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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Gobierno Federal, señalado por irregularidades en el cálculo de pensiones

Evidencian incongruencias en el cálculo de los fondos de vivienda y ahorro para el retiro en 53 millones de estados de cuenta de vivienda y ahorro que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

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jubilados

Renato Consuegra / OJUPE-UNAM

Ciudad de México.- Representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), acusaron al gobierno federal de despojar a trabajadores en activo y jubilados del patrimonio que han construido a través de su trabajo de largos años gracias a malos manejos, opacidad, falta de transparencia y arbitrariedades que cometen CONSAR, INFONAVIT Y FOVISSSTE en la gestión de las prestaciones sociales.

El abogado Humberto Luna aseguró que los más de 53 millones de estados de cuenta que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son ilegales porque no se ajustan a lo que dice la ley y a través de la opacidad despojan a sus afiliados, con fallas e irregularidades en el cálculo de los fondos de pensiones.

En compañía de Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, responsable de prensa de la organización y el abogado Héctor Larrínaga, explicaron que irregularidades similares se replican también a través de los institutos de vivienda, donde la falta de transparencia e información para los derechohabientes es moneda común.

Con el apoyo de un actuario, los abogados pusieron en tela de juicio la forma en que los sistemas de pensiones están calculando los montos del Fondo de Ahorro para el Retiro y los Fondos de Vivienda que deben entregar a cada trabajador. “Las dependencias no pagan de acuerdo al salario base de cotización, los trabajadores tanto en activo como pensionados están siendo despojados, aquí nadie se salva”, advirtieron.

Aseguraron que están contraviniendo el artículo 18-BIS de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que obliga a dichas instituciones a otorgar información completa a cada uno de sus derechohabientes, al ocultar información y no entregar estados de cuenta pormenorizados a sus afiliados.

Por ejemplo, en uno de los ejemplos, el trabajador realizó su jubilación tras 23 años de servicio y sólo le dieron 7 mil pesos por fondo de vivienda y 5 mil por SAR. Al hacer un cálculo actuarial, resultó que el trabajador con esta compensación o liquidación de sus sistemas de vivienda y retiro, habría ganado 100 mil pesos en 23 años.

Y el propio trabajador, Marco Antonio Torres se pregunta: “Entonces para las autoridades, de dónde comí, de dónde compré el o los autos que tuve, de dónde le di estudios a mis dos hijos, de dónde obtuve el dinero para irme de vacaciones tantas veces, porque sólo el costo de mi vivienda fue de 100 mil pesos, los mismos que habría ganado en toda mi vida”.

Así, Torres afirma que apoyado con un actuario y al realizar las cuentas de lo que le deben y su actualización a pesos de hoy, con intereses, el Estado mexicano tendría que pagarle un fondo de 2 millones 400 mil pesos.

Calificaron de insuficiente la información de los trabajadores entregada por dichas instituciones oficiales, pues no incluye datos sobre comisiones, intereses, movimientos de inversión y subrayaron faltantes en la información referente al tiempo laborado, los montos de salario y falta de continuidad en el registro de aportaciones patronales.

“La información de los derechohabientes no es completa, no está actualizada, ni contempla los intereses reales acumulados a lo largo de la vida laboral de cada uno de ellos”, denunciaron y a través de tres casos específicos hicieron evidente la disparidad de criterios para calcular las pensiones tanto por parte del SAR como de los fondos de vivienda.

Así, mientras el SAR se calcula sobre una base del 2% a partir del salario del trabajador y los fondos de vivienda toman una base del 5%, en los casos exhibidos el pago por concepto de vivienda resultó tres veces menor que el monto calculado por el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los quejosos explicaron que si los sistemas de pensiones no informan sobre los criterios para calcular las prestaciones de cada trabajador, omiten datos sobre el número de días laborados, los montos de los salarios y las aportaciones patronales, excluyendo los cobros de comisiones y los movimientos de inversión, el trabajador no tiene manera de saber cuánto le corresponde percibir y no puede defender sus derechos.

En este contexto, subrayaron que el artículo 90 BIS-I de la Ley 93 del ISSSTE establece que el saldo de las subcuentas del fondo de vivienda debe pagar intereses en función del remanente de operación; en tanto que el saldo de las cuentas individuales se ajustaría a la variación porcentual mensual del índice nacional de precios al consumidor, lo que no está ocurriendo.

Por ello convocaron a jubilados, pensionados y trabajadores en activo a no permanecer de brazos cruzados y luchar por la correcta aplicación de la ley, a fin de recibir los montos justos generados por su trabajo.

“Hoy el trabajador jubilado y en activo puede reclamar sus derechos y exigir que le lleguen completos sus estados de cuenta, sea por vía individual, a través de sindicatos, AFORE o del Instituto de Seguridad correspondiente”, explicaron tras apuntar que esa información también puede solicitarse por vía administrativa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Finalmente exigieron al gobierno y a los responsables de los sistemas de pensiones se apeguen al estado de derecho a fin de que los trabajadores reciban pagos adecuados y no se conviertan en víctimas de quienes impunemente utilizan el dinero de los trabajadores para financiar deuda pública o especular con el dinero del pueblo.

