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Mexico Violento

Frontera sur de México, una crisis agravada por la corrupción del Instituto Nacional de Migración

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Por Cinthya Elena Alvarado Enríquez

Mientras la niña, abraza a su peluche, porque «no podía dejarla», abraza también una esperanza que después sabría que era sólo de unos instantes. Provenientes de Honduras, la niña en brazos de su abuela, acompañada de sus tíos con tres niños más y una lactante de 8 meses, iniciaron su caminata de 36 kilómetros de Tapachula a Huixtla, el sábado 4 de septiembre, desde las siete de la mañana.

Era la cuarta caravana de migrantes en una semana con rumbo hacia el país del norte, formada por más de 700 personas y 150 niños. La familia logró pasar la noche en Huixtla, pero la caravana fue desarticulada por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Niña hondureña migrante en la cuarta caravana de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos. Foto: Cinthya Alvarado.

El INM separa a niños de sus padres

Un mes antes, el domingo 5 de agosto, el Instituto Mexicano de Migración y la Guardia Nacional deshicieron la caravana, con tensión y violencia, a sabiendas que venía una centena de niños. Los levantaron sorpresivamente del techado de Huixtla, y pese a que preguntamos dónde estaban los niños, si estaban junto a sus padres, no dieron información de su paradero. Lo mismo pasó en las anteriores caravanas que desarticularon las mismas autoridades. Incluso, hay una lista de migrantes detenidos por la Guardia Nacional, de quienes no se tiene aún noticia, según la denuncia de integrantes de esta cuarta caravana.

En pasada conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, un líder que se identificó como “Cacique Lempira”, expuso las condiciones en las que se encuentran como solicitantes de asilo:

“¿Cómo nos piden que regresemos a Tapachula? ¿se está dando cuenta de lo que pasa en Tapachula, a continuar como indigentes allá? O ¿nos está ofreciendo un plan o una propuesta?

«No tenemos dónde vivir, ni trabajar, no tenemos para comer en Tapachula. No nos dan permiso para trabajar ni para transitar aún con visas humanitarias, no hay resolución positiva de refugio, las rompen en nuestra cara. Hay una gran corrupción en el Instituto Nacional de Migración.

«Es lo que se vive en el Siglo XXI, el albergue que es más bien un campo de concentración, donde están hacinados más de 2 mil personas en condiciones inhumanas. Hemos estado recibiendo amenazas telefónicas, hacen llamadas donde dicen que posiblemente hasta puedo desaparecer en la carretera, tenemos gente desaparecida, queremos saber dónde están. Las están tirando de manera arbitraria en el río Suchiate, los obligan a que crucen al lado de Guatemala, cuando son solicitantes de asilo, eso es una arbitrariedad”.

 

Unos 70 mil migrantes, varados en Tapachula

El drama migrante es un asunto sin resolver desde hace más de seis. Son Guatemaltecos, Hondureños, Salvadoreños, Haitianos, Cubanos, Congoleños, Nigerianos, que suman unas 70 mil personas, quienes de acuerdo con información de un elemento de la Guardia Nacional «no se puede permitir que suban en caravana, porque al rato se formaría otra de 2 mil o 3 mil y se convertiría en un problema mayor».

El militar puede tener razón. Ellos obedecen órdenes y tiene que asegurarse de la protección y seguridad de todos, nacionales y migrantes, pero claramente esas medidas no son la solución, así lo manifiestan los testimonios de quienes llevan largos meses en espera de emprender camino.

Mañana todo volverá a la «normalidad», el centro de Tapachula de nuevo será caótico, el tema del reclamo de algunos seguirá difundiéndose en redes sociales. El desorden afuera del Mercado Sebastián Escobar donde haitianos han abarrotado una calle con mercadería de su consumo, sin que la presidencia municipal diseñe un ordenamiento que solucione su necesidad de abasto sin afectar a la ciudadanía, así como tampoco se ha acercado a esta población flotante para que se integren a las normas y leyes locales y nacionales con miras a evitar conflictos con los mexicanos.

Remesas a migrantes en Tapachula, principal economía local

De acuerdo con información de empleados de la Tienda Coppel, a diario se recibe un promedio de 3 millones de pesos aproximadamente como remesas para migrantes. Hay más de 15 agencias y bancos para pagar esos envíos. Miles de migrantes reciben dinero de sus familiares radicados en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que ya representa una importante entrada a la ciudad, porque ellos gastan en víveres, insumos, hospedaje, transporte, y en todo tipo de servicio como teléfonos celulares.

