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Justicia pendiente

Funcionario o militar, la constante en crimen Ayotzinapa: Anabel Hernández

Entrevista a Anabel Hernández en Oaxaca sobre su libro La noche de Iguala, una investigación sobre la desaparicion de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa

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La periodista Anabel Hernández. Foto: Carmen Pacheco

Por Rocío Flores

Fotografía: Carmen Pacheco

 “El país no funciona más, la división de poderes está colapsada”: Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández, galardonada en el 2012 con el Premio Pluma de Oro de la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, sostiene que México está en una situación de crisis extraordinaria donde no existe la procuración de justicia y en la cual la ciudadanía quiere por lo menos saber qué pasó y quién lo hizo.

“Saber quién fue es una especie de justicia”, enfatiza. Me he reunido con ella para hablar de su último libro, La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar, en el que la periodista señala la inoperancia de las autoridades responsables de procurar justicia en este país y documenta la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.

Apenas da un sorbo a su café y resume de manera enfática el terrible contexto en que surgió su libro, un país en el que la cifra de personas desaparecidas de enero del 2016 al 31 de agosto de 2017, suma 32 mil 280, cerca del 30 por ciento mujeres, el resto hombres; la mayoría de la población desaparecida está en un rango de entre 15 a 21 años.

La periodista apunta que este fenómeno de desaparición se trató de ocultar durante todo el gobierno de Felipe Calderón, quien dejó al país con 25 mil desaparecidos; y ahora, en el gobierno de Peña Nieto, la cifra ha aumentado en poco más de siete mil personas.

 

Rocío Flores (RF): ¿Cómo llegaste a todos estos datos?

Anabel Hernández (AH): Tuve acceso a la primera lista de desaparecidos durante la administración de Calderón, en 2012. Me la proporcionó un funcionario de la Secretaría de Gobernación porque tenía temor que con el cambio de gobierno desapareciera. En diciembre de ese año se publicó en el The New York Times y en Proceso. Peña Nieto dijo que esta lista era falsa, que no había lista de desaparecidos. Hasta marzo de 2013 reconoció que existía la lista.

Cuando uno ve punto por punto, nombre por nombre en las listas, se da cuenta de que la constante es que hay una institución o funcionario involucrado en la desaparición o el testigo dice que la última vez que se le vio fue en un retén militar, o cuando estaba subiendo a una patrulla: ¡es brutal!

Esto me lleva a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, donde después de casi tres años, el caso no se ha esclarecido oficialmente. No se han encontrado los cuerpos, se halló un pedazo de hueso sembrado por el gobierno federal en el río San Juan para inventar la historia de que los jóvenes fueron quemados y después sus cenizas fueron arrojadas al río. Ahí pretendían acabar con la historia, pero expertos han demostrado que es falsa; yo he demostrado con mis investigaciones que los testigos que han dicho “yo los maté”, fueron torturados.

De José Luis Abarca y su esposa, un dictamen de la PGR determinó que la detención es ilegal, el proceso está viciado, no habrá sentencias para nadie, porque al gobierno le urgía cerrar el caso y que nadie mirara lo que pasó.

 

RF: ¿Y qué fue?

AH: Lo que pasó es que el ejército estuvo involucrado, el ejercitó orquestó y ordenó la desaparición de los estudiantes. En La verdadera noche de Iguala hay pruebas de balística que demuestran cómo elementos del 27 Batallón de Infantería, bajo las órdenes del coronel Pérez Rodríguez, no sólo vigilaron a los estudiantes sino que tres horas antes los estuvieron monitoreando, los siguieron, participaron en la balacera, en los ataques y en la desaparición de los estudiantes, no hay la menor duda de ello. Hay un testigo de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) que logra identificar cara a cara a dos policías federales que participaron en la desaparición, cuando los estaban bajando de los camiones y subiéndolo a otros vehículos.

Contrario a lo que el gobierno había informado, pude encontrar bitácoras del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) que demuestran también la participación de policías federales en la desaparición de los 43 estudiantes.

 

RF: ¿Corresponde a los periodistas hacer estas investigaciones?

