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Justicia pendiente

Forenses argentinos desmienten versión de PGR sobre Ayotzinapa

La versión de PGR sobre Ayotzinapa con la que pretendía cerrar el caso, quedó sin sustento científico después del análisis realizado por forenses argentinos

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Ayotzinapa respalda a forenses argentinos en su desmentido a la versión de la PGR. Foto: Tlachinollan

Ayotzinapa respalda a forenses argentinos en su desmentido a la versión de la PGR. Foto: Tlachinollan

MÉXICO, DF.-La información dada a conocer por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirma científicamente que no ha sido establecida la verdad histórica y no puede darse por cerrada la investigación del paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sostienen padres y madres de los estudiantes víctimas de desaparición forzada.

Las familias, apoyadas en la información hecha pública el 7 de febrero por el EAAF, ratifican que debe profundizarse la investigación y que aún no puede hablarse de verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Anuncian que ejerciendo su derecho a la coadyuvancia, propondrán que se agoten líneas de investigación hasta ahora ignoradas.

El 27 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) difundió ante los medios de comunicación, sin aviso previo a los familiares, información sobre lo que calificó como la “verdad histórica” de los hechos, de acuerdo a la cual los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan. Ese mismo día, los padres y las madres de los estudiantes enumeraron 10 puntos por los cuales no era posible dar por concluida la investigación ni aceptar la versión oficial. El primero de esos puntos era precisamente la falta de certeza científica de la hipótesis de la Procuraduría, no corroborada con peritajes independientes.

La verdad histórica no ha sido establecida, puntualizan las madres y padres de los desaparecidos, pues no hay certeza científica de lo ocurrido; siguen prófugos decenas de implicados; no se ha investigado la protección del ejército a Guerreros Unidos; no hay un solo juicio por desaparición forzada; no se ha investigado la corrupción política de Guerrero; hay denuncias de torturas contra los detenidos y hay versiones contradictorias en el expediente.

Para las familias, la probada existencia en el basurero de Cocula de eventos de fuego previos a septiembre de 2014 y de restos humanos ajenos a los normalistas confirma que la hipótesis oficial no puede considerarse incontrovertible, y señalan que su demanda de justicia y verdad sigue vigente.

Entre las irregularidades destacadas por las familias se encuentra que el EAAF ha enfrentado diversos obstáculos al realizar su trabajo, en sentido contrario al compromiso firmado por el presidente Enrique Peña Nieto. En lo que toca a la investigación, resumen, el Equipo Argentino comprobó eventos de fuego en el basurero de Cocula al menos desde 2010, por lo que no se puede vincular científicamente la evidencia hallada en ese sitio con un solo evento en la noche del 26 de septiembre, como lo propone la PGR, además de que se encontraron en ese lugar restos humanos no pertenecientes a ninguno de los normalistas, como una prótesis dental.

Las y los familiares lamentan la respuesta de la PGR al boletín del EAAF, pues lejos de aceptar las recomendaciones de los expertos internacionales, se cierra al escrutinio público y se niega a aceptar la posibilidad de que existan perspectivas científicas diferentes a la suya, además de que descalifica la opinión experta del Equipo forense.

Las familias exigen respeto para las y los peritos del EAAF, y ratifican su plena confianza en ellos, pues, señalan, en sus años de trayectoria siempre han actuado con rigor científico. Pidieron a la Procuraduría que someta al escrutinio público y al Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todos los peritajes del caso.

Las madres y los padres de los normalistas sostienen que mientras México no cuente con una institución de servicios periciales profesional e independiente del ministerio público, las investigaciones en casos como el de Ayotzinapa no tendrán credibilidad.

Las y los familiares llaman a la sociedad mexicana a que sigan apoyando su lucha, pues “nuestros hijos son hoy los hijos de un México que, por la violencia incubada en un estado delincuencial, se ha convertido en una enorme fosa común”.

Fuente: Comunicado público del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias en su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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