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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero cancela pensión para ancianos y discapacitados

El gobernador de Guerrero, México, Ángel Aguirre, da un golpe duro a los adultos mayores cancelando sus pensiones de sobrevivencia.

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Foto: animalpolitico.com

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Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Gro.- Adultos de la tercera edad lamentaron la desaparición del programa “Pensión Guerrero”, pues indicaron que muchos de ellos se mantienen de ese recurso, ante la desatención de sus familiares y las pocas oportunidades con las que cuentan para realizar alguna actividad en donde puedan recibir un salario, por ser discriminados por su avanzada edad.

Lo anterior, luego de que el gobierno del estado de Guerrero anunció la desaparición del programa social “Pensión Guerrero”, el cual tenía la finalidad de apoyar económicamente a personas adultas mayores de 65 años cada dos meses. Lo cual fue informado por la secretaria de Desarrollo Social del Estado, Beatriz Mojica Morga.

El último pago para los adultos mayores será el correspondiente al bimestre marzo-abril; al respecto, adultos mayores de la entidad indicaron que es lamentable que ahora el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero, este dando un “golpe” a uno de los sectores más vulnerables en Guerrero.

En entrevistas por separado realizadas en las regiones de Tierra Caliente, Costa Chica, Norte y Centro, los adultos mayores exigieron al mandatario que no desaparezca dicho programa, pues indicaron que de ser así cientos de ellos quedarían en completa desatención, sin recibir siquiera el recurso para “ir comiendo”.

Por su parte, don Jacinto Mayo, originario del municipio de Tecoanapa, perteneciente a la región Costa Chica, indicó que es un “atropello” lo que pretende el mandatario e indicó que si él no recibiera el apoyo que otorga Sedesol estatal entonces no tendría ni para comer, “nos vamos a morir de hambre”, reprochó.

Narró que el apoyo que ya les otorgaban era insuficiente, sin embargo, dijo que “aunque sea les servía para ir medio comiendo”, pero ahora criticó que les sea retirada la ayuda “que tanta falta hace”.

Don Jacinto tiene 78 años de edad y aunque él quiere continuar trabajando, no le es posible, pues hace algunos años le amputaron ambas piernas, por lo que la mayor parte del tiempo se la pasa acostado en su cama, porque la silla de ruedas que tiene ya no le sirven las llantas a causa del deterioro del uso.

“Yo estoy aquí acostado, voy comiendo de lo que pasan vendiendo en la calle, o a veces mis amigos me traen un taco, ahora no se como le voy a hacer, porque el dinero de la pensión que me daban, lo ocupaba para comer, ahora ni para un taco me va a alcanzar”, relató el hombre de edad avanzada.

Indicó que él posiblemente no pueda inscribirse a otro programa, pues le va a hacer prácticamente “imposible” el investigar y llevar sus papeles, por su avanzada edad y su incapacidad para caminar.

Mientras que en Tierra Caliente el señor Epifanio Salgado indicó que es un “golpe duro” el que van a recibir los ancianos, pues indicó que la mayor parte no trabajan por la falta de oportunidades o su avanzada dad, por lo que señaló; “ahora si que va a ser de nosotros”.

Dijo que él ya recibía el apoyo de Pensión Guerrero desde hace poco más d un año, pero que ahora quedo en completo desamparo si el gobierno lo desaparece; “no puedo cree que Aguirre Rivero haga eso con nosotros, somos vulnerables y adema lo apoyamos en campaña, muchos andan marchando y protestando porque no les parece su gobierno, uno no sabia, pero ahora nos damos cuenta de su incapacidad para estar frente al estado”.

Otro de los afectados, por la decisión del gobierno estatal es el señor Isidro Lugo quien vive en una humilde casa de cartón en Iguala, “ustedes están viendo la pobreza en la que vivo, yo vivo solo con mi esposa, vamos comiendo tortillitas con salsita, los frijoles ya son muy caros, con el apoyo nos alcanzaba para hacer salsita, pero ahora como la vamos a pasar, nos están dejando sin comer”.

“Parece que ese Aguirre quiere que nos muramos de hambre, nosotros tempranito nos tomamos un té y al medio día comemos algo de tortillitas, ahora yo creo que no vamos a sobrevivir”, dijo el angustiado hombre de 80 años.

“¿Por qué no reducen los sueldos a diputados?”

En Chilpancingo, a pesar de ser la capital del estado el panorama de muchos adultos mayores es muy parecido, pues muchos de ellos se mantienen únicamente con el apoyo otorgado por el gobierno estatal, tal es el caso de Narciso Martínez, quien lamentó la cancelación de este apoyo.

“Dicen que son los representantes del pueblo, pero son una vergüenza, el PRD, que es el partido que gobierna, pero igual es el PRI y los demás, el apoyo es poco pero siquiera servía para comer. ¿Por qué no se reducen ellos los sueldos, esos funcionarios o diputados, si ellos se redujeran los sueldo, como lo están pidiendo a los maestros, bien podría continuar el apoyo para los adultos mayores”, expresó Narciso de 75 años de edad.

El último pago otorgado por ‘Pensión Guerrero’ fue en el mes de Marzo-Abril. Sin embargo, la mayor parte de beneficiarios no han sido informados que el gobierno del estado ya desapareció el programa. El apoyo era bimensual de 800 pesos (68 dlls.) para Adultos Mayores de 65 años o más, que no cuenten con ningún apoyo de este tipo por parte de los diferentes institutos de seguridad social, la Federación, el Estado, Municipios, Sector Privado o el Gobierno de otros países.

Este apoyo, según el gobierno, era “como un acto de justicia social a favor de los Adultos Mayores que viven en pobreza”. Sin embargo, ahora, Ángel Aguirre mandó cancelarlo, según información otorgada a los medios de comunicación por Mojica Morga.

En su momento, la funcionaria señaló que el padrón de beneficiarios del programa será absorbido por un nuevo programa que impulsa el gobierno federal, sin embargo deben realizar una serie de trámites para que puedan gozar del apoyo económico, pues forzosamente deberán solicitar su incorporación ante la delegación en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de lo contrario no serán incluidos en el pago.

Cabe mencionar que por las condiciones de los adultos mayores, ya sea por su edad o alguna discapacidad, muchos no podrán realizar los trámites, como es el caso de nuestros entrevistado.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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