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Con voz propia

Guatemala, ejemplo para México

Guatemala ha dado un ejemplo al mundo al meter a la cárcel a su presidente por corrupción y abuso de poder, demostrando con ello inteligencia ciudadana

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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Foto: EFE

El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Foto: EFE

Ricardo V. Santes Álvarez

El pasado 25 de abril, el diputado Amilcar Pop denunció penalmente al presidente Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, por la comisión de supuestos delitos, entre ellos, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tras la renuncia de Baldetti, el 8 de mayo se revelan operaciones de la estructura fraudulenta “La Línea”, dos días después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón (prófugo), de liderar la red. El escándalo se da en medio de multitudinarias manifestaciones que exigen la salida del Presidente y el reemplazo del gabinete. El 25 de agosto, el MP revela nexos de Pérez Molina con “La Línea”. El 27 de agosto, cientos de guatemaltecos inician paro nacional reiterando la exigencia de renuncia. La Procuraduría recomienda dicha renuncia. El Congreso integra la comisión pesquisidora para evaluar el antejuicio al presidente. El 28 de agosto, el jefe de Estado rechaza renunciar: “No podemos romper las leyes del país, aquí deben de haber elecciones (…) yo estoy aquí; no voy a darle la espalda al pueblo de Guatemala, no voy a esconderme…”, declara. El 1 de septiembre, el Congreso retira la inmunidad a Otto Pérez al considerar que existen suficientes pruebas para procesarlo. El 2 de septiembre el MP emite orden de arresto en su contra. En la madrugada del 3 del día siguiente, se confirma que el mandatario entregó carta de renuncia. El Congreso la aceptó y, sin mayor preámbulo, fue enviado a prisión. El viernes 4, el ahora ex Presidente Otto Pérez Molina despertó tras las rejas.

Cronología del caso Otto Pérez Molina

TeleSur

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que año con año elabora la organización Transparency International mide los niveles de apreciación de esa práctica negativa en el sector público de 175 países y territorios. La escala utilizada va de 0 a 100, donde el valor mínimo significa ‘altamente corrupto’ y el valor máximo ‘muy limpio’. En la medición 2014, misma que puede consultarse en el sitio web de la organización, sin sorpresa vemos que Dinamarca y otros nórdicos, junto con Nueva Zelanda, ocupan los primeros cinco lugares; esto es, son las perlas de la honestidad y el buen desempeño.

Para Latinoamérica, las cosas no pintan bien, pues no obstante que Chile y Uruguay ocupan, ambos, el sitio 21, y Costa Rica el 47 (IPC de 73 y 54, respectivamente), mostrándose como los tres menos corruptos de la región, los demás examinados quedan debajo de los 50 puntos. Reprobados. México, por caso, se ubica en el sitio 103, con un IPC de apenas 35; sí, de 100 puntos posibles, apenas alcanza 35. Vergonzoso.

El diccionario de la Real Academia Española define corrupción como una práctica que se realiza en “las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Un punto de inicio para buscar causas, explicaciones y alternativas de solución a este cáncer es, por tanto, la actividad de los servidores-funcionarios públicos. No es que esa mala práctica no ocurra en otros ámbitos, pero resulta más dañina cuando impacta en el erario.

Si gustamos criticar a otros países del área, es mejor andarnos con cuidado. Cuba, Brasil, El Salvador, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia quedan por arriba en el índice; son menos corruptos. Inclusive ocupando México mejor posición en la región que otros, como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, o Venezuela, no hay garantía que las cosas sean mejores acá que allá. De la misma forma, no hay seguridad que allá nada cambie, como acá.

