Justicia pendiente
Grupos de derechos humanos denuncian impunidad en asesinatos de sacerdotes jesuitas de Cerocahui

Activistas y defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones civiles lanzaron un comunicado público para recordarle al gobierno mexicano a seis meses de impunidad en los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos S.J. y Joaquín Mora S.J. en Cerocahui, de Urique, Chihuahua.
En el comunicado, se destaca el miedo de las comunidades y el número de los asesinatos que ha ascendido a mil 710 en un año, en el estado, mientras que a nivel nacional se dan cifras de casi 30 personas que han muerto con violencia.
Para saber más del tema: José Noriel Portillo Gil ‘El Chueco’, del cártel de Los Paredes, con dominio en Sonora desde 1990
Comunicado:
A la autoridades correspondientes del gobierno federal:
A la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván:
Al fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte:
Al Secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez:
A la opinión pública:
A la sociedad en general:
Este 20 de diciembre de 2022, se cumplen seis meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos S.J. y Joaquín Mora S.J., así como del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berrelleza, en la comunidad de Cerocahui del municipio de Urique en la Sierra Tarahumara.
A la fecha el caso sigue impune, la paz no llega y el miedo se sigue extendiendo entre la población de las comunidades de la región ante la falta de una operación certera y una estrategia integral de seguridad que impida el regreso de las personas y de los grupos generadores de violencia que se han apoderado del territorio.
Lo acontecido en Cerocahui es una muestra de lo que se sigue viviendo en el país ya que, de enero a octubre de este año, se han registrado 1 mil 710 asesinatos en el estado de Chihuahua y 26 mil 119 en el territorio nacional (CNI-SESNSP).
Los asesinatos y el intrincado acceso a la justicia por parte de las víctimas, son muestra de la impunidad, la inseguridad y la falta de garantías para el ejercicio más elemental de los derechos humanos en nuestro país.
Este marco amplio de violencia ha transgredido a los diversos sectores de la población, así como a aquellas personas que, sin importar su credo, caminan a favor de la paz, el bienestar comunitario y los derechos humanos.
El dolor por los hermanos asesinados el pasado 20 de junio, es una realidad que a diario viven miles de personas en México y que solo se sanará cuando encontremos la justicia en las labores del Estado mexicano y en las acciones sin violencia que posibilitan cambios culturales a favor de la paz.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Chihuahua a:
-
- Presentar avances concretos en la investigación.
- Salvaguardar la seguridad de los pueblos y comunidades de la región.
- Captura inmediata de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” y a quienes resulten responsables de los asesinatos.
- Desintegrar las redes criminales que controlan la región.
- Garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas.
Al mismo tiempo, demandamos a las autoridades federales:
-
- Trabajar en coordinación con las autoridades estatales, así como en comunicación con los diversos actores sociales de la región.
- Garantizar la seguridad de quienes trabajan por la paz y la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y las comunidades
- Generar una estrategia integral con capacidad de atender y facilitar el acceso a la justicia de todas las víctimas de la violencia y la inseguridad en México.
Lee también: Red Solidaria Década contra la Impunidad pide medidas cautelares a jesuitas por asesinatos de sacerdotes de Cerocahui
Finalmente, a la opinión pública y a la sociedad en general les animamos a:
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- Compartir y leer este texto en sus diferentes espacios físicos y virtuales, acompañado de un símbolo de esperanza para hacer un llamado común al Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades
- Sumarse, desde las diversas realidades, a los procesos de diálogo local y regional promovidas por la Iglesia Católica de México.
- Participar desde sus comunidades en la construcción de una Agenda Nacional de Paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de México y los Jesuitas en México.
Como integrantes de grupos, organizaciones e instituciones que trabajamos a favor de la paz nos pronunciamos para que esta búsqueda de justicia en Cerocahui nos lleve a la construcción e implementación de una estrategia integral y efectiva de justicia nacional.
