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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

Con voz propia

El genocidio de niños indígenas en Canadá: contubernio del gobierno con la Iglesia Católica

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Por Alberto Farfán

Información como ésta no puede ni debe ser soslayada bajo ningún aspecto, en todo caso debe ser expuesta todas las veces que sea necesario. Pues hablamos de 6 mil menores de ambos sexos asesinados a manos de personal de la Iglesia católica con la complicidad del gobierno canadiense, todo lo cual salió a la luz por la serie de descubrimientos de osamentas en fosas cercanas a los internados en que sometían a dichos niños.

Sin embargo, podría ser una cifra mayor si consideramos que alrededor de unos 150,000 niños nativos, mestizos e inuit, algunos con edad de tres años, fueron prácticamente secuestrados de sus hogares desde 1863 hasta la década de 1990, con el objeto de recluirlos en 140 de esos internados estatales de todo Canadá, donde fueron aislados de sus familias, idioma y cultura. Los forzaban a convertirse al cristianismo, a abandonar sus idiomas nativos y a hablar inglés o francés, entre otras imposiciones.

Cabe aclarar que este asunto surgió de tiempo atrás, cuando en 2008 se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para revelar todos los aspectos de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los recintos en cuestión, al darse a conocer los primeros hallazgos de tumbas. Esta comisión entrevistó a más de 6 mil sobrevivientes y concluyó su trabajo en 2015 con la publicación de un informe de 4 mil páginas en el que calificó los hechos como “genocidio cultural”, cuyo ridículo eufemismo me niego a utilizar. Fue genocidio y punto.

Estos supuestos colegios eran administrados por el gobierno y regidos por la Iglesia católica en su mayoría, como parte de políticas estatales para obligar a los menores a someterse a la visión occidental de los colonizadores, por ello no se les permitía hablar su idioma o ejercer su cultura ancestral y muchos eran maltratados y sufrían abusos. Tanto físicos, golpizas brutales, como de salud y psico-emocionales, y asimismo de índole sexual. E incluso fueron utilizados para pseudo experimentos nutricionales, muriendo de inanición.

En realidad, si somos claros, lo que ocurría era que gobierno e Iglesia buscaban mantenerlos en campos de concentración para exterminarlos y detener su futura progenie. ¿Exagero?  Si no fuera de otro modo, entonces por qué al llevar a cabo esta abyecta tarea era el Estado canadiense el que obtendría grandes ventajas, pues al cumplir con esta política de genocidio lograba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes a lo cual estaba obligado jurídicamente, amén de que con ello obtendría el control de sus tierras y recursos sin mayor problema.

Más aún, si no fuera así, ¿por qué entonces ciertos expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a Ottawa y al Vaticano a efectuar una investigación expedita y profunda sobre la gestión de esos internados? Porque además de todo ellos saben perfectamente bien que ambas instituciones deben tener bajo un riguroso resguardo documentación que confirme los hechos y acredite responsabilidades.

Ya ofreció disculpas el primer ministro Justin Trudeau: “lo sentimos. Fue algo que no podemos deshacer en el pasado, pero podemos comprometernos todos los días a arreglarlo en el presente y en el futuro”. Trudeau también hizo énfasis en que solicitaría al papa Francisco una disculpa oficial por la participación de la Iglesia católica, pero hasta ahora el sumo pontífice se ha negado. Esto es, ni cumplió con su petición a Francisco, así como tampoco en apoyar a los indígenas de su país, como veremos más abajo.

Retomando mis interrogantes, a continuación citaré a Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes de Canadá, parlamentaria del grupo indígena inuit (comúnmente denominados esquimales), quien en entrevista coloca lo anterior expuesto en su justa dimensión (BBC NEWS, 08/07/21).

Puntualiza: “a través de los internados, cuando miras la experiencia del norte y los inuit específicamente, a través de la matanza de perros de trineo, la reubicación forzada, el traslado forzoso de familias para el tratamiento de la tuberculosis, entre muchas otras estrategias bien pensadas, la institución federal estaba tratando de eliminar de nuestras vidas a los indios, las Primeras Naciones, los inuit o cualquier aspecto de ser los primeros pueblos de este país”. Es decir, se buscó siempre el genocidio, en efecto.

