Marco Antonio Hurtado Vera, desde 2011, operador de Los Zetas en Hidalgo

Por Juan Ricardo Montoya

Marco Antonio Hurtado Vera, ‘El Chota’, de 48 años, y quien en 2011 fue identificado como segundo al mando del grupo delictivo Los Zetas en Hidalgo fue ejecutado y su cuerpo abandonado en un paraje desolado de Tulancingo, la mañana de este lunes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, el cadáver de Hurtado Vera fue encontrado atado de pies y manos, con una herida producida con arma de fuego en la sien, arriba de la oreja izquierda. Vestía una chamarra azul con un pantalón deportivo negro.

El cadáver muestra lesiones producidas por golpes en diversas partes del cuerpo, encontrado en el paraje conocido como la cueva El Quebracho, en la colonia Huajomulco, del municipio de Tulancingo, a unos 50 kilómetros al oriente de Pachuca.

De acuerdo con la información oficial disponible, Hurtado recién había abandonado el Centro Federal de Reinserción Social tras ser detenido en 2011 por ser miembro de La Compañía, uno de los muchos alias de Los Zetas. Antes, había sido parte de La Letra, otra organización criminal local y, más joven, entre 1996 y 2003, había sido elemento de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo. Distintas fuentes lo han ubicado como oriundo del municipio de Tulancingo.

La noche del 15 de noviembre de 2011, El Chota junto con otros seis sicarios de Los Zetas había sido detenido por la policía estatal tras protagonizar una balacera en en el mercado municipal de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, ubicado casi en los límites de Hidalgo con Tlaxcala. En el enfrentamiento, Hurtado resultó herido por arma de fuego, por lo que fue hospitalizado en Pachuca.

En esa misma balacera falleció Emmanuel Hernández Hernández ‘El Greñas’, de 27 años, quien operaba como sicario de Los Zetas, bajo las órdenes de El Chota.

El entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Damián Canales Mena, informó que El Chota era el segundo al mando de la organización delictiva y que trabajaba bajo la órdenes de Pedro Alonso Salinas, conocido como El Comandante Teclas, líder de Los Zetas en Hidalgo tras la muerte de El Mascafierros.

Hurtado Vera había planeado, organizado y perpetrado una emboscada contra elementos de la extinta Policía Federal Preventiva el 28 de diciembre de 2009, en la autopista Arco Norte. Cuatro agentes de la corporación resultaron muertos e igual número fue herido, luego de que detuvieron a un automóvil VW Jetta rojo, entre los límites de los estados de México e Hidalgo.

Los otros detenidos junto con El Chota formaban parte, en ese momento, de las policías municipales de Zempoala, Tulancingo y Singuilucan. También participó en otros actos delitos, incluidos secuestros y asesinatos. Además de El Chota, otros expolicías que trabajaban para Los Zetas y que, tras ser detenidos obtuvieron su libertad, han sido ejecutados. Uno de ellos fue José Augusto Vega Pacheco ‘El Pino’, presunto reclutador de Los Zetas, exdirector de la Policía Municipal de El Arenal, Hidalgo, ultimado la noche del 13 de mayo de 2017, en calzada Veracruz, cerca de la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la ciudad de Pachuca.

Otro más fue Esteban Reyes Hernández, exsubdirector de la Policía Ministerial y detenido luego de que su nombre apareció, junto con otros policías, en varias nóminas pagadas por Los Zetas, asesinado la mañana del viernes 24 de agosto de 2018, de tres impactos de bala, cuando circulaba por el boulevard Felipe Ángeles, en la ciudad de Pachuca.

Marco Antonio Hurtado Vera El Chota, al ser arrestado en 2011. Foto de la PGR.

Amenizaron el Grupo Pesado y Cadetes de Linares y les entregaron aguinaldos a policías y agentes del Ministerio Público en fiesta organizada por Los Zetas

Por Juan Ricardo Montoya

Dicen que Salvador Dalí, el gran pintor catalán, como una forma de brindar un homenaje a nuestro país, una vez escribió: «De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Y sí. Efectivamente. Algunos de los más sangrientos y espeluznantes episodios de la vida delictiva de Los Zetas en el estado de Hidalgo son en verdad inverosímiles, más cercanos a la ficción que a la realidad.

Un ejemplo elocuente del surrealismo con el que, en muchos aspectos actuaba la banda delictiva que ha operado en la entidad fue la gran cena y baile del Día del Policía celebrado el 17 de diciembre de 2008 en Actopan, Hidalgo. La celebración fue pagada y organizada por Los Zetas según consta, en declaraciones ante el agente del Ministerio Público Federal, de policías municipales de Pachuca, arrestados por agentes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por trabajar y recibir sobornos del grupo delictivo.

