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Funcionario que fabrica delitos en PGJEM, sin certificación del Nuevo Sistema Penal

Fernando Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM, quien reconoció fabricación de delitos no presentó certificación del Nuevo Sistema Judicial

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Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video

Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video

Por Veneranda Mendoza Herrera/Los Ángeles Press

TOLUCA, Estado de México.- Podrían ser ilegales resoluciones de funcionarios de la Procuraduría General del Estado de México desde 2011, que no cumplen con la certificación obligada por la ley con el nuevo Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, de acuerdo al recurso de revisión 01976/INFOEM/IÁ/RR/2016. Dicho recurso fue promovido en contra del director general de Litigación Fernando Ulises Cárdenas Uribe, por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, que lidera José Humbertus Pérez Espinoza, víctima de fabricación de delitos y preso desde el 4 de noviembre de 2015, en el penal de Chiconautla.

Lo anterior fue suscitado a partir de una grabación en abril de 2016 a Cárdenas Uribe, en la procuraduría Mexiquense, al momento en que reconocía ante fiscales de Ecatepec que la mayoría de los delitos eran inventados: “¿Quien dijo que los delitos no son inventados?. ¡Eso es de toda la vida, hombre!. De 10 asuntos tienen que ganar 8 y perder 2. Abajo: ¡ya está mal!, ¡de verdad!”.

En un video viral en las redes sociales, Cárdenas Uribe fue exhibido, y junto a otros funcionarios de la procuraduría local, acusado de torturas y fabricación de carpetas de investigación que mantiene en la cárcel a personas inocentes. Lo que dio pie a una denuncia penal colectiva firmada por 287 internos del penal de Chiconautla, organizados por el activista de derechos humanos Jose Humbertus.

Al resolver el recurso de revisión, los comisionados ordenaron el 31 de agosto pasado la entrega del documento en versión pública y copias certificadas, con la finalidad de confirmar si el funcionario denunciado cumple o no la certificación obligada por la ley, “pues de lo contrario quedará claro que todas sus resoluciones desde 2011, cuando entró en vigor el Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, serían ilegales”, apuntó Humbertus.

Al respecto, el Instituto de Transparencia del Estado de México y Municipios (InfoEM) ordenó a la Procuraduría mexiquense (PGJEM) entregar versión pública del certificado que garantice la profesionalización de Cárdenas Uribe para aplicar ordenamientos del nuevo sistema penal.

Cuando la PGJEM dio respuesta a la solicitud de información, el funcionario en cuestión arguyó que “la certificación para comparecer en el Nuevo Sistema Penal Adversarial y Oral no es un requisito para ingresar como Director General de Litigación de esta procuraduría, por lo que no puede atender favorablemente su petición, ya que esta Institución sólo está obligada a proporcionar la información pública que obre en sus archivos o que se genere en el ejercicio de sus atribuciones”.

No obstante, la certificación se encuentra obligada por el artículo 21 de la Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su inciso “A” dispone que “La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de seguridad pública” y en el inciso “B” determina que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.

En tanto, el séptimo transitorio obliga “la observancia general en todo el territorio nacional”, y el octavo transitorio dispone que el Congreso de la Unión, la Legislatura de los Estados, el Organismo Legislativo del Distrito Federal, destinarán recursos de los presupuestos para el diseño de reformas legales, los cambios organizacionales, la capacitación de jueces, agentes del ministerios públicos, policías, peritos, defensores públicos y privados.

En la resolución, el InfoEM también advierte que el cuarto transitorio de la misma norma dispone que “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”.

También alerta que los plazos de certificación, dos años contados a partir del 27 de septiembre de 2011, han fenecido.

José Humbertus Pérez Espinoza puntualizó que “con esta resolución queda claro que en el Estado de México no se cumplió con el Servicio de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, por lo que los Ministerios Públicos, Peritos e Integrantes de las Instituciones Policíacas que no cumplieron con la Certificación de Ingreso y Permanencia y debieron ser separados del cargo”. Incluso, reiteró el activista que no tenían por qué dar inicio a investigaciones preliminares y a investigaciones formales durante el Proceso de Vinculación en el Juicio de Control, y mucho menos tener como base las pruebas de investigación para sentenciar a personas inocentes”.

Con información de Tres PM

Investigaciones

Expedientes Hidalgo: La depuración de los narcomenudistas en Pachuca por Los Zetas

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En 2011, Los Zetas decapitaron a Roberto Rivera Almaraz, ‘El Cosas’, líder de narcomenudistas independientes de Pachuca.

