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Justicia pendiente

Funcionario o militar, la constante en crimen Ayotzinapa: Anabel Hernández

Entrevista a Anabel Hernández en Oaxaca sobre su libro La noche de Iguala, una investigación sobre la desaparicion de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa

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La periodista Anabel Hernández. Foto: Carmen Pacheco

Por Rocío Flores

Fotografía: Carmen Pacheco

 “El país no funciona más, la división de poderes está colapsada”: Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández, galardonada en el 2012 con el Premio Pluma de Oro de la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, sostiene que México está en una situación de crisis extraordinaria donde no existe la procuración de justicia y en la cual la ciudadanía quiere por lo menos saber qué pasó y quién lo hizo.

“Saber quién fue es una especie de justicia”, enfatiza. Me he reunido con ella para hablar de su último libro, La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar, en el que la periodista señala la inoperancia de las autoridades responsables de procurar justicia en este país y documenta la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.

Apenas da un sorbo a su café y resume de manera enfática el terrible contexto en que surgió su libro, un país en el que la cifra de personas desaparecidas de enero del 2016 al 31 de agosto de 2017, suma 32 mil 280, cerca del 30 por ciento mujeres, el resto hombres; la mayoría de la población desaparecida está en un rango de entre 15 a 21 años.

La periodista apunta que este fenómeno de desaparición se trató de ocultar durante todo el gobierno de Felipe Calderón, quien dejó al país con 25 mil desaparecidos; y ahora, en el gobierno de Peña Nieto, la cifra ha aumentado en poco más de siete mil personas.

 

Rocío Flores (RF): ¿Cómo llegaste a todos estos datos?

Anabel Hernández (AH): Tuve acceso a la primera lista de desaparecidos durante la administración de Calderón, en 2012. Me la proporcionó un funcionario de la Secretaría de Gobernación porque tenía temor que con el cambio de gobierno desapareciera. En diciembre de ese año se publicó en el The New York Times y en Proceso. Peña Nieto dijo que esta lista era falsa, que no había lista de desaparecidos. Hasta marzo de 2013 reconoció que existía la lista.

Cuando uno ve punto por punto, nombre por nombre en las listas, se da cuenta de que la constante es que hay una institución o funcionario involucrado en la desaparición o el testigo dice que la última vez que se le vio fue en un retén militar, o cuando estaba subiendo a una patrulla: ¡es brutal!

Esto me lleva a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, donde después de casi tres años, el caso no se ha esclarecido oficialmente. No se han encontrado los cuerpos, se halló un pedazo de hueso sembrado por el gobierno federal en el río San Juan para inventar la historia de que los jóvenes fueron quemados y después sus cenizas fueron arrojadas al río. Ahí pretendían acabar con la historia, pero expertos han demostrado que es falsa; yo he demostrado con mis investigaciones que los testigos que han dicho “yo los maté”, fueron torturados.

De José Luis Abarca y su esposa, un dictamen de la PGR determinó que la detención es ilegal, el proceso está viciado, no habrá sentencias para nadie, porque al gobierno le urgía cerrar el caso y que nadie mirara lo que pasó.

 

RF: ¿Y qué fue?

AH: Lo que pasó es que el ejército estuvo involucrado, el ejercitó orquestó y ordenó la desaparición de los estudiantes. En La verdadera noche de Iguala hay pruebas de balística que demuestran cómo elementos del 27 Batallón de Infantería, bajo las órdenes del coronel Pérez Rodríguez, no sólo vigilaron a los estudiantes sino que tres horas antes los estuvieron monitoreando, los siguieron, participaron en la balacera, en los ataques y en la desaparición de los estudiantes, no hay la menor duda de ello. Hay un testigo de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) que logra identificar cara a cara a dos policías federales que participaron en la desaparición, cuando los estaban bajando de los camiones y subiéndolo a otros vehículos.

Contrario a lo que el gobierno había informado, pude encontrar bitácoras del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) que demuestran también la participación de policías federales en la desaparición de los 43 estudiantes.

 

RF: ¿Corresponde a los periodistas hacer estas investigaciones?

AH: El problema al que nos enfrentamos es que las autoridades no investigan, no se investigan a sí mismas; tendrían que meter a un montón de militares, policías federales y municipales a la cárcel. Ante el colapso de la instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, ciudadanía y periodistas se han puesto a investigar, pero ni los padres, las madres, ni los periodistas deberían estar investigando. Ésa no es nuestra función.

 

RF: ¿No tienes miedo?

AH: ¡Quién está a salvo, quién no tiene miedo! Los periodistas estamos en riesgo, pero quién no lo está. Cuando esto sucede, tienes que hacerlo, el silencio no está valiendo de nada.

Los familiares quieren saber por lo menos qué pasó. No hay gente en la cárcel y además se les engaña, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

El periodismo no puede permanecer indiferente, alguien tiene que hacer la tarea de investigar y de encontrar la verdad. Nuestra función no es ser fiscales, pero ante las versiones de los gobiernos ése es nuestro deber en este periodo de crisis: desmantelar las mentiras del Estado. Y, por eso, ser periodista en México se ha convertido en una labor mortal. Son más de 110 periodistas asesinados, 37 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las cifras son escalofriantes, el 98 por ciento de los crímenes en México están impunes. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial comparten los botines de la corrupción y todos se protegen, nadie se ocupa de la ciudadanía, nadie se ocupa de los derechos humanos, ni de hacer justicia, tenemos que replantear el país de fondo.

 

RF: ¿Cómo?

