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Justicia pendiente

Gobierno mexicano entrega ahorros incompletos a ex trabajadores del Programa Bracero, y con maltrato

Ancianos y enfermos en largas filas desde la madrugada para recibir sus ahorros incompletos del Programa Bracero de hace más de 30 años

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Por Guadalupe Lizárraga
Video: rjchihuahua/canal 28

Foto: abc canal


CHIHUAHUA, México.- En 1964, concluía el Plan Bracero iniciado en 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Fue un acuerdo internacional entre Estados Unidos y México para la contratación temporal de mexicanos, a muy bajo costo para los empleadores estadounidenses.

Se expidieron casi cinco millones de contratos a corto plazo. Y en el contrato se establecía que el 10 por ciento del ingreso del trabajador sería retenido por el gobierno mexicano que administraría sus cuentas de ahorro y de jubilación. Cuando los trabajadores terminaran su contrato, el gobierno mexicano se los pagaría al regresar a su país.

El Fondo de “ahorro”, un robo millonario a los trabajadores

El gobierno de México convino con el gobierno estadounidense la retención del 10 por ciento de los salarios mensuales de los trabajadores agrícolas, en bancos estadounidenses. Esta retención posteriormente se transfería al Banco de Crédito Agrícola de México, y nunca se llegó a devolver a los trabajadores.

El texto del convenio establecía que “el Gobierno de los Estados Unidos tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la Formación de su Fondo de Ahorro Campesino”.

A los trabajadores en ese tiempo, se les pagó .30 centavos la hora. Una cantidad que representaba $57.60 dólares al mes, por una jornada laboral de ocho horas diarias por seis días. De esta cantidad les retuvieron en un banco estadounidense el 10 por ciento, esto era $5.76 dólares por mes, por trabajador.

El banco estadounidense transfería periódicamente al Banco de Crédito Agrícola de México, las retenciones de los trabajadores porque el convenio establecía que el banco mexicano asumía “las responsabilidades del depósito, guarda y aplicación, o en su defecto la devolución de dichas cantidades.”

Si multiplicamos los $5.76 dólares mensuales por los cinco millones de trabajadores, estamos hablando de 28 millones 800 mil dólares mensuales que retenía el gobierno mexicano.

En una segunda cláusula del convenio internacional del Programa Bracero dice que “el gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros de los trabajadores para que se inviertan en la adquisición de implementos agrícolas”. Nunca se regresó ese dinero a los trabajadores y el programa se extendió diez años más.

Los ahorros del Programa Bracero debían entregarse al poder adquisitivo de ahora

A principios de los años 70, cuenta Rolando Cervantes, ciudadano estadounidense, que su padre abogado estadounidense radicado en Tijuana, cobraba 10 dólares (cuando el dólar estaba a 12.50 pesos) por llenar las solicitudes de empleo de los trabajadores agrícolas y las presentaba al gobierno de Estados Unidos para su contratación.

“Mi padre emigró a mucha gente”, dice, y “el primer paso era entrar en la extensión del programa Bracero”. La contratación en el “field” era masiva, dice. “Unas filas largas de trabajadores que pagaban porque los ayudara mi padre con los formularios. Pero también eran muchos los trabajadores que regresaban al país”. Recuerda que la frontera de Tijuana era un “hervidero de gente, entrando y saliendo para buscar trabajo”.

Para Cervantes es un robo lo que hizo el gobierno mexicano con el Programa Bracero. “¿Qué son esos 34 mil pesos? ¿De dónde salen?” se pregunta. Y responde al mismo tiempo que “la gente trabajó muchos años de sus vidas y con mucho sacrificio para que ahora les vuelvan a robar. ¿Cómo puede ser tan irresponsable el gobierno mexicano?”, dice al referirse a la situación los trabajadores de Chihuahua que van en busca de sus ahorros. “Saca la cuenta, dice, .30 centavos la hora en 1942, los 2.10 en 1975 y ahora está a 7.25 dólares la hora del salario mínimo. El gobierno mexicano debería regresar sus ahorros de acuerdo al poder adquisitivo de ahora y de acuerdo al número de horas trabajadas”.

Tablas de proyección sobre las cantidades retenidas por año, por trabajador, por total de trabajadores del Programa Bracero, de acuerdo a la información de salarios mínimos de la Red Internacional de Migración y Desarrollo

Proyección hecha por LAPress

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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