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Mexico Violento

Gobierno de Guerrero retiene toneladas de despensas para damnificados

Denuncias ciudadanas en Chilpancingo revelaron un almacén con toneladas de despensas entre ratas, mientras la Montaña Guerrero enfrenta crisis alimentaria

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Toneladas de despensas entre las ratas,mientras Guerrero sigue hambriento. Foto: Flor Miranda

*** Damnificados, líderes de la APPG y reporteros irrumpen al almacén que ya estaba siendo desinstalado por trabajadores del DIF

*** En la Montaña, Sierra y Tierra Caliente, damnificados hambrientos y desamparados

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- Mientras miles de damnificados en La Montaña, Tierra Caliente, Costa Grande y Región Centro del Estado siguen pidiendo ayuda al menos para comer, en uno de los almacenes del DIF estatal permanecen guardadas cientos de toneladas de ayuda en especie enviada desde otros estados, universidades, agrupaciones cristianas e incluso personajes famosos y partidos políticos.

Esto pudo ser corroborado por reporteros de Chilpancingo, a quienes el gobierno estatal les envió policías como respuesta a su labor de informar, en tanto, aunque no se dijo oficialmente, se supo que la Procuraduría del Estado abrió averiguación previa en contra de Nicolás Chávez Adame, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) que acompañó a los periodistas y algunos damnificados a corroborar el hallazgo.

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Desorden y suciedad entre las despensas retenidas por el gobierno. Foto: Flor Miranda

Entre las ratas…

El lugar habilitado como almacén se ubica en la colonia Jardines del Sur justamente a espaldas del almacén estatal. Ahí eran antes las oficinas de esta dependencia estatal. Adentro, quien camina lo hace entre un mar de artículos desde ropa, agua, papel higiénico, pero principalmente alimentos en varios de los casos, ya descompuestos.

Al menos 100 trabajadores de la dependencia trabajaban a marcha forzada este miércoles para empaquetar los artículos y formar despensas que desde tempranas horas eran subidas a varios tráiler.

Sin embargo, desde el pasado martes se supo -gracias a denuncias ciudadanas- que ese sitio estaba repleto de despensas que tendrían que haberse entregado a los miles de damnificados en Guerrero tras las tormentas que devastaron la entidad los días 14, 15 y 16 de Septiembre.

Precisamente por eso, varios trabajadores del DIF fueron enviados a empaquetar las despensas, pues según algunos vecinos, antes de que se sacara a la luz pública la información, nadie trabajaba con esos artículos.

Cientos de despensas ya habían sido empaquetadas pero aún la gran mayoría estaba sobre el suelo, a la intemperie y entre las ratas.

En el lugar hay comida enlatada, granos como arroz, frijol, garbanzo, lenteja, haba, entre otros, así como leche (en su mayoría ya caduca), jugos, agua embotellada, ropa para adultos pero más para niños, cobertores, cobijas, juguetes. También se observaron latas de leche infantil y para bebés, pañales y muchas otras cosas más que hoy necesita la gente de las regiones más pobres y más devastadas en la entidad.

Tan solo la región de la Montaña sufre una crisis alimentaria severa, situación que los motivó a pedirle al Estado su ayuda para abastecer a las familias damnificadas de arroz, maíz y frijol, durante un año y así poder subsistir.

A ellos ningún funcionario estatal ni el propio gobernador que los recibió personalmente, les informaron que había despensas guardadas de las que podían disponer para no morir de hambre.

En la región de la Tierra Caliente cientos de familias siguen desamparadas y en la reciente visita que hizo Laura del Rocío Herrera de Aguirre a esa región, tampoco les informó a los damnificados que había despensas a su disposición, menos se tomó la molestia de trasladar algunas de las almacenadas a esa región.

En estas dos regiones y en la Sierra, los campesinos perdieron sus cosechas, los niños están desnutridos y el trabajo se fue a la baja. La situación en todo el estado es difícil, pero de acuerdo a reportes ciudadanos y de los periódicos y periodistas locales, en estas tres regiones se concentra el mayor problema.

La pobreza y marginación se vino a agravar en septiembre del 2013 cuando tocaron estas tierras diversas tormentas y huracanes. La afectación fue impactante en las regiones mencionadas y en todo momento se quejaron de la falta de apoyo.

Sin embargo, también en Chilpancingo y Acapulco los damnificados han sido humillados hasta llegar al punto de que bajo el argumento de que ya no se les podía otorgar de comer, los albergues han ido cerrando uno a uno.

En el almacén que trabajadores de la dependencia trataron de cubrir con lonas, es posible apreciar una cantidad impresionante de apoyo que la ciudadanía donó y el gobierno no entregó. Ahí las ratas son las afortunadas pues poco a poco han ido comiendo lo que iría dirigido a los damnificados.

Se pudo observar incluso una silla de ruedas para damnificados, artículos de limpieza y de aseo personal. En varios de los paquetes, los donantes ilusionados por poder ayudar a una familia, escribieron mensajes de aliento como: “Dios te ama”, pero nadie los leyó.

