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Mexico Violento

Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y de autores intelectuales en las investigaciones

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El gobierno de México omite a algunos periodistas que han sido asesinados en México en lo que va del 2022

Para el Gobierno Federal, solo 13 comunicadores han sido víctimas de homicidio en lo que va del 2022.

Por Joselaine Zaldívar Gutiérrez

En México han matado a 42 periodistas en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ninguno se sabe quién fue el autor intelectual. En comparación con los gobiernos antecesores, se trata del año más violento contra la prensa del que se tenga registro, pues de enero a noviembre van 17 comunicadores ultimados en el país.

Se debe resaltar que México fue incluido en la lista negra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de los 42 países más peligrosos para ejercer el periodismo por los casos de represión y violaciones contra los derechos humanos.

No te pierdas: INAI ordena a Segob informar sobre medidas de protección para periodistas

De acuerdo con datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en México hay más periodistas asesinados que en cualquier otro país del mundo, incluso más que en Irán, Palestina, Paquistán, Siria y Ucrania quienes se encuentran actualmente en guerra.

La violencia letal contra el gremio de informadores ha sido una constante en los últimos tres sexenios. Si comparamos con números, la organización internacional Artículo 19 también hizo un recuento donde el gobierno de Vicente Fox Quezada cerró con 22 asesinatos, Felipe Calderón Hinojosa con 48 y Enrique Peña Nieto con 47.

A inicios de este 2022, una lista de periodistas asesinados comenzó a formarse a paso acelerado, donde 17 reporteros, directores de medios, camarógrafos y fotógrafos a nivel nacional, perdieron la vida por ejercer su labor periodística.

Sin embargo, esta lista no es reconocida en su totalidad por el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, quien en su cuenta oficial solo registró hasta el momento 13 de 17 periodistas que fueron víctimas de homicidios.

No te pierdas: México vive una etapa criminal y los periodistas somos el blanco perfecto: Gilberto Meza

Hasta el momento no han dado ninguna explicación del por qué han omitido los casos de Marcos Ernesto Islas Flores, Roberto Toledo, Jorge Camero y Pablo Kumul, ni bajo qué criterio definió si son o no periodistas, o si fueron asesinados por causas ajenas a su profesión.

Adicionalmente, las investigaciones del Gobierno de México tampoco han dado respuesta sobre los autores intelectuales de estos crímenes, y solo ha dado números de personas detenidas sin que se sepa el móvil que los llevó a perpetrar los homicidios.

En el caso de Margarito Martínez Esquivel han sido procesadas 19 personas, quienes fueron presentados como «narcomenudistas». En contraste, en el caso de Lourdes Maldonado, de la misma ciudad de Tijuana, dijo el gobierno de López Obbrador que han procesado a tres personas. Sin embargo, las autoridades omitieron que las amenazas de muerte provenían del exgobernador Jaime Bonilla, de MORENA, actual senador, quien fue denunciado en la conferencia matutina pro los hechos y nunca fue llamado a comparecer pese a as denuncias de la víctima.

 

Lista de periodistas asesinados en 2022

1. José Luis Gamboa, director general del diario digital Inforegio, asesinado en Veracruz el 10 de enero.

2. Margarito Martínez Esquivel, fotoreportero de medios locales, asesinado en Tijuana, Baja California, el 17 de enero.

3. Lourdes Maldonado, reportera asesinada en Tijuana, Baja California, el 23 de enero.

4. Roberto Toledo, periodista del medio digital Monitor Michoacán, asesinado en Michoacán, el 31 de enero.

5. Marcos Ernesto Islas Flores, editor del portal web Notiredes Mx, asesinado en Tijuana, Baja California, el 6 de febrero.

6. Heber López Vásquez, director del medio digital RCP Noticias, asesinado el 10 de febrero.

7. Jorge Camero Zazueta, director del portal web El Informativo, asesinado en Sonora el 24 de febrero.

8. Juan Carlos Muñiz, reportero de Testigo Minero, asesinado en Zacatecas, el 4 de marzo.

9. Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, asesinado en Michoacán el 15 de marzo.

La editora recomienda: Unesco advierte que mayoría de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad

10. El periodista Luis Enrique Ramírez, fundador del portal Fuentes Fidedignas, asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo.

