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Justicia pendiente

Gobierno de México publica decreto para liberar a presos por delitos menores

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Por Ignacio García

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que permite realizar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como a las personas que fueron víctimas de tortura y malos tratos en el país.

De acuerdo con el decreto oficial, publicado el 25 de agosto de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) gestionarán ante las autoridades correspondientes las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas por casos de prisión preventiva y de tortura. Sin embargo, el decreto establece la liberación de personas en reclusión que no hayan cometido delitos graves y se encuentran detenidos por más de 10 años sin haber sido sentenciados.

El beneficio sería a personas de más de 75 años; a personas de más de 65 años que padecen enfermedades crónicas; así como a quienes se compruebe haber sufrido tortura bajo el protocolo de Estambul.

La Segob deberá crear un comité obligatorio y permanente para dar seguimiento a los casos específicos que podrían ser preliberados, por lo que deberá colaborar de forma permanente con los demás poderes de la Unión, los gobiernos estatales y los organismos autónomos independientes para cumplir con este acuerdo.

Serán beneficiarios de este decreto las personas de la tercera edad con sentencia ejecutoria, las personas que hayan sido víctimas de tortura con un protocolo de Estambul positivo para obtener una declaración incriminatoria, y aquellas personas que se encuentren prisión preventiva por delitos menores sin violencia.

La Segob tendrá un plazo de 45 días para emitir las reglas de operación para el cumplimiento del mismo, mientras que se instalará el comité especializado para atender a las víctimas de delitos no graves que puedan ser liberadas.

La propuesta fue presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para generar justicia social por las personas procesadas penalmente por delitos no graves, por lo que también se sumaron 18 gobiernos estatales en el país.

Se sumaron a este decreto la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

“Las cárceles del país están llenas de personas injustamente retenidas por años, muchas veces por delitos menores y sin haber sido sentenciadas. Por razones humanitarias y justicia social, los gobernadores y gobernadores electos que firmamos este comunicado, nos sumamos al llamado del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, e invitamos a los gobernadores de otros estados y a los gobernadores electos a sumarse a esta decisión”, se expresa en el documento.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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