Y acerca de en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido en el pasado y el presente, dice: “La institución federal, la institución de la Policía Montada y quienquiera que dirija esas instituciones en este momento es responsable. El primer ministro Justin Trudeau puede decir todo lo que quiera, que no fue él quien implementó estas cosas, pero aún está llevando a los niños indígenas a los tribunales, sigue sin proporcionar agua potable a las reservas en todo el país…”. “Entonces, cuando él dice que la relación con los pueblos indígenas de Canadá es lo más importante, es ridículo porque se da la vuelta y no hace nada por los pueblos indígenas de Canadá”.

Y aún más esclarecedor y contundente. Ante la pregunta sobre si no es suficiente que el primer ministro haya llamado a reconocer los “terribles errores del pasado”. La parlamentaria declara: “Absolutamente no. Hay miles de registros que tiene la institución canadiense sobre estos depredadores, estos pedófilos que se enfocaron en los niños indígenas durante los tiempos de los internados. El Departamento de Justicia de Canadá tiene miles de nombres y siguen señalando con el dedo y diciendo que es la Iglesia católica, lo cual es verdad en cierto sentido, pero también es completamente falso. Necesitamos ayuda, pero la institución federal que se supone que nos representa se niega a darla”.

En definitiva, el genocidio que se perpetró nadie lo puede negar en modo alguno. Y jamás debe volver a ocurrir. Y por supuesto que se deben fincar responsabilidades en la medida de lo posible, pues han pasado décadas desde los hechos, pero por lo menos se deben dar a conocer nombres y apellidos de los criminales y las víctimas, y toda la información relativa a este terrible y ominoso exterminio en masa.

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Con voz propia

Los expresidentes de México: ¿Votar o no votar en la consulta? Ése es el dilema

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”?

La pregunta de la consulta del 1 de agosto de 2021, es en sí misma una aberración jurídica y contra el más elemental sentido común. A pesar de todo, hay otros factores que deben ser tomados en cuenta. Pero primero lo primero.

“Con apego al marco constitucional y legal”. ¿Acaso hay de otro marco que pueda emplear el Estado? Está bien, concedamos, ni el asesinato de Francisco Javier Ovando ni el de Colosio, ni el del Cardenal Posadas, ni el de Francisco Ruiz Massieu, ni los de Aguas Blancas, El Charco o el Actual, solo por mencionar unos pocos entre cientos de casos, fueron ordenados en el marco constitucional o legal, aunque todos tuvieron la participación de gobiernos locales o federales.

“Emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas” Ah chin… “decisiones políticas” ¿eso es lo que importa? Y si mejor esclarecemos los crímenes políticos, en lugar de las decisiones políticas. Digo para analizar decisiones sobran investigadores en las universidades, quienes no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer su trabajo.

Si quieren usar en algo útil los 500 millones de pesos de la consulta, mejor que los empleen en limpiar el estercolero del sistema judicial mexicano, o que contraten penalistas y no recomendados sin experiencia en el Instituto Federal de Defensoría Pública, basados en su orientación sexual y no en los cursos de formación que debieron tomar.

Recuerdo el trabajo en el que participé en la Asamblea Legislativa para que se aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia. Se trataba de que cualquiera que fuera la forma en que estuviera integrada la pareja, sea por dos hombres, dos mujeres, (o cualquier definición que prefiera la comunidad LGBTTTIQ) pudieran heredarse entre sí, dejar sus pensiones a la pareja en caso de fallecimiento,  o  juntar  sus créditos para comprar una casa, por ejemplo; pero ahora resulta que en la Defensoría se realiza una discriminación sexual a la inversa, los heterosexuales, según afirman varios abogados despedidos,  tienen menos oportunidad de que les den trabajo, sin importar sus especialidades o experiencia como penalistas.

“…encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. ¿Solamente “encaminado”?  ¿y para qué le dan tanta vuelta al camino? Hay cientos de víctimas, que no son posibles, sino plenamente confirmadas, a las que no se les quiere hacer justicia en la 4T, donde al igual que con Salinas, Calderón o Peña Nieto, la “justicia” es muy selectiva.

