hizo un llamado a la unidad ante la situación de la división que se está generando en organizaciones comunitarias.

 

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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