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Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos

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Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos

 

Por Humberto Márquez

CARACAS – La pesca ilegal y excesiva, atribuida principalmente a las flotas de China, se mantiene como amenaza para los recursos marinos del Pacífico oriental y el Atlántico sudoccidental, así como para ese sector de la economía en países de América Latina bañados por uno u otro océano.

En todo el mundo “uno de cada cinco peces que se consumen ha sido capturado de manera ilegal, 20 % de los casi 100 millones de toneladas cada año, y generalmente en las zonas vedadas a la pesca”, observó el experimentado oceanógrafo venezolano Juan José Cárdenas.

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Un caso emblemático, indicó el también investigador de la caraqueña Universidad Simón Bolívar, es el de las Islas Galápagos, 1000 kilómetros al oeste de la costa firme de Ecuador, rodeadas de un área marina protegida de 193 000 kilómetros cuadrados, un semillero de especies de gran demanda para el consumo humano.

Galápagos, un archipiélago que suma 8000 kilómetros cuadrados, es famoso por su portentosa y única biodiversidad, un laboratorio natural empleado por el naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) para sus famosas teorías sobre la evolución.

La Armada ecuatoriana indicó que en junio mantenían la vigilancia sobre 180 buques extranjeros, entre pesqueros, tanqueros y refrigerantes, pescaban cerca del límite de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Galápagos, también conocida como plataforma continental.

En 2017 se detectaron 297 buques, en 2018 cerca de 300, en  2019 unos 245, y 350 en 2020. Al comienzo de cada verano boreal faenan junto a las aguas de Ecuador y Perú, luego mar afuera frente a las de Chile, cruzan el estrecho de Magallanes, y remontan el Atlántico sudoccidental frente a Argentina, Uruguay y Brasil.

“En varias especies del Pacífico oriental ya estamos al borde del precipicio ambiental con la pesca legal; basta un pequeño esfuerzo pesquero adicional, la pesca ilegal, para afectar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria que esas especies proporcionan”: Juan José Cárdenas.

En el Pacífico han operado intensamente en la captura del calamar gigante (Dosidiscus gigas). Según la plataforma de seguimiento por satélite Global Fishing Watch, en 2021 lo hicieron 615 buques, de los cuales 584 eran chinos.

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El peruano Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, constituido por empresarios y pescadores de Chile, Ecuador, México y Perú, dijo que este año frente a las aguas ecuatorianas y peruanas del Pacífico han incursionado 631 barcos de bandera china.

Alfonso Miranda dice que pescadores peruanos reportan incursiones de barcos chinos en la ZEE de Perú, y hace sus cuentas: si la producción peruana de calamar llega a 500 000 toneladas, con ingresos de 860 millones de dólares anuales, unas 50 000 toneladas que tome la flota extranjera implican la pérdida de 85 millones de dólares al año.

El calamar gigante es el segundo recurso pesquero más importante para Perú, después de la anchoveta, y su captura genera más de 800 millones de dólares anuales y miles de empleos, por lo que se busca preservar el recurso de la incursión en sus aguas patrimoniales de naves de otras banderas, especialmente la china Foto: Gobierno de Perú

Se acumulan males

El oceanógrafo Juan José Cárdenas recordó que el área es proverbialmente rica en atunes, de los que se capturan más de 600 000 toneladas anuales (10 % del total mundial), pero con grave riesgo para la sostenibilidad, por ejemplo con el uso de “plantados” o dispositivos agregadores de pesca que alteran hasta los hábitos de esa especie migratoria.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en las siete especies más utilizadas de atún 34 % de sus poblaciones se explotan en niveles biológicamente insostenibles.

En varias especies del Pacífico oriental, incluidas algunas vedadas a la pesca como los tiburones, “ya estamos al borde del precipicio ambiental con la pesca legal; basta un pequeño esfuerzo pesquero adicional, la pesca ilegal, para afectar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria que esas especies proporcionan”, afirmó Cárdenas.

