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Violencia contra las mujeres

Forenses internacionales opinan sobre las investigaciones de feminicidios en Juárez

Destacados antropólogos dan su opinión profesional sobre las identificaciones de cuerpos en la morgue de Juárez

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- Para el antropólogo forense de Guatemala, Fredy Peccerelli, en el caso de las osamentas de los feminicidios de Juárez, es más importante revisar que los procedimientos de análisis de ADN sean acreditados de acuerdo a las normas de calidad internacional. Y mencionó que un tiempo razonable para hacer este trabajo forense es de quince días hasta tres meses. “Si el trabajo se lleva más tiempo, hay que dudar de la calidad del procedimiento y considerar la angustia de los familiares”, dijo en entrevista telefónica para Los Ángeles Press.

Respecto al tiempo que la fiscalía de Chihuahua se ha llevado en identificar a las víctimas de feminicidios y en entregar los cuerpos, consideró que si las autoridades se han tardado tanto tiempo es comprensible que los familiares tengan dudas y desconfianza, porque los procedimientos seguramente no son los adecuados “y eso sí puede ser un problema, pese a que cada caso es diferente”.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en un periodo de tres meses, con todos los elementos necesarios, ha logrado identificar hasta 124 osamentas, como parte de la campaña “Mi nombre no es XX”. La cifra es significativa porque se trata de 124 familias que pudieron recuperar los restos de sus familiares.

En Guatemala, señaló el científico, se han obtenido resultados satisfactorios en un 70 por ciento del total de las osamentas analizadas, y se han recuperado los restos de más de cinco mil víctimas fallecidas durante la dictadura. Pero se calcula que fueron más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en este país, entre 1960 y 1996.

El antrópologo, Fredy Peccerelli, ha destacado internacionalmente por documentar evidencias e identificar a víctimas de desaparición forzada en Guatemala. Junto con la antropóloga Kate Doyle, ha sido galardonado con el segundo premio ALBA/Puffin de Nueva York, por su trabajo contra la impunidad en Latinoamérica.

Exhumación de una fosa común en Comalapa, Chimaltenango a cargo de la antropóloga Kate Doyle. Foto: USAID

Antropólogas argentinas desmienten a la Fiscalía de Chihuahua

“Los crímenes de mujeres en Juárez necesitan ser atendidos por investigadores internacionales. Si las fiscalía insiste en seguir haciéndolo localmente, va directo al fracaso”, habría dicho la antropóloga argentina Marcela Doretti a la representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Juárez, Francisca Galván Segura.

La cuestión principal es que las investigaciones están “demasiado corrompidas”, dijo la antropóloga en entrevista con la asesora jurídica del Comité de Madres. Le explicó que parte de esta corrupción es “el desorden que prevalece en la fiscalía”, y en el Servicio Mexicano Forense (SEMEFO).

Así lo hizo saber en el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregado en dos ocasiones a la Fiscalía de Chihuahua, el 1 de octubre de 2010, y el 11 de diciembre de 2011, un reporte que se ha vuelto público, a raíz de las declaraciones de las autoridades gubernamentales sobre el supuesto abandono de la investigación de las osamentas por parte del equipo de forenses argentinas, “quienes además se fueron sin dejar documento alguno”.

Las antropólogas trabajaron hasta septiembre de 2010, con la identificación de 83 osamentas recuperadas entre 1995 y 2005, de las cuales 33 fueron plenamente identificadas. Del total de las estructuras óseas identificadas, 26 tenían reporte de desaparecidas en Ciudad Juárez, y 7 en la ciudad de Chihuahua.

Doretti señaló que se habían dado a la tarea de reconstruir los cuerpos que no se habían entregado a los familiares porque estaban desarticulados y sin identificar. Y que el resto de las osamentas, 50 cuerpos más fueron identificados como mujeres adolescentes en su mayoría, pero que no lograron su identidad con precisión, porque sólo lograron obtener 195 muestras de familiares con desaparecidas.


Marcela Doretti Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense

Huesos tirados en diferentes instalaciones en 2008 

Mercedes Doretti fue entrevistada en 2008, por el digital de noticias género Artemisa, respecto a las investigaciones de los cuerpos encontrados en Juárez en ese entonces. Dijo que la recuperación de restos había sido larga y difícil y que el equipo que encabezaba “tuvo que hacer la mayor parte del trabajo como buscar todos los libros del cementerio, de los servicios forenses, ir a las funerarias, al registro civil y conseguir todos los permisos para hacer su labor”.

Entre la información que daría en su informe también señaló que incorporaría el número de restos identificados, las causas de muerte de las mujeres asesinadas, así como una serie de recomendaciones para el gobierno de México. Y ya para esa fecha, Doretti había adelantado el número de cuerpos recuperados, “había un número estimado de 80 restos completos e incompletos, de los cuales, se ha logrado identificar positivamente a 27, y que ya fueron entregados a los familiares”. A la fecha, confirmó que fueron identificados finalmente 33 cuerpos.

El 29 de noviembre de 2011, Los Ángeles Press denunció la existencia de los cuerpos guardados en la morgue desde 2008. Pero la fiscalía negó los hechos, y hostigó a los investigadores, incluyendo a las madres de Juárez por “filtrar” información. De igual manera este medio denunció las mentiras de la fiscalía, así como la manipulación y ocultamiento de las evidencias. Incluso varios medios mexicanos reprodujeron la información, alterándola como si la entrega de los cuerpos hubiese sido una iniciativa de la fiscalía y como resultado de recientes rastreos.

Esta fábrica de mentiras y de corrupción de las investigaciones, ha sido un asunto muy familiar para Doretti, ya que la antropóloga había denunciado, en ese año de 2008, que la documentación oficial de la fiscalía no coincidía con la realidad. Según la fiscalía, los cadáveres encontrados hasta 1997 habían sido enviados a una fosa común. Pero la antropóloga descubrió que había restos de mujeres enterradas con tres años de muerte, es decir, desde el 2005.

El problema de los tiempos para hacer este trabajo forense de reconstruir cuerpos, explicó en ese tiempo Doretti, es que ha sido muy lento, porque los huesos estaban en diferentes lugares, sin orden, sin clasificación, en laderas y algunos tirados. “Fueron sometidos a exámenes y se les dejó sin cráneo, tórax y otras partes perdidas bajo custodia”.

Todavía hay 50 mujeres guardadas en la morgue sin que aún se logre saber su identidad. Pudieron haber sido asesinadas entre 1993 y 2005, de acuerdo a las investigaciones de las forenses. Sin embargo las preguntas con respecto a la fiscalía de Chihuahua siguen en el aire.

¿Qué ha hecho la fiscalía, si los resultados de ahora han sido producto del trabajo de las antropólogas argentinas, desde 2004? ¿Por qué la fiscalía ha estado ocultando la información, manipulando las evidencias y promoviendo información falsa o incompleta en los medios mexicanos? ¿Por qué presionan a testigos de feminicidios a que alteren sus declaraciones ante el Ministerio Público, como el caso de Manuel García, quien ayudaba a buscar a su sobrina desaparecida desde 2009, Brenda Berenice Castillo García de 17 años de edad, y colaboraba con Marisela Escobedo, asesinada por pedir justicia para su hija? ¿Por qué las amenazas de muerte?

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Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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