Personas a título individual
Abigail Carrizales; Adela Salinas Salinas; Adelina González Marín; Adriana Flores; Alberto Cabadas; Alberto Solís Castro; Alejandra Lozano; Alfonso Castillo S.M.; Alfredo Castillo; Alfredo Pintos Aguilar; Alice Soto; Alma Gómez Caballero; Alma Rosa Dozal E.; Angélica Cabrera García; Angélica Gómez Aguilar; Dr. Antonio Cruz Coutiño; Araceli Moreno Chávez; Beatriz Gomez B.; Beatriz Uribe; Blanca Gámez Gutiérrez; Pbro. Camilo Daniel Pérez; Carlos Flores; Carlos González Ibarra; Carlos Ortiz Tirado; Cesar Valera; Celia Matzui Gallardo; Cecilia Saucedo; Claudia Corona de la Peña; Claudia Ignacio Alvarez; Claudia Ordóñez; Concepción Creel de Legorreta; Consuelo Esteinou de la Tijera; Cynthia Rocío García Nieves; David García; Dayénari Alejandra Arellano Castelo; Diana Siqueiros; Eduardo Silva S.J.; Elisa Cruz Rueda; Elizabeth Cabrera; Elizabeth García; Ernestina Sánchez Sánchez; Ernesto López Portillo; Esperanza Fajardo Piñones; Eugenia Legorreta; Federico Luis Pohls Fuentevilla; Felipe Ruiz; Fernando Avila Aguirre; Fernando Ríos; Flor Yanin Olivas Leyva; Francisco Urueta Lara; Gabriela Schlemmer Rojas; Galo Carrera Hurtado; Gerardo Lammers; Dr. Gilberto López y Rivas (profesor investigador del INAH Morelos); Glafira Gomez Colin; Guillermo Trejo; Héctor Conde Rubio; Héctor Saenz Ocampo; Isaías Flores; Jacobo Dayán;F. Javier Basave Jiménez; Javier Soto; Jazmín Sánchez; Jesús Demetrio García González; Jesús González Rodriguez; Jesús Mendoza Zaragoza; Jesús Michel; Joaquina Rendón Moreno; José Luis Flores Cervantes; Fr. Jorge Rafael Díaz Núñez, O.P.; Jorge Velázquez Castro; Josés García Varela; José Manuel Solorzano Vazquez; José Martínez Cruz; Juan Carlos Mercado Ramirez; Juan Enrique Pohls Fuentevilla; Juan Jaime Loera González; Juan Paulo Romero Reynaga; Juan José Arreola de Dios; Karen González; Laura Hernandez García; Leticia Castillo Márquez; Lucecita Lopez Mirabal; Lucha Castro; Lucía Guaida; Lule Toussaint Loera; Luis Acevedo Prieto; Luis Álvarez Granados; Luis Raúl González P.; Luis Sánchez Vázquez; Luz María Huerta; Ma. Dolores Soto y Álvarez; Ma. Enriqueta Cepeda Ruiz; Ma. Guadalupe Robles Sánchez; Ma. Magdalena Castañeda Hernandez; Margarita Krap; Margarita Olivas; Mariana Constanza Pola Garcés; María del Refugio Flores Rivera; María del Rosario González Silva; Maria del Rosario Silva Campillo; María de la Asunción Soto Alvarez; María de los Dolores Palencia Gómez; Maria Ruiz de Romero; María Teresa de Jesús González Vera; María Teresa Jardí Alonso; María Isabel Maldonado de la Torre; María Serrato; Mario Bladimir Monroy Gómez; Martha Capetillo Pasos; Matías Gossner, Investigador de Paz; Marta M. Perea Velázquez; Marta Salazar Padilla; Martha Barba González; Michel Maza; Miguel Angel Sámano Renteria; Miguel Quintanilla SJ; Milede Zaliv Aquique; Miriam Paredes; Mónica Flores Martínez; Mónica Torres Acevedo; Nivia Ivonne Gomez Escárcega; Omar Loera; Patricia Sil Granados; Pilar Noriega; Ramona Carrillo Andrade; Rayo Angulo; Raúl Lugo Rodríguez; Recaredo Arias; Reyes Pérez Natividad; Roberto Perez Reyes; Rossana Ramírez Dagio; Rubio Imelda C; Santiago Corcuera Cabezut; Sarah V. Delano; Sebastián Salamanca Huet, S.J.; Silvia Canto Celis; Elvia López Campos; Socorro González Silva; Tarsicio Larios Félix; Teresa Camou; Teresa Zorrilla; Veronica Munier Jolain; P. Víctor Manuel Castillo Vegs; Wendy Selene Hernández Cerino; Xóchitl Morales Mercado; Yoali Pérez Montesinos.
