La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

Por Ignacio García

El programa «Prisionero de Conciencia», creado por el activista José Humbertus Pérez Espinoza que se transmite en las redes sociales, cumple dos años de existencia, después de convertirse en una alternativa de amnistía y liberación para los falsos culpables presos en las diferentes cárceles del Estado de México.

El presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Pérez Espinoza, tras su propia liberación como preso político ha profundizado en el estudio y legislación de la figura de la amnistía para presos en el país en que fueron acusados por delitos de alto impacto que no cometieron.

El activista comenzó este movimiento desde hace más de 13 años para denunciar las irregularidades en los procesos de vivienda en el país, que fueron beneficiados por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusado de delitos fabricados como represalia política por sus denuncias.

Asimismo, al iniciar el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna denunció que se avecinaba una crisis inmobiliaria que se ha presentado en diferentes regiones del país, debido a que los ciudadanos de escasos recursos económicos fueron obligados a dejar sus viviendas por parte de las principales constructoras.

De la misma manera, ha defendido a las personas de escasos recursos económicos para que puedan mantener sus viviendas en el país, por lo que también formó la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos para garantizar la amnistía a las personas que fueron vinculadas a un proceso penal sin haber cometido delito alguno.

A través de un video, uno de los presos favorecidos con el programa Prisionero de Conciencia agradeció el apoyo de José Humbertus Pérez por su intervención para lograr su liberación, por lo que desde su hogar, con su familia, envía los agradecimientos.

Por Claudia Martínez Sánchez

El martes 19 de octubre, por la tarde, Eduardo Romero, integrante del Comité en Defensa del Agua de Ocotepec y activista del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, fue objeto de una agresión física por cuatro guardaespaldas y otras personas que cuidan la seguridad personal de Florencio Camacho Rodríguez, expresidente municipal de Ocotepec, Puebla.

El activista, quien ya había sido amenazado por el expresidente municipal días antes de las votaciones en las elecciones pasadas, por medio de uno de los mensajeros le advirtió: «los jefes están muy encabronados mejor  bájenle de huevos, tú y tu hermano, el Renato».

Renato Romero, hermano de Eduardo y también defensor del agua de la Cuenca Libres Oriental, había sido amenazado tras denunciar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la persecución política por parte del gobierno de Puebla contra unos 50 defensores de la Tierra que se oponen a los proyectos industriales y el robo de agua de la región, que además se encuentra en emergencia ambiental, de acuerdo con los investigadores del Ecosistema Nacional Informático Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes.

Las denuncias las hicieron recientemente junto con el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores, y acompañados por la Diputada Federal Inés Parra Juárez.

Estas amenazas se detonaron a partir de que el Movimiento convocó a un debate a los candidatos donde se exhibió a Florencio Camacho como «autoritario y corrupto». Camacho llegó a la presidencia municipal de Ocotepec por medio del PSI, y quiso reelegirse. Sin embargo,  perdió las elecciones, y culpó a los activistas de haber intervenido para su derrota. Los activistas denunciaron que a partir de ello han sido reiteradas sus agresiones y amenazas violentas contra los dos defensores del agua.

El activista Eduardo Romero denunció que después de salir de su trabajo, se dirigió a su casa, ubicada a una calle de la presidencia municipal, cuando se encontró al expresidente Florencio Camacho, quien salía de entregar su administración e iba acompañado de unas cincuenta personas, entre éstas, los cuatro guardaespaldas y otros civiles que también le brindan protección. Al momento de encontrarlos, el grupo de sujetos se abalanzó sobre Eduardo Romero, agrediéndolo a golpes.

Uno de estos sujetos insistió a otro en que sacara su pistola para accionarla en contra del defensor; cabe señalar que todos los elementos que trabajan para el ex alcalde  portan armas de fuego.

El activista defensor del agua hace responsable a Florencio Camacho de cualquier atentado en contra de su familia y la de él, pues teme por su seguridad ya que de acuerdo a la versión del defensor este tiene vínculos con la delincuencia organizada.

Ambos defensores hacen un llamado al Gobierno del Estado de Puebla y al Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos que intervengan con medidas preventivas para que respeten sus derechos humanos y se levante una investigación lo antes posible en relación a los hechos ocurridos.