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La red en lucha

Guatemala 1980: ‘El asesinato de mis padres’

En Guatemala, las unidades de exterminio del ejército que planearon y ejecutaron asesinatos de cientos de familias en 1980 gozan hoy de plena impunidad

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Guatemala en 1985 Foto: gwu.edu

Armando Ramírez*

Guatemala, ni perdón ni olvido, mientras haya impunidad

Mis padres, Rodolfo Ramírez, secretario general de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), y Andrea Rodríguez de Ramírez, su esposa, regresaban a casa después de las diez de la noche del 15 de abril de 1980 cuando fueron interceptados por agentes de las fuerzas de seguridad de Guatemala.

Los atacantes se conducían en por lo menos cuatro automóviles y dos motocicletas, uno de los cuales era marca Toyota color café con placas de circulación P-31209; vestían de civil, como era costumbre en las fuerzas de seguridad de la época, en especial del Cuerpo de Detectives o del Comando 6 de la Policía Nacional.

Las unidades de exterminio actuaban bajo las órdenes de los cuerpos de inteligencia del Ejército de Guatemala, para eliminar a quienes eran consideradas como enemigos internos del Estado.

Quienes planearon y ejecutaron el asesinato de mis padres, al igual que centenares de dirigentes sindicales y campesinos, gozan de plena libertad e impunidad, sin que el Estado Guatemalteco haya iniciado las investigaciones, a pesar de que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, desde noviembre de 1980.

Dos automóviles bloquearon el paso del auto en el que se conducían mis padres y un hermano, encerrándolo, mientras sus tripulantes dispararon sus armas, calibre 45, contra el rostro y el pecho de ambos.

Él murió de inmediato tras decir: “Ahora sí, Andrea”. Ella logró abrir los ojos e intentó decir algo a los hermanos que se acercaron a ellos, tras escuchar los disparos.

Un automóvil con hombres armados en su interior permaneció varios minutos a unos metros de nuestro domicilio mientras los tripulantes de las motos recorrían las calles de la zona y luego se mezclaron entre los vecinos que salieron al oír los disparos.

Salvo el informe manuscrito de los agentes que acudieron al lugar, en el resto de los reportes oficiales se asegura que se ignora el calibre de las armas y que fueron atacados por un individuo que se dio a la fuga, así como que sólo recibieron dos y un disparo. El calibre también fue omitido en el acta de defunción y está desaparecido el expediente de la necropsia de ley.

Nuestros padres recién habían cumplido 25 años de casados. Mi madre era obrera de la industria costurera y al casarse se dedicó por completo al cuidado de nosotros, sus hijos.

Nuestro padre era secretario general del Sindicato de Albañiles y Similares de Guatemala y de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), integrante del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), representante ante la Federación Latinoamericana de la Edificación, la Madera y la Construcción (Flemacon), ante el Comité de Unidad Sindical de Centroamérica (CUSCA), ante el Congreso Permanente de Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) y ante la Federación Sindical Mundial (FSM).

Tenía más de 20 años de actividad sindical y en 1977 y 1978 fue advertido por terratenientes de las regiones de las verapaces, en el norte de Guatemala, entre ellos uno de apellido Champán, de que sería ejecutado si regresaba.

Empezó su actividad sindical en los años 60, cuando los trabajadores se enfrentaron a la constructora DELTA por sus reivindicaciones, tras lo cual terminó siendo despedido.

Puso su propio taller en casa y prácticamente todo lo que era de madera en la casa era hecho por él. Además hizo una ampliación a la casa para acomodar a su familia numerosa, que por tiempos incluía a las abuelas materna y paterna.

En su juventud conllevó una mezcla de religiosidad e interés intelectual, era miembro de varias hermandades religiosas a los que solía devotamente llevar a todos sus hijos para la Semana Santa.

En su vocación autodidacta, leía muchos libros de toda clase, de filósofos americanos, de religiosos, de poetas. Luego empezaron a conocer los libros de anarcosindicalistas y de Marta Harneker.