¿Qué hay detrás del asesinato de dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara?🤔
Conoce como José Noriel Portillo, alías «El Chueco» y presunto homicida de los jesuitas, también es líder del Cártel de Los Paredes en Sonora; quienes controlan la zona desde 1990. https://t.co/cWvNCso39s— Los Ángeles Press (@losangelespress) July 3, 2022
Personas y sus colectivos, organizaciones o instituciones
Ana Laura Cázares Vera (Confederación Nacional de Escuelas Particulares); Dolores González (Eutopía y Estrategia – CIIESS); María Teresa Guerrero (Comunicación y Autonomía, A.C.); Alberto Rodríguez Cervantes (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres); Alma Rosa Rojas Zamora (Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.); Javier Ávila Aguirre, S. J. (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.); Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios); Irma Villanueva Nájera (TRANSFORMA, A. C.); Daniel Alejandro Durán (Familias Unidas por la Verdad y la Justicia); Michael W. Chamberlin (Consultora Solidaria, S.C.); Laura E. Villasana Anta (UJM pro DERECHOS HUMANOS, A.C.); Francisco Romero López (Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, A.C.); Atala Chávez y Arredondo (Consultores por la paz); Sergio M. V. (Federación de Escuelas y Colegios Particulares de Nayarit); María Antonia López Carvajal (Instituto de Ciencias y Humanidades, Tabasco); José Rogelio Varela (Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora); Ma. Cire Vázquez García (Federación de Escuelas Particulares de Querétaro); Martha Salvador Peralta (Federación de Escuelas Particulares de Oaxaca, FEPO); Blanca Farías (Instituto Tabasco); Mauricio Macossay Vallado (Kolectivo Rebelde); Sor Laura Cabrera Vidal (Hnas. Siervas de Jesús Sacramentado); Guadalupe Macias Pérez (CEP-Parras); Gaspar Cabrera Manuel “Hno. Lobo” (CEB, Diócesis de TEHUANTEPEC); Claudia Felícitas Partida Ibarra (Comunidad Crítica Sonora); Grace Fernández Morán (BÚSCAME BUSCANDO DESAPARECIDOS MÉXICO); Magdalena Gómez (UPN); Mintzi Sandoval Delgado (Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, Zona Norte); Margarita T.V. (Comunidad Papantla, Ver.); Ana Domínguez (Compañía de Santa Teresa de Jesús); Esmeralda Ramos Manzo (Federación de Escuelas Particulares de Colima); Miguel Ángel Castro (Federación de Escuelas Particulares de Colima); Víctor Hugo Alférez Jiménez (Federación de Escuelas Particulares de Ciudad Juárez); Alejandra Estrada Castellanos (FEPEMI); Rosa Eugenia Hidalgo Cabrera (Instituto Tabasco, Bachillerato); Soco Bams (Comunidad Álamo); Lorena Jiménez Quiñones (Universidad Iberoamericana León, Coordinación de Incidencia Social); Miriam González (ICTH Tabasco); María Cortés Avalos (Federación de Escuelas Particulares de Tacámbaro); Lorenzo Espinosa (STAUACH); Gonzalo A. Vázquez (Colegio Miguel Hidalgo A. C.); María Elena López Gallardo, odn (Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad); Mauricio Guerrero Luna (Federación de Escuelas Particulares del Caribe); Inés Lezama Lara (Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia); Alejandro Sandoval Orci, (Agenda LGBT A.C.); Jacqueline Jiménez Chacón (Normal YERMO y PARRES de Creel); Mercedes Leticia de la Cruz Álvarez (Parroquia Santa Margarita de Antioquía).
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Colectivos, organizaciones o instituciones
Abogadas Demócratas; Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH); Agenda LGBT, A.C.; Albergue Tochan-Nuestra Casa; Alianza Sierra Madre, A. C.; ALUNA, Acompañamiento Psicosocial; Asamblea Popular de Familiares Migrantes, APOFAM; BÚSCAME BUSCANDO DESAPARECIDOS, MÉXICO; Casa del Migrante de Saltillo; CEB, Diócesis de Tehuantepec; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP», A.C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C.; Centro de Derechos Indígenas, A.C.; Centro de Estudios Ecuménicos A.C.; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.; Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, A.C.; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; CEP-Parras; Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C.; Colectivo “Buscándote con Amor”; Colectivo “21 de mayo”; Colegio Miguel Hidalgo A. C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.; COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO, A.C.; Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Compañía de Santa Teresa de Jesús; Comunicación y Autonomía, A.C.; Comunidad Azlor de la Compañía de María, México; Comunidad Álamo; Comunidad Crítica Sonora; Comunidad Papantla, Ver.; Confederación Nacional de Escuelas Particulares, A.C. con sus 58 federaciones (CNEP); Congreso de la Soberanía; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Consultora Solidaria, S.C.; Consultores por la paz; Diálogo y Movimiento, A.C.; Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an; Equipo Indignación, A.C. -Yucatán; Eutopía y Estrategia – CIIESS; Familias Unidas por la Verdad y la Justicia; Federación de Escuelas Particulares del Caribe; Federación de Escuelas Particulares de Ciudad Juárez; Federación de Escuelas Particulares de Colima; Federación de Escuelas Particulares del