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Mexico Violento

Fiscal de Durango tortura a falsos culpables de feminicidios

Torturados y encarcelados por supuestos feminicidios, siete músicos de Banda Vagos pagan condenas pese a que verdaderos culpables ya fueron aprehendidos

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La fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, responsable de tortura y falsos culpables. Foto: durangoaldía.com

Por Fernando Miranda Servín

DURANGO, Durango.- El 1 de abril de 2013, la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, presentó ante los medios de comunicación locales de esta entidad como presuntos feminicidas a siete integrantes del grupo musical Banda Vagos de Santiago Papasquiaro, dando por hecho que eran responsables del secuestro y feminicidio de las señoras Teresa Botello Contreras y María Isabel Mejorado Soto, originarias de este municipio, desaparecidas el 11 de noviembre de 2012.

Sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin establecer la existencia legal de caso urgente ya que los hechos habían sucedido tres meses antes, Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastasio Arenas fueron detenidos arbitrariamente en sus casas y centros de trabajo, el 14 de febrero de 2013.

Los detenidos fueron sometidos a salvajes torturas en las instalaciones de la Dirección Estatal de Investigación (DEI) de Santiago Papasquiaro; posteriormente, fueron arraigados 45 días en un hotel de la ciudad de Durango, tiempo durante el cual los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro continuaron aplicándoles crueles golpizas para obligarlos a que se confesaran culpables y a que dijeran en dónde habían enterrado los cuerpos de las ciudadanas secuestradas. El reportero se pregunta aquí: ¿por qué los agentes de la DEI daban por hecho que las señoras Botello y Mejorado estaban muertas?

“Los llevaban a Santiago y les preguntaban que dónde habían enterrado a las señoras, y ellos, para que ya no los siguieran golpeando, señalaban cualquier lugar; luego, los agentes los obligaban a cavar hoyos, pero cómo iban a aparecer los cuerpos si ellos no secuestraron a las señoras”, explicaron en su momento los familiares de los músicos, a quienes los ministeriales, bajo las órdenes de la Fiscal de la Garza Fragoso, colocaban bolsas de plástico en sus cabezas para asfixiarlos y golpeaban en todo el cuerpo provocándoles notorios hematomas.

“A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de la parte alta de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras”, refirieron los familiares.

Finalmente, los integrantes de la Banda Vagos se declararon culpables de delitos que no cometieron y están recluidos en el penal de Santiago Papasquiaro, en donde esperan su sentencia por secuestro y homicidio, a pesar de que los verdaderos secuestradores ya se encuentran presos. “Aprehendieron a un sujeto de nombre Kevin Martín Valenzuela Ruiz, jefe de una banda de secuestradores, e inmediatamente después de esta aprehensión aparecieron los cadáveres de las secuestradas”, denunció en abril de 2013 uno de los familiares de los detenidos.

banda vagos

Los siete detenidos torturados salvajemente para que se declararan culpables de feminicidios que no cometireron. Foto: Raza Cero

Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a cargo de Felipe de Jesús Martínez Rodarte, no está conforme con esta grave y evidente violación a los derechos humanos por lo que el pasado 18 de diciembre de 2013, bajo el Expediente Núm. CEDH/3/085/13, emitió la Recomendación Núm. 29/13 a la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que documenta todas las violaciones a la ley en que incurrió esta institución en agravio de los detenidos, particularmente del señor Miguel Ángel García, director de la banda musical.

Según el documento en mi poder, la Fiscalía General violó todas las leyes nacionales, así como todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que nuestro país a firmado referentes a la protección de los derechos humanos “por negar el Derecho a la seguridad jurídica de los detenidos, Efectuar detenciones sin contar con la orden correspondiente, Retención ilegal, Diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad competente, Violar el derecho a la integridad y seguridad personal, y -la más delicada- Obtener información o la confesión de los detenidos a partir de sufrimientos graves, físicos o psíquicos”, y conmina a la Fiscal a que inicie el procedimiento administrativo y las averiguaciones previas en contra de los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro que intervinieron en estos oprobiosos hechos.