Por Juan Ricardo Montoya

Hoy, exactamente hace 12 años, la madrugada del 31 de marzo de 2011, se encontró el cadáver decapitado de Roberto Rivera Almaraz alias El Cosas, vendedor de drogas al menudeo, que solía vender su mercancía en los callejones oscuros del Centro Histórico de Pachuca.

Era el líder de los vendedores independientes de droga de Pachuca que se negaban a trabajar para Los Zetas y otras bandas, y que dominaban el mercado ilícito de cocaína, mariguana y otras drogas en el primer cuadro de la ciudad.

Antes de matarlo, sus captores con un objeto punzocortante o con unas pinzas, le cortaron, por pedazos las dos orejas por lo que tuvo una dolorosa y lenta muerte. Aunque no era la primera ejecución que hubo en la capital hidalguense, fue la que más alarma despertó en esos años entre la ciudadanía de la bella airosa, porque el cadáver de El Cosas -a diferencia de otros que eran abandonados en las afueras de la ciudad, en tiros de mina o enterrados en cementerios de pueblos lejanos-,fue hallado en calles del Centro Histórico de Pachuca.

La misma suerte corrieron otros narcomenudistas que «trabajaban» en bares y que fueron «levantados» y asesinados por el mismo grupo delictivo.

De acuerdo con el expediente y  fotografías de la escena del crimen que obran en  la averiguación previa 12/DAP/134/2011, el cadáver de Roberto Rivera Almaraz, El Cosas, fue tirado en la esquina de las calles Valentín Gómez Farías con Francisco Javier Mina.
En las fotografías tomadas por los peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo aparecía desde diversos ángulos el cuerpo degollado de Rivera Almaraz, en una bolsa de plástico negra con cinta canela.

Debajo del cuerpo había una cartulina rosa donde se leía la frase: “Huacales $4”; pero en cuyo dorso aparecía el narco mensaje: “Todo (s) los chapulines tienen 24 horas para avrirse (sic) a la verga”.

Narcomensaje dejado junto al cuerpo de Roberto Rivera Almaraz, en Pachuca Hidalgo.

La cabeza envuelta en hojas ensangrentadas de periódicos  fue colocada sobre  el pecho, dentro de la misma bolsa en que fue encontrado el cadáver.

El cuerpo de Rivera Almaraz estaba amordazado y con las orejas destrozadas, como si hubieran sido cortadas poco a poco con pinzas o navajas muy filosas lo que demostró que había sido torturado a sangre fría y por varias horas por sus captores. Pero además presentaba marcas y moretones en diversas partes del cuerpo, lo que indica que fue salvajemente golpeado. Pese a la terrible agonía que sufrió mientras era torturado, la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) señala que Rivera Almaraz murió por la decapitación.

Sobre el móvil del crimen, en un informe elaborado por Jesús Castro Rojo, entonces del Grupo Homicidios  de la Agencia de Seguridad e Investigación del Estado de Hidalgo (ASIEH), fechado el 2 de abril de 2011, señala que de acuerdo a una “denuncia anónima” recibida en C4 un sujeto de nombre Víctor Manuel Velázquez Rodríguez, alias El Gandalla, era uno de los  copartícipes del homicidio.

Leer más: Expedientes Hidalgo: El baile del Día del Policía que pagaron Los Zetas en Actopan – (losangelespress.org)

 

Este sujeto se encontraba detenido casualmente en el área de retención de la ASIEH desde hacía unas cuantas horas por el delito de tentativa de violación. En el interrogatorio, El Gandalla supuestamente reconoció haber trabajado como «halcón” o espía de Los Zetas, a cambio de 2 mil pesos semanales, y que su principal labor era detectar a los “chapulines” o vendedores de droga que trabajan para el grupo delictivo pero que metían mercancía por su propia cuenta.

 Tras explicar que la droga de Los Zetas se vendía en bolsitas y la de los “chapulines” en envoltorios de papel, El Gandalla negó haber participado en el crimen pero refirió que quien cometió el homicidio  fue otro individuo conocido como Pablo, alias El Garibaldi, sin dar a conocer su apellido.

 Reveló además que otros narcomenudistas independientes habían sido asesinados por sicarios de Los Zetas, porque querían tener el monopolio de las ventas.

