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Mexico Violento

Frontera sur de México, una crisis agravada por la corrupción del Instituto Nacional de Migración

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Por Cinthya Elena Alvarado Enríquez

Mientras la niña, abraza a su peluche, porque «no podía dejarla», abraza también una esperanza que después sabría que era sólo de unos instantes. Provenientes de Honduras, la niña en brazos de su abuela, acompañada de sus tíos con tres niños más y una lactante de 8 meses, iniciaron su caminata de 36 kilómetros de Tapachula a Huixtla, el sábado 4 de septiembre, desde las siete de la mañana.

Era la cuarta caravana de migrantes en una semana con rumbo hacia el país del norte, formada por más de 700 personas y 150 niños. La familia logró pasar la noche en Huixtla, pero la caravana fue desarticulada por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Niña hondureña migrante en la cuarta caravana de centroamericanos con rumbo a Estados Unidos. Foto: Cinthya Alvarado.

El INM separa a niños de sus padres

Un mes antes, el domingo 5 de agosto, el Instituto Mexicano de Migración y la Guardia Nacional deshicieron la caravana, con tensión y violencia, a sabiendas que venía una centena de niños. Los levantaron sorpresivamente del techado de Huixtla, y pese a que preguntamos dónde estaban los niños, si estaban junto a sus padres, no dieron información de su paradero. Lo mismo pasó en las anteriores caravanas que desarticularon las mismas autoridades. Incluso, hay una lista de migrantes detenidos por la Guardia Nacional, de quienes no se tiene aún noticia, según la denuncia de integrantes de esta cuarta caravana.

En pasada conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, un líder que se identificó como “Cacique Lempira”, expuso las condiciones en las que se encuentran como solicitantes de asilo:

“¿Cómo nos piden que regresemos a Tapachula? ¿se está dando cuenta de lo que pasa en Tapachula, a continuar como indigentes allá? O ¿nos está ofreciendo un plan o una propuesta?

«No tenemos dónde vivir, ni trabajar, no tenemos para comer en Tapachula. No nos dan permiso para trabajar ni para transitar aún con visas humanitarias, no hay resolución positiva de refugio, las rompen en nuestra cara. Hay una gran corrupción en el Instituto Nacional de Migración.

«Es lo que se vive en el Siglo XXI, el albergue que es más bien un campo de concentración, donde están hacinados más de 2 mil personas en condiciones inhumanas. Hemos estado recibiendo amenazas telefónicas, hacen llamadas donde dicen que posiblemente hasta puedo desaparecer en la carretera, tenemos gente desaparecida, queremos saber dónde están. Las están tirando de manera arbitraria en el río Suchiate, los obligan a que crucen al lado de Guatemala, cuando son solicitantes de asilo, eso es una arbitrariedad”.

 

Unos 70 mil migrantes, varados en Tapachula

El drama migrante es un asunto sin resolver desde hace más de seis. Son Guatemaltecos, Hondureños, Salvadoreños, Haitianos, Cubanos, Congoleños, Nigerianos, que suman unas 70 mil personas, quienes de acuerdo con información de un elemento de la Guardia Nacional «no se puede permitir que suban en caravana, porque al rato se formaría otra de 2 mil o 3 mil y se convertiría en un problema mayor».

El militar puede tener razón. Ellos obedecen órdenes y tiene que asegurarse de la protección y seguridad de todos, nacionales y migrantes, pero claramente esas medidas no son la solución, así lo manifiestan los testimonios de quienes llevan largos meses en espera de emprender camino.

Mañana todo volverá a la «normalidad», el centro de Tapachula de nuevo será caótico, el tema del reclamo de algunos seguirá difundiéndose en redes sociales. El desorden afuera del Mercado Sebastián Escobar donde haitianos han abarrotado una calle con mercadería de su consumo, sin que la presidencia municipal diseñe un ordenamiento que solucione su necesidad de abasto sin afectar a la ciudadanía, así como tampoco se ha acercado a esta población flotante para que se integren a las normas y leyes locales y nacionales con miras a evitar conflictos con los mexicanos.

Remesas a migrantes en Tapachula, principal economía local

De acuerdo con información de empleados de la Tienda Coppel, a diario se recibe un promedio de 3 millones de pesos aproximadamente como remesas para migrantes. Hay más de 15 agencias y bancos para pagar esos envíos. Miles de migrantes reciben dinero de sus familiares radicados en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que ya representa una importante entrada a la ciudad, porque ellos gastan en víveres, insumos, hospedaje, transporte, y en todo tipo de servicio como teléfonos celulares.

A diario todas las agencias bancarias, de envío de dinero internacional, casas de cambio y bancos se ven enormes filas de migrantes, en las calles de Tapachula. Por el centro y colonias se ven deambulando, en grupos y en parejas, realizando compras. Es por eso que los gobiernos locales y los empresarios prefieren retenerlos y no hacer nada por organizarlos sin permitir una integración positiva para la ciudad.

Gobierno federal, sin plan

El activista y defensor de Derechos Humanos Luis Rey Villagrán señaló que no hay un plan de atención gubernamental basado en la realidad, “un vacío que genera conflicto hasta en la población mexicana”. Abundó que hay una propuesta de Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración de crear un campamento de refugiados, es un plan que han anunciado. “Sin embargo, sus tácticas dilatorias con las que infringen la ley a pesar de ser solicitantes de refugio, los migrantes quedan detenidos, varados en Tapachula, que ahora le llaman una ciudad-cárcel, donde hay estigmatización y pocas oportunidades, menos refugio”.

El también abogado Villagrán dio a conocer que, por orden de Paola López Rodas, subdelegada Federal Zona Sur, del INM, no hay ningún tipo de concesiones, ni por la vía legal. Los migrantes haitianos, migrantes que han intentado salir legalmente con visas humanitarias, con la solicitud de asilo, así como con polleros o coyotes, han sido regresados, en especial los de color, los haitianos.

Villagrán invitó a la población a pedir y observar que se cumpla la Ley de Migración y la Ley de Solicitud de Asilo Político y Protección complementaria vigentes en México. Esta imposición de la ONU, de Joe Biden, y de Francisco Garduño, Comisionado del INM con un doble discurso que no respeta la Ley sólo polariza la opinión de los mexicanos, donde el odio, la injuria, la diatriba, embonan perfectamente porque no hay un orden ni una solución real para dar a los migrantes cauces a su solicitud, como tampoco a que la sociedad local encuentre desarrollo.

El defensor de derechos humanos Luis Rey Villagrán.

El INM, uno de los más corruptos

Entre las denuncias de migrantes, hay denuncias contra agentes del INM que se coordinan con polleros y dueños de hoteles. Cobran hasta 5 mil dólares por visa humanitaria, según testimonios de migrantes. Desde que inició la actual administración federal, cuando la exministra Olga Sánchez Cordero estuvo de gira en la Frontera Sur, declaró que uno de sus propósitos al frente de la Secretaría de Gobernación era limpiar el Instituto Nacional de Migración porque “era uno de los más penetrados por la corrupción”. Y abundó que se iba a suplir prácticamente a todo el personal, 1040 empleados, por los altos niveles de corrupción.

Sánchez Cordero también hizo énfasis en que había cuatro denuncias penales contra agentes que extorsionaban a las personas que intentaban cruzar nuestro país. Sin embargo, a unos días de haber asumido el cargo el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, no se ha pronunciado por la dirección que tendrá el INAMI, ni se le ha dado seguimiento a la crisis migratoria actual.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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