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Con voz propia

Fraudes cibernéticos, madruguetes mañaneros y una leyenda poblana

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

De repente la palabra “chayote” se puso en boca de muchos, pero si forman parte de los adoradores del presidente López Obrador, generalmente la aplican a reporteros de la vieja guardia, generalmente de los que participan en programas de televisión. Se usa sin conocer mucho el porqué de su significado. Un fruto muy espinoso mientras se encuentra en el sobre (todavía no se usaban las transferencias electrónicas) pero dulce una vez que se traslada a la cartera del sedicente reportero, el jefe de información o el encargado de las finanzas de un medio

En el “neochayote” no están todos los que se dicen, y no aparecen muchos de los que están.

No funciona así. Son mini páginas de YouTubers que nadie ve, pero que reciben campañas de gobiernos municipales; o dinero en efectivo que no pasa por cuentas bancarias, de empresarios buscando contratos de los presidentes municipales a los que ayudaron a imponer, perdón, a ganar elecciones.

La Silla Rota acusó a determinadas personas, que “solo por casualidad” son las que más oportunidades tienen de preguntar en la conferencia, matutina de López Obrador, y cuando no lo hacen los apuntan en la lista para preguntar en la siguiente.  Tengo la impresión, casi la seguridad de que esos neochayoteros no reciben dinero del gobierno federal, pero sí, hay indicios de que son consentidos de Mario Delgado, sin que por eso el presidente del partido Morena sea el único corruptor. Hay otros que quieren derrocar cónsules, por ejemplo, para o manejar recursos que les otorga Biden a los migrantes, como apoyo por el desempleo durante el coronavirus.

No siempre se trata de corrupción, quizá solo sea inexperiencia para abordar temas de interés nacional. Cómo sea, esto provoca que el periodismo que importa quedé relegado.

El periodismo en México, y no debe ser sorpresa, ha funcionado también como un correo de insultos y halagos entre poderes, o incluso entre gobernadores y suspirantes, que siempre citan las palabras del “señor presidente”. Lo lamentable es que nunca hayamos estado tan cerca como ahora de llevar la voz de la sociedad al jefe del Ejecutivo y, una buena parte del tiempo, no podemos hacerlo, porque se les concede el espacio, y el micrófono, a personas con intereses ajenos al periodismo.

De por sí es difícil tomar la palabra, pero aun cuando así sucede y aunque el presidente se comprometa ante millones de personas que lo ven a diario, no siempre le hacen caso. Está el caso de cuando le pidió al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval atender a las víctimas del plantón afuera de las oficinas del Campo Marte. Ni él subjefe de las fuerzas armadas (el jefe es López Obrador) ni ningún otro uniformado, le preguntó a Óscar Kabata, violado en un cuartel militar, ni a los familiares del capitán Vladimir Ilich Malagón, en qué podía ayudarlos.

Bueno, ni, aunque el presidente publique sus deseos en el Diario Oficial, como ocurrió el pasado 28 de agosto de 2021, su gabinete se empeña. Ese día fijó fecha para integrar una Comisión que estudiaría los casos de personas que tendrían que obtener su libertad por no haber contra ellos más pruebas que confesiones arrancadas con el sutil método del pocito, o invisibles choques eléctricos en mucosas y genitales.

El primer obligado a proceder debió ser Netzaí Sandoval, no solo para corresponder al presidente por la confianza de haberle dejado cargar el portafolios, sino porque es el titular de la defensoría pública federal; gana más que López Obrador, y es la fecha en la que no ha puesto en libertad a ningún torturado. Más que eso, los abogados de la Defensoría ni siquiera han acudido a las audiencias, cuando toca el turno de que una presa se caree con las torturadoras que les aplicaron tormento.

Otro hijo desobediente es Martí Batres. Claudia Sheinbaum se adhirió al Acuerdo Presidencial. El responsable de lo que ocurre en las cárceles de la Ciudad de México es el Secretario de Gobernación, pero no se da por enterado.

Hace unas semanas un joven que ya había pagado su sentencia por delitos previos, fue arrestado con lujo de violencia en el interior de su casa, en un operativo como si se tratara de arrestar a un Salinas de Gortari, o alguien de esa talla. Le colocaron en su vivienda dos paquetes aproximadamente de medio kilo, supuestamente drogas,  y luego, ante el terror de su esposa, lo condujeron al reclusorio.

