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Mexico Violento

Gobierno mexicano deja sin protección a defensora de ddhh en Guerrero

La defensora de derechos humanos Norma Mesino sigue sin protección gubernamental pese a que su hermana Rocío Mesino Mesino fuera asesinada hace dos años

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Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero-. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció que tanto el  gobierno de Guerrero como  la Secretaría de Gobernación (Segob) federal no han proporcionado medidas adecuadas de protección a la defensora de derechos humanos Norma Mesino Mesino por lo que solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar salvaguardar la vida de la mujer de Costa Grande.

En 2013 fue asesinada su hermana Rocío Mesino mientras daba de comer a un grupo de hombres que trabajaban para construir un puente provisional luego de que al anterior se derrumbara tras el paso de Ingrid y Manuel. Después del atentado, el gobierno del estado de Guerrero y Segob firmaron un acuerdo para brindar medidas de protección a la activista.

El 30 de octubre pasado el caso fue presentado ante el  Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin embargo, la Segob respondió de manera negativa ya que en su opinión “no pudo identificar amenazas que pongan en riesgo a la defensora” Ante lo cual la Comisión afirma que no se consideró el contexto de Guerrero, ni el histórico de la organización ni que la familia Mesino han sido históricamente víctimas de diversos ataques graves debido a su labor de defensa y promoción de los derechos humanos.

Aunque Norma Mesino Mesino, actual dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ha recibido mensajes anónimos con amenazas, le han tomado  fotografías y videos en eventos públicos, las cámaras de seguridad de su casa fueron cortadas además de haber sido objeto de difamación, amenazas y agresiones directas e indirectas en los últimos meses ni el gobierno guerrerense ni el de Peña Nieto han protegido a  Mesino Mesino, acusó la CMDPDH por medio de un comunicado.

A estos problemas se suman tanto un deficiente trabajo de las escoltas de la policía estatal, quienes constantemente se alejan del vehículo en el que ella viaja, perdiendo por completo el objetivo de su labor de protección y reacción ante un evento inusitado de peligro, como omitieron analizar las agresiones en contra de quien fuera hasta ese momento chofer, escolta y colaborador de la defensora así como en contra de dos miembros más de la OCSS, quienes fueron detenidos arbitrariamente y torturados en septiembre de 2014 con el afán de criminalizar a la defensora.

La CMDPDH aseguró en su comunicado que aunque han interpuesto denuncias ante instancias como la Fiscalía de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos estatal y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no hay respuesta contundente.

Asimismo la organización de derechos humanos lanzó un llamado al Presidente de la República para “que instruya a sus subordinados a ejecutar sus funciones con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de manera que las personas defensoras de derechos humanos en riesgo reciban las medidas de protección necesarias”

La CMDPH emitió en este tenor un enérgico llamado tanto a la Fiscalía de Guerrero como a la CNDH para que investiguen completa e imparcialmente el asesinato de Rocío Mesino, así como la detención arbitraria y tortura de los tres miembros de la OCSS en septiembre de 2014.

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Inmujeres condena asesinato de la activista Cecilia Monzón

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, quien fue ultimada el sábado pasado en San Pedro Cholula, Puebla, por lo que consideró que se trató de un referente en esa entidad en la lucha de los derechos humanos.

La dependencia federal refirió que Cecilia Monzón dedicó su vida a defender los casos de mujeres en situación de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad política, por lo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de Puebla a esclarecer el crimen a la brevedad.

De acuerdo con la institución federal, las autoridades estatales deben desarrollar la investigación con perspectiva de género para que se ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las activistas defensoras de los derechos humanos que residen en la entidad.

De la misma manera, llamó a los medios de comunicación a apegarse a los lineamientos para cubrir y difundir los hechos sin revictimizar a la activista, su hijo y demás personas que pudieran ser afectadas, ya que ha sido una practica que han observado en algunos espacios noticiosos.

Asimismo, manifestó que están en disposición de colaborar con el gobierno estatal para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres para defender y proteger el acceso a la justicia de las defensoras y combatir la impunidad la corrupción, además de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el crimen como un ajusticiamiento cometido por un grupo de sicarios en contra de la activista, por lo que llamó a las autoridades estatales a colaborar de forma permanente para esclarecer los hechos.

El sábado pasado la activista fue asesinada por disparos de armas de fuego cuando circulaba a la altura del camino Real a Momoxpan y Periférico en el municipio de San Pedro Cholula.

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Mexico Violento

Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

No es la primera vez que se generan estos conflictos dentro del penal. En enero de este año, ya se habían reportado problemas de seguridad con la organización de pandillas, rebasando al personal de custodia.

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Mexico Violento

Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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