Poco después de su asesinato, sus compañeros de lucha explicaron que tras conocerse que su nombre estaba en una de las listas de sentenciado por el régimen para ser eliminado, él rechazó salir del país, ante el temor de que si lo hacía, los militares decidieran cobrar venganza contra su esposa e hijos.

Los ministros de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social habían amenazado a los integrantes del comité ejecutivo de Fasgua. Hombres armados habían ametrallado la sede de la federación en la ciudad de Escuintla.

La persecución contra nosotros, sus hijos se inició desde el mismo día del asesinato. Cuando esperábamos en la morgue, los cuerpos de nuestros padres y nos dirigimos a una cafetería del lugar, fuimos vigilados por dos individuos que se conducían en motocicletas, al parecer los mismos que participaron en el ataque, minutos antes.

El día del sepelio, la sede de Fasgua fue objeto de una fuerte vigilancia. Por teléfono, desconocidos preguntaban con insistencia por los hijos de los asesinados, en especial por quien había visto el ataque. Al responder, sólo se escuchaba la respiración de quien se encontraba en la línea, sin decir palabra alguna.

En la marcha fúnebre fuimos acosados por contingentes antimotines. Al volverse insoportable nuestra estancia en Guatemala, por la zozobra que nos generaban las múltiples intimidaciones recibidas, el 22 de mayo de 1980, salimos hacia Costa Rica bajo la protección de la embajada de Venezuela en Guatemala.

Continuamos en el exilio en diferentes países de Europa y América, donde hemos decidido permanecer en tanto continúe la impunidad de los asesinos de nuestros padres.

El caso fue denunciado el 17 de noviembre de 1980 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que bajo el expediente 7585 pidió información al gobierno de Guatemala el 19 de diciembre de 1980 y el 20 de abril de 1981, sin que haya recibido respuesta a la recomendación de que se investigaran los hechos.

El hecho continúa sin ser esclarecido por parte de las autoridades guatemaltecas y quienes elaboraron y ejecutaron la estrategia contrainsurgente, que incluyó el asesinato de nuestros padres, retomaron el gobierno por medio del Frente Republicano Guatemalteco y el Partido Patriota.

Las posibilidades de lograr justicia y el castigo a los responsables por medio de los tribunales guatemaltecos continúan siendo nulas. El caso fue presentado en abril de 2009 ante el Ministerio Público, sin que hasta ahora se conozcan avances en la investigación.

En octubre de 2011, el caso también fue presentado ante la Procuraduría de Derechos Humanos, donde un año después se nos informó que el expediente desapareció, sin que hasta el momento se conozca avance alguno en las investigaciones.

También se presentó en diciembre de 2012 una denuncia por el caso ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Los informes sobre lo sucedido en la época de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), omitieron el caso, lo que ha servido para que el gobierno de Guatemala asegure que se carece de elementos para considerar que los hechos que denunciamos son verdaderos.

 

*El autor es periodista en México y editor digital de NotiDF

 

La red en lucha

Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

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España

España suspende vacunación con AstraZeneca a personas menores de 60 años por efectos secundarios

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La vacuna de AstraZeneca queda descartada desde ahora en España para menores de 60 años. Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas tras la confirmación científica por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que estas dosis pueden tener como “efecto secundario muy raro“ casos puntuales de trombos documentados en mujeres por debajo de 60 años.

Belén Remacha / Natalia Chientaroli
eldiario.es

El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas administrar por el momento la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford solo a mayores de 60 años. La propuesta ha salido adelante, según fuentes autonómicas, con la oposición de la Comunidad de Madrid y la abstención de Euskadi y Ceuta.

El acuerdo incluye que la inmunización con AstraZeneca a mayores de 65 años será revisada en la Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos de todas las partes, este jueves, según ha informado la ministra Carolina Darias en rueda de prensa. Actualmente, solo se está vacunando a algunos trabajadores esenciales por encima de 65, no a población general. Sí la está recibiendo población general entre 60 y 65, de la que hay en España, con datos del INE, algo más de tres millones de ciudadanos. Y en este momento están aún sin administrar en nuestro país, según lo reportado por las comunidades, 1,1 millones de dosis de esta farmacéutica.

