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Investigaciones

Gobierno de Hidalgo pierde más de 40 MDD por tener dinero en banco que se fue a la quiebra

El gobierno de Hidalgo tenía más de 40 millones de dólares en Accendo Banco, institución que se fue a la quiebra y de la que ahora «tratarán» de liquidar a sus acreedores

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La secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Hidalgo se encuentra a la espera de recuperar más de 800 millones de pesos invertidos en Banco Accendo, mismo que en septiembre pasado se fue a la quiebra y no da razón sobre los recursos de los hidalguenses

Por Emmanuel Ameth

La mala elección de una entidad financiera para administrar recursos del gobierno del estado de Hidalgo así como una lenta ejecución, por la probable intención de cobro de intereses sin reportar al sistema financiero, provocaron que se hayan dejado de erogar 40 millones de dólares (807 millones 128 mil 783.80 pesos) del ejercicio 2021, los cuales, en lugar de destinarse a programas sociales, terminaron en los bolsillos de banqueros.

La razón, que la secretaria de Finanzas Jessica Blancas determinó que fuera Accendo Banco la entidad que administrase las ministraciones provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Entidades (FISE) así como del Fondo General de Participaciones (recurso entregado a municipios).

 

 

 

 

 

 

El banco que perdió su licencia por defraudar al sistema financiero

Los bancos crean dinero a partir de la deuda. Cuando una entidad otorga un financiamiento, lo hace con dinero electrónico supuestamente respaldado por los pagarés (créditos) con los que cuentan en sus libros contables. La iteración de este movimiento (el agregado de depósitos, incluidos los pagos a préstamos que se vuelven a otorgar como financiamientos) provoca que el verdadero capital con el que cuentan sea mucho menor al respaldo de los mismos ahorradores y de su propio capital; en otras palabras, permiten que la gente se endeude ofreciendo como garantía la deuda de otras personas -obteniendo jugosas ganancias por la intermediación de este “servicio”-.

Sin embargo, a medida que los créditos se respaldan con más deuda -que no dinero-, el riesgo de colapso de su sistema se vuelve más grande. Es por ello que la Ley en México establece como mínimo un Índice de Capitalización Bancaria del 10.5%, esto es, que por cada 1,000 pesos “prestados”, al menos debe existir una garantía, real, de 105 pesos para afrontar sus problemas de liquidez -que se ven acelerados por mala administración, morosidad, etc.-.

Prácticamente desde 2020 Accendo Banco, representado por Luis Reyes de la Campa, mantuvo un Índice de Capitalización (ICAP) sumo riesgoso del que cualquier inversionista debió haberse alejado; tras un repunte entre febrero y marzo de dicho ejercicio, sus números fueron a la baja, picada que se detuvo en noviembre para posteriormente volver a bajar.

Ya desde abril de 2021 tenía un ICAP más bajo del que estipula la Ley, por lo que el comportamiento más normal de cualquier entidad que tuviera sus recursos con ellos, era el de retirar su capital antes del desastre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secretaría de Finanzas en Hidalgo sin embargo, decidió que siguieran administrando sus fondos pese al riesgo y ello salió caro a los hidalguenses, pues dejaron de recibir más de 800 millones de pesos que se quedaron en manos de Accendo Banco cuando la Secretaría de Hacienda retiró la licencia a la entidad para seguir operando, lo que los dejó incapacitados para hacer cualquier otro movimiento que no sea el de la liquidación de los acreedores, bajo la supervisión estricta de las autoridades.

En otras palabras, Accendo “quebró” por prestar más allá de lo que la Ley establece que pueden -porque ya de por sí pueden prestar prácticamente 10 veces más de lo que pueden garantizar- y al ser cancelados, se llevaron entre las patas al gobierno de Hidalgo, pero sobre todo, al recurso que es de los hidalguenses y que se han quedado esperando, como el caso del bono para jubilados y los aguinaldos de personal homologado del SNTE.

La responsabilidad de la Secretaría de Finanzas

El primer error de la secretaria Jessica Blancas fue el de mantener los recursos de los hidalguenses en un banco que ya desde febrero de 2020 daba muestras de encaminarse hacia la bancarrota.

El segundo fue el de mantener ociosos recursos etiquetados y que finalmente son los que se quedaron en poder de Accendo Banco.