Para muestra, un botón. Guatemala, ocupante del lugar 115 (IPC de 32), acaba de dar una lección de democracia y dignidad a todas las naciones del área y de otras geografías. El pueblo guatemalteco ha demostrado que, cuando está decidido y unido en aras de un objetivo común, logra lo que se propone: ha enviado a prisión a quien hasta el amanecer del 3 de septiembre fue su presidente, Otto Pérez Molina. Ni más ni menos. La acusación, como se relata arriba, es diversa, pero queda claro que el enriquecimiento ilícito y la asociación para delinquir se ubican en el dominio de la corrupción, por haber utilizado el ex-presidente su alto encargo y la inmensa cantidad de medios a su alcance, para obtener un provecho personal. “La Línea”, en concreto, se traducía en que hombres de negocios pagaban sobornos (“moches”, pues) a funcionarios gubernamentales y oficiales aduaneros para que se les permitiera evadir derechos de importación.

¿En dónde los mexicanos hemos escuchado o sabido de algo parecido? En nuestro país, ¿quién puede dudar que el cargo de un funcionario sea, en la mayoría de los casos, vía libre para incurrir en actos que le garanticen ventaja de cualquier índole? Es difícil hallar un servidor público que sea inmune a la corrupción; tal vez por eso, al primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, se le llena la boca cuando dice que es un asunto cultural. Su mensaje es que no le busquemos “tres pies al gato” ni cosa por el estilo; que somos mala sangre y que no hay vuelta de hoja. Y si ello es así, es un sinsentido pedir explicaciones sobre casas blancas o casas “malinalcas”, inmuebles “donados”, pinturitas regaladas, bitácoras de helicópteros, o contratos oscuros. Es un despropósito de algunos inadaptados porque todo ello es parte de la normalidad. Es más, tan interiorizado está el virus “cultural” que las pesquisas de los ministerios públicos, las resoluciones de las cortes, o las exculpatorias indagaciones de instancias de la función pública son viciadas por definición. Sí ¿y qué? Total, así somos. Si en el subcontinente no hay nada que hacer, pues en México menos.

Por fortuna, del Sur (no del Norte) llega una alentadora lección: la corrupción, pueblo mío, NO es cultural. Son los corruptos quienes tratan de convencernos de que ese mal es compartido por todos para justificar sus pillerías. El pueblo guatemalteco, harto de gobernantes sucios, ha mandado al cabecilla de la banda, el mismísimo mandatario de la República, a donde debe estar: la cárcel. Cierto es que, como lo señalan analistas, el hecho ocurrió gracias al apoyo de una instancia externa como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, lo importante es que aconteció, lo que demuestra que la limpieza de una sociedad es factible cuando el interés surge, primeramente, desde ella misma. NO de sus “líderes” incrustados en el gobierno (ellos están muy bien con el actual estado de cosas) o en los partidos políticos. NO de ministerios de función pública, NO de sistemas nacionales “anticorrupción”, ni elefantes blancos semejantes. Por otro lado, las ayudas de fuera son imprescindibles, pues de eso se trata ser parte de la comunidad internacional.

La terrible situación que pasa México en todos los ámbitos, que ha derivado en la falta de credibilidad y confianza en sus instituciones, tanto en el interior como en el exterior, ha orillado al propio Peña Nieto a reconocerla como inmenso desafío para lo que resta de su malogrado desgobierno. Es, sin duda, una circunstancia que demanda atención urgente. El país ha tocado fondo, y si la sociedad no se organiza y cambia el rumbo, las consecuencias serán funestas en el corto (muy corto) plazo. Los hermanos guatemaltecos han dado el ejemplo y por ello merecen un sincero agradecimiento. Los mexicanos… ¿Cuándo?

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@RicSantes

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Con voz propia

Funcionario mexicano ocupa oficinas para hacer “Fiesta COVID”

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En un video compartido por esta redacción, se aprecia cómo el secretario de Cultura de Hidalgo (Méx), José Olaf Hernández Sánchez, usa las oficinas gubernamentales para realizar convivios e incluso causar destrozos junto con sus acompañantes, mismos que posteriormente fueron pagados con dinero del erario

Por Emmanuel Ameth

Mobiliario de las oficinas de José Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo (Méx), resultó dañado luego de que al funcionario en compañía de sus subalternos, ocupara el espacio público para realizar un “convivio” durante la pandemia causada por COVID el pasado 30 de octubre (2020), cuando Hidalgo estaba en riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo.

