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Fiscalía de EdoMex identifica a 6 víctimas de feminicida serial

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) identificó a seis víctimas del feminicida serial de Atizapán, quien fue detenido hace más de nueve meses y quien presuntamente asesinó a 19 mujeres.

De acuerdo con la fiscalía estatal, los trabajos de excavación que se efectúan en el domicilio ubicado en la calle Margaritas de la Colonia Las Lomas de San Miguel se confirmó la identidad de media docena de mujeres, tras las pruebas genéticas y se notificó a sus respectivas familias.

El sujeto identificado como Andrés fue aprehendido tras una indagatoria que se realizó por la desaparición de una mujer en mayo de 2021 y después de realizarse las revisiones correspondientes se encontraron en el interior de la vivienda identificaciones, libretas con nombres de personas, descripciones de las mismas, fotografías y bisutería, así como bolsos de mujer, calzado diversos y diferentes videos en formato VHS.

En el interior de la vivienda fueron localizados más de cuatro mil 300 restos óseos que las autoridades estatales consideraron que se trataban de las 19 víctimas del feminicida serial, por lo que hasta el momento se han corroborado la identidad de seis mujeres con las familias.

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como “El Monstruo de Atizapán”, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Tenango del Valle, donde se desarrolla el procedimiento penal en su contra por el feminicidio de al menos 19 mujeres, aunque las autoridades estatales consideraron que podrían existir más casos.

El feminicida serial habría cometido estos delitos durante al menos 30 años y cometía los delitos en el interior de la vivienda, por lo que las autoridades estatales continuarán con la revisión del inmueble y su derribe para identificar más posibles restos óseos.

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Justicia pendiente

Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Mexico Violento

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

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De acuerdo con los familiares de las víctimas, el actual gobierno federal ha cometido las mismas prácticas que la administración anterior, pues únicamente ha simulado la investigación por la desaparición de los jóvenes, pero sin una respuesta significativa por parte de las autoridades federales.

Recordaron que la administración de Enrique Peña Nieto fabricó la versión oficial para evitar que se inculpara al Ejército mexicano que estuvo involucrado en el tema, por lo que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador está lejos de entregar información completa sobre los hechos.

Añadieron que sólo se abren líneas de investigación sin que se conozca la verdad sobre el paradero real de los estudiantes normalistas, por lo que lamentaron que se haya politizado el caso para evitar el acceso a la justicia en un sistema e impunidad que se ha mantenido en dos gobiernos.

Lee más: Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

La FGR desistió en 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la cual estaban involucrados elementos del Ejército mexicano que colaboraron en el delito.

 

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