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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Gobernador de Quintana Roo, escándalos y familia polémica

El gobernador Roberto Borge causa escándalos en bares y extorsiona a periodistas que lo critican. Un “comportamiento similar” al de su tío Kamel Nacif Borge, denunciado de pederasta por la periodista Lydia Cacho.

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Por José Martínez *

Foto: Fundalex

MÉXICO, DF.- La escena es por demás elocuente en plena madrugada. Apenas comienza el verano y ya se siente el sopor. Son las 2:00 de la mañana y en Puerto Vallarta el bullicio en los antros es parte de la escenografía y de la ambientación. El aspecto de este bar –si se le puede llamar así– es sórdido.

En la oscuridad del lugar todos se confunden, aún cuando se trata de un sitio exclusivo. Tannice que ahí algunos de los principales capos se dan cita y han armado cruentos escándalos con su respectivo saldo rojo. Pero el show de ahora es protagonizado por un singular personaje quien, a como dé lugar, quiere entrar. Anda en busca de emociones fuertes, simplemente anda enfiestado y quiere seguir la parranda. Los cadeneros y los encargados de la seguridad del lugar, les dicen que “sí”, que un “momentito”, que el capitán les va a conseguir una buena mesa, que ya “merito”.

Los visitantes se desesperan y tratan de irrumpir en el lugar, pero son rechazados. Se hacen de palabras, en el altercado alguien vocifera: “no saben con quién se están metiendo”. El señor –dice uno de sus guaruras– es el gobernador de Quintana Roo. ¡Zas! Pues aquí se “respeta” seas quien seas y nadie puede entrar armado. Así que por favor, se me largan de aquí. Finalmente entran y hablan el dinero y las influencias.

 En plena trifulca, la periodista Carolina Gómez Aguiñaga toma nota y capta las imágenes que ella misma se encarga de difundir en las redes sociales y donde aparece el gobernador, Roberto Borge junto con su secretario particular Fabián Vallado como protagonistas de este escándalo. No habían transcurrido ni los primeros cien días desde que tomó posesión de su cargo y el gobernador Roberto Borge ya era toda una celebridad por sus escándalos.

 Así es su tío, Kamel Nacif Borge, el mismo de las “botellitas de coñac” y su compinche el “gober precioso”. En Puebla, Kamel Nacif irrumpía en los antros hasta que estalló el escándalo de la periodista Lydia Cacho y lo hizo uno de los personajes más aborrecibles y repudiables en la política mexicana. Así pasa ahora con su sobrino, el gobernador Roberto Borge quien tiene la misma escuela del empresario señalado de pederasta y uno de los más odiados de México. Ahora donde Kamel Nacif y el “gober precioso” donde ponen un pie, no tienen cabida, son simplemente indeseables.

De “respetable” a “seudoperiodista”, campañas gubernamentales a los que critican

Hace unos días cuando en la principal universidad de Michoacán terminaba de dictar una conferencia con mi amigo, el doctor Ernesto Villanueva, una de las máximas autoridades en derecho a la información y transparencia, recibí una petición a través de un amigo empresario, en la que me decía que uno de los principales colaboradores del gobernador Borge, Alejandro Máiz –hijo de un acaudalado empresario regiomontano enriquecido en el salinismo– me buscó, que el gobernador me pedía que por favor quería parar la bronca, “que lo que usted quisiera”, pero que ya no publicara más críticas, que “comprendiera” que está joven y “está aprendiendo”, que el gobernador es una “gente de decente”, que “quiere ser su amigo”… y bla bla bla.

Como no acepté sus sobornos, entonces del “respetable periodista” que era pasé a la calidad de “seudoperiodista”, de “escritor venido a menos” y, aún peor, comenzó el asedio y a pinchar mi teléfono para escuchar mis conversaciones. Nada más burdo y estúpido.

Entonces el gobernador Roberto Borge recurrió a sus testaferros, a sus “sicarios periodísticos” para denostarme. También entró en acción su director de comunicación Rangel Rosado, para orquestar una campaña para atacar con los más variados vituperios a mis colegas de la revista Luces del Siglo que se publica en Cancún.