Pedro Díaz, pescador en el norte peruano, dijo a la plataforma informativa Diálogo Chino en el puerto de Paita que “no queremos solo pescar y capturar. Queremos permitir que la pota (el calamar gigante o de Humboldt) se desove y se desarrolle para que genere empleo y divisas para el Estado”.

“También queremos que la pota tenga una temporada sostenible, ¿y qué encontrarán los que vienen detrás de nosotros, los jóvenes que se dedican a la pesca?”, añadió.

De interés: Alerta: Nivel de degradación de la tierra pone en peligro salud humana

Alicia Mosteiro Cabanelas, oficial de pesca de la FAO, dijo desde la sede regional del organismo en Santiago de Chile, que “no siempre es posible dimensionar el impacto que realiza una determinada flota que opera en áreas adyacentes a la zona económica exclusiva de Estados ribereños”.

Ello porque “no siempre hay una evaluación de stock de la especie objetivo a capturar, ni se dispone de información de la pesca retenida, descartada e incidental, o del número de barcos autorizados a operar por los respectivos Estado del pabellón y de barcos sin autorización”.

En 2017 Ecuador incautó el buque chino Fu Tuang Yu Leng tras encontrar en sus bodegas más de 5000 tiburones ilegalmente capturados en la Reserva Marina de las Galápagos. Foto: DPN Galápagos

Mosteiro Cabanelas observó que “la sobrepesca siempre impacta directamente en la sostenibilidad de los recursos, generando una disminución de los ingresos al sector pesquero, y de la disponibilidad de productos pesqueros para las comunidades locales y en general para los consumidores. América Latina no es la excepción”.

Y para la FAO es claro que “la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IUU, en inglés) es una problemática mundial que compromete la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros”, dijo la experta.

Además “perjudica los medios de vida de los pescadores y las actividades conexas, y agrava la malnutrición, la pobreza y la inseguridad alimentaria”.

Medios informativos de los países costeros recogen denuncias de que también pesqueros de América Latina –casos de Brasil, Chile y México- infringen vedas y extraen valiosas especies no permitidas. Los de Ecuador han exportado grandes cantidades de aletas de tiburón, tras declarar a los escualos como captura accidental de fauna acompañante.

Las aletas de tiburón son muy apetecidas en plazas como Hong Kong, -una sopa con ellas puede costar hasta 200 dólares- y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) cifra en 2600 millones de dólares el comercio mundial de carne de tiburón y raya.

Vigilancia de la Armada de Argentina sobre un pesquero chino en los límites de la Zona Económica Exclusiva del país austral, muy rica en calamares, merluzas y langostinos. Foto: Prefectura Naval argentina

Vigilando a los furtivos

También el año pasado, unos 350 barcos de bandera china faenaron durante el primer semestre frente a las aguas territoriales de Argentina, donde hay gran riqueza de otro calamar, el Illex argentinus, amén de la merluza hubbsi, langostinos y otras apreciadas especies.

Es una flota que, según capitanes de navíos argentinos, incurre en la IUU con trasbordos no reportados que camuflan la pesca ilegal, transfiriendo pescado entre barcos y apagando los transpondedores que indican la ubicación de sus naves.

Un informe publicado en junio por Oceana, organización no gubernamental internacional que hace seguimiento a la pesca IUU, sostuvo que más de 400 barcos de bandera china pescaron por cerca de 621 000 horas a lo largo de la ZEE argentina entre 2018 y 2021, y desaparecieron de los sistemas de rastreo más de 4000 veces.

El gobierno argentino ha reportado que, por contraste con las 400 000 toneladas anuales de Illex desembarcadas en sus puertos a finales del siglo XX, desde 2015 se capturan menos de 100 000 toneladas anuales, con apenas 60 000 en 2016.

Informes del sector en los medios locales dan cuenta de que, en cambio, los buques extranjeros (chinos, surcoreanos, taiwaneses o españoles) han podido pescar hasta 500 000 toneladas anuales de calamar, en las proximidades  de su ZEE o en incursiones dentro de ella, un volumen que puede representar entre 5000 y 14 000 millones de dólares al año.