Había otros mensajes o frases dedicadas a los damnificados que no pudieron ver, pero también hubo quien con el temor de que sus despensas donadas no fueran entregadas, plasmaron: “esta es una despensa donada, no se vende”.

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«No se vende es donación», dice la caja de sopas Maruchan entre lo retenido por el gobierno de Guerrero. Foto: Flor Miranda

La irrupción ¿Un delito?…

Por la mañana diversos reporteros se dieron cita en el almacén para captar imágenes pero se encontraron con el portón cerrado con un grueso candado. Aún así se observaban muchas de las despensas y la carga de tráiler, por lo que cuando los comunicadores grababan video y tomaban fotografías, los trabajadores del DIF taparon con lonas para obstruir el trabajo.

Sin embargo, cerca del mediodía llegaron unos 20 damnificados acompañados por dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) quienes visiblemente molestos por el insulto que les estaban haciendo, empujaron el portón de reja tratando de derribarlo.

El intento no tuvo éxito debido a las grandes cadenas y candados que se habían colocado, sin embargo, con una retroexcavadora algunas personas tiraron el portón.

Entonces tuvieron acceso los damnificados, líderes sociales y reporteros que empezaron a fotografiar todo lo que tenían a la vista.

Se observaba un indeterminado número de despensas, ropa, juguetes y hasta sillas de ruedas, entre muchas otras cosas. Eran cientos de toneladas de víveres y se puede destacar que entre otros donantes además de sociedad civil, había cosas enviadas por el corredor de autos Checo Pérez, por universidades y los gobiernos del Estado de México y Jalisco, empresas privadas e incluso del PRI municipal de Chilpancingo.

Algunos de los trabajadores, molestos por que habían sido descubiertos se enfocaron a fotografiar el rostro de los reporteros que hacían su labor, aunque la gran mayoría parecía entender el abuso del que estaban siendo partícipes y se limitaron a seguir trabajando aclarando que solo tenían órdenes de empaquetar todo.

Ellos mismos afirmaron que hoy fueron enviados con instrucciones de trabajar a marcha forzada, esto, a raíz de que desde el pasado martes se había descubierto el almacén.

Enseguida arribaron al menos 60 policías del Estado que sin agresiones pero con visibles intenciones de intimidar a los comunicadores, ingresaron y se colocaron de forma estratégica cercando el perímetro del lugar. Nadie hizo nada y parecía que solo esperaban alguna orden.

Ninguno de los gendarmes llevaba traje antimotín, solo sus toletes en mano. Quien iba al mando hablaba por teléfono constantemente, motivo por el cual, para evitar confrontaciones, los reporteros decidieron retirarse al igual que los damnificados y líderes sociales.

Tres periodistas llegaron más tardes pero los uniformados ya no les permitieron el paso.

Ayer mismo se tuvo conocimiento de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió una averiguación previa por los delitos de allanamiento de morada, vandalismo, daños a propiedad ajena y lesiones a los trabajadores del DIF, en contra del dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame.

Sin embargo cabe aclarar que en ningún momento hubo siquiera indicios de alguna confrontación con los trabajadores que incluso continuaron trabajando pese a la presencia de la prensa.

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La versión oficial es que estaban «revisando» las despensas que estuvieran en buenas condiciones. Foto: Flor Miranda

La excusa oficial…

El gobierno del Estado convocó a la prensa ayer mismo a las 15:30 horas para ofrecerles una conferencia en torno a este caso, sin embargo misteriosamente fue cancelada de último momento.

Minutos después se distribuyó a los medios de comunicación un comunicado en el que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) afirmaba que en ningún momento se estaban almacenando con fines oscuros las despensas.

Más bien explicó que esas despensas estén en proceso de revisión y empaquetamiento para enviar lo que realmente sirve a los damnificados dependiendo de la región. Es decir, que los víveres serían entregados a los damnificados luego de revisar que estuvieran en buenas condiciones.

Sin embargo, cabe mencionar que entre los alimentos encontrados se corroboró que muchos estaban caducados, a pesar de que el DIF negó que se estuvieran echando a perder. Incluso por la mañana, Ángeles Navarro, directora del DIF-Guerrero negó que existiera este almacén en una entrevista radiofónica y se atrevió a decir que algunas fotografías que ya circulaban en la red, eran fotografías “tomadas con anterioridad”, es decir, se habría tratado de un montaje.

Pero este miércoles los reporteros fueron testigos y captaron en imágenes y video la arbitrariedad que se está cometiendo con tanta indolencia gubernamental. Hace un par de semanas fue cesado de su cargo el subsecretario de Protección Civil del Estado, Constantino González Vargas, luego de que se detectaron decenas de despensas almacenadas que no fueron llevadas en tiempo y forma a las familias necesitadas, pero ahora que pasa con el DIF una situación aún más critica por las enormes cantidades detectadas, se está tratando de excusar el hecho.

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Parte de las despensas estaban ya caducadas. Foto: Flor Miranda

 

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información falsa que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en los detalles.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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