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Justicia pendiente

Fiscalía intenta cerrar caso Escobedo con mentiras y amenazas

La fiscalía de Chihuahua pretende cerrar el caso de Marisela Escobedo con un chivo expiatorio e intimidando a familiares sin resolver los feminicidios

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En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vida y estilo

En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vidayestilo.com

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- “Cuando nosotros salimos públicamente a decir que este hombre que presentó la fiscalía no es el asesino de mi mamá, se comunicó por parte de la PGR, de la agregaduría de El Paso, el licenciado Terrazas, diciéndome que de la fiscalía del estado de Chihuahua quieren hablar con mi tío Ricardo y enseñarle una serie de fotos, entre otras cosas. Si el caso ya está cerrado, como ellos dicen, y están cien por ciento seguros, ¿por qué quieren hablar con mi tío Ricardo para que reconozca fotos?”.

Es la voz de Juan Frayre Escobedo, hijo de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua, por demandar justicia en el asesinato de su hija Rubí. Ella nunca fue escuchada, y hoy su hijo, desde el asilo político en Estados Unidos, ha emprendido una batalla contra las autoridades mexicanas para que no cierren los casos de su madre ni de su hermana, porque en ninguno de los dos se ha hecho justicia, sólo “mentiras y cuentos”, dice.

Juan Frayre Escobedo insiste: “¿Para qué quieren ver a mi tío Ricardo?”. Ricardo Escobedo, hermano de Marisela, fue el único testigo que vio cuando dispararon a Marisela frente a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Ricardo la acompañaba aquella noche en el plantón, después que las autoridades habían dejado ir al asesino de su sobrina, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

Ahora Juan denuncia a Los Ángeles Press el acoso de las autoridades mexicanas, aún cuando ellos se encuentran en el estado de Texas, y pese a que su familia ha aportado todas las evidencias de la investigación. “Tenemos miedo, y para mí que nos quieren poner un cuatro, uno piensa lo peor en estos casos”, dice Frayre Escobedo.

“Ricardo teme por su vida porque él es el único testigo del homicidio, y mientras siga diciendo que no es la persona que la fiscalía está presentando, sabemos que esta gente puede tomar represalias y matarlo para que no haya nadie que diga que no”, señala, con profunda preocupación.

“Todo lo que se hizo, reuniones y conseguir datos, ha sido porque la familia ha aportado las evidencias: ha sido lo mismo como cuando mi madre estaba con vida, que ella encontró a Sergio (Rafael Barraza Bocanegra) y dio esta información a las autoridades. Está pasando lo mismo, somos la familia los que andamos investigando y trayendo la evidencia a las autoridades y también identificando al asesino, que no ha sido por parte de las autoridades de la fiscalía ni de la PGR”, abundó Frayre.

La fiscalía dejó de comunicarse con Juan Frayre y su abogado Carlos Spector desde hacía cuatro meses. Y pese a las evidencias aportadas que apuntaban a otra pista, la fiscalía presentó ante los medios de comunicación a José Enrique Jiménez Zavala, apodado “el Wicked”, como el asesino de Marisela Escobedo. Ricardo, el tío de Juan Frayre, desmintió a la fiscalía, y hasta la fecha sostiene que esta persona no es el asesino.

Tres denuncias de amenazas contra la fiscal Rosa María Sandoval

El 13 de diciembre de 2011, Juan Frayre Escobedo fue amenazado de muerte a las ocho de la noche, en El Paso, Texas, y puso una denuncia policial. Ese mismo día, a las 2:15 de la tarde, la editora de Los Ángeles Press también recibió una amenaza de muerte. Ambos casos están vinculados con la denuncia de la fiscal Rosa María Sandoval. En el caso de Juan Frayre, ha sido denunciada por manipular la información y por destruir las evidencias aportadas por la familia en la investigación de los dos asesinatos, el de su madre Marisela Escobedo y el de su hermana Rubí Marisol.

En el caso de Los Ángeles Press, las amenazas se dieron en torno a la serie de reportajes “Mujeres guardadas en la morgue”, restos óseos de adolescentes retenidos por años en la morgue, y la presencia en Ciudad Juárez del corresponsal Javier Juárez quien asistió a una reunión de madres de víctimas con la fiscal, horas antes.

Un tercer elemento que relaciona a la fiscal Rosa María Sandoval con amenazas de muerte, es la denuncia de Manuel García, joven que ayudaba a Marisela Escobedo a buscar al asesino de su hija, mientras él buscaba a su sobrina desparecida desde 2008. Manuel García denunció a este medio el 20 de diciembre de 2011 que recibió las amenazas directamente de un subcomandante que trabaja con la fiscal, y fue por negarse a cambiar el testimonio ante el Ministerio Público en el que quería la fiscal que incriminara a Marisela Escobedo como parte del cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que su asesinato habría sido una venganza de los Zetas.

La fiscal Sandoval es la responsable de las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez.

Juan Manuel Frayre Escobedo también fue amenazado de muerte en el funeral de su madre. Foto: red

“Hay temor por nuestras vidas”

A pesar de estar en Estados Unidos, el acoso de las autoridades continúa para Frayre y García. “Nosotros tenemos temor del gobierno mexicano, y las autoridades estadounidenses han entendido esto, porque han revisado el caso y han tomado la conclusión de que nuestras vidas corren peligro, no nada más por el crimen organizado sino también por el mismo gobierno mexicano”, señaló Frayre Escobedo.

Hizo énfasis en que al margen del caso de su madre y el de su hermana, han denunciado los vínculos que tiene el gobierno con el crimen organizado, tanto el gobierno de Chihuahua como el de Zacatecas.

En el mes de abril, recordó Frayre que dijo a las autoridades que “si la fiscalía traía el caso de su madre, iba a protestar en contra de eso, porque no tenía confianza en la fiscal. Ellos ya tienen conocimiento del testimonio de Manuel García”. La última reunión que sostuvieron fue el 8 de mayo. Luego de cuatro meses, el gobierno de Chihuahua presentó al “Wicked” como responsable del crimen de Marisela Escobedo, sin ninguna comunicación con la familia ni su abogado Carlos Spector.

La PGR sin hacer nada

Desde las primeras denuncias sobre el paradero de Sergio Rafael Barraza, el asesino de Rubí escondido en Fresnillo, Zacatecas, la Procuraduría General de la República dijo a la familia, en voz de David Mendoza, que intervendría el ejército para detenerlo. Sin embargo, “no han hecho absolutamente nada”, señaló Frayre. Incluso, “se deslindan de toda responsabilidad, y actúan como si nos estuvieran haciendo un favor con venir y hablar con nosotros”, dice.

Ninguno de los dos casos, el de Rubí Marisol ni el de Marisela Escobedo se ha avanzado. “En el caso de mi mamá ellos dicen que la Fiscalía de Chihuahua no quiere soltar el caso, y a pesar de que dicen que ahí están los expedientes, por si los quieren revisar. Después, David Mendoza, el responsable de la PGR, dice que ellos como PGR han querido tener acceso al expediente de mi mamá y que la fiscalía no se los permite”, explica.

Para Juan Frayre, el asesinato de su madre fue permitido por el mismo gobierno de Chihuahua. Y el supuesto asesino de apodo “el Wicked” sólo es un chivo expiatorio. “Nosotros queremos que se esclarezca el caso, pero con la verdad, no con mentiras. Y la fiscalía tiene prisa por cerrar el caso”, concluye.

Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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