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Justicia pendiente

Fiscalía intenta cerrar caso Escobedo con mentiras y amenazas

La fiscalía de Chihuahua pretende cerrar el caso de Marisela Escobedo con un chivo expiatorio e intimidando a familiares sin resolver los feminicidios

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En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vida y estilo

En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vidayestilo.com

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- “Cuando nosotros salimos públicamente a decir que este hombre que presentó la fiscalía no es el asesino de mi mamá, se comunicó por parte de la PGR, de la agregaduría de El Paso, el licenciado Terrazas, diciéndome que de la fiscalía del estado de Chihuahua quieren hablar con mi tío Ricardo y enseñarle una serie de fotos, entre otras cosas. Si el caso ya está cerrado, como ellos dicen, y están cien por ciento seguros, ¿por qué quieren hablar con mi tío Ricardo para que reconozca fotos?”.

Es la voz de Juan Frayre Escobedo, hijo de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua, por demandar justicia en el asesinato de su hija Rubí. Ella nunca fue escuchada, y hoy su hijo, desde el asilo político en Estados Unidos, ha emprendido una batalla contra las autoridades mexicanas para que no cierren los casos de su madre ni de su hermana, porque en ninguno de los dos se ha hecho justicia, sólo «mentiras y cuentos», dice.

Juan Frayre Escobedo insiste: “¿Para qué quieren ver a mi tío Ricardo?”. Ricardo Escobedo, hermano de Marisela, fue el único testigo que vio cuando dispararon a Marisela frente a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Ricardo la acompañaba aquella noche en el plantón, después que las autoridades habían dejado ir al asesino de su sobrina, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

Ahora Juan denuncia a Los Ángeles Press el acoso de las autoridades mexicanas, aún cuando ellos se encuentran en el estado de Texas, y pese a que su familia ha aportado todas las evidencias de la investigación. “Tenemos miedo, y para mí que nos quieren poner un cuatro, uno piensa lo peor en estos casos”, dice Frayre Escobedo.

“Ricardo teme por su vida porque él es el único testigo del homicidio, y mientras siga diciendo que no es la persona que la fiscalía está presentando, sabemos que esta gente puede tomar represalias y matarlo para que no haya nadie que diga que no”, señala, con profunda preocupación.

“Todo lo que se hizo, reuniones y conseguir datos, ha sido porque la familia ha aportado las evidencias: ha sido lo mismo como cuando mi madre estaba con vida, que ella encontró a Sergio (Rafael Barraza Bocanegra) y dio esta información a las autoridades. Está pasando lo mismo, somos la familia los que andamos investigando y trayendo la evidencia a las autoridades y también identificando al asesino, que no ha sido por parte de las autoridades de la fiscalía ni de la PGR”, abundó Frayre.

La fiscalía dejó de comunicarse con Juan Frayre y su abogado Carlos Spector desde hacía cuatro meses. Y pese a las evidencias aportadas que apuntaban a otra pista, la fiscalía presentó ante los medios de comunicación a José Enrique Jiménez Zavala, apodado “el Wicked”, como el asesino de Marisela Escobedo. Ricardo, el tío de Juan Frayre, desmintió a la fiscalía, y hasta la fecha sostiene que esta persona no es el asesino.

Tres denuncias de amenazas contra la fiscal Rosa María Sandoval

El 13 de diciembre de 2011, Juan Frayre Escobedo fue amenazado de muerte a las ocho de la noche, en El Paso, Texas, y puso una denuncia policial. Ese mismo día, a las 2:15 de la tarde, la editora de Los Ángeles Press también recibió una amenaza de muerte. Ambos casos están vinculados con la denuncia de la fiscal Rosa María Sandoval. En el caso de Juan Frayre, ha sido denunciada por manipular la información y por destruir las evidencias aportadas por la familia en la investigación de los dos asesinatos, el de su madre Marisela Escobedo y el de su hermana Rubí Marisol.

En el caso de Los Ángeles Press, las amenazas se dieron en torno a la serie de reportajes “Mujeres guardadas en la morgue”, restos óseos de adolescentes retenidos por años en la morgue, y la presencia en Ciudad Juárez del corresponsal Javier Juárez quien asistió a una reunión de madres de víctimas con la fiscal, horas antes.

Un tercer elemento que relaciona a la fiscal Rosa María Sandoval con amenazas de muerte, es la denuncia de Manuel García, joven que ayudaba a Marisela Escobedo a buscar al asesino de su hija, mientras él buscaba a su sobrina desparecida desde 2008. Manuel García denunció a este medio el 20 de diciembre de 2011 que recibió las amenazas directamente de un subcomandante que trabaja con la fiscal, y fue por negarse a cambiar el testimonio ante el Ministerio Público en el que quería la fiscal que incriminara a Marisela Escobedo como parte del cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que su asesinato habría sido una venganza de los Zetas.

