Connect with us

Mexico Violento

Fiscal de Durango tortura a falsos culpables de feminicidios

Torturados y encarcelados por supuestos feminicidios, siete músicos de Banda Vagos pagan condenas pese a que verdaderos culpables ya fueron aprehendidos

Avatar

Published

on

soniayadirafragoso

La fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, responsable de tortura y falsos culpables. Foto: durangoaldía.com

Por Fernando Miranda Servín

DURANGO, Durango.- El 1 de abril de 2013, la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, presentó ante los medios de comunicación locales de esta entidad como presuntos feminicidas a siete integrantes del grupo musical Banda Vagos de Santiago Papasquiaro, dando por hecho que eran responsables del secuestro y feminicidio de las señoras Teresa Botello Contreras y María Isabel Mejorado Soto, originarias de este municipio, desaparecidas el 11 de noviembre de 2012.

Sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin establecer la existencia legal de caso urgente ya que los hechos habían sucedido tres meses antes, Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastasio Arenas fueron detenidos arbitrariamente en sus casas y centros de trabajo, el 14 de febrero de 2013.

Los detenidos fueron sometidos a salvajes torturas en las instalaciones de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) de Santiago Papasquiaro; posteriormente, fueron arraigados 45 días en un hotel de la ciudad de Durango, tiempo durante el cual los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro continuaron aplicándoles crueles golpizas para obligarlos a que se confesaran culpables y a que dijeran en dónde habían enterrado los cuerpos de las ciudadanas secuestradas. El reportero se pregunta aquí: ¿por qué los agentes de la DEI daban por hecho que las señoras Botello y Mejorado estaban muertas?

“Los llevaban a Santiago y les preguntaban que dónde habían enterrado a las señoras, y ellos, para que ya no los siguieran golpeando, señalaban cualquier lugar; luego, los agentes los obligaban a cavar hoyos, pero cómo iban a aparecer los cuerpos si ellos no secuestraron a las señoras”, explicaron en su momento los familiares de los músicos, a quienes los ministeriales, bajo las órdenes de la Fiscal de la Garza Fragoso, colocaban bolsas de plástico en sus cabezas para asfixiarlos y golpeaban en todo el cuerpo provocándoles notorios hematomas.

“A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de la parte alta de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras”, refirieron los familiares.

Finalmente, los integrantes de la Banda Vagos se declararon culpables de delitos que no cometieron y están recluidos en el penal de Santiago Papasquiaro, en donde esperan su sentencia por secuestro y homicidio, a pesar de que los verdaderos secuestradores ya se encuentran presos. “Aprehendieron a un sujeto de nombre Kevin Martín Valenzuela Ruiz, jefe de una banda de secuestradores, e inmediatamente después de esta aprehensión aparecieron los cadáveres de las secuestradas”, denunció en abril de 2013 uno de los familiares de los detenidos.

banda vagos

Los siete detenidos torturados salvajemente para que se declararan culpables de feminicidios que no cometireron. Foto: Raza Cero

Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a cargo de Felipe de Jesús Martínez Rodarte, no está conforme con esta grave y evidente violación a los derechos humanos por lo que el pasado 18 de diciembre de 2013, bajo el Expediente Núm. CEDH/3/085/13, emitió la Recomendación Núm. 29/13 a la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que documenta todas las violaciones a la ley en que incurrió esta institución en agravio de los detenidos, particularmente del señor Miguel Ángel García, director de la banda musical.

Según el documento en mi poder, la Fiscalía General violó todas las leyes nacionales, así como todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que nuestro país a firmado referentes a la protección de los derechos humanos “por negar el Derecho a la seguridad jurídica de los detenidos, Efectuar detenciones sin contar con la orden correspondiente, Retención ilegal, Diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad competente, Violar el derecho a la integridad y seguridad personal, y -la más delicada- Obtener información o la confesión de los detenidos a partir de sufrimientos graves, físicos o psíquicos”, y conmina a la Fiscal a que inicie el procedimiento administrativo y las averiguaciones previas en contra de los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro que intervinieron en estos oprobiosos hechos.

Pero en el apartado sexto de esta Recomendación la CEDH parece ser muy benévola con los agentes ministeriales violadores de los derechos humanos, al apuntar: “Que usted, Fiscal General del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la DEI que participó en los hechos, materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones”.