Parece que el muchacho apartaba lugares y lavaba coches en la vía pública. El negocio resultó muy productivo, a alguien le dio envidia y lo acusó falsamente. La misma historia que contó Luis Spota en “Cadena perpetua”. Esta vez la víctima no fue un contador, sino un humilde “viene, viene”. Ocurrió en Iztapalapa, por si a Batres le interesa hacer el trabajo que le corresponde, y que, por cierto, no es el de promover a Claudia Sheinbaum a la presidencia.

Pero regresando al tema. No basta con llegar a las 3:30 de la mañana, como lo hizo recientemente la compañera de Guerrero, Ernestina Aguilera. No es suficiente permanecer de pie dos horas y media sobre la calle de Moneda, a veces con lluvia, otras veces con frío. No basta ser de la tercera edad o venir desde muy lejos. Aunque al periodista le asignen un número del 1 al 10, no hay garantía de primeras filas. Servilletas blancas en el lomo de esas sillas indican que están reservadas para el representante de algún periódico, un multimedia o medio digital. Los conocimientos periodísticos de los encargados de prensa, no alcanzan para distinguir entre medios fríos, calientes o hirvientes como los hubiera llamado McLuhan.

Es más, en el equipo de Jesús Ramírez Cuevas, los egresados de estudios periodísticos, no son mayoría.

Una Alerta de seguridad que no encontrarás en los medios públicos

Los teléfonos inteligentes no lo son tanto. Abundan aplicaciones fraudulentas mediante las cuales otorgan préstamos, no sin antes pedir acceso a todos los contactos y a todas las fotografías que tengan las personas en sus aparatos. Las personas que ya tienen al casero en la puerta para cobrar la renta, o un hijo enfermo, por mencionar ejemplos cotidianos, dan acceso a sus datos personales, para obtener de mil a cinco mil pesos. A las personas del directorio de contactos, etiquetadas como “mamá”, o “papá”, o tienen los mismos apellidos de las que solicitaron un préstamo, en automático los convierten en “deudores solidarios”, y son sujetos de amenazas si no pagan la cantidad prestada mediante depósito en cuenta, más, alrededor del  100 % de intereses… semanales

Muchas menos personas recibirían un watts app con su foto, a la que le sobreponen la palabra “ratera”, si agencias como Notimex o el Sistema Público de Radio y  televisión pública cubrieran noticias o hicieran reportajes de interés público. Para Sanjuana Martínez o Jenaro Villamil, los medios son para recordar efemérides y hacer entrevistas con personajes que queden  bien con el presidente López Obrador, quien, por cierto  tampoco debió acceder los tiempos oficiales, en donde se podían transmitir estos mensajes de alerta a la ciudadanía.

Con la confianza absoluta en las redes sociales, el presidente prescindió de anuncios de interés social que se transmitían a grandes audiencias, como las que ven “La Rosa de Guadalupe”. Precisamente éste es el perfil y el nivel educativo de quienes resultan víctimas de estos fraudes.

Los tiempos oficiales no son propiedad del presidente, y por lo tanto no los debió haber regresado ni a Azcárraga, ni a Salinas Pliego. Todo lo que se difunde a través del espacio aéreo mexicano, es propiedad de la Nación, no del presidente, y hay muchos mensajes de servicio público que han dejado de llegar a la audiencia que los requiere, porque en YouTube o en Facebook, no cuesta ningún trabajo cambiar de canal.

Un ejemplo de cómo operan estas aplicaciones de préstamos:. Del número telefónico 5523 17 638 que aparentemente pertenece a un Call center, llaman insultando a personas y exigiéndoles el pago de un préstamo del que no tienen la mínima idea. Cuando se les pregunta a dónde se puede acudir a liquidar ya recibir el comprobante del finiquito, dicen que por seguridad solo aceptan o pagos en Oxxo o transferencias telefónicas.

Cuando se les replica que el interés del 100 por ciento a la semana representa un delito sancionado por el Código Penal Federal, responden con insultos, generalmente racistas, amenazas y violencia sexual. Ni se diga si la persona responde que va a reportar el teléfono a la policía cibernética.

“Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos”. Código penal federal.

Una buena opción para defenderse de esta delincuencia organizada, es acudir desde cualquier lugar del país al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, reportarles el número de teléfono y la cuenta bancaria a la que le obligaron a hacer  los depósitos que le piden.

Bitácora suplementaria: Una leyenda poblana.

El estado mexicano de Puebla es rico en anécdotas históricas, como la de la china poblana, que ni era china ni era poblana, o la  de las monjas que para agradar a Iturbide con un platillo que tuviera los colores de la bandera Trigarantera inventaron los Chiles en Nogada.

