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Mexico Violento

FIAT oculta documentación a la FGJCDMX sobre casos de corrupción: asesor en Transparencia

José Luis Moya denuncia actos de corrupción en compras de patrullas y automóviles oficiales para el gobierno de CDMX

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ocultó documentación a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre las investigaciones que se desarrollan en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, sobre la simulación administrativa por la renta de mil 800 patrullas en 3 mil 300 millones de pesos.

Por medio de una misiva electrónica, José Luis Moya, asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, explicó que la simulación administrativa se dio por medio de una empresa denominada Total Parts and Components que fue una filial del Grupo Andrade, pues el pedido de los vehículos se efectuó por Auto Hangar.

El asesor recordó que el pasado 21 de noviembre de 2019, la gerente de litigio de FCA, Rosa María Jiménez, negó que la empresa participara en el suministro de vehículos, por lo que, afirmó, ocultó documentación a la fiscalía capitalina en torno a las indagatorias que se desarrollan.

De acuerdo con el denunciante, FCA junto con Grupo Andrade simularon operaciones con funcionarios municipales y estatales en distintas regiones del país generando los anexos de las bases direccionadas a las marcas, en su mayoría Dodge, pese a que ya le fue impuesta una multa de 93 millones de dólares por prácticas de corrupción.

Acusó que el gerente de Operaciones de Flotillas de FCA México, Mauricio Gómez Aguado, estuvo generando documentos que acreditan la participación de la empresa en el suministro de agencias Dodge en vehículos que fueron convertidos en patrullas, aumentando los costos de las unidades para fines policiales y así ganar los contratos multimillonarios con los gobiernos como el de la Ciudad de México.

Asimismo, pidió a la empresa que cumpla con el código de conducta interno para atender la problemática de corrupción en la que han estado involucrados sus principales colaboradores, pues de lo contrario aseveró que también serán investigados por los mismos delitos como el ex funcionario capitalino.

Además, indicó que el Grupo Andrade continúa con el mismo esquema de corrupción con otros nombres de empresas, por lo que alertó que en caso de que deseen un cambio proporcionará información precisa sobre esta situación.

 

Misiva del asesor de Transparencia

Se les alertó sobre la corrupción en sus distribuidores y ahora FCA opta por ocultar la documentación a la PGJDF

1.- Es de su conocimiento el ex Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Jesús Orta Martínez, se vio obligado a renunciar por el fraude administrativo, que se dio en la renta de 1,850 patrullas en 3,300 millones de pesos, después de que en la mañanera frente al Presidente, se le informó por corresponsal extranjero (Los Ángeles Press) el cochinero y simulación administrativa que se dio vía una empresa denominada Total Parts and Components que resultó ser una filial de Grupo Andrade, donde la jefa de gobierno optó por mentir o dar información falsa y equivocada, pero las mentiras se caen y  resulta ser que el pedido de los vehículos a ustedes, se hizo vía Auto Hangar por lo tanto, sí tienen los documentos solicitados por la PGJDF .

2.- De Pena el escrito, sin fundamentación alguna, sin ostentarse como licenciada y Ojo sin membrete de FCA, de fecha 21 de Noviembre de 2019 de la C o Lic Rosa María Garcia Jiménez, su gerente de litigio, donde falsamente informó a la PGJDF que FCA, no participó en el suministro vehículos para patrullas (extraño no encontrar registros laborales o de ella como abogada con cédula 6921040).

3.- Nadie mejor que ustedes, saben de las auditorías que Diamler Chryrsler  practicaron a Grupo Andrade, sobre la corrupción, en la que está y siempre ha estado involucrada y supongo están enterados que inclusive el Presidente de la República, ordenó la investigación sobre la renta que hizo ésta a la Policía Federal de 1,500 patrullas en 2.7 millones de pesos cada una, vía la empresa Integra Arrenda, como lo publicó Reforma.

4.- No tarda mucho, en aflorar en medios de prensa, sobre Grupo Andrade, los nuevos contratos en los estados y municipios, de esta empresa multi nombres, para simular con FCA, que opera con los funcionarios, generando los anexos de las bases direccionados a las marcas o equipos de esta empresa, en su mayoría Dodge, por la corrupción que opera y perdón FCA para colmo opta por ocultar la información y documentación al respecto.

5.- FCA conoce de la sanción, que ya les impuso la SEC por 91 y 93 millones de dólares, precisamente por estas mismas prácticas de corrupción.

6.- Peor aún que -entre otros- Mauricio Gómez Aguado Orozco, su Gerente de Operaciones de Flotillas y representante legal de FCA México, generó documentos que acreditan la participación de FCA, en el suministro y respaldo de agencias Dodge en vehículos que fueron convertidos en patrullas, lo que contraviene las garantías de planta, a sabiendas que esta acción, sólo se hace para inflar los costos de los vehículos por el supuesto equipo policial direccionado, y ganar así los contratos multimillonarios repartiendo dinero por todos lados; y eso no dudaría que incluye a personal de FCA, porque saben lo que ha sucedido y son omisos.

7.- En este caso, ya le costó “la chamba” y vida política al ex secretario de Seguridad Pública de la CDMX, así también extrañamente el funcionario que firmó el contrato en la Policía federal resultó ser el mismo que firmó el contrato de la CDMX, lo que habla de delincuencia organizada entre agencias FGA y funcionarios,  entre ellos con Grupo AUTOMUNDO con AMEESA o Grupo Andrade igual y Rosa María García Jiménez opta por mentir y no reconocer ante la PGJDF (FGJCDMX) la participación de FCA, cuando hay bastantes documentos del corporativo, en las investigaciones administrativas y penal en proceso, en las carpetas y expedientes.

FINALMENTE : Por lo anterior, en términos de la Ley Anti corrupción FCPA que rige a FCA junto con su Código de conducta, la APAC, les solicitó, se definan, si por los mega contratos que han recibido de sus citados distribuidores corruptores, que además han generado un monopolio, veremos si ustedes optarán por ser parte de esa corrupción, delincuencia organizada, cohecho, simulación o fraude más lo que resulte o les pasara lo mismo que al ex secretario de Seguridad, que le sucedió por subestimar entre otros, las consecuencias de sus mensajes, donde informó que el solicitó al Coorporativo Chrysler que hubiese la disponibilidad de vehículos Charger, Ram Wrangler y Journey desde enero de 2019 .

A ) Extrañamente, ustedes ya estaban enterados, fueron omisos y Grupo Andrade continúa haciendo sus tranzas, ya con otros nombres de empresas, hasta que les pase a ustedes, lo que al secretario de Seguridad ya le pasó, más lo que sucederá, si es que cambiaron las cosas en México, por las que votamos todos. 

B ) si requieren videos, documentos e información, si les interesa su empresa o ya no ser ser parte de la inseguridad que tenemos, por estos corruptos y empresarios corruptores, estoy para proporcionales la información a efectos de que tomen medidas preventivas y sancionatorias de fondo y forma. 

                                              Atentamente 

                                            A bien de México 

                                             José Luis Moyá 

                       Asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción 

                                    Cel 5525203030 / ifai1@me.com 

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Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

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Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

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Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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