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Justicia pendiente

Forenses argentinos desmienten versión de PGR sobre Ayotzinapa

La versión de PGR sobre Ayotzinapa con la que pretendía cerrar el caso, quedó sin sustento científico después del análisis realizado por forenses argentinos

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Ayotzinapa respalda a forenses argentinos en su desmentido a la versión de la PGR. Foto: Tlachinollan

Ayotzinapa respalda a forenses argentinos en su desmentido a la versión de la PGR. Foto: Tlachinollan

MÉXICO, DF.-La información dada a conocer por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirma científicamente que no ha sido establecida la verdad histórica y no puede darse por cerrada la investigación del paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sostienen padres y madres de los estudiantes víctimas de desaparición forzada.

Las familias, apoyadas en la información hecha pública el 7 de febrero por el EAAF, ratifican que debe profundizarse la investigación y que aún no puede hablarse de verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Anuncian que ejerciendo su derecho a la coadyuvancia, propondrán que se agoten líneas de investigación hasta ahora ignoradas.

El 27 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) difundió ante los medios de comunicación, sin aviso previo a los familiares, información sobre lo que calificó como la “verdad histórica” de los hechos, de acuerdo a la cual los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan. Ese mismo día, los padres y las madres de los estudiantes enumeraron 10 puntos por los cuales no era posible dar por concluida la investigación ni aceptar la versión oficial. El primero de esos puntos era precisamente la falta de certeza científica de la hipótesis de la Procuraduría, no corroborada con peritajes independientes.

La verdad histórica no ha sido establecida, puntualizan las madres y padres de los desaparecidos, pues no hay certeza científica de lo ocurrido; siguen prófugos decenas de implicados; no se ha investigado la protección del ejército a Guerreros Unidos; no hay un solo juicio por desaparición forzada; no se ha investigado la corrupción política de Guerrero; hay denuncias de torturas contra los detenidos y hay versiones contradictorias en el expediente.

Para las familias, la probada existencia en el basurero de Cocula de eventos de fuego previos a septiembre de 2014 y de restos humanos ajenos a los normalistas confirma que la hipótesis oficial no puede considerarse incontrovertible, y señalan que su demanda de justicia y verdad sigue vigente.

Entre las irregularidades destacadas por las familias se encuentra que el EAAF ha enfrentado diversos obstáculos al realizar su trabajo, en sentido contrario al compromiso firmado por el presidente Enrique Peña Nieto. En lo que toca a la investigación, resumen, el Equipo Argentino comprobó eventos de fuego en el basurero de Cocula al menos desde 2010, por lo que no se puede vincular científicamente la evidencia hallada en ese sitio con un solo evento en la noche del 26 de septiembre, como lo propone la PGR, además de que se encontraron en ese lugar restos humanos no pertenecientes a ninguno de los normalistas, como una prótesis dental.

Las y los familiares lamentan la respuesta de la PGR al boletín del EAAF, pues lejos de aceptar las recomendaciones de los expertos internacionales, se cierra al escrutinio público y se niega a aceptar la posibilidad de que existan perspectivas científicas diferentes a la suya, además de que descalifica la opinión experta del Equipo forense.

Las familias exigen respeto para las y los peritos del EAAF, y ratifican su plena confianza en ellos, pues, señalan, en sus años de trayectoria siempre han actuado con rigor científico. Pidieron a la Procuraduría que someta al escrutinio público y al Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los peritajes del caso.

Las madres y los padres de los normalistas sostienen que mientras México no cuente con una institución de servicios periciales profesional e independiente del ministerio público, las investigaciones en casos como el de Ayotzinapa no tendrán credibilidad.

Las y los familiares llaman a la sociedad mexicana a que sigan apoyando su lucha, pues “nuestros hijos son hoy los hijos de un México que, por la violencia incubada en un estado delincuencial, se ha convertido en una enorme fosa común”.

Fuente: Comunicado público del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias en su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Justicia pendiente

Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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Justicia pendiente

Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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