Pero hay otra leyenda de terror que se cuenta en voz baja, aunque no a los niños, sino a los aficionados a las historias de terror político,

Había una vez un señor que se llamaba Genaro García Luna, y un presidente, supuestamente mexicano, cuyo nombre aparece en la historia como empleado de Iberdrola, una empresa española.

Felipe, que así se llamaba el mandatario, declaró un día que le encantaba una serie de televisión llamada “24” y que quería tener todos los juguetes con los que contaba su protagonista, Jack Bauer.

Entonces construyó un gran edificio en la Avenida Legaria, y puso como director de la Agencia Federal de Investigaciones a García Luna.

Y el señor creyó que era bueno. Y dijo entonces: “que se compren metralletas, y tanques y enormes rifles con mira telescópica, de las que usan los francotiradores en las películas”.

García Luna disponía de todos estos juguetes, aunque su uso se encuentra reservado a la defensa de los países no de las policías. Genaro tenía algunos apóstoles, Luis Cárdenas Palomino, se llamaba uno, otro, Ramón Eduardo Pequeño García, Tomás Zerón Lucio, uno más, y al final,  Ardelio Vargas Fossado, para no  mencionar a todos.

Ese último, a quien García Luna conoció en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, trabajó como secretario de Seguridad Pública en el gobierno del priista Javier Moreno Valle.

Dice la leyenda que Fossado tenía una enorme influencia, y esto no suena tan legendario puesto que el cargo de seguridad pública es de mucha importancia. Esto le permitía decidir muchas cosas más allá de su encargo.

Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.

La Barret M 52 es un arma portátil capaz de derrumbar edificios con sus potentes municiones de 12.7 milímetros. No se lo podemos garantizar, pero después de dar en el blanco, los proyectiles hasta podrían desintegrarse sin dejar huella, por lo menos no una que puedan encontrar fácilmente las autoridades de Aeronáutica Civil. Las Balas de la Barret pueden alcanzar una altura…perdón, una distancia de hasta dos kilómetros, bueno también una altura, pero… mejor así lo dejamos para no hacernos bolas.

Regresamos. Cuando Moreno Valle terminó su encargo, postuló a su esposa Erika Alonso, quien ganó por el PAN. Parece ser que en ese estado Morena nunca les gustó a los electores porque era la última opción.

Erika no era una mujer a la que le gustara que le dijeran que hacer y mucho menos como gobernar. Así que le dio las gracias a Fossado, diciéndole, palabras más, palabras menos, “tú sigue tu camino, que yo seguiré el mío, y Dios con los dos”.

A 10 días de haber tomado el cargo, Erika y Javier decidieron tomar un camino aéreo. No es difícil seguir una ruta así. Las rutas de aviación son muy, pero muy precisas.  Esa mañana de diciembre el helicóptero Augusta no tendría que enfrentar huracanes, ni ciclones, ni vientos huracanados, simplemente porque no era la época. Tampoco habían llegado a una zona montañosa. Ni siquiera a un cerrito, cuando el helicóptero se cayó, nomás porque sí.

Bueno, según las investigaciones pudo haber fallado el rotor de cola, o algo así. ¿Quién sabe? El caso es que la aeronave quedó en cenizas. De los cuerpos de Javier, Erika y los pilotos, no se supo porque fueron derechito a unos ataúdes que a nadie se le permitió abrir.

Más temprano que tarde, Fossado, de quien Moreno Valle había dicho “es mi cuate”, empezó a hacerle campaña a Miguel Barbosa, y lo hizo gobernador. Hubiera sido demasiado que lo nombrara otra vez secretario de Seguridad Pública, así que lo dejó poner a una amiga incondicional en el puesto, Karla Morales.

Y Aquí termina la leyenda porque para terminar hemos hecho una bonita selección de un documento periodístico que obra en el archivo del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación.

El documento oficial, con fecha 14 de marzo de 2021 recoge un reportaje de Proceso. Con uno de sus párrafos cerramos esta historia, esperando haberle dado los elementos para que usted arme la Historia. Dice así:

Durante su gestión en la SSP empezaron a instalarse en Puebla los grupos delictivos dedicados al robo de combustible; las organizaciones civiles lo acusan de represor y la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma que usó balas de goma para desalojar a pobladores en Chignahuapan. Cuando fue comisionado del INM (2013-2018), activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde lo señalaron de violentar los derechos humanos de migrantes.

 

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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