A diario todas las agencias bancarias, de envío de dinero internacional, casas de cambio y bancos se ven enormes filas de migrantes, en las calles de Tapachula. Por el centro y colonias se ven deambulando, en grupos y en parejas, realizando compras. Es por eso que los gobiernos locales y los empresarios prefieren retenerlos y no hacer nada por organizarlos sin permitir una integración positiva para la ciudad.

Gobierno federal, sin plan

El activista y defensor de Derechos Humanos Luis Rey Villagrán señaló que no hay un plan de atención gubernamental basado en la realidad, “un vacío que genera conflicto hasta en la población mexicana”. Abundó que hay una propuesta de Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración de crear un campamento de refugiados, es un plan que han anunciado. “Sin embargo, sus tácticas dilatorias con las que infringen la ley a pesar de ser solicitantes de refugio, los migrantes quedan detenidos, varados en Tapachula, que ahora le llaman una ciudad-cárcel, donde hay estigmatización y pocas oportunidades, menos refugio”.

El también abogado Villagrán dio a conocer que, por orden de Paola López Rodas, subdelegada Federal Zona Sur, del INM, no hay ningún tipo de concesiones, ni por la vía legal. Los migrantes haitianos, migrantes que han intentado salir legalmente con visas humanitarias, con la solicitud de asilo, así como con polleros o coyotes, han sido regresados, en especial los de color, los haitianos.

Villagrán invitó a la población a pedir y observar que se cumpla la Ley de Migración y la Ley de Solicitud de Asilo Político y Protección complementaria vigentes en México. Esta imposición de la ONU, de Joe Biden, y de Francisco Garduño, Comisionado del INM con un doble discurso que no respeta la Ley sólo polariza la opinión de los mexicanos, donde el odio, la injuria, la diatriba, embonan perfectamente porque no hay un orden ni una solución real para dar a los migrantes cauces a su solicitud, como tampoco a que la sociedad local encuentre desarrollo.

El defensor de derechos humanos Luis Rey Villagrán.

El INM, uno de los más corruptos

Entre las denuncias de migrantes, hay denuncias contra agentes del INM que se coordinan con polleros y dueños de hoteles. Cobran hasta 5 mil dólares por visa humanitaria, según testimonios de migrantes. Desde que inició la actual administración federal, cuando la exministra Olga Sánchez Cordero estuvo de gira en la Frontera Sur, declaró que uno de sus propósitos al frente de la Secretaría de Gobernación era limpiar el Instituto Nacional de Migración porque “era uno de los más penetrados por la corrupción”. Y abundó que se iba a suplir prácticamente a todo el personal, 1040 empleados, por los altos niveles de corrupción.

Sánchez Cordero también hizo énfasis en que había cuatro denuncias penales contra agentes que extorsionaban a las personas que intentaban cruzar nuestro país. Sin embargo, a unos días de haber asumido el cargo el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, no se ha pronunciado por la dirección que tendrá el INAMI, ni se le ha dado seguimiento a la crisis migratoria actual.

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Justicia pendiente

UIF suma más de 380 denuncias ante la FGR contra más de 2 mil personas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 386 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 2 mil 505 personas desde diciembre de 2018, así lo informó la directora de asuntos normativos de la dependencia federal, Mireya Valverde.

La funcionaria federal explicó que la UIF ha bloqueado 41 mil 646 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales que son investigadas por la comisión de diferentes delitos financieros y cuyo monto asciende a 6 mil 516 millones 617 mil 91 pesos.

De acuerdo con la representante de la UIF, la institución ha dado vista 260 hechos posiblemente constitutivos de irregularidades administrativas o fiscales a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Agregó que han implementado diferentes estrategias de combate a la corrupción y el lavado de dinero en el país con organizaciones del crimen organizado, por lo que han logrado detener las operaciones financieras de las principales agrupaciones delictivas de México.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, mencionó que el gobierno federal ha avanzado en el combate a los delitos financieros cometidos en el país que representan la principal forma de obtención recursos económicos para continuar con sus operaciones criminales.

Asimismo, refirió que son necesarias las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para combatir los principales delitos financieros cometidos en los dos países y por lo cual es fundamental la inteligencia financiera como la de la UIF para alcanzar determinados objetivos.