Cabe señalar que en la actual administración del gobernador Omar Fayad Meneses al menos una funcionaria que se desempeñaba como subsecretaria de Salud perdió su empleo luego de que difundiera un video donde usaba las instalaciones oficiales para celebrar su cumpleaños, obligando a otros burócratas a participar.

En el video se aprecia a 6 individuos acompañando a Olaf Hernández, quien a sus espaldas tiene enmarcado el retrato de Omar Fayad Meneses como en toda dependencia gubernamental.

Entre los asistentes se encontraban A. G. M., asistente del secretario que también es encargada de organizar eventos; R. O. L., encargada de prensa así como D. R., auxiliar también en el área de prensa.

Aparecen también el secretario Olaf Hernández, Goretti y O. E. C., identificado como su particular. Todos ellos estaban en las oficinas de la cultura ubicadas en El Ferrocarril (Pachuca).

Como saldo del convivio, al menos una mesa resultó rota, misma que posteriormente fue arreglada con presupuesto del erario.

Otros señalamientos

En 2018 este medio documentó desvíos con motivo de la supuesta compra de 300 Instrumentos musicales así como la financiación de 450 Actividades culturales, para lo que la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo presupuestó un total de 77 millones 962 mil 500 pesos según el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública (PAAASOP); sin embargo en el Centro Cultural de las Artes de Hidalgo, los trabajadores allí presentes negaron tales adquisiciones pese a estar presupuestadas según la Función Pública.

Un año después, este medio documentó el asunto de la “Compañía de Teatro del Estado de Hidalgo: timo, fracasos y corruptelas de Olaf Hernández”, dado que lo que se vendió a los actores como uno de los proyectos de mayor envergadura para la entidad, terminó en engaños, penar, desvíos y abandono por parte del funcionario.

Días después, alrededor de 200 artistas hidalguenses pidieron mediante una carta al gobernador Omar Fayad Meneses la renuncia del secretario Olaf Hernández Sánchez “ante los múltiples señalamientos de funcionamiento irregular por parte del organismo que dirige y pone en riesgo el desarrollo de la política cultural del Estado”.

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Arteleaks

El Estado español encarcela al rapero Pablo Hasél por críticas al sistema

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

El español Pablo Rivadulla Duró (1988), conocido en el ambiente musical como Pablo Hasél, es un rapero de izquierda que se asume antifascista y ha adoptado el compromiso con sus composiciones en video y mensajes a través de la red social Twitter en denunciar y poner en tela de juicio a los poderes monárquicos, políticos, jurídicos y policiacos de su país.

Y debido a 64 tuits (de 2014 a 2016) y una canción (publicada en YouTube), en donde pone de manifiesto su rechazo a los excesos del poder, ha sido sentenciado a prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, por lo que deberá someterse a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y al pago de casi 30,000 euros de multa (es decir, más de 700 mil pesos mexicanos).

Por ello, más de 200 personalidades del cine, la televisión, el teatro y la música, entre ellos Joan Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, emitieron un manifiesto en favor de Hasél, rechazando de manera tajante su reclusión en prisión y planteando la solicitud de eliminar del Código Penal ese tipo de delitos, “que no hacen sino cercenar el derecho, no sólo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, tal y como sucede en países como Turquía o Marruecos

Pero van más allá los firmantes al argumentar lo evidente bajo un Estado autoritario:  “el encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”.

