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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Gobierno Federal, señalado por irregularidades en el cálculo de pensiones

Evidencian incongruencias en el cálculo de los fondos de vivienda y ahorro para el retiro en 53 millones de estados de cuenta de vivienda y ahorro que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

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Renato Consuegra / OJUPE-UNAM

Ciudad de México.- Representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), acusaron al gobierno federal de despojar a trabajadores en activo y jubilados del patrimonio que han construido a través de su trabajo de largos años gracias a malos manejos, opacidad, falta de transparencia y arbitrariedades que cometen CONSAR, INFONAVIT Y FOVISSSTE en la gestión de las prestaciones sociales.

El abogado Humberto Luna aseguró que los más de 53 millones de estados de cuenta que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son ilegales porque no se ajustan a lo que dice la ley y a través de la opacidad despojan a sus afiliados, con fallas e irregularidades en el cálculo de los fondos de pensiones.

En compañía de Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, responsable de prensa de la organización y el abogado Héctor Larrínaga, explicaron que irregularidades similares se replican también a través de los institutos de vivienda, donde la falta de transparencia e información para los derechohabientes es moneda común.

Con el apoyo de un actuario, los abogados pusieron en tela de juicio la forma en que los sistemas de pensiones están calculando los montos del Fondo de Ahorro para el Retiro y los Fondos de Vivienda que deben entregar a cada trabajador. “Las dependencias no pagan de acuerdo al salario base de cotización, los trabajadores tanto en activo como pensionados están siendo despojados, aquí nadie se salva”, advirtieron.

Aseguraron que están contraviniendo el artículo 18-BIS de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que obliga a dichas instituciones a otorgar información completa a cada uno de sus derechohabientes, al ocultar información y no entregar estados de cuenta pormenorizados a sus afiliados.

Por ejemplo, en uno de los ejemplos, el trabajador realizó su jubilación tras 23 años de servicio y sólo le dieron 7 mil pesos por fondo de vivienda y 5 mil por SAR. Al hacer un cálculo actuarial, resultó que el trabajador con esta compensación o liquidación de sus sistemas de vivienda y retiro, habría ganado 100 mil pesos en 23 años.

Y el propio trabajador, Marco Antonio Torres se pregunta: “Entonces para las autoridades, de dónde comí, de dónde compré el o los autos que tuve, de dónde le di estudios a mis dos hijos, de dónde obtuve el dinero para irme de vacaciones tantas veces, porque sólo el costo de mi vivienda fue de 100 mil pesos, los mismos que habría ganado en toda mi vida”.

Así, Torres afirma que apoyado con un actuario y al realizar las cuentas de lo que le deben y su actualización a pesos de hoy, con intereses, el Estado mexicano tendría que pagarle un fondo de 2 millones 400 mil pesos.

Calificaron de insuficiente la información de los trabajadores entregada por dichas instituciones oficiales, pues no incluye datos sobre comisiones, intereses, movimientos de inversión y subrayaron faltantes en la información referente al tiempo laborado, los montos de salario y falta de continuidad en el registro de aportaciones patronales.

“La información de los derechohabientes no es completa, no está actualizada, ni contempla los intereses reales acumulados a lo largo de la vida laboral de cada uno de ellos”, denunciaron y a través de tres casos específicos hicieron evidente la disparidad de criterios para calcular las pensiones tanto por parte del SAR como de los fondos de vivienda.

Así, mientras el SAR se calcula sobre una base del 2% a partir del salario del trabajador y los fondos de vivienda toman una base del 5%, en los casos exhibidos el pago por concepto de vivienda resultó tres veces menor que el monto calculado por el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los quejosos explicaron que si los sistemas de pensiones no informan sobre los criterios para calcular las prestaciones de cada trabajador, omiten datos sobre el número de días laborados, los montos de los salarios y las aportaciones patronales, excluyendo los cobros de comisiones y los movimientos de inversión, el trabajador no tiene manera de saber cuánto le corresponde percibir y no puede defender sus derechos.

En este contexto, subrayaron que el artículo 90 BIS-I de la Ley 93 del ISSSTE establece que el saldo de las subcuentas del fondo de vivienda debe pagar intereses en función del remanente de operación; en tanto que el saldo de las cuentas individuales se ajustaría a la variación porcentual mensual del índice nacional de precios al consumidor, lo que no está ocurriendo.

Por ello convocaron a jubilados, pensionados y trabajadores en activo a no permanecer de brazos cruzados y luchar por la correcta aplicación de la ley, a fin de recibir los montos justos generados por su trabajo.

