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Justicia pendiente

Gobierno de México publica decreto para liberar a presos por delitos menores

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Por Ignacio García

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que permite realizar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como a las personas que fueron víctimas de tortura y malos tratos en el país.

De acuerdo con el decreto oficial, publicado el 25 de agosto de 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) gestionarán ante las autoridades correspondientes las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas por casos de prisión preventiva y de tortura. Sin embargo, el decreto establece la liberación de personas en reclusión que no hayan cometido delitos graves y se encuentran detenidos por más de 10 años sin haber sido sentenciados.

El beneficio sería a personas de más de 75 años; a personas de más de 65 años que padecen enfermedades crónicas; así como a quienes se compruebe haber sufrido tortura bajo el protocolo de Estambul.

La Segob deberá crear un comité obligatorio y permanente para dar seguimiento a los casos específicos que podrían ser preliberados, por lo que deberá colaborar de forma permanente con los demás poderes de la Unión, los gobiernos estatales y los organismos autónomos independientes para cumplir con este acuerdo.

Serán beneficiarios de este decreto las personas de la tercera edad con sentencia ejecutoria, las personas que hayan sido víctimas de tortura con un protocolo de Estambul positivo para obtener una declaración incriminatoria, y aquellas personas que se encuentren prisión preventiva por delitos menores sin violencia.

La Segob tendrá un plazo de 45 días para emitir las reglas de operación para el cumplimiento del mismo, mientras que se instalará el comité especializado para atender a las víctimas de delitos no graves que puedan ser liberadas.

La propuesta fue presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para generar justicia social por las personas procesadas penalmente por delitos no graves, por lo que también se sumaron 18 gobiernos estatales en el país.

Se sumaron a este decreto la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

“Las cárceles del país están llenas de personas injustamente retenidas por años, muchas veces por delitos menores y sin haber sido sentenciadas. Por razones humanitarias y justicia social, los gobernadores y gobernadores electos que firmamos este comunicado, nos sumamos al llamado del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, e invitamos a los gobernadores de otros estados y a los gobernadores electos a sumarse a esta decisión”, se expresa en el documento.

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Justicia pendiente

CNDH pide a gobiernos de Puebla, Jalisco y Guerrero respeto a libertad de expresión

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Redacción

Autoridades de las tres entidades federativas han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y al derecho de acceso a la información

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que respeten la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.

Así lo hizo saber en un comunicado público este organismo nacional, y manifiestó su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico.

Por otro lado, luego de que los medios “E-Consulta” y “El Popular”, acusaran al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión.

Barbosa Hurtado ha sido denunciado reiteradamente por el hostigamiento contra los periodistas de la entidad, además de promover acciones de hostilidad contra las comunidades indígenas que han revelado fraude electoral y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, la CNDH manifiestó su indignación por los hechos ocurridos en días pasados en Guerrero, donde organizaciones civiles y medios de comunicación presentaron una queja ante la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, ante la violación a sus derechos por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a quien acusaron de hacer declaraciones de odio en contra del gremio, incluso responsabilizándolos de la violencia que se vive localmente.

Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatizó la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.

En el comunicado, este organismo público, especificó que esto no significa coartar el derecho a la verdad que tiene la sociedad mexicana, y hay que diferenciar el debate sano y el contraste de ideas con manifestaciones que van más allá de esto y ponen en riesgo o coartan con hechos la libertad de expresión.

Para la CNDH es de suma importancia que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país, se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.

Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a ex jefe de Gabinete de Mancera por enriquecimiento ilícito

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El Juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al ex jefe del Gabinete del gobierno de la capital del país durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna Chávez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El juzgador consideró que existieron pruebas suficientes para proceder contra el ex funcionario capitalino y por ello también determinó la inmovilización de las cuentas financieras del ex servidor público, considerado como uno de los principales operadores políticos de Mancera.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ex servidor público es acusado de enriquecimiento ilícito durante la administración de Miguel Ángel Mancera beneficiándose de su cargo como servidor público para intereses personales.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, después de revisar las declaraciones patrimoniales de Serna no corresponden los ingresos económicos que percibió como funcionario público y el patrimonio que ostentó, por lo que parte de sus ingresos económicos provinieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportado por trabajadores de la administración pública de la Ciudad de México.

La fiscalía capitalina identificó un total de 14 propiedades que no están contempladas en las declaraciones de intereses, aunado a que existe un registro de razón social que no fue señalada en su declaración patrimonial, por lo que se dedujo que hubo irregularidades.

En diciembre de 2019 la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México inhabilitó por diez años a Julio César Serna para ejercer un cargo como funcionario público por las diferentes irregularidades detectadas en su actuación como coordinador general de la Central de Abastos de la capital del país entre 2015 y 2017.

Al respecto, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que se lleve a cabo un proceso legal conforme a lo establecido por la Ley, y que no se politice el caso por haber sido uno de sus colaboradores más cercanos.

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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