Uno de ellos, según El Gandalla fue Mario Jonathan Bolaños el que vendía droga en el Bar Wester de la avenida Cuauhtémoc de Pachuca y quien apareció muerto el 30 de marzo, un día antes del asesinato de Rivera Almaraz.

Otro ejecutado fue un narcomenudista de alias El Caballo, quien vendía droga en “El Taquito Feliz”, al igual que Ismael Márquez León, de alias El Tribi,  muerto de un tiro en la cabeza  el 6 de marzo de 2011 y cuyo cadaver apareció tirado sobre una carretera de la comunidad de Acelotla del municipio de Zempoala. Además de vender droga El Tribi se dedicaba a buscar estacionamiento para los coches de los clientes del Mercado Primero de Mayo de Pachuca.

El Gandalla aseguró que el cadáver de Ismael Márquez León, El Tribi, fue identificado por su ex concubina Rocío Nieto Hernández.
De acuerdo con el informe, Rocío Nieto se presentó la tarde del mismo 31 de marzo a identificar al cadáver de Rivera Almaraz El Cosas, tras relatar que alrededor de las 22 horas del día anterior, al llegar a su casa en su vehículo Stratus en compañía de su hija Anahi Márquez Nieto –hija de El Tribi- e hijastra de Roberto Almaraz, una camioneta color blanca tipo Suburban le cerró el paso a la entrada de su garage y de la cual descendieron dos sujetos, ambos vestidos con ropa blanca y pistolas en mano.

Los sujetos se acercaron a Rivera Almaraz, a quien le ordenaron bajarse del auto. Rivera Almaraz apresuró a ambas mujeres a salir del vehículo e introducirse en la casa mientras él era sometido y subido al vehículo por los maleantes.

En la declaración, Rocío Nieto reveló que El Cosas había estado 12 años recluido en la cárcel por el delito de homicidio en riña y que había obtenido su libertad condicional dos años antes, en 2009. De igual forma agregó que los hermanos de Rivera se encontraban en ese momento en prisión condenados por robo. Sobre el por qué no había denunciado el secuestro de Rivera Almaraz, la mujer se limitó a decir que tenía miedo.

Uno de los detenidos por el homicidio de Rivera Almaraz fue Víctor Hugo Espiricueta Escobar, quien confesó ser sicario de Los Zetas. En su declaración dijo que la ejecución de Roberto Rivera Almaraz fue porque tenía controlado el mercado de droga de manera independiente, señalando a los autores del homicidio a Eder Daniel Escorza González El Eder, Antonio Zavala Monroy El Puerco y otro pistolero de nombre Raúl Guerrero Gaona.

 Meses después, el 29 de junio de 2011, Eder Escorza junto con 11 sujetos más fueron capturados y presentados por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, por formar una célula de ejecución de Los Zetas y los cuales fueron los autores de varios homicidios de narcomenudistas en Pachuca y otros municipios de la entidad.

 

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Víctima sexual del ex secretario de Finanzas del PRI Hidalgo había denunciado desde 2022

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La víctima reclamaba justicia, y los agentes del Ministerio Público se burlaban de ella. Incluso, denunció que filtraron información de su carpeta de investigación por lo que el imputado estaba prófugo

Por Juan Ricardo Montoya

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH) dio a conocer casi a la media noche del jueves la aprehensión en la Ciudad de México de Alfredo Erick Fosado Mayorga, quien fungió como secretario de Finanzas del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Hidalgo, quien había sido denunciado de violación sexual a una mujer que laboraba como subalterna en ese instituto político.

La víctima dijo haber denunciado desde junio de 2022, y que la información de su carpeta de investigación se habría filtrado desde la misma procuraduría por lo que el imputado había logrado escaparse de Hidalgo.

La orden de aprehensión contra el ex secretario de Finanzas del PRI, fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de Hidalgo, mediante una solicitud de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De esa forma pudieron detenerlo, ocho meses después de haber sido denunciado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el imputado fue detenido a las 17 horas del jueves, en las afueras de una cantina, ubicada en el número 64 de la calle Ayuntamiento, esquina con Luis Moya, de la colonia Centro, alcaldía de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

Tras la detención, la persona fue trasladada a la ciudad de Pachuca y de acuerdo a la PGJH será puesto a disposición de un juez de control, autoridad ante la que el Ministerio Público formulará la imputación por el delito que se le acusa.

registro

Orden de Detención de Alfredo Erick Fosado Mayorga.