AH: El problema al que nos enfrentamos es que las autoridades no investigan, no se investigan a sí mismas; tendrían que meter a un montón de militares, policías federales y municipales a la cárcel. Ante el colapso de la instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, ciudadanía y periodistas se han puesto a investigar, pero ni los padres, las madres, ni los periodistas deberían estar investigando. Ésa no es nuestra función.

 

RF: ¿No tienes miedo?

AH: ¡Quién está a salvo, quién no tiene miedo! Los periodistas estamos en riesgo, pero quién no lo está. Cuando esto sucede, tienes que hacerlo, el silencio no está valiendo de nada.

Los familiares quieren saber por lo menos qué pasó. No hay gente en la cárcel y además se les engaña, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

El periodismo no puede permanecer indiferente, alguien tiene que hacer la tarea de investigar y de encontrar la verdad. Nuestra función no es ser fiscales, pero ante las versiones de los gobiernos ése es nuestro deber en este periodo de crisis: desmantelar las mentiras del Estado. Y, por eso, ser periodista en México se ha convertido en una labor mortal. Son más de 110 periodistas asesinados, 37 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las cifras son escalofriantes, el 98 por ciento de los crímenes en México están impunes. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial comparten los botines de la corrupción y todos se protegen, nadie se ocupa de la ciudadanía, nadie se ocupa de los derechos humanos, ni de hacer justicia, tenemos que replantear el país de fondo.

 

RF: ¿Cómo?

AH: Quizá ir a un régimen más parlamentario, donde el presidente, o el Poder Ejecutivo, no sea quien tome todas las decisiones, donde podamos tomar primeras y segundas rondas en las elecciones, porque en el país quien gana la presidencia lo hace con un margen de votación mínimo y con una diferencia con el contrincante aún más pequeña. Hasta en los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia siempre está la influencia del Poder Ejecutivo para seguirse protegiendo. Tenemos que recomponer el Estado, el sistema de justicia tiene que cambiar por completo.

 

RF: ¿Cómo observas a la sociedad en este contexto?

AH: Vivimos en un sistema perverso, donde todo está estructurado para que las cosas estén así. Más de 60 millones de personas viven en pobreza. La gente, aunque vea la corrupción, está dedicada las 24 horas del día a encontrar qué comer y cómo darle a sus hijos techo y comida. ¿Cómo puedes preocuparte de tus derechos políticos y civiles si tu principal preocupación es qué comer? Además el sistema de educación pública en el país… antes no era así. Recuerdo que mi padre era hijo de un campesino en el estado de Hidalgo. Era una generación que aspiraba a ser algo, se fueron haciendo a sí mismos gracias a la educación; pero hoy, ni hay educación, ni hay futuro para los jóvenes y por eso se enrolan en el crimen organizado.

La educación es mala, antes las universidades públicas eran importantes, ahora están en crisis. Entonces, el gobierno tiene a la gente, por un lado, muriéndose de hambre y, por el otro, sin educación, y ése es el escenario de México y por eso ocurren esas cosas todos los días.

 

RF: ¿Qué es lo que le corresponde hacer?

AH: Despertar. Entiendo que estén ocupados en qué comer o construyendo un futuro para los hijos, pero si no nos sentamos a reflexionar que no va a haber comida ni futuro mientras eso no cambie, seguiremos así. Yo no veo a ningún candidato de la presidencia que esté replanteando esto, que diga: “esto ya no funciona más”.

Los 43 normalistas desaparecidos sintetizan la crisis de México. Aunque el número de desapariciones es de 32 mil en México, los 43 son una fotografía, una instantánea del nivel de impunidad en México y cómo ésta siempre le pega peor a los más pobres.

Hoy sus padres no pueden prenderles una veladora, después de tres años aún no saben dónde están.

 

RF: ¿Hay respuestas en tu libro sobre los responsables de la desaparición de los 43?

AH: En mi libro hay nombre por nombre de los militares responsables, quiénes son los policías federales responsables, documento en qué consiste la responsabilidad moral y legal de Enrique Peña Nieto, viene la historia y reconstrucción de esta noche y por qué pasó. Aunque hace mes y medio tuve información que apunta que al menos un grupo de los 43 estudiantes fue llevado al 27 batallón de infantería y nunca salió de ahí.

Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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