Sanidad lo ha propuesto a pesar de que, tras un exhaustivo análisis de seguridad, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha aconsejado esta tarde seguir empleándola sin limitaciones de edad específicas. Pero la EMA ha encontrado un “posible vínculo” entre la aplicación de la ahora llamada Vaxzevria (antes, simplemente vacuna COVID-19 AstraZeneca) y unas decenas de casos raros de trombos (entre los casi 18 millones de dosis administradas), y va a incluirlo como “efecto secundario muy raro” en su prospecto. Hasta ahora, la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la inyección. Aunque, también según la EMA, “no se han confirmado factores de riesgo específicos” y el saldo beneficio-riesgo sigue siendo positivo.

La ministra Carolina Darias, en rueda de prensa, no ha podido asegurar que las personas menores de 60 que han recibido la primera dosis vayan a poder recibir la segunda. El tiempo entre ambas pautas recomendado en España es de 12 semanas y ahora mismo hay 2,1 millones de personas que han recibido la primera (los que hayan pasado la COVID-19 los últimos 6 meses no necesitan la segunda para completar su inmunidad, según la estrategia nacional). La seguridad de la segunda dosis de AstraZeneca en este colectivo es una “posibilidad que hay que valorar”, según la ministra, tanto en la Comisión de Salud Pública como en el ámbito europeo. “Algunos estudios apuntan a darles otra vacuna. Tenemos que esperar”, ha zanjado.

El Consejo Interterritorial en el que debaten cada semana la ministra Carolina Darias y los consejeros autonómicos estaba previsto para primera hora de la tarde, pero ha comenzado finalmente pasadas las 21:00 y ha finalizado al filo de las 23:00. Tanto el Ministerio como las comunidades estaban pendientes de lo que dijera la EMA, y de lo que saliese de la reunión urgente de ministros de Sanidad europeos que se ha celebrado a las 18:00. La Comunidad de Madrid, en un comunicado, ha informado de que se opone a la decisión porque “no está basada en las conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo” (el comité de la EMA), aunque la acatará. Fuentes de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) explican que la propuesta que ha llevado Sanidad al Consejo Interterritorial parte de Salud Pública, que tiene en cuenta las recomendaciones de la EMA y, por extensión, de la AEMPS, pero también otras variables, como pueden ser la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica actual.

El gobierno de Bélgica, tras ese encuentro, ha hecho público que la limitaban a los mayores de 55 años; el de Italia, también a los de 60. En España, Castilla y León había suspendido por la mañana cautelarmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 65 años, hasta que se conociese el informe. Ha sido la única comunidad autónoma que ha tomado una decisión unilateral de este tipo. Casi a la vez que se hacía pública la conclusión de la EMA, el comité asesor del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido dar una alternativa a la vacuna de AstraZeneca a menores de 30 años si hay otro suero disponible. La agencia reguladora británica, también casi a la vez, ha dicho, en la línea que la EMA, que los beneficios de Vaxzevria superan los riesgos para “la inmensa mayoría de la gente” y el riesgo de sufrir trombosis sigue siendo muy bajo. La vacuna es de desarrollo anglo-sueco, y el Reino Unido ha basado su exitosa campaña de vacunación desde diciembre en su administración. En ningún momento en el país se ha paralizado la campaña ni total ni parcialmente, y su gobierno siempre ha defendido su seguridad.

La Agencia Europea explicó hace dos semanas, tras un primer análisis, que seguiría evaluando las trombosis cerebrales ‘raras’ en personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca, pero que estaba claro que los beneficios eran muchos más que los riesgos. Las alarmas se encendieron este martes, cuando el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, el italiano Marco Cavaleri, afirmó en el diario Il Messagero que existe alguna “relación” entre casos raros de trombosis y la administración de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, que se haría pública en las próximas horas.