Más aún, la organización Amnistía Internacional se ha pronunciado en el sentido de que el encarcelamiento de Hasél por sus expresiones artísticas es una injusticia, y hace un enérgico llamado al Estado español para que realice una reforma al Código Penal con respecto a ciertos artículos que vulneran el derecho a la libertad de expresión.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. No se pueden penalizar expresiones que no incitan de manera clara y directa a la violencia. Si no se modifican estos artículos se seguirá silenciando la libertad de expresión y coartando las manifestaciones artísticas”, subraya Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Incluso en favor del cantante y también poeta se expresó asimismo la diputada del Parlamento Europeo para Dublín, Clare Daly: “Mañana, el rapero catalán Pablo Hasél irá a la cárcel por sus letras. ¿Dónde está el llamado a sancionar a España?” Todo lo cual en el marco de la discusión por amonestar a Rusia debido al arresto de un disidente de ese país, en donde Daly evidencia la hipocresía de los congresistas de ser rígidos contra Rusia pero blandos con países como España o Estados Unidos al violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

En definitiva, Pablo Hasél no es más que una víctima del autoritarismo de Estado que rige en España, en donde los excesos del poder son públicos y evidentes, basta revisar algunos medios de comunicación para corroborarlo. Él no miente, sólo dice la verdad de manera visceral.

Y este martes, 16 de febrero, ha sido consumada la ignominia. Ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) en la Universidad de Lleida, en donde se resguardó acompañado de un centenar de simpatizantes, quienes fueron dispersados con gases.

 

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Con voz propia

En Materia de Justicia, en México, estamos en la Edad Media

Ramses Ancira

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

A pesar de todas las dificultades, el gobierno de López Obrador está haciendo lo que puede y donde puede para conseguir vacunas para atender el problema del COVID, pero hay otro gran tema en el que no se ha avanzado un ápice en la administración de Olga Sánchez Cordero, éste es el de la corrupción en los reclusorios federales y locales de todo el país, algunos de los cuales, tal y como sucede en Estados Unidos han sido concesionados a particulares.

Y mencionamos a la carismática, aunque despistada Secretaria de Gobernación, porque como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ella sabe que como responsable de la seguridad interna, de lo que pase en los centros de detención del país, ella es la última responsable. En el libro Reportero Encubierto, que me valió el premio Bellas Artes de Literatura testimonial, escribía en 2016, que las cárceles en México se parecen a las encomiendas que se daban en La Nueva España a los conquistadores. Estos hacían una especie de redadas, se apoderaban de los indios y los obligaban a trabajar para ellos, muchas veces de por vida, sobre todo si los llevaban a las minas, donde vivían muy poco tiempo, por eso iniciaron con la trata de esclavos africanos.

Sólo por poner un ejemplo de lo que ocurre en todo el país, vamos a citar el Centro Federal de Reclusión Social de Buena Vista, Tomatlán, en Michoacán. Aunque lo dirige un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, los dueños de la prisión le cobran al gobierno más de 5 mil pesos al día por cada interno.

A este precio, el gobierno se ahorraría varios cientos de millones de pesos, si en lugar de tener a los presos en la cárcel los mantuviera retenidos en un hotel de cinco estrellas; pero ése no es el punto. El tema es que no es suficiente, además los reclusos tienen que pagar una renta de mil 500 pesos mensuales para poder adquirir en la tienda, galletas, café, agua potable, jabón o pasta de dientes. No es opcional, porque el director de la prisión les cierra las llaves para que no puedan tomar agua y obligarlos a comprarla embotellada.

Algunos de los detenidos ya han obtenido el beneficio de la libertad anticipada por buen comportamiento o por haber cumplido la mayor parte de su sentencia, sin embargo no la obtienen porque cada uno de ellos que salga en libertad, conforme a derecho, representa una pérdida económica de por lo menos 150 mil pesos mensuales para la empresa PRODEMEX, que tiene el negocio y para los custodios que extorsionan a los familiares, no solo con la renta mensual, sino con los materiales que tienen que comprarles para que puedan trabajar dentro de la prisión.

No todos los presos, por supuesto, son personas de bajo nivel adquisitivo. Hay otros casos muy mediáticos como George Khoury Layón, víctimas de Isabel Miranda, a quien además el mismo director del CEFEESO le intentó extorsionar con 500 mil pesos para “protección” y dejar de ser acosado y golpeado en prisión.