En general, uno por cada tres pesos programados para infraestructura de la entidad (FISE) así como para los municipios (FGPM) durante los primeros 9 meses del año 2021, no fueron entregados como correspondía -y al final se los quedó el banco-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya en el terreno de la especulación, pudo existir un tercer error que se habría visto motivado por la actividad de Accendo.

Hace unos días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con tres multas por un monto de 3 millones 140 mil pesos a Accendo Banco, las cuales derivaron de la no constitución de reservas de riesgo -lo del ICAP ya mencionado- pero también por no desarrollar contraloría interna y por omitir estimaciones de impuesto diferido. Un mes antes de ser cerrados, recibieron multas por 7 millones de pesos.

Como obra en artículos de prensa, el banco no habría proporcionado a las autoridades información sobre el ISR de sus clientes, lo que podría suponer que aunque se generaran utilidades para quienes allí mantenían su dinero, estas no se reportaran al fisco. Una entidad, como en este caso Hidalgo, puede tener utilidades que se generen sobre sus depósitos en cuentas bancarias, sin embargo, estas son reportadas a la autoridad para su cuantificación. Así, el hecho de continuar con Accendo Banco podría deberse a que se generaban réditos y el banco se ofrecía a no reportarlos a la autoridad, habiendo un remanente no fiscalizable y que incluso podría ser interpretado por la autoridad como falta de políticas para combatir el lavado de dinero.

El camino de espinas para recuperar el dinero de los hidalguenses

Cuando una institución de banca múltiple está en liquidación, los ahorradores con inversiones por hasta 400 mil UDIS (alrededor de 2.8 millones) gozan de una garantía por parte del IPAB para recuperar su dinero. De los 1 mil 518 ahorradores, el 96% recibirá su pago completo, toda vez que entran en este supuesto.

El problema es para instituciones como el Gobierno de Hidalgo -y otros 68 acreedores-, que para un monto que supera los 800 millones de pesos, debe sujetarse a los criterios de la Ley de Instituciones de Crédito Federal, misma que en sus artículos 241 y 242, fracciones de la I a la IV, establece prelación de pago  para quienes entren en el esquema del IPAB, para los trabajadores de la institución, para la seguridad del patrimonio de la institución y finalmente para los inversores como el gobierno de Hidalgo, mismo que esperará su turno y recibirá su dinero solamente antes de los accionistas de la institución bancaria que la llevaron a la bancarrota.

Además, recuérdese que la institución bancaria ya no puede “operar”, esto es, que quien tratará de recuperar la cartera de Accendo será una institución distinta a quien dio los créditos -con las dificultades que ello supone- y que encima la entidad ha sido sancionada por no evaluar correctamente a sus deudores, razón por la que el gobierno de Hidalgo -así como otros más-, podrían no recuperar su dinero.

Gobiernos que tienen cuentas por recuperar con Accendo Banco

El gobierno de Hidalgo si bien fue el más afectado por la quiebra de Accendo Banco, no fue el único, pues existen otros 6 en la misma situación que deberán esperar a que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) resuelva su situación.

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno de Puebla tiene sin recuperar más de 600 millones con la misma entidad, Tamaulipas más de 200 millones, el Estado de México y Tamaulipas más de 100 millones e incluso Oaxaca tiene alrededor de 50 millones que se quedaron en lace untas de Accendo.Con información de Mariana Morales

 

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El Caso Wallace

Caso Wallace: ¿Quién es George Khoury y por qué se le relaciona con Arturo Zaldívar?

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Caso Wallace: ¿Quién es George Khoury y por qué se le relaciona con Arturo Zaldívar?

Las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que hizo Isabel Miranda de Wallace al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, volvieron a llamar la atención mediática. Entre estos señalamientos, Miranda acusó a Zaldívar de tener un pacto con una víctima de tortura y encarcelamiento injusto: George Khoury Layón, quien actualmente sigue preso pese a tener reconocimiento de inocencia por la Secretaría de Gobernación y una opinión de libertad inmediata por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

Miranda de Wallace acusó George Khoury, -sentenciado por el falso secuestro de Hugo Wallace, hijo de Miranda de Wallace- de sobornar a Zaldívar para que la SCJN atrajera el caso de su hijo. Y, según las acusaciones que ella lanzó, que desde la Corte se ordenara la liberación a los acusados, entre ellos César Freyre y el propio Khoury Layón.