Alemania, a 30 de marzo, ha informado de 31 casos de estos raros trombos entre los 2,7 millones de personas que han recibido dosis del suero en el país. Es decir, unos 13,7 casos por millón de vacunados. Los Países Bajos hasta el 2 de abril detectaron cinco casos en mujeres de entre 25 y 55 años entre los 400.000 ciudadanos vacunados. Gran Bretaña ha reportado hasta el 24 de marzo 30 casos de los 18,1 millones de personas que recibieron AstraZeneca, según la Agencia Británica Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios. A mediados de marzo, España detectó uno, y a 7 de abril la directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha dicho que se han contabilizado doce eventos tromboencefálicos. Lo que se estudia son “trombosis de senos venosos cerebrales”, pero con la particularidad concreta de ir “asociadas a una disminución del número de plaquetas en sangre”, según describió en su momento Lamas.

AstraZeneca estuvo limitada durante semanas en España solo a los menores de 55 años por falta de evidencias en mayores, y dirigida solo a los profesionales considerados esenciales (sanitarios, docentes, bomberos, fuerzas de seguridad y militares). Sanidad suspendió su administración durante unos días a mediados de marzo, a la espera de ese primer informe de la EMA que estableció que había más beneficios que riesgos. Tras reanudar el proceso, amplió la edad a los 65 años. Y actualmente, desde la semana, no hay limite de edad: se está administrando a población general menor de 65 años, y a esenciales de todas las edades.

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Con voz propia

Exfuncionarios hidalguenses detrás de inversión millonaria en torre habitacional

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Ambos políticos hidalguenses han edificado más de 10 mil viviendas en desarrollos inmobiliarios al interior del país y para ello han constituido diversas sociedades; aunque quieran esconder el origen de las inversiones, el rastro de los hombres de confianza que dejan al frente llevan siempre a ellos

Por Emmanuel Ameth

El pasado 24 de marzo fue anunciada una inversión de 260 millones de pesos para edificar la Torre AG en la zona plateada de Pachuca, misma que en sus 20 niveles albergará 97 departamentos y 176 cajones de estacionamiento; aunque la cara pública del proyecto fue el empresario Ricardo Mejía Pesquera, una serie de conexiones llevan a nombres como el del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto así como del exdirector de Infonavit David Penchyna Grub, entre otros.

La riqueza generada a partir de información privilegiada y presuntos actos de corrupción confabulados desde distintos puestos públicos y sus conexiones, les han permitido constituir una serie de sociedades a partir de las cuales han podido comercializar más de 10 mil viviendas al interior del país.

La misma Policía Federal ha dado cuenta de estos manejos político-empresariales pero por alguna razón, las investigaciones no llegaron a judicializarse en el sexenio pasado y parece que en el presente tampoco se han tenido avances significativos, si bien existen otras pesquisas que podrían llevar a la cárcel a los involucrados.

Las dudas sobre el representante del proyecto

De acuerdo con la misma información que Spazios ha hecho pública, el grupo empresarial también ha edificado desarrollos como Mina Real en Zona Plateada, Los Frailes Residencial en Ex Hacienda la Concepción, Valle del Sol al sur de la ciudad, así como Don Carlos en Tizayuca (cabe señalar que pese a los millonarios ingresos, solamente la página de Spazios está activa y está “en construcción”).

Si bien el ramo de la construcción es altamente lucrativo y permitiría seguir invirtiendo en otros proyectos, destaca que en 3 de los 4 desarrollos citados, pese a llevar algunos más de una década en comercialización, la totalidad de lotes no han sido vendidos aún, lo que disminuye considerablemente la liquidez para hacer nuevas inversiones.

Dicho argumento planteó dudas que motivaron la presente investigación, pues a diferencia de un fraccionamiento, una torre requiere de una inversión inicial considerable de la que no podrían darse el lujo de inyectar capital conforme vayan avanzando las ventas, pues los propietarios del proyecto no pueden esperar años a que avancen las ventas -como sucedió en sus otros desarrollos- para ver el complejo terminado, pues en general se dificulta que habiten si continúa la construcción en pisos posteriores.

También está el currículum -en poder de este medio-, donde se establece que Mejía Pesquera es directivo y socio de Grupo MB desde 2006, dentro del cual destacan empresas como Vipegasa SA de CV, PAK Desarrollos Sa de CV, Argenta Condominial SA de CV y Spazios.