La celebración, a la que llegaron los policías acompañados por sus esposas, novias y parejas sentimentales, se realizó en el auditorio ubicado en la planta alta del Palacio Municipal de Actopan, gobernado en aquel entonces por el ya finado Leonardo Ramírez Álvarez, conocido como ‘El Chapey’.

“En el auditorio de Actopan, Hidalgo, se hizo una cena baile del Día del Policía, todo pagado por la organización delictiva de Los Zetas” declaró ante el agente del Ministerio Público el expolicía municipal de Pachuca, José Manuel Escobedo Delgadillo, ‘El Oso’, el mismo que fue capturado junto con Jesús Garcés Jiménez ‘El Jarocho’, exdirector del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Hidalgo, luego de que se les señaló como los autores de un secuestro fallido contra un joven en el restaurante Vips de Plaza Bella de la capital hidalguense y del que dimos cuenta en estos espacios la semana pasada.

En su declaración, que forma parte de la Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/150/2009, iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, El Oso asegura que en la fiesta «tocaron o amenizaron el baile el grupo denominado Cadetes de Linares y el Grupo Pesado». Y agrega que el festejo fue pagado por ‘El Mascafierros’ o ‘El C1’, entonces jefe de la plaza del estado Hidalgo de Los Zetas, designado directamente por Heriberto Lazcano Lazcano ‘El Verdugo’, líder máximo de esa organización criminal. No obstante, “a la fiesta sólo asistieron operativos de Los Zetas, sin que se hayan presentado los jerarcas de la organización”.

Por servir de halcones o espías de las actividades del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, los policías municipales rasos de Pachuca, Tizayuca y otros lugares percibían como sueldo por parte de Los Zetas 5 mil pesos al mes, pero como aguinaldo recibieron un sobre amarillo con 7 mil pesos en efectivo. También había policías estatales y ministeriales que recibieron sus respectivos sobres llenos de billetes.

Como ocurre en muchas fiestas de fin de año organizadas por empresas privadas, además del baile y de la cena (de cuyos platillos no hay detalles en las declaraciones ministeriales) ‘El Mascafierros’ y los otros capos, por medio de sus lugartenientes y sicarios, entregaron una bonificación económica a sus empleados, que debieron recibirla formados en efectivo y en fila india: “Al final de la cena-baile, se realizó el pago de los aguinaldos de fin de año. Fue de manera muy rápida, empezando por los municipales, que eran mayoría, después no sé a quiénes, porque como yo era municipal, después de haber cobrado nos sacaron del lugar y ya no vi más”.

Así lo señalan ‘El Oso’ y otros, que en ese entonces, eran los policías municipales que no pudieron precisar las cantidades recibidas por los estatales y ministeriales. No obstante, ‘El Oso’ aseguró haber sido testigo de la manera en que se entregaban sobres a los mandos de la Policía Ministerial. En concreto, señala a Ahuizotl Hideroa, extitular de la corporación; a Lugo Ávila Amador ‘El Bebé’, encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, UMAN, de la Procuraduría General de Justicia; al comandante Esteban Reyes Hernández, subdirector y al oficial Noé Félix Amador Ibáñez ‘El Félix’.

La fiesta era parte de los supuestos sobornos que elementos de diversas corporaciones policiacas recibieron de quienes eran los sicarios a las órdenes del Cártel del Golfo. Se realizaba como parte de los intercambios de protección, información y dinero, que hacían posible a Los Zetas realizar en Hidalgo, de manera impune, secuestros, asesinatos, además del trasiego de drogas. Sorprende, sin embargo, que en el expediente, los agentes investigadores no indagaran quién pagó el arrendamiento del salón que pertenece al municipio. Tampoco interrogaron sobre estos hechos al entonces presidente municipal de extracción priista, Leonardo Ramírez Álvarez.

Ramírez, también conocido como ‘El Chapey’, es patriarca de un clan local, originalmente de filiación priista. En el clan participan, entre otros, su esposa Adelfa Zúñiga Fuentes. La señora Zúñiga fue alcaldesa de El Arenal, una localidad a medio camino entre Pachuca y Actopan, a 20 kilómetros al noroeste de la capital hidalguense. En las dos ocasiones que gobernó El Arenal, fue postulada por el PRI, aunque ahora es flamante diputada local de representación proporcional por MORENA. Entre ambos impusieron un cacicazgo en la región que se extendió por más de dos décadas.