“Hoy el trabajador jubilado y en activo puede reclamar sus derechos y exigir que le lleguen completos sus estados de cuenta, sea por vía individual, a través de sindicatos, AFORE o del Instituto de Seguridad correspondiente”, explicaron tras apuntar que esa información también puede solicitarse por vía administrativa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Finalmente exigieron al gobierno y a los responsables de los sistemas de pensiones se apeguen al estado de derecho a fin de que los trabajadores reciban pagos adecuados y no se conviertan en víctimas de quienes impunemente utilizan el dinero de los trabajadores para financiar deuda pública o especular con el dinero del pueblo.

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Mexico Violento

Gobernador y fiscal de Quintana Roo, responsables de violencia y corrupción: empresario Mimenza Novelo

Ramses Ancira

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Por Ramsés Ancira

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una serie de denuncias de corrupción, expropiaciones de terrenos y violencia en Quintana Roo, el empresario y activista Carlos Mimenza Novelo, expuso la situación de crisis en seguridad que vive el estado, a manos del gobernador Carlos Joaquín González y de su fiscal Óscar Montes de Oca.

Una de las denuncias fue que integrantes del grupo delictivo Los rojos, que de acuerdo con la versión oficial participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han sido uniformados como policías en Quintana Roo, mientras que las víctimas de delitos en la entidad, incluyendo turistas, tienen que pagar para poder presentar denuncias que no son investigadas por la fiscalía, así lo denunció el empresario en rueda de prensa, en la Ciudad de México.

Mimenza Novelo dijo haber presentado denuncias por el genocidio perpetrado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, y en su entidad, Quintana Roo, responsabilizó directamente al gobernador Carlos Joaquín González de la violencia, la inseguridad y la corrupción del estado.

Señaló el empresario que “es mejor negociar con narcos, que son empresarios ilegales, que con los secuestradores, asesinos y cobradores de piso que se escudan dentro del gobierno de Quintana Roo”. Advirtió que daba 48 horas al gobierno mexicano para destituir al fiscal de este estado, antes de iniciar operaciones de grupos de autodefensa en los municipios de Quintana Roo, debido a la corrupción de este funcionario.

Recordó Mimenza que durante el gobierno de Roberto Borge, por medio de la fiscalía del estado y de Roberto Palazuelos, estafó y expropió decenas de propiedades de Tulum. El exgobernador hizo denuncias falsas a Conciliación y Arbitraje, y coludido con el fiscal, despojaron a muchos propietarios e inversionistas por millones de dólares. Enfatizó que todavía hasta el día de hoy, Roberto Palazuelos sigue manejando esas propiedades con la protección del fiscal del estado Óscar Montes de Oca.

Mimenza fundó un albergue para niñas violadas y víctimas de tráfico de blancas. Proporciona una comida al día a 100 personas en condición de extrema precariedad económica y tiene una reserva ecológica para cuidar de primates que la gente compra y abandona adultos.

Dijo que ya se acercó el PRI a “comprarlo” con una candidatura a la presidencia municipal de Cancún, pero que les respondió: “primero perro que priista”. Señaló que también MORENA se interesó en incorporarlos en su filas, a lo que les respondió que no eran los tiempos, “pero en el hipotético caso de que aceptara no permitiría que me impusieran a una sola persona de más de 500 aviadores, cuyos cerebros juntos no tienen el tamaño de una nuez”.

Ante la prensa, Mimenza Novelo dio a conocer la notificación de una demanda penal en su contra que le hicieron llegar por WhatsApp, y tiene una semana trabajando con autodefensas en Cancún con resultado de un detenido que se hacía pasar por Guardia Nacional y cobraba derecho de piso. El próximo grupo de autodefensas que se organizará será en Playa del Carmen, anunció.

Dijo para Los Ángeles Press que no se necesitaba ser Carlos Slim para organizarse como ciudadanía, y que varios empresarios de los que no puede dar el nombre están ayudando a organizar las autodefensas.

Mimenza dijo haber apoyado a los zapatistas en su momento, y a Mireles, enfatizó que había votado por por López Obrador, y que le mandó diariamente un reporte de ilícitos en Quintana Roo, a través de vocero Jesús Ramírez Cuevas, “por lo que no puede decir que no sabe lo que ocurre”.

Organizará en abril de 2021, (dice que porque es su cumpleaños y espera que antes de que lo maten el mundial de futbol 7 para atraer recursos para Quintana Roo. Con calumnias le hicieron suspender su visa a Estados Unidos pero viaja a Nueva Zelanda y ha tratado de escalar el Everest.

Que como activista llegará hasta sus últimas consecuencias. Aunque el gobernador tiene a la prensa comprada y que incluso Carmen Aristegui le cerró el espacio después de hablar sobre el tráfico sexual de niñas.

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Justicia pendiente

Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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