Si bien la sociedad le permitiría ser poseedor de algún porcentaje de la renta en los desarrollos, llama la atención que no se presente como dueño o principal accionista de ninguna de las anteriores, además de vislumbrarse que hay más personas involucradas en los proyectos.

Las conexiones que llevan a los probables verdaderos inversionistas

La Torre AG, de la que Mejía Pesquera es el rostro público, es desarrollada por Spazios.

Spazios, entre otros desarrollos, tiene a Los Frailes Residencial (VÉASE AQUÍ).

La constructora que edifica y “comercializa” los espacios -es decir, no es sobre pedido ni a petición de particulares- en Los Frailes Residencial es Constructora Maroja (VÉASE AQUÍ), misma que incluso es promocionada por el medio de Marín Huazo -vinculado a Núñez Soto en el escándalo del GACM donde el exgobernador lo favoreció con un contrato irregular por 5 millones de pesos-.

Constructora Maroja edifica en Valle del Sol -del mismo grupo que Spazios- así como en Bosques de Santiago (VÉASE AQUÍ).

Bosques de Santiago es un complejo propiedad de Desarrolladora E-Hogar (VÉASE AQUÍ).

Según el documento PF/DINV/CIC/DGIDA/5097/2018 de la Policía Federal, elaborado en noviembre de 2018, Desarrolladora E-Hogar es la única empresa de entre todas las que posee Manuel Ángel Núñez Soto, que es declarada como su propiedad (VÉASE AQUÍ). Incluso, figura en sus redes sociales (VÉASE AQUÍ).

Manuel Ángel Núñez Soto está al frente de la CAMORRA DEL ÁNGEL, grupo de políticos y empresarios que han desarrollado más de 10 mil viviendas en el país valiéndose de diversas irregularidades -que este medio ya ha documentado en una investigación especial- y donde figuran como socios el exdirector del Infonavit David Penchyna Grub así como el actual director de Bancomext y Nafin de la SHCP Carlos Noriega Romero, entre otros.

El negocio de la Zona Plateada

Como destacan las investigaciones “La Cofradía Tuza” de Proceso y “Las artimañas legales” de El Universal, la zona plateada se convirtió en un botín para los entonces funcionarios del más alto nivel en Hidalgo: primero con Jesús Murillo Karam y luego con Manuel Ángel Núñez Soto.

Primero cerraron los flujos de aguas negras para los ejidatarios de Venta Prieta con la intención de dejarlos en la hambruna y la desesperación. Posteriormente les ofrecieron un pago ínfimo por sus tierras, el cual además tardó años en llegar y sólo una fracción, pues aparentemente entre tantas manos, gestores de gobierno y representantes, la mayor parte del recurso se perdió.

En ese entonces les comentaron sobre un proyecto único a nivel nacional, donde participaría el gobierno, la iniciativa privada y los empresarios para el complejo denominado Zona Plateada.

El gobierno actualmente participa absorbiendo diversos gastos mientras que los entonces funcionarios se hicieron de grandes extensiones de tierra desde las cuales realizan sus negocios, siendo el preferido, el de bienes y raíces. A los ejidatarios no les tocó nada.

Familiares de Murillo Karam, prestanombres de Núñez Soto, así como empresarios ligados al fútbol como es el caso de Jesús Martínez Patiño fueron los grandes beneficiarios.

Y eso no fue todo. Tras diversos intentos, el único proyecto que les fue autorizado a los ejidatarios destinaba el 58% de las ganancias netas a los intermediarios -gestores de gobierno-, quienes tardaron años en capitalizar, y nuevamente jugando con el hambre de la gente, recompraron las acciones de quienes fueron despojados de sus tierras bajo amenazas.

Hoy el complejo Zona Plateada ostenta los desarrollos habitacionales con mayor plusvalía de la entidad y estos están en manos de exfuncionarios de Hidalgo, quienes para recaudar fondos, invitaron a inversionistas judíos a los que, como agradecimiento, incluyeron un busto de David Ben Gurión, considerado padre del sionismo e incluso como genocida.

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