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Investigaciones

Gobierno y narcotráfico en guerra contra el pueblo de Guerrero

Cidadanos de Guerrero acosados por el gobierno de Ángel Aguirre, el narcotráfico, y los desastres naturales sin salidas

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Un aspecto de los desastres naturales en Guerrero. Foto: Flor Miranda

*** Ciudadanos lidian a diario con desastres naturales, embates del crimen organizado y del propio gobierno *** En lo que va del año, el gobierno contabiliza: 37 secuestros y 803 homicidios; pero la realidad es otra

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Con el cielo entre nublado, lluvias, inundaciones, protestas, balaceras, muertes, secuestros, levantones, extorsiones, aumentos desorbitantes en precios de la canasta básica, en la gasolina y hasta en lo más útil para vivir. Así se despierta en Guerrero; un estado de México, en donde a la mayoría de la gente con mucho trabajo apenas sobreviven, eso, quienes no mueren atravesados por una bala.

Hambre, violencia y devastación

La pobreza ya no sólo azota fuertemente a los habitantes de la Montaña y Costa Chica, reconocidas a nivel mundial por la carencia en la que viven las familias. Tampoco asombra a nadie ver cómo los niños comen cualquier cosa dada por sus padres, no para nutrirlos, sino “para no escuchar el llanto y el rugir de su estómago hambriento”, coinciden entrevistados. Esas imágenes ya no son propias de la Montaña y Costa Chica, se ven en todos lados frecuentemente, tanto en las grandes urbes como el turístico puerto de Acapulco, Chilpancingo, que es la capital del Estado. Lo mismo pasa en Iguala, Zihuatanejo, Taxco y peor aún en las comunidades aledañas. Después de septiembre del 2013, las dolosas e indignantes imágenes de marginación y pobreza se multiplicaron en toda la entidad. Los desastres naturales por la falta de previsión gubernamental, así como la indolencia de los responsables de la gestión pública -del pasado y la actualidad-, han dejado literalmente en la ruina a cientos de miles de guerrerenses. Ocho meses después, ni siquiera existe un censo real de damnificados. De la reconstrucción de casas no hay qué decir.

La Pintada, comunidad de Atoyac y Chilpancingo, la capital, son los únicos dos lugares donde ya se han visto avances en torno a la entrega de casas para damnificados. Casas que son prefabricadas y evidentemente débiles en sus estructuras. Pero en estos dos lugares ni siquiera se está cubriendo el cien por ciento de los damnificados. En las regiones Montaña, Costa Chica y Tierra Caliente, los miles de damnificados no ven cerca el día en que puedan recuperar sus bienes. Mejor dicho, ven demasiado lejos el día en que puedan recuperar su vida. Las despensas enviadas desde diferentes puntos del país y del mundo para los damnificados, han sido encontradas en bodegas del gobierno y políticos, echándose a perder. Quizá porque se acerca un proceso electoral.

Para quienes viven en esa entidad suriana, el hambre y la violencia ya es de todos los días. Ahora las familias pobres son cada vez más pobres y las familias que tenían un sustento para vivir decorosamente viven cada día con más miseria. “No hay dinero que alcance con la extorsión que nos hace el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales y municipales”, dice un anciano, vestido de manera sencilla, con tez moreno y arrugas en su rostro que dibujan el pasar de los años. Don Agustín, un anciano que vive con una de sus hijas y sus tres nietos en una humilde vivienda, recrimina al gobierno dejar cada día a la gente más pobre: “por todo le tenemos que pagar al gobierno, si trabajamos, si ponemos un negocio, la gente está atada de manos, sólo trabaja para mantener a los gobernantes ricos, con buenas comidas, mientras que sus hijos, cada día están peor alimentados”.

Sin embargo, no es el único; doña Anastasia, que tiene un pequeño puesto de comida en la calle también se queja de lo mismo: “yo trabajo desde las cinco de la mañana, de lo que gano le tengo que pagar al municipio para que me deje vender, el resto lo invierto, y sólo la menor parte, se las llevo a mis hijos para que vayamos comiendo y vistiendo”. Amas de casa, taxistas, profesionistas, obreros, muchos de ellos, viven en completa miseria, esperando que por fin “el gobierno se llene, y los deje ganarse su dinero para su familia”. En las ciudades grandes, cada día se ve un mayor número de personas pidiendo “limosna”, niños y ancianos estirando la mano para recibir unas monedas. El número de limpiaparabrisas aumenta desproporcionadamente, también el de personas pidiendo trabajo en las calles, el de indigentes. Las personas que trabajan tienen que ir “estirando” el dinero, pues aseguran que con el aumento de los productos de la canasta básica y de la gasolina “ya no se puede”, como lo comentó don Miguel, un profesor de primaria en Chilpancingo.