Los dispositivos para agregación de pesca o «plantados» son empleados en el Pacífico oriental para facilitar y multiplicar la captura de atunes, con riesgo de sobrepesca y de alterar los hábitos migratorios de la especie. Foto: WWF

No sólo Argentina: el pasado 4 de julio, la Armada uruguaya capturó en sus aguas territoriales, a 280 kilómetros del balneario de Punta del Este, un buque de bandera china, el “Lu Rong Yuan Yu 606”, dedicado a la pesca del calamar y que al parecer faenaba furtivamente, de noche, en esa área.

Como las bodegas estaban vacías, no se pudo establecer con certeza que pescase en la ZEE uruguaya, y se le liberó tras el pago de una multa por contravenir otras normas de navegación.

No se repitió la experiencia de 2017 en Ecuador con el “Fu Yuan Yu Leng 999”, barco que funcionaba como un gran refrigerador para almacenar la pesca de otros buques, y el cual actuó ilegalmente en la Reserva Marina de Galápagos.

En el barco se encontraron unas 500 toneladas de pesca, incluidas especies vulnerables y que están protegidas, sobre todo de unos 6000 tiburones martillo.

 

La justicia ecuatoriana sentenció al capitán del barco y a tres tripulantes por el delito de pesca de especies protegidas, a prisión y al pago de 6,1 millones de dólares. Como el pago no se realizó, el barco se convirtió en propiedad de la Armada de Ecuador.

China formalmente ha desautorizado que su flota actúe en aguas prohibidas, advirtió a los capitanes que retirará licencias a quienes violen esas reglas, y su presidente Xi Jinping dio seguridades en ese sentido a su par ecuatoriano Guillermo Lasso cuando este visitó Beijing en febrero.

Lejos de las costas latinoamericanas, los mandatarios Anthony Albanese, de Australia; Joe Biden, de Estados Unidos; Narendra Modi, de India, y Fumio Kishida, de Japón, pactaron en Tokio el 24 de mayo, entre otros acuerdos de ese bloque, conocido como Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, en inglés),  nuevos mecanismos de vigilancia para la flota pesquera china.

Lo más leído: Ricardo Raphael trafica influencias con el fiscal Gertz Manero y Defensoría para sostener el caso Wallace: revelan audios

 

En paralelo, Washington trabaja, con países como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y México, acuerdos que ayuden a vigilar la flota China, la mayor del mundo y que cuenta con 17 000 barcos que capturan 15 millones de toneladas anuales en los mares del planeta.

La iniciativa estadounidense se inscribe en su renovada confrontación global con el gigante asiático, la llamada nueva guerra fría.

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Fuente: ipsnoticias.net

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La red en lucha

Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

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Las intenciones de reelección de Nayib Bukele no son las únicas acciones autoritaristas en Centroamérica

El autoritarismo de Bukele quiebra nuevamente el Estado de derecho

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – Algunos de los avances democráticos alcanzados en América Central, tras el fin de los conflictos bélicos de los años 80, han sufrido un notable e incesante retroceso en los últimos años, sobre todo en aquellos países con gobiernos con tendencias autoritarias.

Eso se ha visto reflejado, entre otras cosas, en el resquebrajamiento o pérdida de derechos que se daban por descontado, como el de la libertad de expresión, el derecho a la debida asistencia legal ante una detención y el de no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos.

Esas carencias fueron parte del día a día en una América Central sumida a finales de los 70 en una aguda turbulencia política que estalló en guerras civiles en los años 80, por ejemplo en El Salvador, aunque en Guatemala había comenzado ya en 1960.

Esa inestabilidad en la región, donde ahora viven 43 millones de personas, terminó a principios de los 90, a partir de acuerdos de paz y procesos de democratización.

No te pierdas: Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

Ahora, el miedo a ser detenido por razones políticas o a ser encarcelado arbitrariamente, como en aquellos días oscuros, ha vuelto a presentarse en países como El Salvador, gobernando desde junio de 2019 por Nayib Bukele, un milenial con una querencia creciente por el autoritarismo.