Este personaje es de especial mención porque la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Mexicano su liberación en el año 2017. La propia Secretaría de Gobernación, ya durante la administración de López Obrador le dio calidad de preso político en reconocimiento a su inocencia, el 1 de noviembre de 2019, con el oficio número UASJ/MJ/094/2019.

Sin embargo, Khoury Layón no ha obtenido el dinero necesario para que se cumpla la decisión que le otorga la libertad.

Según la versión de Khoury, la periodista Anabel Hernández, autora del libro Los señores del Narco, se entrevistó con él, le pidió disculpas por las calumnias, y le dijo que la jueza Hermelinda Silva Meléndez había recibido instrucciones del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para sentenciarlo por el homicidio de Hugo Alberto Wallace. Este crimen no fue probado, existen todas las evidencias de violación al debido proceso, entre las cuales figura: el hecho de que se hayan expedido dos actas de defunción para la misma persona; un peritaje que asegura que la víctima fue asfixiada, aunque nunca se encontró el cadáver, una gota de sangre misteriosamente encontrada meses después del supuesto crimen, cuando se sabe que por más que se lave con cloro o lejía una escena del crimen, los peritos disponen de químicos que pueden revelar presencia hemática, sobre todo cuando se trata de litros de sangre como debe ocurrir cuando un cuerpo es descuartizado.

A esto se agrega que la gota de sangre tenía el ADN, la huella genética, de Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace Díaz, que no era padre biológico de la supuesta víctima, por lo tanto, no tenía ninguna razón para portar ese Ácido Desoxirribonucleico, que es la molécula que identifica entre sí todos los seres vivos, e incluso a algunos virus como el que provoca el COVID-19. Ésa es la razón de que casi todas las vacunas que se han producido hasta ahora para atacar la pandemia tengan como objetivo evitar la replicación de ese virus en particular.

Para colmo, el ADN de la gota de sangre encontrada era de mujer. Para dar una idea al lector de la enorme diferencia que hace el Acido Desoxirribonucleico, femenino o masculino, o de una y otra persona, es como si quisieran prevenir el coronavirus, aplicando vacunas contra la polio, la viruela o el tétanos.

Sin embargo, Khoury era propietario de negocios. Ha recabado 70 testimonios de otros tantos presos del CEFERESO de Michoacán, que atestiguan las extorsiones que ha sufrido para que lo dejen usar tenis que permitan la transpiración o para no ser golpeado por otros presos. Para los demás, culpables inventados o reales, pero que ya cumplieron su sentencia o los requisitos para obtener su libertad, las condiciones son mucho peores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, literalmente sirve, como dice el refrán mexicano, “para lo que se le unta al queso”, es decir, para nada. Cuando se le concedió el beneficio de la libertad, a uno de los detenidos, cuyo nombre nos reservamos para evitarle represalias, sus familiares acudieron a esta. De ahí los enviaron a la Comisión del Estado de México, debido a que ahí se encuentra el juzgado, aquí declinaron y les dijeron que acudieran a la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, porque ahí estaba el prisionero y de ahí los enviaron de vuelta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata de un asunto federal. En la CNDH la titular también tiene el mismo valor que un florero porque la señora Rosario Piedra Ibarra no tiene idea de cómo trabajar.

Prueba de ello es que hace unas semanas convocó a un concurso que hubiera significado mucho si se hubiera tratado de exponer videos sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, pero en lugar de eso se pedía a los participantes que presentaran guiones que hablaran bien de la CNDH, y solo si era así les darían 20 mil pesos para producir los cortometrajes, pero además con la vigilancia de un censor de la propia Comisión.

Si la ciencia y el arte tienen un valor tan pobre en la 4T. Si las leyes que emitió el Estado para conceder la libertad a presos políticos y personas que ya cumplieron con los requisitos, no son respetadas por el poder judicial, y el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de injusticia en México? ¿Cuándo va a haber 4ta transformación en materia de Derechos Humanos?

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