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Policía comunitaria de Guerrero, acosada por el gobierno. Foto: Flor Miranda

“Si denunciamos el crimen, los mismos policías nos señalan como soplones”

La miseria no es lo único que envuelve a los guerrerenses, aunado a ella va el miedo, la inseguridad y desconfianza. El miedo y la inseguridad al gobierno, a su cuerpo policíaco, a los grupos de delincuencia organizada, cada vez es mayor. “Tenemos miedo de todo, de denunciar a los malos porque si denunciamos, los policías mismos nos señalan como soplones”, dice doña Ana, una humilde ama de casa. En Guerrero, el día que no se despiertan con balaceras y muertos, es noticia, porque eso ya es parte de la vida cotidiana. La gente sale de sus casas con miedo cuidándose de todos, hasta de los cuerpos de seguridad. Ahí no se respeta a nadie, no importa si hay niños, también a ellos los matan. Violencia Sólo por mencionar algunos casos: la tarde del 22 de mayo, unos sujetos armados asesinaron a una menor de siete años, y dejaron heridas a tres personas, a sólo unos metros de dos nutridos retenes; uno de la policía estatal y otro de la policía federal y el ejército.

De estos hechos no hay ningún detenido. La noche de ese mismo día, un joven, hijo de un periodista, fue balaceado en una conocida discoteca. Murió en el hospital. La mañana del 23 de mayo, cuatro hombres fueron hallados muertos en diferentes puntos de la ciudad, dos en la colonia Plan de Ayala, uno en la Obrera y otro más en la colonia Renovación. De estos hechos, tampoco hay detenidos. En los últimos días la PGJE ha exhumado 19 cadáveres encontrados en siete fosas clandestinas en Iguala, entre las colonias Monte Hored y Lomas del Zapatero. Otro mes fatídico, fue febrero, cuando al menos veinte personas, entre ellas mujeres y niños, fueron masacradas por un comando en el poblado de Linda Vista, del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero. Sujetos armados arribaron por la madrugada a la localidad perteneciente a la región de Tierra Caliente y dispararon contra las personas. En su momento lo informó Leopoldo Soberanis, presidente de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero, pero no hubo más acciones de investigación.

La prensa también ha sido hostigada y ha tenido bajas. Uno de los últimos casos es el del periodista asesinado en el puerto de Acapulco, Jorge Torres Palacios, levantado el pasado jueves 29 de mayo y encontrado muerto y con rastros de tortura el 2 de junio. La violencia en Guerrero que viven diariamente los habitantes es preocupante. Para quienes habitan en la entidad, sin embargo, la información que proporcionan los diferentes órganos de gobierno, hablan de cifras menores, a comparación con lo que pasa.

Represalias contra quienes no pagan la cuota de piso. Foto: Flor Miranda

Represalias contra quienes no pagan la cuota de piso. Foto: Flor Miranda

Las cifras del gobierno

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2014 se han presentado 803 homicidios, teniendo un mayor número de casos en enero con 213. En febrero, 204; en marzo, 198; mientras que en abril 188. De estos homicidios, fueron calsificados como dolosos 565, otros 279 por arma de fuego, 35 por arma blanca, 241 por “otros causantes” que no especifica la autoridad. Mientras que en los homicidios culposos hubo 57 casos en enero,  72 en febrero, 54 en marzo y 65 en abril. Por arma de fuego 19, mientras que por arma blanca tres casos. Por “otras” razones, 226 casos.

De las cifras de secuestros, sólo se reportan 37 casos, ocho en enero, 10 en febrero, ocho en marzo, y 11 en abril. Por las amenazas se da un reporte de 454 casos; 101 en enero, 119 en febrero, 115 en marzo, y 119 en abril. Entre las cifras de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público, también se dan a conocer las de robos con un total de 4 mil 644 denuncias; de éstas con violencia se presentan mil 369 y sin violencia 3 mil 275. De robo común 4 mil 396; con violencia mil 267 y sin violencia 3 mil 129. De robos en carretera, se reportan 220, con violencia 101 y sin violencia 119.

Del total de lesiones son mil 468, dolosas mil 159; con arma blanca 117 mientras que con arma de fuego 52; de las lesiones culposas son 309 con arma blanca 1 y con arma de fuego 1, el resto son por “otras causas” que no se especifican. Guerrero es… En síntesis, Guerrero es un estado pobre, de gente humilde y trabajadora, a la que a diario afectan los desastres naturales (tormentas y sismos), la violencia provocada por grupos del narcotráfico, y la corrupción e indolencia del gobierno estatal, actualmente encabezado por Ángel Aguirre Rivero y federal, por Enrique Peña Nieto.

En Guerrero ya es recurrente la noticia de “los pueblos fantasmas”, o de que se levantó otro grupo de autodefensa, o que asesinaron o encarcelaron a un luchador social. Noticias que trascienden a nivel internacional, como una entidad mexicana hundida en la sangre.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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