También ha pasado con creciente crudeza en Nicaragua, donde ninguno de sus críticos políticos, de los estamentos sociales y de los medios ha escapado a la represión de Daniel Ortega, atornillado en el poder desde 2007.

Déjà vu bélico

“Yo ando con miedo porque tengo tatuajes, porque los policías y soldados no ven si son artísticos, ellos ven a una tatuada y ya asumen que una es delincuente”, afirmó a IPS la camarera Liliana Eleonor, que trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador.

Eleonor, de 37 años, se refería al estado de excepción que está vigente desde finales de marzo en esta pequeña nación de 6,7 millones de habitantes.

Esa política, aprobada el 27 de marzo por una Asamblea Legislativa controlada desde mayo de 2022 por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha suspendido varios derechos constitucionales, como mecanismo para combatir el crimen y mantener a raya los homicidios cometidos por las pandillas.

Muchos de esos pandilleros tienen tatuajes como marca de lealtad a su respectivo grupo, principalmente los dos principales: la MS13 y el Barrio 18, que en conjunto se calcula que superan los 60 000 miembros.

Hasta la fecha van más de 52 000 personas capturadas, acusadas de ser pandilleros, en redadas masivas ejecutadas por policías y soldados.

Y aunque se entiende que la mayoría de los detenidos sí forman parte de esas estructuras criminales, hay personas que no, como lo han denunciado familiares y evidenciado organizaciones de derechos humanos.

Para saber más del tema: Presidente Bukele impone estado de excepción por ola de homicidios en El Salvador

“Ando siempre nerviosa cuando voy por la calle y veo policías o soldados porque pienso: ya me van a parar, me van a llevar (a prisión)”, insistió Leonor, al final de su turno de trabajo, la madrugada de este viernes 16 de septiembre.

Ella dijo saber de amigos que han sido capturados precisamente porque tenían tatuajes y por su aspecto: jóvenes melenudos seguidores del rock metal.

“Yo tengo amigos metaleros que se los han llevado detenidos por los tatuajes, por esto del régimen de excepción, y no les dieron oportunidad de defenderse, ni a la familia”, agregó Eleonor.

La falta de la debida asistencia legal a los capturados y de una verdadera investigación de los casos son dos de los varios cuestionamientos hechos contra el estado de excepción por parte de organizaciones civiles.

Sin embargo, la controversial medida es respaldada mayoritariamente por la población en general, según varias encuestas, pues ahora las personas notan una disminución sensible de la criminalidad.

La falta del debido proceso “suena mucho a los años de guerra civil”, sostuvo la investigadora Natalia Ponce, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“Es un primer paso para la desaparición forzada”, subrayó.

La guerra civil salvadoreña dejó unos 70 000 muertos y 8000 desaparecidos entre 1980 y 1992.

Eleonor aseguró que ella no se opone a la medida gubernamental contra las pandillas, pero siempre que no se encarcele a personas inocentes.

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión. Sin embargo el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringió el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

detenciones en El Salvador

Liliana Eleonor, de 37 años, trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador, y al final de su turno laboral siente miedo de andar por las calles de la ciudad, pues por los tatuajes en su cuerpo puede ser estigmatizada como pandillera, detenida y encarcelada, por el estado de excepción en El Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Prohibido criticar

Otro derecho ganado en la región que se daba por sentado, pero que ha sufrido un neto retroceso, es de la libertad de expresión y, vinculado a este, el de la libertad de prensa.

Por ejemplo, en Guatemala fue detenido, el 29 de julio, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un medio crítico del gobierno del derechista Alejandro Giammattei, en la presidencia desde enero de 2020.

Ese medio de comunicación, fundado en 1996, había sacado a la luz investigaciones sobre corrupción y manejos oscuros de funcionarios de varios gobiernos, entre ellos el de Giammatei.

El proceso judicial contra Zamora, que sigue en curso, sería parte de una vendetta por parte de Giammatei, ha asegurado a IPS el hijo del periodista, Ramón Zamora.