En una declaración rendida ante el agente del Ministerio Público otro policía, José Augusto Vega Pacheco ‘El Pino’, presunto reclutador al servicio de Los Zetas, declaró al ser detenido por la PGR que trabajaba para ese grupo delictivo. También señaló que, en enero de 2006, «me jaló a trabajar como director de la Policía Municipal de El Arenal, Hidalgo, en la administración de la licenciada Adelfa Zúñiga y con ella entre a trabajar, ya que ella es mi tía, prima de mi madre».

Con el paso del tiempo, muchos policías detenidos acusados por trabajar con Los Zetas fueron liberados, como Ahuizotl Hideroa. Otros fueron asesinados, como ‘El Pino’, ultimado la noche del 13 de mayo de 2017, en la Calzada Veracruz, cerca de la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la ciudad de Pachuca.

Despacho 14
El violento oficio de escribir

• Cristal y fentanilo se mueven tras las obras del Tren Maya

• CJNG señala a encargados de la obra por vender rutas a otro cártel

Parte I

¡Mi venganza acaba de empezar! La esparciré a través de los siglos, y el tiempo está de mi lado…
Bram Stoker

Por Alfredo Griz

MÉRIDA. – Decenas de kilos de cristal y fentanilo se mueven en las residencias de obra de la Comisión Federal de Electricidad y en los tramos de construcción del Tren Maya, en la península de Yucatán, según los señalamientos de los distribuidores de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes aducen que los ingenieros residentes encargados de dichas obras les habían vendido las rutas a ellos, y ahora sirven al Cártel de Sinaloa.

Marco Antonio Flores Núñez, por medio de Víctor Manuel Tziu Sosa, ambos ingenieros de la paraestatal, así como varios de sus allegados y una excolaboradora, son señalados como los operadores de la venta de la «plaza». Lo que arrojaría ganancias millonarias al CJNG, pero también a los empleados e ingenieros de la paraestatal.

Un audio que obra en poder de este medio de comunicación, deja ver la trama delincuencial en la que Flores Núñez, en compañía de una empleada de confianza y varios de sus subalternos, trazaron como ruta para el cristal y fentanilo tramos de Tren Maya de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todo ocurre al amparo de la CFE, a la vista de las autoridades policiacas y de procuración de justicia, de acuerdo con la fuente. Se realiza con el uso de las instalaciones de la CFE, e incluso de los vehículos utilitarios de esa empresa del Estado, para transportar, droga y dinero producto de la venta de enervantes. Según lo dicho por el entrevistado, a veces hasta sicarios disfrazados de trabajadores de la paraestatal, son encargados de distribuir, vender y cobrar las drogas que se comercializan en dichos tramos.

A finales de noviembre del 2022, Marco Antonio Flores Núñez envió una misiva a través de su empleada de confianza para que dejaran de ejercer la actividad delictiva, porque señalaba que había más presencia de la Guardia Nacional en dichos tramos. Sin embargo, de forma expresa, nuestro entrevistado, de nombre Luis Clemente, quien dijo pertenecer al CJNG, señaló que el ingeniero Flores Núñez les vendió la plaza y fue una empleada de confianza, el jefe de personal de la residencia y otro empleado, de iniciales J.M, quienes operaron las reuniones para negociar el trato.

Leer más: Contratos ficticios, sobreprecios de CFE, y pagos de servicios sexuales con presupuesto del Tren Maya – (losangelespress.org)

En noviembre les dijeron que dada la presencia de la Guardia Nacional no podrían seguir llevando su producto. No es que el producto ya no fuera a estar disponible, pues la fuente advirtió que había personal del Cártel Jalisco Nueva Generación en el lugar. Es decir, sería esa organización la responsable de la venta de cristal y fentanilo.

Ello provocó un reclamo por los cadáveres encontrados en Chikindzonot, municipio de Yucatán, en junio del 2022, en avanzado estado de descomposición. Esos cadáveres, fueron llevados a Yucatán, aunque eran originarios de Othón P. Blanco, municipio de Quintana Roo, para confundir a las distintas autoridades de la región. De acuerdo con nuestra fuente, al menos, cinco de los ocho cadáveres eran personas que pertenecían al CJNG. Habrían sido ejecutados por el Cártel de Sinaloa a petición de Flores Núñez y sus jefes. Esto sucedió a finales de junio de 2022, pocas semanas antes de que mandaran a ultimar a este reportero.

El entrevistado mencionó que las órdenes fueron de Marco Antonio Loya Izaguirre y Marco Antonio Flores Núñez, tanto para los ejecutados llevados a Chikindzonot como para ordenar la ejecución de quien escribe esto, que se trató de llevar a cabo poco tiempo después. Ese atentado fue denunciado en la Fiscalía General de la República y asentado en la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-YUC/0000646/2022, sin que hasta el momento se conozcan detalles del avance de las investigaciones que realiza la FGR.