11. Yesenia Mollinedo Falconi, directora del semanario El Veraz, asesinada en Veracruz el 9 de mayo.

12. Sheila Johana García Olivera, reportera del semanario El Veraz, asesinada en Veracruz el 9 de mayo.

13. Antonio de la Cruz, reportero del grupo editorial Expresso- La Razón, asesinado en Tamaulipas el 29 de junio.

14. Ernesto Mendez, director del portal web Tu Voz, asesinado en Guanajuato el 2 de agosto15.

15. Juan Arjón López, director del sitio web A qué le temes, asesinado en Sonora el 16 de agosto.

16. Fredid Román, columnista del diario local Vértice, asesinado en Guerrero el 22 de agosto.

17. Pablo Kumul, reportero y locutora de Ax Noticias, asesinado en Xalapa, Veracruz, el 22 de noviembre.

 

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Defensa de César Duarte pide cambio de medida cautelar a juez por deterioro de salud

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César Duarte juicio

 

La defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace casi tres años, pidió ampliar la audiencia intermedia, la cual se difirió para el 3 de abril. Sin embargo, debido al estado de su salud su defensa solicitó el cambio de su medida cautelar.

El abogado del exgobernador pidió al juez que se le cambie la medida cautelar ya sea por brazalete en libertad o por arraigo domiciliario, debido a una incipiente parálisis que está teniendo su cuerpo por la falta de atención especializada y terapias tras una intervención quirúrgica de vértebras.

El proceso de César Duarte Jáquez tenía 22 carpetas de investigación, federales y estatales, bajo cargos de peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos por 96 millones de pesos. Lleva dos años y siete meses en prisión preventiva, desde su detención el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami, Florida, donde estuvo un año y diez meses.

A través de un juez de Nuevo México se aceptó su extradición a México, el 2 de junio de 2022 y sujeto a proceso por la causa penal 3014/2019. En la audiencia intermedia, el juez de control depurará las pruebas aportadas por la defensa y la fiscalía, y decidirá cuales tomará en cuenta para dar paso a la siguiente etapa del proceso penal, lo que sería el debate del juicio oral.

Actualmente se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua, en una celda regular, con una cama ortopédica por la dificultad para su movilidad física.

Leer más: Juez vincula a proceso a César Duarte por asociación delictuosa y peculado –

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Freno al Acuerdo de Escazú en México incrementa riesgo a defensores del medio ambiente

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Acuerdo de Escazú

 

Por Emilio Godoy

En 2021 se registraron 200 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo, con una ligera disminución de los 227 del año previo, según estadísticas de un informe al respecto de la no gubernamental Global Witness, con sede en Londres. Los ataques están relacionados con la oposición a la explotación forestal, minería, agroindustria a gran escala y represas, y más de 40 % de los ataques tuvieron como objetivo a indígenas.

América Latina encabezó esos crímenes, al ser el escenario de 157 de ellos, con una disminución discreta ante los 165 del año anterior, de los cuales México encabezó la lista mortal, con 54 casos, frente a 30 de 2020. Le siguió Colombia pese a la caída de casos: 33 frente a 65, Brasil (26 frente a 20), Honduras (ocho frente a 17) y Nicaragua (13 frente a 12).

El Acuerdo de Escazú es una herramienta judicial para mitigar los peligros a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, se encuentra en espera de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenado por el gobierno mexicano, por medio del decreto de noviembre de 2021 mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró sus megaproyectos “obras prioritarias de seguridad nacional”, con lo que garantiza autorizaciones provisionales, en contravención del tratado.

“Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido”: Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason), que trabaja con las comunidades indígenas.

Conoce más: El Acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental amenazado por megaproyectos de AMLO

 

En México hay actualmente unos 600 conflictos ambientales, según estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que el gobierno sigue sin finiquitar.

El caso más reciente es el de la desaparición el 15 de enero del abogado Ricardo Lagunes y el defensor indígena Antonio Díaz, opositor de la explotación minera en el occidental estado de Michoacán, cuyo esclarecimiento urgente ha reclamado días después el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Fuente: Global Witness.

Qué es el Acuerdo de Escazú

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Se enfoca también en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con las comunidades.

A un año de su vigencia, el Acuerdo de Escazú enfrenta retos mayúsculos, en especial en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua y donde los defensores enfrentan particulares riesgos.

Para Olimpia Castillo, coordinadora de la no gubernamental Comunicación y Educación Ambiental, el contexto arroja una luz de alerta.

“Es un round muy interesante, porque el artículo 10, del Acuerdo de Escazú, hace referencia a resaltar la participación de las organizaciones. Se podría contravenir ese artículo. Significaría una limitación muy grande. Son cosas que como país vamos a tener que enfrentar”, dijo la activista, quien participó en la negociación del acuerdo como parte de la sociedad civil.

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