El gobernador se ha dado a la tarea de contratar sicarios periodistas. Localizarlos en México es fácil. Su patrón de comportamiento ofrece pocas variantes porque se ciñe a ordenamientos rígidos con origen en las tinieblas del poder político y económico. Los sicarios periodistas como los caporegime de El Padrino –de Mario Puzo- reciben la orden y ejecutan: acribillan honor, reputación, trayectoria, vida privada y honestidad. Carecen de conciencia y ética periodística.

“Los cínicos no sirven para este oficio” 

Los colegas periodistas y lectores de todo el país deben saber que al servicio del gobernador Roberto Borge se encuentran los hermanos Alberto y Heriberto Millar López del Diario Respuesta, vinculados a los Zetas, como recientemente lo denunció el periódico Por Esto! de Quintana Roo.

Por otro lado, incluso hay constancia pública de cómo el vocero del gobernador, Rangel Rosado, organizó una conferencia de prensa al sobrino de Amado Carrillo Fuentes, Luis Carlos Carrillo Cano, quien se ostentaba como “empresario” y recientemente fue ejecutado en Cancún.

Los nombres de los gemelos Millar López también salieron a relucir luego de la detención David Trujillo Zamudio, el pasado 6 de diciembre, declarado integrante de los Zetas, a quien entre sus pertenencias se encontró una ficha delictiva de los hermanos, identificados como “traficantes de cubanos”, “extorsionadores”, “secuestradores”, “violadores” y “estafadores”. La información fue difundida a través de un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Como se sabe es pública la amistad del gobernador Borge y los Millar López. “Tan estrecha que fuimos de los pocos invitados a su despedida de soltero”, fanfarronea Alberto Millar en sus borracheras. Publicidad, concesiones, negocios poco transparentes, sellan el pacto de esta amistad.

Los negocios de la familia Carrillo Cano

El operador directo de estas campañas es el director de la Unidad del Vocero, Rangel Rosado Ruiz, el brazo ejecutor del gobernador Borge, quien organizó una conferencia de prensa para defender a Luis Carlos Carrillo Cano, empresario al que de manera irregular el ex gobernador Félix González Canto le asignó la obra de ampliación de la Cárcel de Benito Juárez, en Cancún, y ya en el camino surgió su parentesco con el desaparecido Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Luis Carlos es hermano de Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, quienes desde 2001 fueron identificados por la Procuraduría General de la República (PGR) como sobrinos de Vicente y Amado Carrillo Fuentes, y se les investigaba por introducir drogas a los Estados Unidos. En 2008, Alfredo Carrillo fue ejecutado en un enfrentamiento con la DEA en El Paso, Texas, cuando intentaban capturarlo, según los propios informes de la PGR.

La licitación para la ampliación de la cárcel fue concedida a Carrillo Cano luego de un proceso en el que se favoreció a la empresa Safie de Quintana Roo (CEE-OP-060/09), a pesar de que no participó en el concurso. El acto se formalizó oficialmente el 11 de agosto de 2009, entre el gobierno de Félix González y el administrador único de la empresa, Luis Carlos Carrillo Cano.

Y cuando la prensa nacional reveló el verdadero parentesco del constructor, la Unidad del Vocero salió a su defensa. “Nosotros tenemos conocimiento de que se trata de un empresario honesto del estado”, justificó el propio Rangel Rosado antes de organizar la conferencia de prensa.

Esa ocasión, Carrillo Cano argumentó: “Quiero dejarles en claro a todos ustedes, afirmarles, que no tengo ningún parentesco ni ninguna relación con Amado Carrillo, con Vicente Carrillo Fuentes, con los Beltrán Leyva. No los conozco. No los he visto en mi vida. No sé si sea un pecado que, aquí en México, se apellide uno Carrillo. Es mi único pecado que tengo yo”, respondió.

Sin embargo más tarde reconoció ser hermano de Ricardo y Alfredo, pero aseguró “no verlos hacía mucho tiempo”. Apenas hace unas cuentas semanas, el pasado mes de octubre, el “empresario” Luis Carlos Carrillo Cano fue ejecutado con siete balazos en una de las avenidas principales de Cancún y las autoridades ministeriales atribuyeron el hecho a vendettas entre los cárteles de la droga.

* José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) . Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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