El entrevistado, miembro del CJNG, fue quien ubicó a este periodista y tras una serie de medidas de seguridad se concertó una cita en el Centro Comercial Paseo 60, de la ciudad de Mérida, en agosto de 2022. Ahí, sin tapujos, fue revelada la forma de operar de los delincuentes que se amparan en la CFE. Además, se informó a este medio que todos estos delitos en los tramos de construcción del Tren Maya, los ingenieros aludidos y sus cómplices tienen participación en el saqueo de las riquezas «ocultas» de la zona. Ello incluye el tráfico de piezas arqueológicas, de especies, así como de maderas preciosas. Todo con la participación de empresas subcontratadas en dichos tramos que, como ya hemos documentado en Los Ángeles Press, pertenecen a redes de corrupción con vínculos con el crimen organizado y que actúan con la participación de las autoridades federales.

En lo que hace al tráfico de droga, la CFE mantiene un silencio total respecto a los señalamientos de su participación en lo que ocurre en el Tren Maya. Según una fuente en el seno de CFE, la empresa propiedad del Estado no quieren despedir a funcionarios. Hacerlo implicaría aceptar que están coludidos con el crimen organizado; que sí operan redes de prostitución; que es una agencia de colocaciones de amantes y prostitutas por medio del sindicato; que lucran con piezas arqueológicas, además de traficar especies y maderas preciosas. Aceptar lo señalado implicaría la caída de muchos funcionarios de nivel más alto por lo que, como se suele decir, «aguantan a que pase la tormenta».

Entérate: Empleados de CFE denunciados por ordenar violación y privación de libertad a reportero que reveló su corrupción en Yucatán  (losangelespress.org)

La red de corrupción está liderada por Marco Antonio Loya Izaguirre, funcionario desde el mandato de Vicente Fox, enquistado desde 2004 en la División Peninsular de la CFE. Él opera de la mano de Flores Núñez, incondicional y mano derecha en varias negociaciones con el crimen organizado. Junto a ellos está el empresario constructor, Víctor Manuel Tziu Sosa, encargado de tejer contratos y recibir dinero por la entrega de contratos de obra y de operar con los subcontratistas del Tren Maya. También participa Lisandro Lizama, líder sindical y quien presiona a los colaboradores que no tienen base para que opere la red de corrupción. También está involucrada su sobrina, Landy Lizama Gamboa, quien cuenta con una plaza y junto a otra colaboradora, que en su momento fue fuente de este medio, y es la encargada de proveer mujeres que, contratadas formalmente como edecanes, en realidad integran una red de prostitución. La información que nos ha sido compartida desde el seno de la CFE, se encuentra en un disco duro externo y una computadora portátil que pertenecían a Marco Antonio Loya Izaguirre. Por razones lógicas, no se puede revelar todo el contenido de esos dispositivos.

El eslabón clave es Víctor Manuel Tziu Sosa, encargado de operar los contratos. Tiene el perfil más bajo de todos los involucrados en la red de corrupción de la CFE Yucatán. El dinero producto de sus actividades delictivas no se ha podido ubicar en cuentas bancarias y ha tenido el cuidado no abrir cuentas en otras instituciones bancarias distintas a BBVA-Bancomer, que es la que usa para el pago de su nómina.

Sin embargo, los demás integrantes de esta red están siendo investigados. Por ello es que también se solicita una indagatoria por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y operación con recursos de procedencia ilícita, todos delitos federales que podrían vincularse también con el delito de crimen organizado, pues el artículo 16, 9.º párrafo, de la Constitución, entiende por delincuencia organizada a “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos, en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

SUTERM, silencio cómplice

En esta trama de delitos federales, está involucrado el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, que tiene el contrato exclusivo con la CFE, además de conocimiento de la situación y no ha levantado siquiera un acta administrativa contra los señalados, quienes ni siquiera tienen una plaza de base, es decir, son trabajadores que cada tres meses son recontratados, para evitar que obtengan prestaciones laborales; los liquidan para volverlos a contratar sin generar antigüedad.

Son mecanismos de control del sindicato que usa, por ejemplo, en el caso de las mujeres integradas a la red de prostitución en las residencias de obras. Las mujeres son entregadas al líder sindical o a los ingenieros, tal y como se ha documentado en entregas previas de esta serie, además de que se ha entregado para que formen parte de las carpetas de la investigación ministerial. Lo que es un hecho es que, en la obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha jactado de que es una de las más importantes del mundo, se ve empañada por la disputa de los cárteles de la droga como territorio narco.