Distrito Federal; FEDERACIÓN DE OAXACA (FEPO); Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, Zona Norte; Federación de Escuelas y Colegios Particulares de Nayarit; Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora; Federación de Escuelas Particulares de Nuevo León; Federación de Escuelas Particulares de Querétaro; Federación de Escuelas Particulares de Sur de Veracruz; Federación de Escuelas Particulares de Tacámbaro; FEPEMI; Fraternidad Universitaria del Laicado Dominicano “San Alberto Magno” del Centro Universitario Cultural A.C.; Fundación para la Justicia; Fundación Justicia y Amor, I.A.P.; Hermanas de la Vera Cruz Hijas de la Iglesia; Hnas. Siervas de Jesús Sacramentado; ICTH TABASCO; Iglesias por la Paz con Justicia y Dignidad; Instituto de Ciencias y Humanidades, Tabasco; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Instituto Tabasco; Kolectivo Rebelde; Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.; NORMAL YERMO y PARRES de Creel; Organización Familia Pasta de Conchos; Parroquia de San Ignacio de Loyola, Chalco, Estado de México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT); Red Solidaria de Derechos Humanos; Salud, Arte y Educación; SERPAJ-México; Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA); Servicios y Asesoría para la paz, A.C.; SJS; Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), México; SPATIUM LIBERTAS, A.C.; STAUACH; TELAR A.C.; TRANSFORMA A. C.; UJM PRO-DERECHOS HUMANOS, A.C.; Unión de Cooperativas Ñoñho de San Ildefonso; Universidad Iberoamericana León, Coordinación de Incidencia Social.
Justicia pendiente
Madre de culpable fabricada presa en Edomex denuncia falta de pruebas por supuesto secuestro

Dulce María Alfaro, madre de Berenice Trinidad Severiano Alfaro, recluida desde el 29 de marzo de 2021 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco, Estado de México, por el delito de secuestro, denunció la falta de pruebas que acrediten su culpa en los delitos de que se le acusa, por lo cual pidió su inmediata liberación.
Por medio de una misiva, la madre y representante de la madre de dos menores de edad expuso que el día en que su hija fue arrestada, salió de su domicilio en el municipio de Chalco, Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijos, que entonces tenían tres y cinco años de edad y de su vecina, Michel Alejandra Soto Pacheco, y su hija de dos años de edad y se dirigían al médico por un padecimiento de la infante, sin embargo, en ese momento fue detenida por elementos de la policía municipal.
De acuerdo con la madre de la víctima, uno de los uniformados la golpeó y obligó a descender del vehículo en que viajaban, pues la camioneta tenía placas de un vehículo en el que se cometió un secuestro.
Al llegar al Ministerio Público de Nezahualcóyotl los policías municipales acusaron a Berenice del secuestro de un hombre, aunque no presentaron pruebas sobre ello y la obligaron a firmar una presunta confesión del delito después de ser torturada, golpeada y amenazada.
Después fue trasladada al área Covid-19 del centro de reclusión de Chalco, y posteriormente fue vinculada a proceso por el delito de secuestro, a pesar de que la policía nunca presentó pruebas, sólo con los dichos de los cuatro policías municipales.
De la misma manera, la madre de la víctima refirió que ocurrieron una serie de anomalías durante el proceso para impedir la defensa de Berenice, además de que las autoridades realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio, pues nunca presentaron una orden de cateo, además de que sembraron evidencia en su contra.
También los infantes fueron maltratados y fueron entregados en resguardo a la Procuraduría de la Defensa del Menor durante tres meses, por lo cual su abuela acusó de abuso de autoridad y las secuelas emocionales que les provocaron ser testigos del arresto ilegal de su madre y la manera en que fueron entregados a esa procuraduría.
El juicio está por concluir, pero Berenice no ha tenido acceso a una adecuada defensa legal, pese a que la parte acusadora no ha presentado pruebas científicas ni tecnológicas, además de que no hay testigos que hagan veraces las acusaciones contra ella. Es por ello que la señora Alfaro demanda la liberación de Berenice por la falta de pruebas.
Justicia pendiente
Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados
Por Miguel Montesinos León
Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.
El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.
A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.
Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.
Demanda en el olvido
El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.
La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.
Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.
Justicia pendiente
Presidencia impugnará suspensión al Plan B; aspirantes al INE hermanos y allegados de morenistas

Por Ignacio García
Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.
Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.
Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.
Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.
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