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Mexico Violento

Funcionario que fabrica delitos en PGJEM, sin certificación del Nuevo Sistema Penal

Fernando Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM, quien reconoció fabricación de delitos no presentó certificación del Nuevo Sistema Judicial

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Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video

Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director de Litigación de la PGJEM al momento en que reconoce delitos inventados. Foto: detalle de video

Por Veneranda Mendoza Herrera/Los Ángeles Press

TOLUCA, Estado de México.- Podrían ser ilegales resoluciones de funcionarios de la Procuraduría General del Estado de México desde 2011, que no cumplen con la certificación obligada por la ley con el nuevo Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, de acuerdo al recurso de revisión 01976/INFOEM/IÁ/RR/2016. Dicho recurso fue promovido en contra del director general de Litigación Fernando Ulises Cárdenas Uribe, por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC, que lidera José Humbertus Pérez Espinoza, víctima de fabricación de delitos y preso desde el 4 de noviembre de 2015, en el penal de Chiconautla.

Lo anterior fue suscitado a partir de una grabación en abril de 2016 a Cárdenas Uribe, en la procuraduría Mexiquense, al momento en que reconocía ante fiscales de Ecatepec que la mayoría de los delitos eran inventados: “¿Quien dijo que los delitos no son inventados?. ¡Eso es de toda la vida, hombre!. De 10 asuntos tienen que ganar 8 y perder 2. Abajo: ¡ya está mal!, ¡de verdad!”.

En un video viral en las redes sociales, Cárdenas Uribe fue exhibido, y junto a otros funcionarios de la procuraduría local, acusado de torturas y fabricación de carpetas de investigación que mantiene en la cárcel a personas inocentes. Lo que dio pie a una denuncia penal colectiva firmada por 287 internos del penal de Chiconautla, organizados por el activista de derechos humanos Jose Humbertus.

Al resolver el recurso de revisión, los comisionados ordenaron el 31 de agosto pasado la entrega del documento en versión pública y copias certificadas, con la finalidad de confirmar si el funcionario denunciado cumple o no la certificación obligada por la ley, “pues de lo contrario quedará claro que todas sus resoluciones desde 2011, cuando entró en vigor el Sistema de Justicia Adversarial, acusatorio y oral, serían ilegales”, apuntó Humbertus.

Al respecto, el Instituto de Transparencia del Estado de México y Municipios (InfoEM) ordenó a la Procuraduría mexiquense (PGJEM) entregar versión pública del certificado que garantice la profesionalización de Cárdenas Uribe para aplicar ordenamientos del nuevo sistema penal.

Cuando la PGJEM dio respuesta a la solicitud de información, el funcionario en cuestión arguyó que “la certificación para comparecer en el Nuevo Sistema Penal Adversarial y Oral no es un requisito para ingresar como Director General de Litigación de esta procuraduría, por lo que no puede atender favorablemente su petición, ya que esta Institución sólo está obligada a proporcionar la información pública que obre en sus archivos o que se genere en el ejercicio de sus atribuciones”.

No obstante, la certificación se encuentra obligada por el artículo 21 de la Carta Magna y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su inciso “A” dispone que “La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de seguridad pública” y en el inciso “B” determina que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.

En tanto, el séptimo transitorio obliga “la observancia general en todo el territorio nacional”, y el octavo transitorio dispone que el Congreso de la Unión, la Legislatura de los Estados, el Organismo Legislativo del Distrito Federal, destinarán recursos de los presupuestos para el diseño de reformas legales, los cambios organizacionales, la capacitación de jueces, agentes del ministerios públicos, policías, peritos, defensores públicos y privados.

En la resolución, el InfoEM también advierte que el cuarto transitorio de la misma norma dispone que “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”.

También alerta que los plazos de certificación, dos años contados a partir del 27 de septiembre de 2011, han fenecido.

José Humbertus Pérez Espinoza puntualizó que “con esta resolución queda claro que en el Estado de México no se cumplió con el Servicio de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, por lo que los Ministerios Públicos, Peritos e Integrantes de las Instituciones Policíacas que no cumplieron con la Certificación de Ingreso y Permanencia y debieron ser separados del cargo”. Incluso, reiteró el activista que no tenían por qué dar inicio a investigaciones preliminares y a investigaciones formales durante el Proceso de Vinculación en el Juicio de Control, y mucho menos tener como base las pruebas de investigación para sentenciar a personas inocentes”.

Con información de Tres PM

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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