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Investigaciones

Familia del gobernador de Puebla defrauda a agremiados del magisterio por más de 50 millones de pesos

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Por Claudia Martínez Sánchez

Los agremiados del Sindicato Estatal de Trabajadores de La Educación (S.E.T.E.P) denunciaron ante la Secretaría de Gobernación el hurto de sus ahorros a través de un fraude que asciende a más de 50 millones de pesos perpetrado por familiares del gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Se trata de las cuotas sindicales de toda una vida de más de 800 maestros agremiados, destinadas al Fondo de Ahorro Sindical de Defunción y Retiro por Jubilación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (S.E.T.E.P). Dichas cuentas, según la denuncia, fueron saqueadas por Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez, primo hermano de Julio Miguel Huerta Gómez, director general de Gobierno del estado de Puebla, también sobrino del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El pasado 13 de septiembre, la maestra Ana Luz Durán Cerón acudió a la sucursal BBVA Bancomer, en calidad de presidenta acreditada del fondo sindical, llevándose la sorpresa de que el familiar del director de Gobernación, Julio Huerta Gómez, líder del SETEP, mediante la representación como secretario General del Sindicato, realizó una gestión bancaria que es casi imposible de tramitar por tratarse de una cuenta en la que nadie más estaba acreditado.

Gutiérrez Gómez acudió a la sucursal BBVA Bancomer para que se le negara toda información del estado de estos fondos de ahorro a Durán Cerón, quien es la presidenta de la cartera sindical, y pasara a manos de Gonzalo Gutiérrez Gómez y del contador personal del dirigente de este sindicato, quien ahora es el único administrador en la cuenta de cheques 0181366999 mediante banca móvil o por bancomer.com o token.

Hasta el 13 de septiembre, Durán Cerón era responsable de los pagos a los agremiados sindicales, así como de la rendición de cuentas. Derivado de la responsabilidad que implica el fraude cometido por parte del dirigente sindical Gutiérrez Gómez, la maestra Ana Luz Durán Cerón presentó un oficio en dos ocasiones en el que solicita al secretario General una explicación, no sólo a ella sino a todos los agremiados. Sin embargo, José Luis Facundo Flores Aguilera, secretario particular de Gutiérrez Gómez, rechazó la recepción de la solicitud escrita, por lo que se dio parte a la Secretaría de Gobernación de la república.

No obstante, no es la primera denuncia de falta de transparencia sindical. Cabe recordar que los agremiados han denunciado que, con fecha del 1 de septiembre de 2019, el líder de este sindicato se auto otorgó una clave considerada dentro de las más altas E781700.0001061 de Profesor Titulado Tiempo Completo «C», misma clave que no se puede otorgar a maestros que no cuenten con título de Doctorado, nivel que el secretario General del S.E.T.E.P no acredita.

Por otra parte, hay más de 300 denuncias por amenazas de muerte a trabajadores de este sindicato, mismos que son perseguidos y hostigados, desde el rastreo del perfil de cada uno hasta cambios de adscripción a las zonas más lejanas como represalia. Directores, supervisores y maestros viven el hostigamiento de sus líderes, ya que los nombramientos con cambios de adscripción llegan de la nada, argumentándoles que llevan muchos años en ese puesto y por órdenes de la Secretaría de Educación Pública y Gobernación estatal, deben salir de sus centros de trabajo o renunciar a su plaza.

 

 

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Justicia pendiente

Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa denuncian que no existen respuestas sobre desaparición

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Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, denunciaron que no existen respuestas sobre la desaparición de los normalistas por parte de las autoridades federales.

Tras participar en la marcha por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas reconocieron que han existido deficiencias en las investigaciones que han efectuado las autoridades federales para conocer la verdad sobre lo que ocurrió hace siete años.

Dijeron que han pasado tres años desde el inicio de la actual administración federal y la comisión de la verdad no ha dado a conocer los resultados de las indagatorias, ya que sólo se han identificado los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos, pero el resto se encuentra desconocido.

Indicaron que persisten las preguntas sobre el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y qué sucedió con ellos, así como las razones y los responsables de su desaparición y por ello el gobierno federal no ha entregado información adecuada.

Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no han entregado indagatorias serias sobre los resultados, pues tiene seis meses sin poder ejecutar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, aunado a que tampoco ha citado a declarar Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, quien pudo tener conocimiento sobre la desaparición.

El 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron presuntamente por presuntos integrantes del crimen organizado asociados a “Guerreros Unidos”, que los acusaron supuestamente de haber formado parte de una organización delictiva rival, pero su paradero aún es desconocido.

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