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Estados Unidos

Solidaridad internacional con Francisca Galván Segura

La comunidad internacional de derechos humanos se suma con su firma a la petición por la libertad humanitaria de la abogada del Comité de Madres de Juárez

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Frente de Resistencia en Los Ángeles marcha en solidaridad con las madres de Juárez y su abogada detenida en Migración Francisca Galván Segura. Foto Frente de Resistencia

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ANGELES, California.- Francisca Galván Segura se encuentra detenida en Migración en San Diego, California, desde el 22 de febrero por pedir protección a su vida. Su caso es uno más de migración forzada por la emergencia de sobrevivir. Sin haber cometido ningún delito migratorio, ha sido recluida indefinidamente, con los costos económicos que implica una cárcel privada de estas características.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos de activistas en Francia, España, Estados Unidos y México están mostrando su solidaridad con la abogada que en los últimos tres años ha representado legalmente a las madres con hijas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, de tiempo completo y de manera voluntaria.

Una de estas muestras de solidaridad tuvo lugar el sábado 9 de marzo, a iniciativa del Frente de Resistencia, integrado por mexicanos radicados en Los Ángeles, California, quienes alzaron la voz en las calles por el Comité de Madres y Familiares con Hijas desaparecidas de Ciudad Juárez y por la abogada Francisca Galván Segura para pedir su liberación humanitaria.

En una marcha por el centro de la urbe angelina, los activistas hicieron visible la depredación de las hijas de Juárez. Se trata de feminicidios que durante veinte años se han perpetrado en completa impunidad de los criminales y con el silencio de las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua. Estas autoridades han protagonizado el acoso sistemático a las madres y a la abogada Francisca Galván para acallarlas por exigir la verdad sobre estos crímenes de género.

¿Quién es Francisca Galván Segura?

Francisca Galván Segura es abogada de derechos humanos en Ciudad Juárez. Desde hace tres años se ha dedicado a ayudar a las madres con hijas desaparecidas a integrar sus expedientes y actualizarlos de acuerdo a la información que van recaudando ellas mismas para agilizar la búsqueda de sus hijas desaparecidas.

Decidieron formar el Comité de Madres y Familiares y alzar juntas la voz, después de que las autoridades ignoraran sus hallazgos y pistas de investigaciones obstaculizando el proceso de justicia de las víctimas. Junto con Los Ángeles Press se creó una base de datos y se encontró que 191 mujeres, algunas por más de diez años, seguían en calidad de desaparecidas, sin que las autoridades dieran más referencias de ellas.

En los últimos dos años, Galván Segura ha sido testigo de manipulaciones de pruebas, delitos, abusos y mentiras a las madres y familiares de las víctimas por parte de las autoridades. Y junto con Los Ángeles Press se denunció la existencia de más de 200 restos óseos en la morgue de Ciudad Juárez guardados por años, todos de mujeres y jóvenes, y sólo se han entregado fragmentos de huesos con reportes de ADN apócrifos a las madres, por lo que los periodistas Javier Juárez (España) y Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles, CA) fueron amenazados de muerte el 13 de diciembre de 2011.

En esta serie de evidencias y hechos, Los Ángeles Press reveló la participación de la fiscal Rosa María Sandoval, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y la de Norma Ledezma, directora de la organización Justicia para nuestras hijas, junto con su guardaespaldas, amenazó a Manuel García, tío de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero de 2009, por negarse a incriminar a la asesinada Marisela Escobedo de pertenecer al cártel de Joaquín Chapo Guzmán. Ese hostigamiento a Manuel García causó la primera migración forzada de la que se otorgó refugio político en Estados Unidos, y García estuvo detenido en Migración durante 30 días.

Las investigaciones sobre los feminicidios siguieron, y también el acoso. Pero a raíz de la Caminata por la vida realizada por el Comité de Madres de Juárez el pasado 15 de enero para exigir la verdad y justicia sobre estos crímenes de género, la abogada Francisca Galván, y cinco miembros fueron hostigados, algunos amenazados de muerte y otro brutalmente golpeado por agentes ministeriales. Ella fue intimidada directamente por el presidente municipal Héctor Murguía y frente al gobernador César Duarte.

Estas agresiones movilizaron a la abogada a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitud que hasta la fecha no ha sido resuelta.

Galván Segura fue amenazada en dos ocasiones a su teléfono particular con el secuestro y decapitación de su sobrina de diez años de edad, de la que ella es tutora. Las llamadas fueron por la mañana, una del 6 de febrero y otra del 19 de febrero. La segunda llamada fue poco antes de que otra persona le llamara a ese mismo teléfono que saliera de inmediato de Ciudad Juárez y sacara los expedientes de las víctimas de su casa “porque iban a ir a buscarlos”.