Y una especial mención merece para mí el capitán Vladimir Ilich Malagón, quien lleva más de 10 años de prisión, por el delito de defender los trabajos de inteligencia militar, que le exigía revelar el escolta del ex secretario del trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón. Ilich salvó de la muerte a docenas o quizá centenares de sus compañeros, que hubieran sido cazados por el crimen organizado, si se revelaba en donde harían operativos.

O los directores de reclusorios federales, o incluso de algún comisionado nacional de seguridad, que fueron señalados por ordenar, o al menos permitir actos de tortura. Como hacía con los sacerdotes pederastas la iglesia católica en México, antes de que llegara a poner orden el nuncio Franco Coppola, que solo los cambiaban parroquia, a los cómplices de estos suplicios medievales, solo les cambiaban de cárcel.

A propósito de torturas medievales, en una entrevista reciente de Los Ángeles Press, el abogado Gerardo Manrique, co autor, con Miguel Sarré, del libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal nos recordaba que, a diferencia de los tormentas en la Santa Inquisición, ahora es muy fácil que no quede huella, que no y que no, con procedimientos como usar toques eléctricos, ahogar con bolsas,  o sumergiendo las cabezas de las víctimas en aguas relativamente profundas, como las de excusados o barriles.

Por cierto, Manrique fue despedido de la Defensoría Pública Federal, después de privarlo ilegalmente de la libertad para exigirle que entregara su credencial y se fuera sin reclamar la indemnización que podría corresponderle ¿Por qué lo corrieron? Porque a diferencia de su ex jefe, Netzaí Sandoval, él sí sabe de derecho penal y para colmo es un escritor al que acuden frecuentemente los tribunales y universidades para pedirle conferencias sobre el tema.

Ahora bien, reconozcamos que es una maldita costumbre de la administración pública correr a todas las personas, aunque tengan mucha experiencia, para traer adeptos, aunque sean ineptos. El problema es que esta vez, al correr a docenas de abogadas y abogados que conocían perfectamente donde se encontraba un dato, en tomos de miles de hojas, dejaron en estado de indefensión a miles de personas a las que representaban.

Y no hablamos de memoria. Se dio el caso de una abogada recién contratada por Netzaí, que, al acudir a una audiencia, prácticamente se quedó muda y casi al borde de las lágrimas confesó que era incapaz, pues nunca estudió el sistema de juicios orales.

Bitácora suplementaria

Ya que hablamos del tema del juicio a expresidentes, que no será juicio, sino consulta que se llevará el viento ¿Quién responderá por el asesinato de más 300 migrantes en las dos masacres de San Fernando? 72 víctimas en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2010; y al menos otras 193, encontradas en fosas clandestinas a partir de abril del 2011.

El presidente era Felipe Calderón, y la directora del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero Castillo, quien fue también presidenta del Partido Acción Nacional. El castigo no debería ser por sus “decisiones políticas”, sino por negligencia criminal ¿no cree usted?

Los detalles del crimen no podrán ser incluidos en la video columna que acompaña semanalmente a esta historia para armar la Historia, porque no son aptos para menores ni para ninguna persona sensible, por lo que, si cree que se sentirá afectado, mejor interrumpa aquí la lectura. Dejamos por tanto un espacio.

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Con voz propia

Legisladores con título profesional u oportunistas con influencias políticas, ¿qué necesita México?

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Por Alberto Farfán

Como ya lo hemos afirmado en este mismo espacio en su momento, suele ocurrir que la opinión pública se enfade con ciertos legisladores porque estos redactan leyes absurdas o inoperantes, o porque sólo acuden a su curul para dormir plácidamente o para ver pornografía en sus smartphones. Demostrando con ello falta de profesionalismo, ignorancia, desinterés, indolencia o de plano simple falta de educación y cultura.

