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Mexico Violento

Fiscalía mexiquense detiene a 25 presuntos “halcones” implicados en emboscada a policías

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron detenidas 25 personas que presuntamente están relacionadas con el grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana, que colaboraron en la emboscada en la que murieron 13 policías de Coatepec Harinas el pasado 18 de marzo.

Las autoridades estatales detallaron que se realizaron diferentes acciones como parte del Operativo Rastrillo en cinco municipios de la región, por lo que están relacionados con Alberto Romero Pérez “Macrina”, Silverio Martínez Hernández “Fierros” y Gilberto Misael Ortiz Trujillo “Barbas”, quienes presuntamente habían ordenado y organizado la emboscada contra los policías.

La fiscalía estatal ofrece una recompensa de 500 mil pesos por cada uno de estos individuos, aunado a que fueron presentadas ocho personas como testigos que brindaron información sobre los hechos en los que murieron los policías mexiquenses.

El operativo se aplicó en Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Ixtapan de la Sal y Tonatico, donde participaron 190 elementos de seguridad, por lo que las 25 personas detenidas están relacionadas con la venta y distribución de droga y robo de diversas modalidades.

En el operativo han participado instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El pasado 18 de marzo un total de 13 policías fueron interceptados y emboscados por sujetos armados, en donde fueron asesinados cinco policías de investigación y ocho policías estatales en Coatepec Harinas, donde se recabaron 672 casquillos de diferentes calibres.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a exfuncionario de Mancera

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Un juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al exjefe del Gabinete del gobierno capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna, por el delito de enriquecimiento ilícito durante la gestión pasada.

El juez estableció que existen suficientes elementos para vincular a proceso al exfuncionario capitalino, quien permanecerá internado en el reclusorio norte de la Ciudad de México durante los próximos seis meses en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con el juzgador, existieron elementos suficientes para fincar responsabilidades contra el ex funcionario de Mancera, por lo que determinó que habrá prisión preventiva oficiosa hasta que se determine su situación jurídica por el enriquecimiento ilícito cometido en la administración pasada.

Julio César Serna fue detenido el sábado pasado en un operativo realizado por la policía investigadora de la Ciudad de México en la colonia Jardines de Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Julio César Serna fue uno de los colaboradores más cercanos al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y es señalado de formar parte del llamado “Cártel Inmobiliario” que generaron una red de desvío de recursos económicos de forma sistemática durante la administración pasada, luego de que sus declaraciones patrimoniales no correspondían a sus ingresos económicos como servidor público.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se deben realizar las indagatorias hasta las últimas consecuencias, pues no permitirán ningún tipo de corrupción en detrimento del gobierno capitalino, mientras que el ahora senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que no se politice el caso.

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Justicia pendiente

Los militares no tienen por qué atender temas migratorios: activista Luis Villagrán, en Tapachula

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En entrevista para Los Ángeles Press, el activista Luis Villagrán, quien inauguró la primera transmisión en vivo «Desde la frontera sur», bajo la conducción de la periodista chiapaneca Cinthya Alvarado Enríquez, cuestionó la presencia de militares en las caravanas migratorias que salen de Tapachula, Chiapas, con la esperanza de obtener su residencia en México o en Estados Unidos.

“Aquí no estamos en guerra, la migración es un fenómeno social que está padeciendo la gente, y debe tratarse con sensibilidad, que es lo que ha faltado a la actual administración de gobierno”, señaló el activista. Aclaró que no quería satanizar a nadie ni hacer diatriba de nadie, pero que cada autoridad debe operar en su punto adecuado, con conocimiento y sensibilidad, para atender el problema migratorio, ya que se ha registrado la muerte de 29 migrantes, y de algunos no se sabe dónde están sus cuerpos.

Villagrán explicó a la audiencia que el problema del Estado mexicano es que está supeditado a los Estados Unidos, donde se fuerza a los gobiernos mexicanos a seguir sus propias políticas. Enfatizó que el gobierno de López Obrador está en el punto de poder cambiar la historia en esta materia, sin embargo, no se ha interesado en dar soluciones concretas al problema, y solo se ha quedado en señalamientos que no llevan a nada.

“Todavía hay manera de resarcir este daño para poder ayudar no solamente a los migrantes, sino también a los ciudadanos y al mismo gobierno”, dijo Villagrán.

Por su parte, la periodista Cinthya Alvarado, quien ha dado seguimiento puntual a las caravanas de migrantes, informó que están integradas por africanos, haitianos y centroamericanos, y que a lo único que aspiran es a vivir en un país en paz, ya que vienen huyendo de la miseria y la violencia en sus países de origen.

Alvarado ha dado cobertura informativa desde la frontera sur, en varias ciudades del estado de Chiapas, y ha dado cuenta la falta de una política pública migratoria con un enfoque más humanitario.

Cada jueves, a las 20 horas, con tiempo de la Ciudad de México, transmitirá en vivo con entrevistas, análisis y testimonios sobre temas de migración y derechos humanos.

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Justicia pendiente

Custodios de Cefereso de Oaxaca torturan a preso, denuncia familiar de víctima

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Por Ignacio García 

Personal custodio del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13 de Mahuatlán, Oaxaca, torturaron al preso Nicolás Amaro Roy Martínez este miércoles, denunció la madre de la víctima, María Guadalupe Martínez Jaramillo, quien interpuso una queja ante el Ministerio Público federal.

De acuerdo con la denuncia, la madre de la víctima acudió el 1 de diciembre al cefereso de Oaxaca al área de visitas para ver a su hijo, quien se encuentra internado desde hace dos meses, tras haber sido canalizado del penal de Puente Grande, Jalisco. Fue cuando observó que se encontraba golpeado con el rostro desfigurado.

La madre del interno relató que tenía amoratado un ojo y casi no podía caminar, aunado a que tenía varios golpes en las costillas y se le difiltaba respirar.  Su hijo le comentó que había sido golpeado por los celadores del penal el 29 de noviembre, tras una supuesta denuncia de una de las celadoras; además, por ello también le rociaron gas y le impidieron defenderse al haber sido esposado.

Ante dicha situación, la madre del interno refirió que acudió a las autoridades penitenciarias para denunciar este abuso cometido por parte del personal del Cefereso pero no obtuvo respuesta.

La madre del preso señaló que la Defensoría Pública únicamente le comunicó que tenía que enviar un documento al juez de Ejecución Penal, pero constantemente niegan que se cometen violaciones a los derechos humanos en el interior del penal federal.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han presentado constantes casos de agresiones y violaciones de derechos humanos en los penales federales del país, siendo el número 13 de Oaxaca uno en los que se han cometido más vulneraciones a los internos por parte de los custodios.

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