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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Mexico Violento

En Chihuahua, cuestionan a Mario Delgado falta de ética en la selección del candidato de MORENA

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CHIHUAHUA, Chih.- El fundador del partido MORENA de Chihuahua, Víctor Manuel Quintana Silveyra, envió una carta pública al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, para expresar su inconformidad ante la exclusión en las encuestas como precandidato al gobierno del estado y señaló la falta de ética y congruencia de la dirigencia del partido.

En la misiva, Quintana expone las excusas “metodológicas” que Mario Delgado usó para excluirlo, además del maltrato político que alega haber ha sufrido en este proceso de selección del candidato de MORENA para Chihuahua. En sus redes sociales, el luchador social y exdiputado federal promovió su inconformidad y aludió a la Guía Ética de la Cuarta Transformación:

Las leyes pueden acatarse o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento. #LasCausasNosUnen

Entre otros estados donde los miembros de MORENA hicieron públicas sus inconformidades por la parcialidad e influencias de Mario Delgado en los procesos de selección y encuestas de candidatos se encuentra Guerrero, Coahuila, y Nuevo León.

Mario Delgado
Presidente del C.E.N. de MORENA
P r e s e n t e.

Estimado Presidente:

Me dirijo a usted con todo respeto para expresarle mi inconformidad y mi extrañeza por la forma como fui tratado por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA a lo largo del proceso de registro de candidaturas del partido a la gubernatura del estado de Chihuahua.

    1. Yo manifesté mi aspiración a ser candidato de MORENA a la gubernatura y así lo comenté al Delegado del CEN en Chihuahua, Senador José Ramón Enríquez desde el mes de noviembre. Cuando se emitió la convocatoria respectiva, el 26 del mismo mes, vi que era posible registrarme en calidad de simpatizante del partido (aunque aparezco en el padrón que obra en el INE hay un litigio pendiente con la Comisión de Honestidad y Justicia, misma que no me ha respondido ni siquiera ha acusado recibo de los oficios que le he enviado desde el mes de agosto del presente año).
    2. El propio Delegado, el Senador Enríquez, me animó a que reuniera la documentación requerida y acudiera a registrarme como candidato en la fecha señalada para ello, el sábado 5 de diciembre próximo pasado. En todo momento el Senador me mostró comedimiento y atención. Entregué mi documentación, no se me firmó de recibido ni se me expidió ninguna constancia al respecto, quiero pensar que se obró igual con todas las personas que buscamos una precandidatura.
    3. Aunque la convocatoria establecía que de las personas registradas para la candidatura sólo se encuestaría a cuatro, el Delegado Enríquez estuvo insistiendo que él solicitaba que fuéramos encuestadas la ocho personas que entregamos documentación y supuestamente fuimos registradas.
    4. El sábado 19 de diciembre el Delegado Enríquez me llamó por teléfono para comunicarme que a los precandidatos y precandidatas nos citaban a las 11 de la mañana del domingo 20 en el local ubicado en la calle Chihuahua 216 en la Colonia Roma, de la Ciudad de México pues se nos iba a dar a conocer la persona que resultó triunfadora en las encuestas. A pesar de la premura del tiempo pude conseguir un vuelo para estar a tiempo en la cita.
    5. Mi primer extrañamiento fue que al intentar ingresar al citado local, la guardia no me dejaba pues no tenían registrado mi nombre. Tuvo que intervenir de nuevo el Delegado Enríquez para que me dejaran entrar.
    6. Lo demás es ya historia conocida por usted. Cuando se terminaron de dar a conocer los resultados de la encuesta, yo le pregunté directa y respetuosamente a usted por qué mi persona no había sido incluida en dicha encuesta y las otras siete personas sí, a lo que usted respondió “Por razones metodológicas”. Tanto la formación académica suya como la que yo tengo nos permiten apreciar que es una respuesta carente de fundamento, opaca y ofensiva.
    7. En todo caso, ¿por qué se encuestó a siete personas si la convocatoria señalaba que sólo se encuestaría a cuatro? ¿Por qué no se me dijo con toda claridad y transparencia la razón por la que fui excluido?
    8. Con estos elementos y otros más pudiera haber acudido yo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el proceso. No lo hice por la siguiente razón: a pesar de este y otros agravios estoy con MORENA, entregué a la construcción  del partido varios años de mi vida y fui su primer presidente estatal en Chihuahua. Por respeto al Partido y a las y los  militantes que me han apoyado a lo largo de este proceso, no voy a propiciar otra intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la vida interna de MORENA, pues ya bastante mal se le ha hecho.
    9. Sin embargo, si bien no voy a proceder jurídicamente, sí quiero apelar a la ética que debe orientar todas las acciones de MORENA. Las leyes pueden acatase o burlarse, pero la Guía Ética de la Cuarta Transformación es para seguirse, aunque no haya tribunales que vigilen su cumplimiento.
    10. Es con base en esa Guía que quiero expresar mi inconformidad y mi protesta porque en la forma en que se me ha tratado se transgreden las siguientes divisas consignadas en ella:
    • “No se debe humillar a nadie”.
    • “El amor al prójimo es la esencia del humanismo”
    • “El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe”
    • “No se debe enfrentar el mal con el mal”.
    • “No mentir…” El argumento que se me dio de “las razones metodológicas”, es evidentemente una simulación.
    • “Todo por la razón y por el derecho”