Pocas horas después, el secretario particular del gobernador César Duarte, llamó en varias ocasiones al mismo teléfono particular de la abogada para preguntar insistentemente si se encontraba en Ciudad Juárez. Todas estas llamadas generaron pánico en la familia de la abogada, y la tensión no ha disminuido.

Francisca Galván Segura salió de Ciudad Juárez y pidió refugio político a Migración, el 22 de febrero, por lo que fue detenida en el Centro de Detención de Otay, en San Diego, California.

PGR visita a Galván Segura sin la presencia de su abogado

El pasado viernes fue visitada Francisca Galván por dos personas que se identificaron como funcionarios, uno de la Procuraduría General de la República, «de parte de Nelly Montealegre de Fevimtra» (Fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres), y otro de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación de México, sin la presencia de su abogado.

La visita fue sorpresiva para Galván Segura y se sintió intimidada, según sus propias palabras a Los Ángeles Press, aunque los funcionarios dijeron «que iban a ofrecerle protección a ella y a su familia, en caso de que deseara regresar a México».

En opinión del abogado de asuntos migratorios que la representa legalmente, Guillermo Suárez, pudo tratarse de un acto intimidatorio y cuestionó que el gobierno mexicano no cumpla las reglas elementales para la visita de una detenida en Estados Unidos que viene huyendo de ellos mismos. También cuestionó cómo la PGR pudo enterarse el lugar donde se encontraba detenida, al ser una cárcel privada supervisada por el estado estadounidense, y no pudo localizarlo a él como abogado antes de visitarla a ella.

Firmas de solidaridad internacional

Organizacionesde derechos humanos de migrantes se han sumado a pedir la liberación humanitaria y la protección de su vida. Una de estas acciones de solidaridad internacional con la abogada es la petición de firmas dirigidas a John Morton, director de ICE US Immigration.

La plataforma para recolectar las firmas es Change.org:  Petición de Firmas

 

 

Estados Unidos

Gobierno de EEUU anuncia cierre del centro de detención a migrantes del Condado de Berks, Pensilvania

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En centro de detención de Berks fungía para detener sólo a mujeres migrantes

Como una gran victoria para los activistas por los derechos de las personas migrantes, el Gobierno federal de Estados Unidos anunció que cerrará el Centro de Detención del Condado de Berks, situado en el estado de Pensilvania, que durante mucho tiempo se usó para encarcelar a familias que solicitaban asilo. Más recientemente, la instalación se ha utilizado como prisión para mujeres migrantes.

El Centro Residencial del Condado de Berks, es una instalación del municipio de Berna, donde se ha retenido a los solicitantes de asilo y que ha sido objeto de protestas durante años. Los funcionarios del condado anunciaron el miércoles que el gobierno federal les informó que finalizará su contrato con el condado el 31 de enero.

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Stephanie Weaver, oficial de Relaciones Públicas del condado, emitió un comunicado diciendo que los funcionarios de Berks se reunieron con la gerencia y el personal del centro para informarles sobre la decisión del gobierno federal.

“El condado de Berks desea agradecer al personal, los empleados y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales de BCRC por su servicio y compromiso con este programa”, dice el comunicado. “Los funcionarios del condado también están comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a estos empleados durante esta transición”.

La declaración no especificó si los empleados del condado perderían sus trabajos debido a la decisión de cerrar las instalaciones. Weaver dijo que unas 60 personas actualmente trabajan en el centro.

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El centro, que opera desde 2001, había sido en algún momento uno de los tres lugares de Estados Unidos donde se retenía a las familias que buscaban asilo. A principios de 2022, se convirtió en una instalación que albergaba sólo a mujeres.

El condado de Berks administra la instalación y el gobierno federal le reembolsa. A cambio, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) alquila espacio para oficinas y proporciona alrededor de $1 millón en ingresos anuales al condado.

Durante la última década, la instalación se convirtió en un imán para las protestas, con una variedad de grupos de defensa que han pedido su cierre. Sostienen que la detención de niños es inhumana e hicieron acusaciones sobre el maltrato de los detenidos y las malas condiciones de vida en el centro. Los funcionarios federales y del condado han negado sistemáticamente esas afirmaciones.

El centro permaneció vacío durante la mayor parte del año pasado después de que la administración del presidente Joe Biden decidió que ya no estaba interesado en detener a las familias solicitantes de asilo.

 

En cambio, ICE y los funcionarios del condado forjaron un nuevo contrato para el sitio que lo convirtió en una instalación de albergue a mujeres migrantes. Los comisionados del condado aprobaron el nuevo contrato en el verano de 2021.