Pero en el apartado sexto de esta Recomendación la CEDH parece ser muy benévola con los agentes ministeriales violadores de los derechos humanos, al apuntar: “Que usted, Fiscal General del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la DEI que participó en los hechos, materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones”.

Luego entonces, se entiende que estos ministeriales, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, en vez de ser cesados de inmediato podrían seguir laborando en la Fiscalía General del Estado de Durango, representando un peligro potencial para la ciudadanía.

La CEDH solicita a la Fiscal que gire instrucciones a quien corresponda para que se repare el daño ocasionado a los detenidos y se les dé atención psicológica, especialmente al señor Miguel Ángel García, y advierte a la Fiscal que de no ser cumplida esta Recomendación dará vista al Congreso del estado “para que sea citada a comparecer para que explique las razones de su conducta o justifique su omisión”.

En la Recomendación, la CEDH revela que el 20 de febrero de 2013 su personal acudió al inmueble en donde tuvieron arraigados a los detenidos y levantó un acta circunstanciada en la que consta que el señor Miguel Ángel García presentaba lesiones severas en todo el cuerpo.

Así mismo, la CEDH presenta como una de las evidencias comprobatorias de estos abusos el resultado favorable del Procedimiento para la Investigación Legal de Casos de Tortura o Protocolo de Estambul, realizado al señor Miguel Ángel García por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del Dr. Raúl Plascencia Villanueva.

La tortura, práctica cotidiana en la Fiscalía

“La Fiscal sabía que los detenidos estaban siendo torturados, pero no hacía nada para impedirlo, parece ser que lo único que le importaba era salir en los medios anunciando la detención de una banda más de secuestradores”, comenta un empleado de la misma Fiscalía.

Según trabajadores de esta dependencia y ciudadanos que han tenido la desgracia de ser aprehendidos “por error” o ilegalmente “es en los separos, en la parte trasera de las instalaciones de la Fiscalía, en donde los agentes de la DEI torturan a los presuntos infractores de manera cotidiana”. Al parecer, la Fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, es quien ordena y está de acuerdo con estas prácticas.

Ahora, corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt Ruiz, tomar cartas en este asunto y, en base a esta Recomendación de la CEDH, girar instrucciones para que estos ciudadanos, encarcelados injustamente, sean liberados de inmediato.

Fuente: razacero.com

Justicia pendiente

Sandoval reconoce que Salvador Cienfuegos es asesor de la Sedena

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el ex responsable de esa dependencia federal, Salvador Cienfuegos, forma parte del equipo de asesores del Ejército mexicano.

El general dijo que las normativas del Ejército establecen que los ex titulares de la Sedena forman parte del equipo de asesores del secretario en turno, sin embargo, aseguró que Cienfuegos no es tomado en cuenta por la actual administración federal.

De acuerdo con Sandoval, únicamente cuando el secretario en turno desee consultar algún tema o situación en particular con los ex secretarios es cuando son considerados, por lo que en la actualidad el equipo de asesores está conformado por tres o cuatro ex secretarios de la Defensa Nacional.

Indicó que los ex secretarios forman parte del equipo de asesores hasta que fallecen, por lo que son los únicos integrantes de la milicia, quienes después de retirarse perciben el mismo sueldo que cuando estaban en activo, por lo que es una normativa que deben respetar.

Enfatizó que en la actualidad Salvador Cienfuegos no ha sido consultado para abordar algún tema relacionado con la Sedena, por lo que se encuentra en el mismo nivel que los otros ex secretarios de la Defensa Nacional que están retirados.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto, pero el gobierno de Estados Unidos lo acusó de estar vinculado con el Cártel de los Beltrán Leyva desde la administración de Felipe Calderón, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desistió de una orden penal en su contra al presuntamente no encontrar elementos suficientes contra el general.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Agencia Anti Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fabricó el caso contra Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en la Unión Americana, pero que fue liberado tras su extradición a México.

 

 

 

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Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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