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Mexico Violento

Grupo armado embosca a alcaldesa de Guerrero, con dos heridos

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La alcaldesa Diana Carolina Costilla sufrió un atentado en Guerrero

Un grupo armado emboscó a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Guerrero, Diana Carolina Costilla Villanueva, cuando viajaba por el puente de Omitlán cuando se dirigía a la cabecera municipal, donde dos policías municipales resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJEG), los hechos ocurrieron en la carretera estatal Ayutla de los Libres Tierra Colorada, donde sujetos desconocidos les dispararon y Janet “N” y Alejandro “N”, escoltas principales de la edil, fueron lesionados.

No te pierdas: Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

Los uniformados locales fueron trasladados al Hospital General de Chilpancingo, por lo que en el sitio se encontraron 30 casquillos en contra de la munícipe, y uno de los vehículos que escoltaba a la presidenta municipal presentó ocho impactos de bala y otra unidad con tres.

Al sitio arribaron elementos de la policía estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables de la emboscada contra Costilla Villanueva, pero hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

La presidenta municipal no resultó lesionada, pero la fiscalía capitalina abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunado a que se reforzará la seguridad en la demarcación.

Lee más: Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

Guerrero es uno de los estados más violentos del país, en donde convergen diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de las drogas, por lo cual también se han confirmado diferentes ataques contra autoridades municipales.

Apenas el 4 de octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

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Mexico Violento

Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Mexico Violento

Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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