AH: Quizá ir a un régimen más parlamentario, donde el presidente, o el Poder Ejecutivo, no sea quien tome todas las decisiones, donde podamos tomar primeras y segundas rondas en las elecciones, porque en el país quien gana la presidencia lo hace con un margen de votación mínimo y con una diferencia con el contrincante aún más pequeña. Hasta en los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia siempre está la influencia del Poder Ejecutivo para seguirse protegiendo. Tenemos que recomponer el Estado, el sistema de justicia tiene que cambiar por completo.

 

RF: ¿Cómo observas a la sociedad en este contexto?

AH: Vivimos en un sistema perverso, donde todo está estructurado para que las cosas estén así. Más de 60 millones de personas viven en pobreza. La gente, aunque vea la corrupción, está dedicada las 24 horas del día a encontrar qué comer y cómo darle a sus hijos techo y comida. ¿Cómo puedes preocuparte de tus derechos políticos y civiles si tu principal preocupación es qué comer? Además el sistema de educación pública en el país… antes no era así. Recuerdo que mi padre era hijo de un campesino en el estado de Hidalgo. Era una generación que aspiraba a ser algo, se fueron haciendo a sí mismos gracias a la educación; pero hoy, ni hay educación, ni hay futuro para los jóvenes y por eso se enrolan en el crimen organizado.

La educación es mala, antes las universidades públicas eran importantes, ahora están en crisis. Entonces, el gobierno tiene a la gente, por un lado, muriéndose de hambre y, por el otro, sin educación, y ése es el escenario de México y por eso ocurren esas cosas todos los días.

 

RF: ¿Qué es lo que le corresponde hacer?

AH: Despertar. Entiendo que estén ocupados en qué comer o construyendo un futuro para los hijos, pero si no nos sentamos a reflexionar que no va a haber comida ni futuro mientras eso no cambie, seguiremos así. Yo no veo a ningún candidato de la presidencia que esté replanteando esto, que diga: “esto ya no funciona más”.

Los 43 normalistas desaparecidos sintetizan la crisis de México. Aunque el número de desapariciones es de 32 mil en México, los 43 son una fotografía, una instantánea del nivel de impunidad en México y cómo ésta siempre le pega peor a los más pobres.

Hoy sus padres no pueden prenderles una veladora, después de tres años aún no saben dónde están.

 

RF: ¿Hay respuestas en tu libro sobre los responsables de la desaparición de los 43?

AH: En mi libro hay nombre por nombre de los militares responsables, quiénes son los policías federales responsables, documento en qué consiste la responsabilidad moral y legal de Enrique Peña Nieto, viene la historia y reconstrucción de esta noche y por qué pasó. Aunque hace mes y medio tuve información que apunta que al menos un grupo de los 43 estudiantes fue llevado al 27 batallón de infantería y nunca salió de ahí.

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

No ignores: Mi hijo lleva 16 años preso sin sentencia, 12 jueces, golpizas y pagos a autoridades carcelarias: Elena Uscanga

En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

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¿Quién es el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, en la resistencia de Coyomeapan, Puebla?

 

El municipio de Coyomeapan, se encuentra en el estado de Puebla, enclavado en la Sierra Negra, zona de pobreza extrema, gobernado por caciques como lo es el expresidente municipal, David Celestino Rosas, quién intervino políticamente para que lo sucediera al cargo su cuñado, Rodolfo García López; además de intervenir para que su hermana Aracely Celestino Rosas, actualmente ostente el cargo de diputada federal. Hechos que provocaron que la comunidad se organizara para hacer denuncias públicas y protestas pacíficas.

Como respuesta de las autoridades a la organización de Coyomeapan, el 5 de septiembre de 2021, fue detenido arbitrariamente el defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, cuando se encontraba en su domicilio.

El defensor de los derechos humanos convaleciente de COVID, sin que le otorgaran las medidas sanitarias correspondientes y sin recibir atención médica necesaria a su estado de salud, con padecimientos de diabetes e hipertensión arterial.

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Gonzalo Martínez Herrera fue procesado de homicidio calificado bajo la Averiguación Previa;  AP-1548/2013/TEHUA, con un expediente de más de 200 páginas, donde lo señalan de agravios en contra de quienes respondieran en vida a los nombres de Juan Vázquez López, Pedro Vázquez García y José Villanueva García; así como por el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en agravio de Gregorio González Lázaro. El suceso en mención sucedió el día 22 de abril de 2013 en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, perteneciente a la Sierra negra, en el paraje denominado “la cascada de Papalocuautla”.

El día en que dicen que se cometió el delito, el activista indígena Gonzalo Martínez Herrera se encontraba laborando en su centro de trabajo. La distancia aproximada entre ambos lugares es de aproximadamente 5 horas, por lo cual le resultaba imposible que él se encontrara en dicho lugar día y hora que señalan los denunciantes. Esto se confirma por testigos que lo ubican ese día en diversos horarios en su centro de trabajo, así como un talón de pago en el cual se aprecia que en esa quincena respectiva no tuvo descuento alguno por inasistencia a su centro de trabajo.

En la Averiguación Previa se encuentran muchas anomalías en la investigación que realiza el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Puebla, por lo que es totalmente claro que al defensor de derechos humanos Gonzalo Martínez Herrera, lo están criminalizando por su labor de defensa a la comunidad.

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Por lo que la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (C.N.P.A.), han pedido la intervención de Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como la de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

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Responsables de la información: María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera (RSDCIAC) y Blanca Vera Mendoza Ramírez (CNPA).

 

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