Con fundamento en este código ético es que me dirijo a usted. Está visto que las decisiones de los tribunales pueden perjudicar al partido, pero la observancia de los principios y valores siempre le dará vida.

Se debe una explicación no sólo a mi persona, sino a toda la militancia que me ha apoyado en este proceso y a la ciudadanía que espera que los partidos, que son instituciones de interés público que funcionan gracias a los impuestos que todos pagamos, operen con honestidad, transparencia y ética pública.

Respetuosamente,

Víctor M. Quintana S.

                                           Chihuahua, Chih. 29 de diciembre de 2020

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Con voz propia

Nueva denuncia ante AMLO de la corrupción en el gobierno de Quintana Roo

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Columna política

Por Ariel Velázquez

PALACIO NACIONAL, CDMX.- Los diputados locales que pretendían aprobar un crédito para “obras” en año electoral del 2021 para el gobernador Carlos Joaquín González por 820 millones de pesos, quedaron desarmados al salir a relucir ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que suscribió contratos por 254 millones de pesos asignados de manera directa a empresas sin ninguna experiencia y recién dadas de alta en el Padrón de Proveedores del Gobierno de Quintana Roo a sus “prestanombres”.

El colega Esteban Durán, del medio Expresión México, denunció en #LaMañanera, que existen muchas anomalías y que uno de esos “prestanombres” es un venezolano conocido ampliamente en Tulum, lo mismo que su esposa, y quien por ciento, el extranjero, hace unos días sufrió un atentado en Cancún, ya que según trascendió, defraudó a la mafia local con la promesa de millonarios negocios además de protección.

Más allá de eso, está el hecho que de aprobarse el crédito extraordinario de 820 millones de pesos, solo de intereses se pagarían más de 300 millones de pesos que tendría que pagar la próxima administración estatal, pero en los hechos sería el pueblo de Quintana Roo.

Del lado del gobernador se asegura que gracias a un tecnicismo de la SHCP, es que se puede endeudar aún más el estado que rebasa la suma de 20 mil millones de pesos, además de que prácticamente la mitad de las participaciones federales ya están comprometidas para los próximos 20 años por deudas contraídas anteriormente.

Testimonio en “La Mañanera”

Es así que Esteban Durán expuso que: “Se hace mención de José Luis Brizuela Guevara, quien presume su cercanía con Carlos Joaquín, y es es operador, asesor, prestanombres o guardaespaldas del gobernador; fue el que llevó de Guadalajara a la empresa Lafer, con la que obtuvo el contrato por 44 millones de pesos por carpas Covid en Chetumal. Su asignación de contrato fue del 15 de julio y registró a la empresa en el Padrón de Proveedores de la entidad el 4 de septiembre”.

Puntualizó que la esposa de Brizuela Guevara, Vanesa Lizette Flores Vargas, se registró en el Padrón de Proveedores el 31 de marzo de 2020 y días después, a partir del abril, empezó a recibir contratos, seis en total, por un monto de 209 millones de pesos. “Todo esto no se sabía, presidente, debido, se dio a conocer, debido a que no se ha pagado a empresas quintanarroenses subcontratos en las cuales se filtraron correos con los que se dieron a conocer estas denuncias que se realizaron para exigir estos pagos, presidente”.

Los contratos son: CesCovid 025-2020 por 17 millones; CesCovid 031-2020 por 3 millones de pesos; CesCovid 023-2020 por 127 millones de pesos (238 carpas Covid en Cancún);CesCovid 008-2020 por 2 millones de pesos; CesCovid 055-2020 por 2 millones de pesos; CesCovid 095-2020 por 58 millones de pesos.

Manifestó que Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, acusó a las empresas denunciantes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de amenazas en su contra, la cual desestimó las denuncias y aceptó que se les debe dinero.

“No sé qué se pueda hacer en este sentido, presidente, para evitar que funcionarios, repito, continúen lucrando con la tragedia de millones de afectados”, expuso el periodista.

El Presidente López Obrador contestó que ya se presentó la denuncia pública en La Mañanera y lo segundo, que se presente la denuncia en la Fiscalía General de la República y que el gobierno de Quintana Roo responda, ejerciendo su derecho de réplica. Por eso cabe este refrán : “A río revuelto ganancia de pescadores”.

El gobernador Carlos Joaquín González con El Venezolano.

 

Fuente original: Denuncian ante AMLO a gobernador de QRoo

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