La editora recomienda: Meme Yamel ignoró a víctima de Isabel Miranda de Wallace que pedía ayuda para denunciar tortura

 

Pero, ¿quién es y de qué se le acusa a George Khoury Layón?

Se le atribuyó haber ordenado el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Wallace Miranda. Sin embargo, Los Ángeles Press, por medio de la periodista Guadalupe Lizárraga, exhibió un cúmulo de evidencias de la fabricación de este caso, incluidos varios testimonios de quienes lo vieron después de su supuesta muerte, revelados desde 2014.

La primera vez que George Khoury fue interceptado por unos supuestos policías federales, según su propio testimonio, le pidieron dinero a cambio de que sus negocios funcionaran «en tranquilidad y seguridad», el 16 de julio de 2005, cuatro días después de la supuesta desaparición de Hugo Alberto Wallace. En esa ocasión, Isabel Miranda ya lo tenía en la mira de los primeros acusados del falso secuestro. Sin embargo, la defensa de Khoury pudo liberarlo sin mayor riesgo a su integridad, después que se negara a pagar la extorsión.

La segunda vez fue el 30 de enero de 2006, siete días después de la detención arbitraria y tortura de César Freyre, acusado de ser el «líder de la banda» que habría supuestamente secuestrado a Wallace. Una tercera detención fue el 2 de septiembre de 2009, pero en esta ocasión la detención incluyó tortura, que la víctima pudo grabar en audio con un dispositivo mp3, lo que sería su prueba maestra para el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde el 18 de septiembre de 2017, pide su libertad inmediata al Estado mexicano.

 

La ONU realizó un reporte de diez páginas y un estudio del dictamen de foniatría que un perito presentó en el Juicio 05/2009 instaurado en el Juzgado 1o de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, en la que se incluyó la transcripción de la narración de la tortura que George Khoury sufrió a bordo de su camioneta.

La víctima fue sentenciada a 20 años de prisión por el falso secuestro de Hugo Wallace y, en su instancia en diferentes centros penitenciarios del país, este portal ventiló que fue torturado al menos en cuatro ocasiones, la última de ellas apenas el 12 de junio del 2022, cuando fue trasladado del Cefereso #17, de Michoacán, al Cefereso #12, de Ocampo, Guanajuato, por «denunciar violaciones».

Las primeras tres ocasiones que fue detenido de manera arbitraria (en 2005, 2006 y 2009) fueron por órdenes del empresario de seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sabol, quien así lo reconoció él mismo en llamada telefónica, y que reveló en su momento Los Ángeles Press y Lizárraga, quienes han reportado el caso desde hace más de una década.

No te pierdas: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

 

Actualmente, George Khoury cumplió la mitad de la pena a la que fue injustamente sentenciado por un homicidio perpetrado en 2004, y que Jacob Tagle Dobín, inculpado también por el falso secuestro de Hugo Wallace, bajo tortura en 2010 señaló a Khoury como autor intelectual del homicidio. Esta confesión bajo tortura fue utilizada de manera ilegal en 2012 por la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25 de la Ciudad de México, para sentenciar a George Khoury a 20 años de cárcel sin haber cometido el delito.

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El Caso Wallace

Meme Yamel ignoró a víctima de Isabel Miranda de Wallace que pedía ayuda para denunciar tortura

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Meme Yamel ignoró a víctima de Isabel Miranda de Wallace que pedía ayuda para denunciar tortura

 

Por Guadalupe Lizárraga

La actriz y youtubera poblana que ha incursionado en la vida política de México como “periodista” a través de las redes sociales, Meme Yamel, ignoró el caso de César Freyre Morales, una de las víctimas más torturadas por Isabel Miranda de Wallace que fue obligado a incriminarse por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda y por lo que fue sentenciado a 131 años de cárcel.

De acuerdo con el testimonio de Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre, por su propia iniciativa buscó a la youtubera Meme Yamel debido a su popularidad en las redes sociales de la Ciudad de México, con el objetivo de que pudiera ayudar a hacer visible la injusticia que sufría la principal víctima del caso Wallace, a quien Isabel Miranda calumnió en medios y espectaculares como «líder de la banda de secuestradores» de su hijo. Freyre fue torturado reiteradamente, además del encarcelamiento injusto por más de un año que también sufrió su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, ambas fallecidas.