Ante la noticia del cierre, la organización Coalición Shut Down Berks dijo ser una gran victoria para la comunidad y una prueba de que la organización y la colaboración pueden generar cambios.

“Ha sido un largo viaje de organización desde 2015 para llegar aquí”, se lee en el comunicado. “Estamos más que emocionados de escuchar esta noticia y esperamos ver a todos liberados a sus familias y comunidades. También nos mantendremos atentos para que este sitio nunca más se use para infligir más violencia contra los inmigrantes o encarcelar a más personas a medida que pasa a un nuevo propósito”.

 

 

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Estados Unidos

En Arkansas, un pollo con sangre de explotación laboral

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La pollería Tyson en Arkansas explota a los migrantes y los trata con esclavos

 

En el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las empresas polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados

Por Kau Sirenio

@Kausirenio 

El estado de Arkansas era de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. De ahí que las calles de la ciudad de Springdale tengan nombres de supremacistas blancos como: Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O de los dueños de los fundadores de las trasnacionales como la pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La historia de discriminación y explotación no termina ahí, sino que se extiende en la universidad de Arkansas, donde el departamento de ciencia avícola es el principal referente de la pollería Tyson, que tienen el mayor número de trabajadores migrantes con problemas de movilidad de sus extremidades y en algunos casos de trombosis cerebral.

El rechazo a los otros en esta ciudad se percibe en sus panteones, donde cada población tiene su propio cementerio. El de los negros o esclavos se encuentra en un terreno baldío, unas piedras puntiagudas sirven de lápida. Luego sigue una barda de azulejos que lo divide con la de los blancos, ahí, las tumbas cuentan con cruces de mármol. Al noroeste de la ciudad se encuentra la sepultura exclusiva para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

Lee más sobre el autor: Marcha 8 de diciembre por las personas privadas de libertad en México, convoca Presunción de Inocencia y Derechos Humanos

Con una población de 69 mil 797 habitantes, Springdale es la ciudad donde llegan los migrantes mexicanos y centroamericanos. A pesar de la política antimigrantes, en esta ciudad es común encontrar comercios con productos mexicanos y centroamericanos. De comida hay de todos los sabores y sazones.

La política migratoria es estandarizada con la Ley federal de Migración en el noroeste de Arkansas. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que las policías locales colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

Esta relación antimigrantes permitió que la policía local colaborara con el ICE para detener a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi el 8 de agosto en 2018. La mayoría de los detenidos son latinos.

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En mayo de 2018, la fundadora y directora de la organización comunitaria Venceremos Magali Licolli, describió la condición en que trabajaban los migrantes: “Cuando vi lo jodido de la situación de los trabajadores de la pollería El Tyson me di cuenta de lo complicado que es la vida de los migrantes indocumentados Arkansas, Estados Unidos”.

Las activista hacía énfasis sobre la explotación de los migrantes en el noroeste de Arkansas. “Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Era tal la crueldad en que trabajaban que no les permitía ir al baño, tenían que usar pañales desechables porque no se podían mover la cadena de producción”.

Las personas migrantes que trabajan en Tyson cada día están en peligro de perder la movilidad de sus cuerpos debido al trabajo que realizan en la pollería, lo triste de este caso es que los cónsules y el embajador de México en Estados Unidos poco hace por investigar el ambiente laboral en que se encuentran los connacionales.

Mientras que el salario de los migrantes no les alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destazar pollos.

Así las cosas, en el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados, porque el Tyson tiene una plantilla de capellanes que persuade a los trabajadores a no quejarse de la situación en que trabajan.

Magali Licolli puso al tanto en la entrevista en mayo de 2018 lo que sucedía en Springdale,  por ejemplo, los trabajadores no podía pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras, porque eso era condenarse a ser despedido.

“Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas”.

La situación de los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja y nadie hace por revisar estos abusos en las empresas transnacionales. Las organizaciones sociales y religiosas en esta región están más apegadas al poder económico que a la vida humana.

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Lo que duele en esta historia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume las remesas que los paisanos que trabajan en el estado de Arkansas envían a México, pero poco hace por acompañar a los migrantes abandonados por la pollería el Tyson.

Mientras usted siga degustando una alita o pierna de una marca transnacional de comida rápida, la situación de los trabajadores del Tyson no cambiará.

 

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Estados Unidos

Gobierno de Biden mantiene postura de deportar sólo a inmigrantes con récord criminal por ‘recursos insuficientes’

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El gobierno de Joe Biden sólo deportará migrantes con historial criminal por falta de recursos

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

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Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

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Con información de La Opinión.

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