Gobierno de Guerrero privilegia mineras y acosa indígenas: Ávila Báez

José Luis Ávila, esposo de Nestora Salgado, en Los Ángeles. Foto: detalle de video
José Luis Ávila, esposo de Nestora Salgado, en Los Ángeles. Foto: detalle de video

Por Fernando Velázquez

LOS ÁNGELES, California.- “Lo que llevó a Nestora Salgado a la cárcel fueron sus denuncias contra el gobierno estatal y municipal de colaborar con el crimen organizado”, señaló en su visita a Los Ángeles, José Luis Ávila Báez, esposo de la líder comunitaria de Olinalá Guerrero, presa política desde el 21 de agosto de 2013.

Otra de las causas señaladas por Ávila Báez es la oposición de las comunidades indígenas a las trasnacionales, específicamente  las mineras, que “se dedican a destruir pueblos y envenenar gente con sus químicos, mientras extraen las riquezas del Estado”.

Explicó el activista por la liberación de su esposa que las mineras están urgidas por entrar al estado de Guerrero, “porque está a punto de convertirse en uno de los principales estados productores de oro y plata”. Y agregó que el gobierno del Estado, dirigido por Ángel Aguirre Rivero, ha otorgado más de 200 concesiones en su mandato para que las trasnacionales exploren las minas, mientras que la oposición de los líderes comunitarios a esta decisión gubernamental es lo que los mantiene presos en cárceles de alta seguridad.

Terror en las comunidades: táctica del gobierno

José Luis Ávila, en su análisis sobre la violencia en Guerrero, comentó que se trata de una “táctica del gobierno para intimidar a las comunidades indígenas”. Especificó que cientos de pueblos han sido abandonados por sus pobladores, y que eso no lo difunde la prensa tradicional. Abundó que es la manera en que dejan libre el paso a las trasnacionales para evitar movimientos opositores en las regiones de exploración minera.

“El ejército, de la mano con el crimen organizado, se ha dedicado a intimidar a los pueblos, de tal manera que los ha obligado a abandonar sus comunidades, para dejar el paso libre a las trasnacionales”, dijo. “Hay mucha gente en refugios temporales, y ahí los tienen amontonados, hasta que la gente se enfada y se va a buscar su propio camino, a buscar otro lugar para vivir”.

Respecto a la defensa de Nestora Salgado, Ávila comentó que ha denunciado sistemáticamente cómo el gobierno del Estado tiene metidas las manos en el proceso judicial, y cómo los jueces estatales han ignorado la resolución del Poder Judicial federal, dada el pasado 31 de marzo de 2014, en el que se precisaba que Nestora Salgado no cometía delito alguno debido a que estaba trabajando bajo el aval de la Ley 701 que faculta el sistema normativo de los pueblos indígenas.

No obstante, señaló el activista que los jueces locales no sólo han ignorado este sistema normativo indígena, sino también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los Pueblos Originarios, y también han ignorado amparos judiciales de los demás policías comunitarios que se encuentran presos en penales federales fuera de Guerrero. “Desgraciadamente, así funcionan las cosas en México”, lamentó Ávila Báez.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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