Por si te lo perdiste: La tortura de César Freyre y la muerte de su hermana, quinta parte

Sin embargo, por la red de WhatsApp, el 15 de julio de 2021, Meme Yamel respondió a la esposa de Freyre que si le podía dar su número de teléfono a su productor, y a partir de allí no volvió a responder sus llamadas «ni su productor». La esposa de César Freyre hizo dos intentos más en comunicarse con la actriz y youtubera sin éxito, el 4 y el 15 de noviembre de 2021.

Meses antes, el 28 de enero de 2021, Meme Yamel se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador con el caso de Brenda Quevedo Cruz, otra de las víctimas de Isabel Miranda, sobreviviente de tortura y abuso sexual, que ha sido expuesto reiteradamente por quien esto escribe desde 2019 ante el presidente de la república, el Senado mexicano y la Secretaría de Gobernación y, desde 2014, en Los Ángeles Press.

 

Meme Yamel sabe quién es César Freyre en el caso Wallace. Lo sabía mucho antes de que fuese contactada por la esposa de Freyre. No obstante, la youtubera poblana no sólo lo ha ignorado a él, sino también al resto de las víctimas que también han sido torturadas, y en el caso de caso de Jacobo Tagle Dobín y Albert Castillo Cruz, además de Freyre, en las torturas participó directamente Isabel Miranda de Wallace, e incluso ella mismo reconoció en entrevista a Notimex que ella los mandó golpear.

Entérate: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

Recientemente, ante los reclamos de la audiencia de los seguidores de Meme Yamel para que reconociera la autoría original de la investigación realizada por la periodista Guadalupe Lizárraga, revelada en dos libros, El falso caso Wallace y La lucha por la verdad, y más de cien reportajes sobre las víctimas que llevan 16 años en prisión por la fabricación de los agentes del Estado, la youtubera respondía que “todos los periodistas habían contribuido a la investigación”.

Pero para Alma Nelly Flores de Freyre fue clara la situación: tanto Meme Yamel como los otros periodistas que abordan el caso Wallace con desaseo ético y de manera manipulada responden a una instrucción de gobierno en la cobertura de la información, y las órdenes pasan por Defensoría pública, que en noviembre de 2020 gestionó el caso de Brenda Quevedo ante la ONU, pero ha ignorado las condiciones en las que se encuentran las demás víctimas.

Incluso, la esposa de Freyre concluyó diciendo que el defensor público de su esposo no tenía autorizado emprender gestiones de defensa, o no quería hacerlas por temor a represalias, por lo que ella tuvo que recurrir al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura para pedir que le aplicaran el protocolo de Estambul a César Freyre, el cual obtuvo con resultados positivos en tortura.

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Investigaciones

CFE Yucatán inflaba costos en contratos de edecanes para servicios sexuales y retornaba dinero a residente de obra

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CFE Yucatán inflaba costos en contratos de edecanes para servicios sexuales y retornaba dinero a residente de obra

Despacho 14
El violento oficio de escribir.

  • CFE contrataba edecanes por 6 mil pesos diarios (más de 300 dlls.)

  • Empresa de edecanes daba comisión al residente de obra.

  • Todos los contratos eran otorgados por adjudicación directa.

 

«Las profesionales del sexo no amamos»
Vivien Li, de la película: Un toque de violencia.

Por Alfredo Griz

La servidora pública de la Comisión Federal Electricidad (CFE) en la residencia de Mérida Yucatán, Circe Viridiana Palma Martínez, en una serie de revelaciones a este medio sobre el uso de recursos públicos para contratos de servicios sexuales a funcionarios, especificó que no sólo eran pagados en el estado de Yucatán, sino que también en otros lugares de la república mexicana.

Los costos eran inflados para que todos ganaran, las edecanes, las damas de compañía, los que las contrataban y, obviamente, los usuarios o quienes recibían estos servicios sexuales, haciéndolas pasar por servicios de edecanes para eventos públicos. Entre los usuarios de estos servicios sexuales había jefes y residentes de obra. Sin embargo, el que con mayor frecuencia hacía estos contratos era el residente de obra Marco Antonio Loya Izaguirre, a quien retornaba parte de los recursos pagados por la paraestatal.

Circe Viridiana Palma Martínez reveló la forma en la que se operaba dicha situación dentro de la Residencia de Obra de Mérida Yucatán.