Luego entonces, se entiende que estos ministeriales, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, en vez de ser cesados de inmediato podrían seguir laborando en la Fiscalía General del Estado de Durango, representando un peligro potencial para la ciudadanía.

La CEDH solicita a la Fiscal que gire instrucciones a quien corresponda para que se repare el daño ocasionado a los detenidos y se les dé atención psicológica, especialmente al señor Miguel Ángel García, y advierte a la Fiscal que de no ser cumplida esta Recomendación dará vista al Congreso del estado “para que sea citada a comparecer para que explique las razones de su conducta o justifique su omisión”.

En la Recomendación, la CEDH revela que el 20 de febrero de 2013 su personal acudió al inmueble en donde tuvieron arraigados a los detenidos y levantó un acta circunstanciada en la que consta que el señor Miguel Ángel García presentaba lesiones severas en todo el cuerpo.

Así mismo, la CEDH presenta como una de las evidencias comprobatorias de estos abusos el resultado favorable del Procedimiento para la Investigación Legal de Casos de Tortura o Protocolo de Estambul, realizado al señor Miguel Ángel García por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del Dr. Raúl Plascencia Villanueva.

La tortura, práctica cotidiana en la Fiscalía

“La Fiscal sabía que los detenidos estaban siendo torturados, pero no hacía nada para impedirlo, parece ser que lo único que le importaba era salir en los medios anunciando la detención de una banda más de secuestradores”, comenta un empleado de la misma Fiscalía.

Según trabajadores de esta dependencia y ciudadanos que han tenido la desgracia de ser aprehendidos “por error” o ilegalmente “es en los separos, en la parte trasera de las instalaciones de la Fiscalía, en donde los agentes de la DEI torturan a los presuntos infractores de manera cotidiana”. Al parecer, la Fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, es quien ordena y está de acuerdo con estas prácticas.

Ahora, corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt Ruiz, tomar cartas en este asunto y, en base a esta Recomendación de la CEDH, girar instrucciones para que estos ciudadanos, encarcelados injustamente, sean liberados de inmediato.

Fuente: razacero.com

Justicia pendiente

Mujeres internas fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios del penal de Atlacholoaya

Published

on

Por Ignacio García

Familiares de ocho mujeres internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que fueron golpeadas y agredidas sexualmente por custodios de ese penal durante su reincorporación procedentes del penal de Cuautla.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, los custodios del penal agredieron física y sexualmente a ocho mujeres, quienes fueron impedidas de tener contacto con sus familiares durante 15 días, lo que permite que las lesiones causadas desaparezcan para evitar quejas de derechos humanos y denuncia penal.

Los parientes de las mujeres agredidas denunciaron que los custodios agredieron sexualmente de las víctimas durante las revisiones de rutina con el uso de toletes para determinar si portaban drogas y así denigrarlas tanto física como verbalmente.

Agregaron que constantemente los familiares son extorsionados para contactarse con las mujeres, aunado a que les pidieron 50 mil pesos para regresar a las mujeres el penal de Atlacholoaya, luego de haber sido golpeadas, por lo que han solicitado el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sin recibir respuesta.

Añadieron que en el penal existe un autogobierno en el que los custodios y la directora del penal exigen cantidades de dinero diferentes para obtener distintos beneficios, y por ello reclamó que las autoridades penitenciarias no han respondido a las exigencias de los familiares de las víctimas ante las constantes violaciones graves de derechos humanos.

Apenas el domingo se registró una presunta riña en el interior del Cereso de Atlacholoaya, en donde acudieron elementos de Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad para atender el incidente, luego del reingreso de las mujeres al penal, tras haber sido trasladadas a otros centros penitenciarios de la entidad.

El pasado 3 de marzo el Juez de lo penal de Morelos determinó que no hubo el presunto riesgo sanitario para la extracción de las ocho mujeres del penal de Atlacholoaya, por lo que fueron recluidas nuevamente en éste, lo que presuntamente causó un intento de amotinamiento por parte del resto de los reclusos.

Continue Reading

Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Published

on

Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

Continue Reading

Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

Avatar

Published

on

Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

Continue Reading

Trending