La fiscal Sandoval es la responsable de las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez.

Juan Manuel Frayre Escobedo también fue amenazado de muerte en el funeral de su madre. Foto: red

“Hay temor por nuestras vidas”

A pesar de estar en Estados Unidos, el acoso de las autoridades continúa para Frayre y García. “Nosotros tenemos temor del gobierno mexicano, y las autoridades estadounidenses han entendido esto, porque han revisado el caso y han tomado la conclusión de que nuestras vidas corren peligro, no nada más por el crimen organizado sino también por el mismo gobierno mexicano”, señaló Frayre Escobedo.

Hizo énfasis en que al margen del caso de su madre y el de su hermana, han denunciado los vínculos que tiene el gobierno con el crimen organizado, tanto el gobierno de Chihuahua como el de Zacatecas.

En el mes de abril, recordó Frayre que dijo a las autoridades que “si la fiscalía traía el caso de su madre, iba a protestar en contra de eso, porque no tenía confianza en la fiscal. Ellos ya tienen conocimiento del testimonio de Manuel García”. La última reunión que sostuvieron fue el 8 de mayo. Luego de cuatro meses, el gobierno de Chihuahua presentó al “Wicked” como responsable del crimen de Marisela Escobedo, sin ninguna comunicación con la familia ni su abogado Carlos Spector.

La PGR sin hacer nada

Desde las primeras denuncias sobre el paradero de Sergio Rafael Barraza, el asesino de Rubí escondido en Fresnillo, Zacatecas, la Procuraduría General de la República dijo a la familia, en voz de David Mendoza, que intervendría el ejército para detenerlo. Sin embargo, “no han hecho absolutamente nada”, señaló Frayre. Incluso, “se deslindan de toda responsabilidad, y actúan como si nos estuvieran haciendo un favor con venir y hablar con nosotros”, dice.

Ninguno de los dos casos, el de Rubí Marisol ni el de Marisela Escobedo se ha avanzado. “En el caso de mi mamá ellos dicen que la Fiscalía de Chihuahua no quiere soltar el caso, y a pesar de que dicen que ahí están los expedientes, por si los quieren revisar. Después, David Mendoza, el responsable de la PGR, dice que ellos como PGR han querido tener acceso al expediente de mi mamá y que la fiscalía no se los permite”, explica.

Para Juan Frayre, el asesinato de su madre fue permitido por el mismo gobierno de Chihuahua. Y el supuesto asesino de apodo “el Wicked” sólo es un chivo expiatorio. “Nosotros queremos que se esclarezca el caso, pero con la verdad, no con mentiras. Y la fiscalía tiene prisa por cerrar el caso”, concluye.

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Justicia pendiente

Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a director de obra de Colegio Rébsamen

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Francisco Arturo Pérez, director de obra del colegio Rébsamen, fue vinvulado a proceso

Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso al director de obra del Colegio Rébsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa contra el responsable de la obra del colegio particular y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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El presunto responsable de la tragedia del Colegio Rébsamen fue aprehendido el jueves pasado en Oaxaca, por lo que permanecerá internado en el reclusorio Sur de la Ciudad de México en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas del Rébsamen, Noé Franco, expresó que el detenido intentó culpar a otro director de obra de las irregularidades en la construcción del inmueble educativo, pero existía una carpeta de investigación en la que se comprobó su responsabilidad.

La defensa jurídica de las víctimas solicitará una pena de hasta 208 años de prisión, aunque reconoció que sólo podrían sentenciarlo hasta por 70 años, pero aseveraron que se constantó su responsabilidad en las fallas del inmueble que colapsó con el sismo de 2017.

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El 19 de septiembre de 2017 un total de 26 personas fallecieron por el colapso del Colegio Rébsamen en la alcaldía Tlalpan a consecuencia del sismo que se suscitó, por lo que también fue aprehendida la directora del plantel educativo por las fallas e irregularidades en la construcción de la escuela que no soportó el movimiento telúrico.

Diecinueve de los fallecidos eran niños, quienes murieron aplastados por el colapso de una parte del colegio. La escuela se colapsó en parte, según informaron autoridades capitalinas, porque la directora de la escuela construyó su departamento arriba de uno de los edificios del plantel.

 

 

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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Jerónimo hernández podría pasar otros cuatro años de prisión, por intención del gobierno de Guerrero

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

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El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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