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Mexico Violento

Gobernador de Chihuahua amenaza con cárcel a 21 periodistas críticos

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, amenaza con cárcel a 21 periodistas críticos con su administración y algunos reciben amenazas de muerte

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Camioneta del periodista Osbaldo Salvador, que poncharon y después fue amenazado de muerte. Foto: laopcion.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CHIHUAHUA, Chihuahua.- Ante la amenaza de cárcel por parte del gobernador de Chihuahua a 21 periodistas críticos de la administración, y los asesinatos sin resolver de Miroslava Breach y Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, el director de La Opción de Chihuahua, Manuel Osbaldo Salvador Ang, envió una carta pública a la organización de derechos humanos de periodistas Artículo 19 y al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Mathew Sanders, de la cual es miembro activo. 

Osbaldo Salvador fue amenazado el martes 26 de septiembre afuera de un edificio público. Al salir de la oficina, se encontró con su camioneta pick up ponchada. Y mientras veía cómo resolver la situación, pasó un pickup negro, y el conductor le apuntó con la mano haciendo la señal de jalar el gatillo. 

“Así le hicieron a Enrique Perea, otro periodista que fue asesinado aquí en Chihuahua. Lo amenazaron y a los días lo mataron”, comentó Salvador Ang. 

El director de La Opción ha publicado con regularidad la situación de violencia que vive el estado de Chihuahua, y alude en su carta pública dos mil homicidios en tan sólo 12 meses de gobierno. Por otra parte, también señala el trato privilegiado en publicidad y respeto a la integridad de representantes de medios corporativos como Televisa y TVAzteca, mientras que esta lista de 21 periodistas propietarios de medios locales son acosados e intimidados por el gobernador.

Le encajaron un clavo a la llanta a la salida de un edificio público. Foto: laopcion.com.mx

Carta pública a titular de la SIP:

Los periodistas de Chihuahua laboramos hoy entre dos fuegos: el del poder público y el de los poderes fácticos de la delincuencia.

Vivimos amenazados por estas dos fuerzas. Ha cambiado la legendaria estratagema del plata o plomo. Ahora es plomo o cárcel, realidad que es visible a todas luces en nuestro estado.

Apreciable Sr Matthew Sanders,

Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa:

Le invitamos a que venga a Chihuahua y constate el entorno en el que debemos hacer periodismo en la actualidad, en un escenario donde no existen garantías y quién está obligado a otorgarlas se encarga de destruirlas.

En el año cumplido del nuevo gobierno, que encabeza Javier Corral Jurado, nos han matado a dos periodistas: Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, crímenes impunes cuyos verdaderos móviles permanecen en la oscuridad.

Por si esto fuera poco, en ese contexto de violencia que ronda los dos mil homicidios en apenas doce meses, se asoma la sombra de la cárcel para los periodistas que hemos ejercido la crítica contra el nuevo gobierno.

Es una persecución política, selectiva, discriminatoria y absurda, que pretende convertir en un delito penal la firma de contratos de 21 medios locales con la anterior administración estatal, ocultando y dejando a salvo a los que verdaderamente fueron beneficiados con recursos públicos en exceso.

En un estado como el nuestro no hay contrapesos contra el ejercicio del poder público, pues los otros poderes, como el legislativo y el Judicial, han sido sometidos por el titular del poder ejecutivo en el estado, en el mismo tenor que hoy hace con los medios: bajo amenaza de cárcel o destitución.

Acaso los medios, el periodismo, el poder de hacer pública la información, pueda equilibrar un tanto este escenario de abusos y excesos, pero, en este caso, es, precisamente, el embate contra la libertad de expresión y el periodismo crítico.

Porque, debemos subrayar, no se trata de tipificar penalmente la firma de un contrato como delito penal, sino de usar el poder en el ejercicio de la acción penal para intimidar y controlar a los medios con actos de terrorismo político.

Se trata de reducir a los medios; de intimidarlos, para aplicar en unos acciones ejemplares hacia los otros y, evitar, finalmente, que el gobierno del estado sea sujeto de la crítica periodística y del escrutinio público, a través de la política del garrote y del encarcelamiento.

Le invitamos, Sr Matthew Sanders, a que regrese a Chihuahua, pero no a sentarse en la comodidad de una mesa, en una comida de tipo social y de relaciones públicas, sino a indagar la veracidad o no de los hechos aquí planteados.

La Opción de Chihuahua es miembro activo, aunque reciente, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y comulga con los objetivos finales de la organización, para defender el derecho de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

No nos oponemos a que se investigue la posibilidad de que exista cualquier acto irregular o, incluso ilegal, en el tema expuesto, pero, al estar motivado y vinculado, por una extraña mediofobia y aversión, al ejercicio de la libertad de expresión, consideramos que debe haber observadores externos para analizar con objetividad cualquier situación que se presente.

Si a esto sumamos el carnaval de las amenazas en que nos desenvolvemos, consecuencia, creemos, de una política pública hostil y reiterativa de atacar a los medios, de difamarlos, de hacer escarnio público con éstos, desde el púlpito del poder, es como se conforma este escenario del plomo o cárcel.

Saludos cordiales y quedamos a la espera de una pronta respuesta.

Lic. Manuel Osbaldo Salvador Ang

Director de La Opción de Chihuahua

email: osbaldosalva@hotmail.com

 

Justicia pendiente

Alfredo Castillo es inhabilitado por la SFP por 10 años

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Por Ignacio García

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al ex titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, para ejercer cualquier cargo en la administración pública por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

La dependencia federal detalló que el también ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán durante la administración de Enrique Peña Nieto omitió realizar declaraciones ante la SFP por el falto a la verdad entre 2014 y 2016.

De acuerdo con la institución federal, omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge en las que tenía más de 18 millones 300 mil pesos, por lo que constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establecía la obligatoriedad de presentar la oportunidad y veracidad de las declaraciones de la situación patrimonial del ex servidor público.

Al respecto, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, celebró la inhabilitación que se aplicó contra el ex funcionario federal, quien fue uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto, acusado de distintos actos de corrupción en el país.

Alfredo Castillo fue procurador de Justicia del Estado de México involucrado en el caso de la desaparición de la niña Paulette en Huixquilucan en 2010 en la gestión de Peña Nieto y en el gobierno federal fue comisionado de Seguridad para la Paz, acusado de haber desarmado a las Autodefensas para beneficiar a los grupos del crimen organizado y posteriormente fue titular de la Conade, señalado de no apoyar a los atletas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

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Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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