En El Salvador fue capturado el 21 de agosto el tuitero Luis Alexander Rivas Samayoa, de 38 años, por haber publicado que miembros del Batallón Presidencial, encargado entre otras cosas de la seguridad del presidente de la República, daban protección a Karim Bukele, hermano del presidente,

Karim Bukele, que no es funcionario público, departía en una playa del país junto a familiares, protegidos por soldados del ejército, como si fueran su seguridad privada, y Rivas denunció el hecho en Twitter.

En El Salvador, “en efecto hay un retroceso democrático de la institucionalidad pública, en otorgar garantías básicas para la ciudadanía, en general”, acotó la investigadora Ponce.

Ella participó en la presentación de un informe, el 8 de septiembre, sobre vulneraciones de derechos cometidos en 2021 contra quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de un esfuerzo en el que participaron otras organizaciones.

El reporte dio cuenta de 29 casos de vulneraciones contra activistas de derechos humanos, basado en informaciones publicadas en la prensa local. Se identificó que la libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados.

“Aunque no pueden hacerse inferencias estadísticas a nivel nacional, sí es para llamar la atención”, de lo grave que está la situación en el país, dijo Ponce.

Bukele anunció la noche del jueves 15 de septiembre que lanzará su candidatura para las elecciones de 2024 y buscar una reelección continua, algo que en principio estaba restringido constitucionalmente.

Pero los magistrados de la Corte Constitucional, impuestos en mayo de 2021 por la Asamblea, controlada por el oficialismo, le dieron el aval a la reelección inmediata, y se prevé desde ya el triunfo de Bukele, por la aceptación de la que goza.

 

La dictadura de Ortega

Los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, políticos y de libertad expresión se han dado en Nicaragua, en especial a partir de las multitudinarias protestas de  2018.

En abril de 2018 el presidente Ortega, que ya lleva cuatro periodos en el poder, desde 2007, frenó a sangre y fuego una revuelta popular contra su gobierno de corte dictatorial.

La respuesta represiva de Ortega produjo más de 300 de muertos y persecución política contra ciudadanos y opositores políticos, que ha vuelto a avivarse desde agosto.

La editora recomienda: EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

 

El gobierno de Ortega mandó cerrar medios independientes, como los fundados por el veterano periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ahora se encuentra exilado en Costa Rica, mientras culminó en agosto la confiscación del histórico diario La Prensa.

Se sabe que al menos unos 70 periodistas han dejado el país debido al acoso y persecución iniciada por la dictadura de Ortega, que se ha reavivado en la antesala de las elecciones municipales de noviembre, que se da por hecho que ganarán sus designados, debido a que ha cooptado y todas las instituciones del país.

La lucha de los pueblos indígenas

Otros derechos, surgidos de los procesos democráticos iniciados en América Central, como el acuerdo de paz alcanzando en Guatemala, en diciembre de 1996, comenzaron a levantar vuelo pero quedaron truncados en el camino.

Eso pasó con los varios derechos recogidos por el acuerdo de paz en favor de la población indígena en Guatemala, que se calcula ronda 60 % de los 17,4 millones de habitantes.

Uno de esos logros plasmados en el documento era el del reconocimiento pleno, jurídico, de los territorios indígenas, históricamente arrebatados por procesos de expropiación por parte de la oligarquía del país, contó el líder cachiquel Leocadio Juracán.

Los cachiqueles son uno de los más de 20 pueblos originarios en los que se divide la etnia maya, que ha convivido con el pueblo garífuna y xinca.

Lee más: Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

“En eso del reconocimiento de nuestros territorios estuvimos avanzando bastante”, señaló Juracán, desde San Lucas Tolimán, en el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.

Agregó que a partir de investigaciones y peritajes se logró avanzar y establecer que los propietarios de determinados territorios eran comunidades indígenas, que evidentemente lo fueron desde antes de la Colonia, con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, pero de los que fueron despojados con el devenir del tiempo.

Pero el avance en el reconocimiento de sus territorios quedó estancado en abril de 2021, cuando tomaron posesión los nuevos magistrados de la Corte Constitucional para el periodo 2021-2026, añadió Juracán.