No obstante, en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 29, apartado C, no encontramos un sólo requisito que obligue a los diputados locales a presentar título académico alguno. Así que pueden ejercer sus atribuciones sin haber pasado por aulas universitarias sin mayor problema. Peor aún, no existe el más mínimo impedimento si no poseen siquiera algún grado de escolaridad; a diferencia de lo que ocurre en España, que ahí les exigen por lo menos como límite la secundaria. Y esto no es un asunto que se deba soslayar, fundamentalmente porque en última instancia obtienen mayores ingresos que un universitario promedio titulado.

Al realizar un repaso en varios países de nuestra área continental acerca de este asunto encontré un par de elementos interesantes, tomando en cuenta el documento del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina (OPAL) que abunda sobre el tema (considerando que nos refiere información de sus congresos generales, no locales, pero ofreciéndonos un conocimiento ilustrativo). Por ejemplo, para postularse para diputados sólo en Chile y en El Salvador se expone el punto en cuestión. El artículo 48 Constitucional señala que los chilenos deben “haber cursado la enseñanza media o equivalente”; en tanto que para los salvadoreños su artículo 125 les establece que deben gozar de “notoria honradez e instrucción”, sin especificar el grado de dicha instrucción, pero por lo menos a diferencia de la Ciudad de México (CDMX) en ese país sí se aborda la escolaridad.

Por otro lado, el segundo elemento que llamó mi atención gira en torno a la Argentina. Y es que en ese país que no tiene como requisito una trayectoria académica concluida, impone al aspirante a senador de “disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente”, es decir, el postulante no podrá ser senador sin acreditar un ingreso anual con ese monto, según el artículo 55 Constitucional. Interesante, ¿no? Pues pareciera que se compra el cargo.

Claro que podríamos analizar las razones por las cuales la posición prácticamente continental ─si no es que mundial─ de no requerir instrucción básica o grados universitarios es la predominante. Pero lo que queremos destacar es el absurdo de que ciertos diputados recién electos para el Congreso de la CDMX obtendrán sueldos mensuales por 52 mil pesos, en tanto que un profesionista titulado recibe 11 mil 549 pesos, tomando en cuenta los datos del Observatorio Laboral del Gobierno de México, dados a conocer en abril de 2021. Lo cual me parece absolutamente reprobable.

Por lo tanto, tenemos a los siguientes diputados electos para la capital del país que no cuentan con grado académico a nivel superior, al consultar el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así, Nancy Marlene Núñez Reséndiz para el Distrito 3, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Marcela Fuente Castillo del Distrito 15 también de Morena; Esther Silvia Sánchez Barrios del Distrito 9 por la coalición Va Por México, del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); Claudia Montes de Oca del Olmo del Distrito 23, del PAN; Gerardo Villanueva Albarrán del Distrito 32, otro de Morena; Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso del PRD, plurinominal; y Carlos Cervantes Godoy de Morena, plurinominal. Todos ellos sin título profesional pero con un ingreso sumamente alto asegurado (Reporte Índigo, 07/07/21).

Y todo ello nos lleva a recordar la serie de cuestionamientos que recibiera en su momento la actriz Carmen Salinas (1939) al ser diputada federal plurinominal por la LXIII legislatura, por parte del PRI, pues su bajo nivel intelectual y verbal dejaban mucho que desear, quien además se distinguiera por sus constantes imprecaciones a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. A su vez por su nulo trabajo legislativo.

Y con respecto a su formación académica nos indica Wikipedia que estudió en la Universidad de Las Américas, sin precisar licenciatura y si culminó sus estudios. Sin embargo, al investigar en la Secretaría de Gobernación, el Sistema de Información Legislativa arroja que la actriz ostenta únicamente como máximo grado de estudios la primaria, sin determinar si fue concluida.

Finalmente, para nadie es desconocido el vínculo que ha tenido toda la vida Salinas con el PRI, su oportunismo y relaciones con la cúpula de éste siempre han sido públicas, de hecho. Y acaso siguiendo sus pasos, los críticos de Carmen Salinas que se asumían progresistas como los de Morena o del populacho analfabeta como los del PAN ─sobre todo─, son los que ahora sin rubor alguno o congruencia se constituirán en legisladores de nuestra gran metrópoli.

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