Gracias Óscar Naranjo

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Exasesor de Peña Nieto en seguridad pública, Oscar Naranjo, deja un país en guerra. Foto: red

Por Alberto Buitre

Óscar Naranjo vuelve a Colombia. Lo llama el presidente Juan Manuel Santos para incorporarse a su precampaña por la reelección en la presidencia de ese país. Pero deja un desastre en México.

Durante año y medio fue el asesor en seguridad de Enrique Peña Nieto. Y se va cuando las cosas están en su estado más crítico. En medio de una guerra entre narcotraficantes y las llamadas autodefensas por el control armado del Estado de Michoacán, y además con narcobandas operando por todo el norte y la zona metropolitana.

Su herencia es notoria. Violencia y un tufo creciente a paramilitarismo. Con trece asesinatos sin resolver de luchadores sociales tan sólo en el estado de Guerrero. Ocurridos en menos de un año.

Dicen que la culpa la tiene el Gobierno.

Que la estrategia ha sido la erradicación de la protesta social. Incluida la que se organiza en la capitalina Ciudad de México. Donde se encuentra otro signo estratégico del colombiano apodado por la CIA “el mejor policía del mundo”. Detenciones arbitrarias, cercos policíacos, “halcones” y la utilización de civiles en tareas de choque.

La siembra del terrorismo como estrategia de Estado. La guerra como herramienta económica. El paramilitarismo como escudo protector de las reformas capitalistas que privatizan la educación, la salud, la energía, desvalorizan el trabajo, liquidan sindicatos y despojan a los indígenas de sus tierras. A eso llegó a México en el 2012, y con eso se va dos años después.

Deja muy contento a Peña Nieto y a los empresarios y políticos que forman parte del Pacto por México. Alianza burguesa que desde el Congreso y los medios de comunicación operan la opresión de la clase trabajadora y la aprobación de las reformas anti constitucionales.

Naranjo, quien prometió bajar los índices de la violencia en México mediante la creación de “grupos especiales” de combate al narcotráfico. Y cumplió. La autodefensas en Michoacán, aparentemente creadas por campesinos pobres, pero armados con fusiles y metralla exclusiva del ejército, cuyos líderes se desplazan en helicópteros y gozan de la benevolencia mediática al combatir al cártel de los Caballeros Templarios. Pero que han de convertirse en la reedición de las Autodefensas Unidas Colombianas que se alzaron como la gran amenza paramilitar bajo el consentimiento del Estado.

Mientras, se combate a las policías comunitarias en Guerrero, ésas sí, pobres; ésas sí, perseguidas, tanto por paramilitares, narcos y por el mismo Ejército, por ser indígenas. Y además, por el mismo gobierno.

Un total de trece comandantes comunitarios y líderes sociales se encuentran en prisión política. Una de ellas, la comandante de Olinalá, Nestora Salgado. Acusada tres veces por delitos diferentes: de secuestro, de secuestro agravado y por de crimen organizado, aunque ella fue la que denunció en comunicado oficial de la Policía comunitaria los enxos del alcalde de Olinalá con el narcotráfico.

Es la herencia de Naranjo. La profesionalización de la violencia estatal. Un país con más de 17 mil asesinatos, 50 por día, tan sólo en el gobierno de Peña Nieto, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría vinculados al narco.

 Todos con sello de un país que aprendió a utilizar la guerra como política.

 Fuente: Blog del autor Alberto Buitre

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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