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Mexico Violento

Gobernador de Chihuahua amenaza con cárcel a 21 periodistas críticos

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, amenaza con cárcel a 21 periodistas críticos con su administración y algunos reciben amenazas de muerte

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Camioneta del periodista Osbaldo Salvador, que poncharon y después fue amenazado de muerte. Foto: laopcion.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CHIHUAHUA, Chihuahua.- Ante la amenaza de cárcel por parte del gobernador de Chihuahua a 21 periodistas críticos de la administración, y los asesinatos sin resolver de Miroslava Breach y Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, el director de La Opción de Chihuahua, Manuel Osbaldo Salvador Ang, envió una carta pública a la organización de derechos humanos de periodistas Artículo 19 y al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Mathew Sanders, de la cual es miembro activo. 

Osbaldo Salvador fue amenazado el martes 26 de septiembre afuera de un edificio público. Al salir de la oficina, se encontró con su camioneta pick up ponchada. Y mientras veía cómo resolver la situación, pasó un pickup negro, y el conductor le apuntó con la mano haciendo la señal de jalar el gatillo. 

“Así le hicieron a Enrique Perea, otro periodista que fue asesinado aquí en Chihuahua. Lo amenazaron y a los días lo mataron”, comentó Salvador Ang. 

El director de La Opción ha publicado con regularidad la situación de violencia que vive el estado de Chihuahua, y alude en su carta pública dos mil homicidios en tan sólo 12 meses de gobierno. Por otra parte, también señala el trato privilegiado en publicidad y respeto a la integridad de representantes de medios corporativos como Televisa y TVAzteca, mientras que esta lista de 21 periodistas propietarios de medios locales son acosados e intimidados por el gobernador.

Le encajaron un clavo a la llanta a la salida de un edificio público. Foto: laopcion.com.mx

Carta pública a titular de la SIP:

Los periodistas de Chihuahua laboramos hoy entre dos fuegos: el del poder público y el de los poderes fácticos de la delincuencia.

Vivimos amenazados por estas dos fuerzas. Ha cambiado la legendaria estratagema del plata o plomo. Ahora es plomo o cárcel, realidad que es visible a todas luces en nuestro estado.

Apreciable Sr Matthew Sanders,

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa:

Le invitamos a que venga a Chihuahua y constate el entorno en el que debemos hacer periodismo en la actualidad, en un escenario donde no existen garantías y quién está obligado a otorgarlas se encarga de destruirlas.

En el año cumplido del nuevo gobierno, que encabeza Javier Corral Jurado, nos han matado a dos periodistas: Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, crímenes impunes cuyos verdaderos móviles permanecen en la oscuridad.

Por si esto fuera poco, en ese contexto de violencia que ronda los dos mil homicidios en apenas doce meses, se asoma la sombra de la cárcel para los periodistas que hemos ejercido la crítica contra el nuevo gobierno.

Es una persecución política, selectiva, discriminatoria y absurda, que pretende convertir en un delito penal la firma de contratos de 21 medios locales con la anterior administración estatal, ocultando y dejando a salvo a los que verdaderamente fueron beneficiados con recursos públicos en exceso.

En un estado como el nuestro no hay contrapesos contra el ejercicio del poder público, pues los otros poderes, como el legislativo y el Judicial, han sido sometidos por el titular del poder ejecutivo en el estado, en el mismo tenor que hoy hace con los medios: bajo amenaza de cárcel o destitución.

Acaso los medios, el periodismo, el poder de hacer pública la información, pueda equilibrar un tanto este escenario de abusos y excesos, pero, en este caso, es, precisamente, el embate contra la libertad de expresión y el periodismo crítico.

Porque, debemos subrayar, no se trata de tipificar penalmente la firma de un contrato como delito penal, sino de usar el poder en el ejercicio de la acción penal para intimidar y controlar a los medios con actos de terrorismo político.

Se trata de reducir a los medios; de intimidarlos, para aplicar en unos acciones ejemplares hacia los otros y, evitar, finalmente, que el gobierno del estado sea sujeto de la crítica periodística y del escrutinio público, a través de la política del garrote y del encarcelamiento.

Le invitamos, Sr Matthew Sanders, a que regrese a Chihuahua, pero no a sentarse en la comodidad de una mesa, en una comida de tipo social y de relaciones públicas, sino a indagar la veracidad o no de los hechos aquí planteados.

La Opción de Chihuahua es miembro activo, aunque reciente, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y comulga con los objetivos finales de la organización, para defender el derecho de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

No nos oponemos a que se investigue la posibilidad de que exista cualquier acto irregular o, incluso ilegal, en el tema expuesto, pero, al estar motivado y vinculado, por una extraña mediofobia y aversión, al ejercicio de la libertad de expresión, consideramos que debe haber observadores externos para analizar con objetividad cualquier situación que se presente.

Si a esto sumamos el carnaval de las amenazas en que nos desenvolvemos, consecuencia, creemos, de una política pública hostil y reiterativa de atacar a los medios, de difamarlos, de hacer escarnio público con éstos, desde el púlpito del poder, es como se conforma este escenario del plomo o cárcel.

Saludos cordiales y quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Lic. Manuel Osbaldo Salvador Ang

Director de La Opción de Chihuahua

email: osbaldosalva@hotmail.com

 

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

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Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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