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Con voz propia

Guatemala, ejemplo para México

Guatemala ha dado un ejemplo al mundo al meter a la cárcel a su presidente por corrupción y abuso de poder, demostrando con ello inteligencia ciudadana

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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Foto: EFE

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Foto: EFE

Ricardo V. Santes Álvarez

El pasado 25 de abril, el diputado Amilcar Pop denunció penalmente al presidente Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por la comisión de supuestos delitos, entre ellos, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tras la renuncia de Baldetti, el 8 de mayo se revelan operaciones de la estructura fraudulenta “La Línea”, dos días después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón (prófugo), de liderar la red. El escándalo se da en medio de multitudinarias manifestaciones que exigen la salida del Presidente y el reemplazo del gabinete. El 25 de agosto, el MP revela nexos de Pérez Molina con “La Línea”. El 27 de agosto, cientos de guatemaltecos inician paro nacional reiterando la exigencia de renuncia. La Procuraduría recomienda dicha renuncia. El Congreso integra la comisión pesquisidora para evaluar el antejuicio al presidente. El 28 de agosto, el jefe de Estado rechaza renunciar: “No podemos romper las leyes del país, aquí deben de haber elecciones (…) yo estoy aquí; no voy a darle la espalda al pueblo de Guatemala, no voy a esconderme…”, declara. El 1 de septiembre, el Congreso retira la inmunidad a Otto Pérez al considerar que existen suficientes pruebas para procesarlo. El 2 de septiembre el MP emite orden de arresto en su contra. En la madrugada del 3 del día siguiente, se confirma que el mandatario entregó carta de renuncia. El Congreso la aceptó y, sin mayor preámbulo, fue enviado a prisión. El viernes 4, el ahora ex Presidente Otto Pérez Molina despertó tras las rejas.

Cronología del caso Otto Pérez Molina

TeleSur

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que año con año elabora la organización Transparency International mide los niveles de apreciación de esa práctica negativa en el sector público de 175 países y territorios. La escala utilizada va de 0 a 100, donde el valor mínimo significa ‘altamente corrupto’ y el valor máximo ‘muy limpio’. En la medición 2014, misma que puede consultarse en el sitio web de la organización, sin sorpresa vemos que Dinamarca y otros nórdicos, junto con Nueva Zelanda, ocupan los primeros cinco lugares; esto es, son las perlas de la honestidad y el buen desempeño.

Para Latinoamérica, las cosas no pintan bien, pues no obstante que Chile y Uruguay ocupan, ambos, el sitio 21, y Costa Rica el 47 (IPC de 73 y 54, respectivamente), mostrándose como los tres menos corruptos de la región, los demás examinados quedan debajo de los 50 puntos. Reprobados. México, por caso, se ubica en el sitio 103, con un IPC de apenas 35; sí, de 100 puntos posibles, apenas alcanza 35. Vergonzoso.

El diccionario de la Real Academia Española define corrupción como una práctica que se realiza en “las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Un punto de inicio para buscar causas, explicaciones y alternativas de solución a este cáncer es, por tanto, la actividad de los servidores-funcionarios públicos. No es que esa mala práctica no ocurra en otros ámbitos, pero resulta más dañina cuando impacta en el erario.

Si gustamos criticar a otros países del área, es mejor andarnos con cuidado. Cuba, Brasil, El Salvador, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia quedan por arriba en el índice; son menos corruptos. Inclusive ocupando México mejor posición en la región que otros, como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, o Venezuela, no hay garantía que las cosas sean mejores acá que allá. De la misma forma, no hay seguridad que allá nada cambie, como acá.

Para muestra, un botón. Guatemala, ocupante del lugar 115 (IPC de 32), acaba de dar una lección de democracia y dignidad a todas las naciones del área y de otras geografías. El pueblo guatemalteco ha demostrado que, cuando está decidido y unido en aras de un objetivo común, logra lo que se propone: ha enviado a prisión a quien hasta el amanecer del 3 de septiembre fue su presidente, Otto Pérez Molina. Ni más ni menos. La acusación, como se relata arriba, es diversa, pero queda claro que el enriquecimiento ilícito y la asociación para delinquir se ubican en el dominio de la corrupción, por haber utilizado el ex-presidente su alto encargo y la inmensa cantidad de medios a su alcance, para obtener un provecho personal. “La Línea”, en concreto, se traducía en que hombres de negocios pagaban sobornos (“moches”, pues) a funcionarios gubernamentales y oficiales aduaneros para que se les permitiera evadir derechos de importación.

¿En dónde los mexicanos hemos escuchado o sabido de algo parecido? En nuestro país, ¿quién puede dudar que el cargo de un funcionario sea, en la mayoría de los casos, vía libre para incurrir en actos que le garanticen ventaja de cualquier índole? Es difícil hallar un servidor público que sea inmune a la corrupción; tal vez por eso, al primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, se le llena la boca cuando dice que es un asunto cultural. Su mensaje es que no le busquemos “tres pies al gato” ni cosa por el estilo; que somos mala sangre y que no hay vuelta de hoja. Y si ello es así, es un sinsentido pedir explicaciones sobre casas blancas o casas “malinalcas”, inmuebles “donados”, pinturitas regaladas, bitácoras de helicópteros, o contratos oscuros. Es un despropósito de algunos inadaptados porque todo ello es parte de la normalidad. Es más, tan interiorizado está el virus “cultural” que las pesquisas de los ministerios públicos, las resoluciones de las cortes, o las exculpatorias indagaciones de instancias de la función pública son viciadas por definición. Sí ¿y qué? Total, así somos. Si en el subcontinente no hay nada que hacer, pues en México menos.

Por fortuna, del Sur (no del Norte) llega una alentadora lección: la corrupción, pueblo mío, NO es cultural. Son los corruptos quienes tratan de convencernos de que ese mal es compartido por todos para justificar sus pillerías. El pueblo guatemalteco, harto de gobernantes sucios, ha mandado al cabecilla de la banda, el mismísimo mandatario de la República, a donde debe estar: la cárcel. Cierto es que, como lo señalan analistas, el hecho ocurrió gracias al apoyo de una instancia externa como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, lo importante es que aconteció, lo que demuestra que la limpieza de una sociedad es factible cuando el interés surge, primeramente, desde ella misma. NO de sus “líderes” incrustados en el gobierno (ellos están muy bien con el actual estado de cosas) o en los partidos políticos. NO de ministerios de función pública, NO de sistemas nacionales “anticorrupción”, ni elefantes blancos semejantes. Por otro lado, las ayudas de fuera son imprescindibles, pues de eso se trata ser parte de la comunidad internacional.

La terrible situación que pasa México en todos los ámbitos, que ha derivado en la falta de credibilidad y confianza en sus instituciones, tanto en el interior como en el exterior, ha orillado al propio Peña Nieto a reconocerla como inmenso desafío para lo que resta de su malogrado desgobierno. Es, sin duda, una circunstancia que demanda atención urgente. El país ha tocado fondo, y si la sociedad no se organiza y cambia el rumbo, las consecuencias serán funestas en el corto (muy corto) plazo. Los hermanos guatemaltecos han dado el ejemplo y por ello merecen un sincero agradecimiento. Los mexicanos… ¿Cuándo?

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@RicSantes

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Con voz propia

Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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