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Justicia pendiente

Fiscalía intenta cerrar caso Escobedo con mentiras y amenazas

La fiscalía de Chihuahua pretende cerrar el caso de Marisela Escobedo con un chivo expiatorio e intimidando a familiares sin resolver los feminicidios

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En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vida y estilo

En memoria de Marisela Escobedo. Foto: vidayestilo.com

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, CA.- “Cuando nosotros salimos públicamente a decir que este hombre que presentó la fiscalía no es el asesino de mi mamá, se comunicó por parte de la PGR, de la agregaduría de El Paso, el licenciado Terrazas, diciéndome que de la fiscalía del estado de Chihuahua quieren hablar con mi tío Ricardo y enseñarle una serie de fotos, entre otras cosas. Si el caso ya está cerrado, como ellos dicen, y están cien por ciento seguros, ¿por qué quieren hablar con mi tío Ricardo para que reconozca fotos?”.

Es la voz de Juan Frayre Escobedo, hijo de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua, por demandar justicia en el asesinato de su hija Rubí. Ella nunca fue escuchada, y hoy su hijo, desde el asilo político en Estados Unidos, ha emprendido una batalla contra las autoridades mexicanas para que no cierren los casos de su madre ni de su hermana, porque en ninguno de los dos se ha hecho justicia, sólo «mentiras y cuentos», dice.

Juan Frayre Escobedo insiste: “¿Para qué quieren ver a mi tío Ricardo?”. Ricardo Escobedo, hermano de Marisela, fue el único testigo que vio cuando dispararon a Marisela frente a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Ricardo la acompañaba aquella noche en el plantón, después que las autoridades habían dejado ir al asesino de su sobrina, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

Ahora Juan denuncia a Los Ángeles Press el acoso de las autoridades mexicanas, aún cuando ellos se encuentran en el estado de Texas, y pese a que su familia ha aportado todas las evidencias de la investigación. “Tenemos miedo, y para mí que nos quieren poner un cuatro, uno piensa lo peor en estos casos”, dice Frayre Escobedo.

“Ricardo teme por su vida porque él es el único testigo del homicidio, y mientras siga diciendo que no es la persona que la fiscalía está presentando, sabemos que esta gente puede tomar represalias y matarlo para que no haya nadie que diga que no”, señala, con profunda preocupación.

“Todo lo que se hizo, reuniones y conseguir datos, ha sido porque la familia ha aportado las evidencias: ha sido lo mismo como cuando mi madre estaba con vida, que ella encontró a Sergio (Rafael Barraza Bocanegra) y dio esta información a las autoridades. Está pasando lo mismo, somos la familia los que andamos investigando y trayendo la evidencia a las autoridades y también identificando al asesino, que no ha sido por parte de las autoridades de la fiscalía ni de la PGR”, abundó Frayre.

La fiscalía dejó de comunicarse con Juan Frayre y su abogado Carlos Spector desde hacía cuatro meses. Y pese a las evidencias aportadas que apuntaban a otra pista, la fiscalía presentó ante los medios de comunicación a José Enrique Jiménez Zavala, apodado “el Wicked”, como el asesino de Marisela Escobedo. Ricardo, el tío de Juan Frayre, desmintió a la fiscalía, y hasta la fecha sostiene que esta persona no es el asesino.

Tres denuncias de amenazas contra la fiscal Rosa María Sandoval

El 13 de diciembre de 2011, Juan Frayre Escobedo fue amenazado de muerte a las ocho de la noche, en El Paso, Texas, y puso una denuncia policial. Ese mismo día, a las 2:15 de la tarde, la editora de Los Ángeles Press también recibió una amenaza de muerte. Ambos casos están vinculados con la denuncia de la fiscal Rosa María Sandoval. En el caso de Juan Frayre, ha sido denunciada por manipular la información y por destruir las evidencias aportadas por la familia en la investigación de los dos asesinatos, el de su madre Marisela Escobedo y el de su hermana Rubí Marisol.

En el caso de Los Ángeles Press, las amenazas se dieron en torno a la serie de reportajes “Mujeres guardadas en la morgue”, restos óseos de adolescentes retenidos por años en la morgue, y la presencia en Ciudad Juárez del corresponsal Javier Juárez quien asistió a una reunión de madres de víctimas con la fiscal, horas antes.

Un tercer elemento que relaciona a la fiscal Rosa María Sandoval con amenazas de muerte, es la denuncia de Manuel García, joven que ayudaba a Marisela Escobedo a buscar al asesino de su hija, mientras él buscaba a su sobrina desparecida desde 2008. Manuel García denunció a este medio el 20 de diciembre de 2011 que recibió las amenazas directamente de un subcomandante que trabaja con la fiscal, y fue por negarse a cambiar el testimonio ante el Ministerio Público en el que quería la fiscal que incriminara a Marisela Escobedo como parte del cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que su asesinato habría sido una venganza de los Zetas.

La fiscal Sandoval es la responsable de las investigaciones de feminicidios en Ciudad Juárez.

Juan Manuel Frayre Escobedo también fue amenazado de muerte en el funeral de su madre. Foto: red

“Hay temor por nuestras vidas”

A pesar de estar en Estados Unidos, el acoso de las autoridades continúa para Frayre y García. “Nosotros tenemos temor del gobierno mexicano, y las autoridades estadounidenses han entendido esto, porque han revisado el caso y han tomado la conclusión de que nuestras vidas corren peligro, no nada más por el crimen organizado sino también por el mismo gobierno mexicano”, señaló Frayre Escobedo.

Hizo énfasis en que al margen del caso de su madre y el de su hermana, han denunciado los vínculos que tiene el gobierno con el crimen organizado, tanto el gobierno de Chihuahua como el de Zacatecas.

En el mes de abril, recordó Frayre que dijo a las autoridades que “si la fiscalía traía el caso de su madre, iba a protestar en contra de eso, porque no tenía confianza en la fiscal. Ellos ya tienen conocimiento del testimonio de Manuel García”. La última reunión que sostuvieron fue el 8 de mayo. Luego de cuatro meses, el gobierno de Chihuahua presentó al “Wicked” como responsable del crimen de Marisela Escobedo, sin ninguna comunicación con la familia ni su abogado Carlos Spector.

La PGR sin hacer nada

Desde las primeras denuncias sobre el paradero de Sergio Rafael Barraza, el asesino de Rubí escondido en Fresnillo, Zacatecas, la Procuraduría General de la República dijo a la familia, en voz de David Mendoza, que intervendría el ejército para detenerlo. Sin embargo, “no han hecho absolutamente nada”, señaló Frayre. Incluso, “se deslindan de toda responsabilidad, y actúan como si nos estuvieran haciendo un favor con venir y hablar con nosotros”, dice.

Ninguno de los dos casos, el de Rubí Marisol ni el de Marisela Escobedo se ha avanzado. “En el caso de mi mamá ellos dicen que la Fiscalía de Chihuahua no quiere soltar el caso, y a pesar de que dicen que ahí están los expedientes, por si los quieren revisar. Después, David Mendoza, el responsable de la PGR, dice que ellos como PGR han querido tener acceso al expediente de mi mamá y que la fiscalía no se los permite”, explica.

Para Juan Frayre, el asesinato de su madre fue permitido por el mismo gobierno de Chihuahua. Y el supuesto asesino de apodo “el Wicked” sólo es un chivo expiatorio. “Nosotros queremos que se esclarezca el caso, pero con la verdad, no con mentiras. Y la fiscalía tiene prisa por cerrar el caso”, concluye.

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Justicia pendiente

FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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