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La red en lucha

Guatemala exige renuncia de militares por masacre de Totonicapán

Guatemala indignada por masacre se organiza para exigir la dimisión de militares responsables de la orden de disparar contra indígenas de Totonicapán

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Nueve personas asesinadas por el Ejército de Guatemala Foto: Centro de Medios Independientes

Por Jorge Agurto

TOTONICAPÁN, Guatemala.- Una protesta pacífica de indígenas k’iches contra el alza de las tarifas eléctricas fue reprimida el 4 de octubre por el Ejército, dejando siete muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados recibieron golpes y rasguños.

El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de Facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana del siete de octubre de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.

El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas agresiones.

Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís. (Servidi).

Contra la manipulación de los medios en Guatemala por masacre de Totonicapán Foto: red

Carta abierta al Presidente de Guatemala y a los poderes públicos

A los presidentes de los tres poderes del Estado de Guatemala pidiendo la destitución de los ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto por la violencia utilizada contra el pueblo de Totonicapán y de las luchas sociales en Guatemala

Nosotros y nosotras, estudiantes, académicos, activistas y todos los indignados e indignadas por los hechos ocurridos en Totonicapán el día 4 de octubre de 2012, nacionales y extranjeros, manifestamos nuestro repudio por la violencia utilizada por el Gobierno de Guatemala para reprimir una manifestación pacífica organizada por los 48 cantones de Totonicapán, en la que expresaban su opinión respecto de la propuesta de reformas constitucionales, la modificación de la carrera magisterial y el alza de la tarifa eléctrica.

Para la comunidad nacional e internacional, a pesar de las declaraciones oficiales presentadas por el mandatario, Otto Pérez Molina, y sus ministros de Gobernación y Defensa Nacional, Mauricio López Bonilla y Ulises Noé Anzueto respectivamente, así como la ambigüedad con la que está procediendo el Procurador de Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León Duque, está claro que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala arremetieron contra los manifestantes con abuso de violencia.

Mientras las autoridades de los 48 cantones se encontraban en Ciudad de Guatemala para iniciar una reunión de negociación con el presidente Otto Pérez Molina, las fuerzas públicas reprimieron a los manifestantes que se encontraban en la carretera Interamericana, disparando a quemarropa contra la población y dejando un saldo de ocho muertos y treinta y cuatro personas heridas –de las cuales treinta sufrieron heridas de arma de fuego mientras que los otros cuatro sufrieron intoxicaciones por los gases lacrimógenos. Asimismo, según testimonio de los pobladores, mientras esto sucedía se sobrevolaba el área con helicópteros militares para intimidar a los manifestantes y para reaccionar bélicamente en caso que fuera “necesario”.

A nuestro criterio, la forma como procedieron las fuerzas de seguridad de Guatemala muestra claramente que este tipo de “operaciones” sigue respondiendo a políticas de contrainsurgencia, de las que tanto Otto Pérez Molina como Mauricio López Bonilla tienen vasta experiencia. Ello implica la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales a todo nivel, sean indígenas, campesinas, o estudiantiles. En lo que va de su mandato, se ha comprobado que el ministro de Gobernación reacciona inmediatamente con violencia indiscriminada, sin buscar medios de negociación que respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, tanto el derecho a la libre locomoción que insistentemente demandan las élites económicas, como los derechos de organización y defensa de la vida que son reclamos justos de las entidades colectivas que se manifiestan públicamente.

En sus declaraciones públicas, Mauricio López Bonilla ha acusado a los movimientos sociales de ser “criminales” y “terroristas”, en un afán de desvirtuar las luchas de esos movimientos y como justificación para su acción represiva. Reiteradamente ha dicho que no va a tolerar cualquier intento de atentar contra el “orden público” y la “anarquía”, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué entiende el señor López Bonilla por “orden” y “anarquía”? Para él, el “desorden público” y la “anarquía” empiezan cuando los estudiantes se organizan en contra de las medidas autoritarias del Ministerio de Educación o cuando las comunidades resisten en la defensa de sus territorios y de sus derechos individuales y colectivos fundamentales. Con esto, claramente vemos cómo la política de seguridad del Estado tiene al movimiento popular como un “enemigo interno” al que hay que controlar y eliminar.

Denunciamos la mentira con la que se ha estado manejando la información tanto por las entidades oficiales como por los medios de comunicación social –nacionales e internacionales. Respondiendo a la lógica contrainsurgente antes expuesta, los funcionarios de gobierno han dicho que las fuerzas de seguridad no portaban armas, pero existen fotografías que claramente muestran lo contrario.

Posteriormente Otto Pérez Molina ha confirmado que los efectivos policiales y militares sí portaban armas, y que hicieron uso de las mismas respondiendo a “provocaciones” de la población, “disparando al aire” supuestamente en defensa propia. Ahora bien, ¿por qué la gente que se manifestaba iniciaría un enfrentamiento contra la policía y el ejército, sabiendo de antemano su superioridad militar?, ¿qué obtendrían con ello si las autoridades de los 48 y en su lugar, culpar a la población de la violencia acontecida.

Por lo anterior, los y las abajo firmantes, nos unimos a las demandas expresadas en comunicados de distintas organizaciones y de la sociedad civil, anexos a esta carta, y además exigimos al presidente de la República, Otto Pérez Molina, la inmediata destitución de los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y de Defensa Nacional, Ulises Noé Anzueto.

Finalmente, nos solidarizamos con el pueblo de Totonicapán haciendo nuestro también el dolor causado por los compañeros asesinados como por la represión y el terror vivido y revivido en estos días. Asimismo apoyamos las justas demandas de los hermanos y hermanas del pueblo de Totonicapán y las decisiones que tomen las autoridades de los 48 cantones.

Funeral en Totonicapán Foto: periodismohumano.com

Sociedad civil de Guatemala condena masacre de Totonicapán y exige la desmilitarización inmediata 

Declaración de la Sociedad Civil ante la represión homicida del gobierno de Otto Pérez Molina.

Ante los hechos de violencia suscitados el 4 de octubre,  denunciamos:

1. La tarde del 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas.

2. La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro. Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.

3. El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura democrática y en el marco del estado de derecho.

4. El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas.

Ante dicha situación, demandamos:

1. A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

2. Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad civiles y militares.

3. Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP, toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos. Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan comprometidos en los hechos ocurridos.

4. Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública.

5. Al Congreso de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-.

6. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica.

7. A las comunidades y dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos.

Guatemala, 4 de octubre de 2012

Convergencia por los Derechos Humanos, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH, Fundación Sobrevivientes, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG, Seguridad en Democracia -SEDEM, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA, Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA, Centro de Estudios de Guatemala -CEG, Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP, Educa Guatemala, Sector Mujeres de Sociedad Civil, Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG.

España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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