Agregó que los del periodo saliente habían fallado a favor de las comunidades indígenas en los litigios, y los nuevos responden más a intereses oligárquicos.

Algunos territorios recuperados, “hasta la fecha no se han inscrito legalmente”, pues se recurre a la estrategia de retrasar el proceso, aseguró.

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La red en lucha

En riesgo, 244 millones de hectáreas en la Amazonia

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Incendios y otros fenómenos naturales están afectando grandes cantidades de hectáreas del Amazonas

 

LIMA – En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado este lunes 5 en un encuentro de pueblos indígenas en esta capital peruana.

“Hasta 20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”, dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia “ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80 %, porque sería nuestra destrucción”.

Para saber más del tema: Crecimiento de Amazonia en riesgo por falta de fósforo, consecuencia del cambio climático

 

En el encuentro de la Coica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio “La Amazonia a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 %” de su bioma.

El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.

Marlene Quintanilla, de la boliviana Fundación Amigos de la Naturaleza, indicó que las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia.

“Cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití”, expresó.

Lee más: “La selva tiene el mismo derecho a la vida que un ser humano”: líder indígena amazónico a los presidentes en la Cumbre de las Américas

 

La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete Estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

“Hasta  20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”: Gregorio Díaz Mirabal.

Raisg sostiene que “allí donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales”.

Si 20 % del territorio ya ha sido transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80 % restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41 % con bajos niveles de degradación necesita protección, y solo 33 % está intacto.

El análisis revela que el reconocimiento de territorios indígenas –hay 6983 territorios de ese tipo, con 2 418 705 kilómetros cuadrados o 28,6 % de la Amazonia– ha sido fundamental, pues solo cuatro por ciento de esos espacios se ha degradado.

En cambio, han sufrido transformaciones 33 % de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.

La transformación alcanza a 34 % del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3 % de la Amazonia), a 24 % de la boliviana, 16 % de la ecuatoriana, 14 % de la colombiana y 10 % de la peruana.

Los incendios forestales son una ruda muestra de la destrucción: según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31 513 alertas de incendios en la Amazonia, haciendo del pasado agosto el peor desde 2010, cuando hubo 45 018 quemas.

Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación, y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.

También deploró que “los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado”.-

Además se señala que las comunidades indígenas y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios han sido asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.

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“El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80 % de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, dijo Díaz Mirabal.

Los territorios indígenas –a diferencia de las áreas protegidas- no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional, se recordó en el marco del encuentro.

La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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La red en lucha

Protestas en Haití para exigir alimentos, seguridad y renuncia del primer ministro Ariel Henry

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haiti protestas

Han organizado un número creciente de protestas debido al aumento de los secuestros y asesinatos relacionados con pandillas. Haití se ha vuelto cada vez más inestable desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

“¡Ariel, tienes que irte! ¡Vete, Ariel! ¡Vete, Ariel!”, gritaba la multitud en la capital Puerto Príncipe.

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Otras protestas paralizaron varias ciudades costeras en las regiones del norte y del sur de Haití, incluidas Port-de-Paix, Petit-Goave y Jeremie, y la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Este episodio es uno más de como la policía del país maneja estas manifestaciones.

Los ciudadanos también señalan el alza en los precios de los productos básicos y una grave falta de combustible en medio de una tasa de inflación que ha llegado al 30%.

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Jeanine Joseph, un manifestante dijo: “Tenemos hambre y la vida aquí es cara. No puedo enviar a mis hijos a la escuela. No puedo pagar mi casa. Hay miseria y desorden. No puedo salir a la calle por la inseguridad”.

Otro manifestante señaló que el presidente “Ariel Henry es un delincuente y el autor del asesinato de Jovenel Moïse. No tenemos tiempo que perder. Estamos aquí en las calles para exigir la destitución de estos criminales asesinos”.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos calculan que los grupos criminales controlan más de la mitad del territorio de Haití y ocupan el vacío de poder que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021.

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