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Mexico Violento

Guerra no declarada en Chichihualco Guerrero

Chichihualco Guerrero, otra zona con presencia militar, se gestan nuevos enfrentamientos entre grupos delictivos en medio de la población civil

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Tanquetas para resguardar la zona. Foto: Alondra García

Por Alondra García Lucatero

CHICHIHUALCO, Guerrero. Cuando se soltó la refriega, la pequeña niña Marbella abrazó a sus tres sobrinitos y los metió bajo la cama. En cuestión de segundos, al menos 50 hombres con armas de alto poder rodearon su casa de madera y lámina, ubicada en la colonia Trinchera, una zona marginada de Chichihualco, del estado de Guerrero.

¡Ratatatatata..!¡Ratatatatatata…!, tronaban las ráfagas de AK-47.

Con su pequeño cuerpo de apenas ocho años trató de cubrir a los niños que lloraban indefensos y temerosos en medio del fuego cruzado.Bajo la cama se sintieron seguros, hasta que un proyectil impactó contra la pared de madera y otra más entró por la ventana y atravesó el techo de lámina galvanizada.

A su paso por el interior de la vivienda, la bala pasó cerca del rostro de Marbella y la dejó sorda del oído izquierdo.Mientras ella y sus tres sobrinitos se agazapaban bajo la cama, afuera las ráfagas ardían como el infierno.

El saldo de ese domingo 17 de noviembre en la cabecera municipal de Chichihualco fue de un pistolero muerto, otro más gravemente herido y una camioneta Dodge Journey asegurada por el Ejército mexicano.

Hoy en día una cruz de madera marca el lugar en el que murió el pistolero, mientras que las viviendas y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad atestiguan los impactos de los proyectiles.

Dos días después, continuaban las balaceras y persecuciones entre los grupos antagónicos de la delincuencia organizada que opera en la zona.

Para llegar a Chichihualco hay que pasar un retén del Ejército mexicano, después otro más de la Policía Estatal. En el centro de la ciudad las tanquetas GSRGT y los Sandcats, vehículos tácticos blindados, dan a la comunidad rural la impresión de estar enmedio de sitio de guerra.

Dos helicópteros, uno de la Policía Federal y otro del Ejército, sobrevuelan Chichihualco a muy baja altura, ante el rumor de la población de que se gesta una nueva balacera, de que ya hay vehículos con gente armada recorriendo la ciudad, de que ya hubo tiroteos aislados.

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Parte de la militarización, los retenes federales. Foto: Alondra García

Este martes 19 de noviembre los estudiantes se quedaron en casa; las clases se suspendieron hasta nuevo aviso ante la posibilidad de que en cualquier momento se desate un nuevo enfrentamiento.

En el mercado municipal, principal sitio de actividad económica en Chichihualco, las cortinas permanecen cerradas. Solamente militares y policías recorren las calles, mientras la población se esconde en sus casas.

La mayoría de los negocios cerró desde el domingo y desde entonces no han abierto sus puertas.

“Aquí vivimos en temor constante, lo único que nos tranquiliza es la presencia del Ejército, no podemos salir ni a comprar tortillas”, relató una vecina del lugar; tres días atrás una balacera se desató frente a su casa y desde entonces decidieron no salir de ella.

Afuera, en la esquina, tres vehículos militares y varios elementos del Ejército montaron un retén temporal que se instala constantemente y tarda algunos minutos antes de retirarse.

En la colonia Trinchera, lugar donde ocurrió el último enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada, la gente se niega a hablar ante los reporteros.

“Aquí no pasó nada”, respondió una mujer de edad avanzada, a pesar de que el domingo 17 de noviembre el enfrentamiento ocurrió afuera de su casa y un pistolero muerto cayó frente a su propiedad; el lugar está marcado con una cruz de madera y un par de flores de cempasúchil.

En la casa de enfrente, cuatro niños se refugiaron bajo una cama durante la media hora que duró el tiroteo. La niña, ahora sorda de un oído por el estruendo de las metrallas, sonríe a los reporteros mientras balancea su cuerpo nerviosamente.

“Los niños pasaron un gran susto, por poquito los matan, nosotros sólo pedimos dos cosas: justicia y seguridad”, expresó su abuela, aún indignada por los daños materiales que las balas provocaron en la casa de su hijo y el daño físico que dejaron en su nieta.

“Tenemos miedo, en la mañana pasaron unos vehículos persiguiéndose, solamente nos sentimos seguros cuando vienen los militares porque la gente mala se retira”, comentó la mujer de edad avanzada.

Afuera, en las calles polvorientas de terracería, solamente caminan burros, perros y gatos.

La única señal que revela la presencia de habitantes en la colonia Trinchera son los niños que se asoman curiosos por las ventanas.

En Chichihualco la vida sigue, pero con la población adentro de sus hogares, ocultos, temerosos, bajo el sonido de los helicópteros y el tronido fugaz de las metrallas.

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Un pueblo indígena convertido en campo de batalla. Foto: Alondra García

 

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Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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Reos de penal federal de Chiapas denuncian riesgo de motín y falta de alimentos, demandan atención de Segob

Ignacio García

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Por Ignacio García

Reos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, de Villa de Comatitlán, en Chiapas, denunciaron que han sido víctimas de constantes agresiones por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que temen un motín en el interior del penal, y por ello solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El abogado Jefte Méndez informó que ayer los reos no recibieron sus alimentos en el horario establecido, por lo que tampoco les han permitido el acceso al patio del inmueble, además de que no han podido realizar sus actividades físicas, lo que representa una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con el defensor legal, ante las prohibiciones que han continuado en el interior del penal temen que existan enfrentamientos entre los internos, debido a que las autoridades penitenciarias no están atendiendo las necesidades básicas de los internos.

Agregó que este tipo de medidas no pueden ser toleradas por el gobierno federal, por lo que demandaron a la secretaria Olga Sánchez Cordero que atienda las problemáticas internas en el Cefereso de Chiapas, pues de lo contrario se puede presentar un enfrentamiento violento en las instalaciones del penal.

Apenas el 27 de noviembre de 2020 fueron trasladados reos de alta peligrosidad del penal de Puente Grande, lo que ha generado una mayor desestabilización en el interior del penal federal con los demás reos, ya que el director del penal toma medidas de represalia para todos los internos.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2015 y 2019 se registraron 19 enfrentamientos entre internos o motines en los penales del país, siendo los más frecuentes los federales, en donde ha imperado el hacinamiento y falta de atención de las autoridades penitenciarias.

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