Para entender más de esta investigación: Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista Alfredo Griz por revelar contratos ficticios de la CFE

 

Explicó, por ejemplo, que hubo un evento en otro estado de la república y que se contrató el servicio de cuatro edecanes durante siete días. Dicho servicio costó al erario la cantidad de 145 mil pesos, (unos 7 mil 635 dólares), en un escenario aparentemente inocente y legal. Cada supuesta edecán recibió la cantidad de 36 mil pesos por siete días de trabajo, es decir, 5 mil pesos diarios, por cada una de las mujeres que fungieron supuestamente como edecanes del 3 de diciembre al 9 de diciembre del 2011.

En esa ocasión, se trató de una convención en el estado de Guerrero, pero dichos contratos fueron otorgados a una empresa con la denominación de WW Promocionales y Publicidad, S.A de C.V, con domicilio Medellín 298, Int. 301, Col Roma Sur CP. 067600, Del. Cuauhtémoc. CDMX, México.

La empresa, radicada en la capital del país, lleva “edecanes” a cualquier parte de la república a los residentes de obra de la Comisión Federal de Electricidad. Se desconoce la forma de operar o de trasladar a las supuestas edecanes de un sitio a otro, y quién se hace responsable de los recursos para sus traslados o si son originarias del lugar donde se les requiere.

Esta empresa es una de las más frecuentadas del residente de obra Marco Antonio Loya Izaguirre, en los años 2011, 2012 y 2016, a la que pagó 746 mil pesos tan solo en la residencia de Mérida, Yucatán. En los servicios de edecanes, incluyen contratos para compras de bocinas, hieleras, kit anti estrés, incluso set de sacacorchos.

No te pierdas: Funcionario de CFE, desde el gobierno de Calderón, con comisiones millonarias en compras como residente en Yucatán

Cabe mencionar que todos los contratos han sido otorgados por adjudicación directa, bajo el peculio y la decisión del residente de obra, lo cual, de acuerdo con el testimonio de Circe Viridiana Palma, había dinero que retornaba a las manos del ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre, sin poder precisar la forma o a qué cuentas o qué personas lo retornaban, pero asegurando que la realidad es que parte del dinero se quedaba con el funcionario público en cuestión.

En este lapso de tiempo, hubo 10 contratos que se adjudicaron a esta misma empresa de edecanes, con el énfasis dice Circe Palma Martínez de que éstos eran los contratos legales o que se hacían de forma visible, porque nuestra otra fuente, a quien por motivos de seguridad la nombramos Casandra, nos mencionó que las correrías sexuales del residente de obra y su subordinada eran frecuentes, y más o menos del mismo costo.

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Los contratos donde consta que pagaron a la empresa de edecanes a las cuales se les daba 6 mil pesos a cada una, según la versión dada por la misma auxiliar de contratos de la CFE Yucatán, tienen números de código interno de dichas adjudicaciones o contratos de ese periodo son: 700313917 por la cantidad de 40 mil pesos, 78889 por 145 mil pesos, 23667 por 142 mil pesos, 1135401 por 93 mil pesos, 1280486 por 80 mil pesos, 109917 por 72 mil pesos, 1262521 por 62,745 pesos, 122653 por 51,700 pesos, estos son sólo algunos de los contratos otorgados a dicha empresa.

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Cabe precisar que la citada empresa WW Promocionales y Publicidad, S.A de C.V, ahora aparece como CREA Life Coaching (WW Promocionales y Publicidad SA de CV) dedicándose a dar talleres de relaciones humanas, los cuales están a cargo de Jéssica Barrientos Chincoya, Wendy Barrientos Chincoya y Miguel Ángel Mora Ruiz, quienes antes de ser sociedad anónima daban servicio a la Comisión Federal de Electricidad como personas físicas, como consta en Código interno de la adjudicación 800425980 por un monto de 137 mil pesos, de acuerdo con la versión de Circe Viridiana Palma Martínez y copia del contrato.

Sugerencia: Residencia de obra de la CFE Yucatán, centro de prostitución a cargo del erario

Los dueños de la empresa iniciaron como personas físicas dando el servicio de edecanes en el año 2007, justo un año después de Circe Palma Martínez iniciara también a laborar en la paraestatal como auxiliar de contratos. Posteriormente, se convierten en Sociedad Anónima y terminan dando servicios de Coaching, pagados con la partida presupuestal de la paraestatal durante más de 12 años bajo la coordinación del residente de obra Marco Antonio Loya Izaguirre.

 

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