El ultraje presuntamente ocurrió el 28 de junio de 2022, en Pachuca, en agravio de una joven mujer, quien era su subalterna en el PRI. En las redes sociales, la víctima había reclamado que la procuraduría lo estuvo protegiendo y que los agentes del Ministerio Público se burlaban de ella. Esto fue el mensaje que ella misma circuló previo a la detención de su agresor:

«En junio de 2022, fui víctima de violación por parte de un miserable que no merece ser llamado hombre, era secretario de finanzas del #PRIHidalgo, acudí a denunciar ante la #PGJEH; sin embargo, al día de hoy NO me han dado respuesta y gracias a que no han hecho nada y han filtrado información, el animal que abusó de mí se escapó, y ya no puede ser localizado; mi carpeta está en el #CentrodeJusticiaParaMujeres de Hidalgo y a pesar de mi insistencia los #MinisteriosPúblicos NO me dan respuesta y se burlan de mí.
¿Qué está pasando en Hidalgo? Basta de tanta impunidad, no es justo que las víctimas tengamos que sufrir la influencia de una institución tan mediocre.
Aclamo justicia y doy tu nombre Alfredo Erick Fosado Mayorga, eres un violador, y tienes que pagar por lo que me hiciste».
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Condena de 25 años de cárcel al médico feminicida de Saraí Zúñiga González en Hidalgo

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La enfermera transmitía una videoconferencia cuando fue fatalmente agredida

Por Juan Ricardo Montoya

Rudy Nahim Acoltzi Cuamatzi, médico cirujano quien por sus cuentas de redes sociales presumía haber trabajado por un tiempo para el Club de Fútbol Pachuca, fue condenado a 25 años de prisión por el feminicidio de la joven enfermera originaria de Zimapán, Saraí Zúñiga González. La sentencia se ha dado a conocer luego de dos años de proceso judicial.

El 17 de octubre de 2020, Saraí Zúñiga, de 31 años, fue golpeada y ahorcada por Acoltzi en el Centro de Salud de Jacala de Ledezma, a 110 kilómetros al norte de Pachuca, sobre la carretera que lleva a Ciudad Valles, y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Querétaro, cuando participaba en una videoconferencia relacionada con sus actividades labores. Por su transmisión, el feminicidio fue presenciado vía Zoom por decenas de personas que estaban conectadas con ella, incluso algunos de sus familiares.

Tras permanecer prófugo de la justicia durante más de medio año, Acoltzi, fue localizado y aprehendido el 20 de mayo de 2021. En la audiencia inicial, la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, le acusó del feminicidio y pidió que se le vinculara a proceso penal. Acoltzi se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para aportar pruebas en su defensa. No obstante, seis días después fue vinculado a proceso penal por un juez por el delito de feminicidio.

Durante dos años, el Ministerio Público acumuló pruebas y probó ante el juez que Acoltzi era el responsable del feminicidio. Una vez agotado el proceso, la Procuraduría de Hidalgo obtuvo del tribunal una sentencia de 25 años de prisión para el responsable. Queda por definir en qué centro penitenciario deberá purgar la condena y sí la familia de la víctima va a impugnar el fallo para pedir la ampliación de la condena a 50 años.

Acoltzi Cuamatzi es médico cirujano y según su perfil profesional de LinkedIn fue hasta 2021 «Director médico en CS», aparentemente un centro de salud en el estado de Morelos, aunque no especifica sí es del sector público o privado ni dónde, en concreto, está ese centro.

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Rudy Nahim Acoltzi Cuamatzi, feminicida de la enfermera Sarai Zúñiga.

Según el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, Acoltzi tiene la cédula profesional 10354135, luego de haber cursado la licenciatura de médico cirujano en 2017 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Aunque ha trascendido de forma extraoficial que por algún tiempo laboró en el equipo médico del Club de Fútbol Pachuca, ese equipo no ha fijado su postura sobre los hechos. Al rastrear su nombre en la red Acoltzi aparece en enlaces a notas de la Liga Bancomer MX oficial y de la de Liga Femenil MX. Por la información disponible en esas notas se sabe que nació el 21 de junio de 1991, en Contla, Tlaxcala.

En su perfil de Facebook, el recién condenado como feminicida publicó una foto donde aparece vestido con bata de médico y estetoscopio junto con el antiguo portero del Pachuca, Óscar Pérez, en de lo que parecen ser instalaciones de esa franquicia en la capital de Hidalgo.

 

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