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Mexico Violento

FIAT oculta documentación a la FGJCDMX sobre casos de corrupción: asesor en Transparencia

José Luis Moya denuncia actos de corrupción en compras de patrullas y automóviles oficiales para el gobierno de CDMX

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ocultó documentación a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre las investigaciones que se desarrollan en contra del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, sobre la simulación administrativa por la renta de mil 800 patrullas en 3 mil 300 millones de pesos.

Por medio de una misiva electrónica, José Luis Moya, asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, explicó que la simulación administrativa se dio por medio de una empresa denominada Total Parts and Components que fue una filial del Grupo Andrade, pues el pedido de los vehículos se efectuó por Auto Hangar.

El asesor recordó que el pasado 21 de noviembre de 2019, la gerente de litigio de FCA, Rosa María Jiménez, negó que la empresa participara en el suministro de vehículos, por lo que, afirmó, ocultó documentación a la fiscalía capitalina en torno a las indagatorias que se desarrollan.

De acuerdo con el denunciante, FCA junto con Grupo Andrade simularon operaciones con funcionarios municipales y estatales en distintas regiones del país generando los anexos de las bases direccionadas a las marcas, en su mayoría Dodge, pese a que ya le fue impuesta una multa de 93 millones de dólares por prácticas de corrupción.

Acusó que el gerente de Operaciones de Flotillas de FCA México, Mauricio Gómez Aguado, estuvo generando documentos que acreditan la participación de la empresa en el suministro de agencias Dodge en vehículos que fueron convertidos en patrullas, aumentando los costos de las unidades para fines policiales y así ganar los contratos multimillonarios con los gobiernos como el de la Ciudad de México.

Asimismo, pidió a la empresa que cumpla con el código de conducta interno para atender la problemática de corrupción en la que han estado involucrados sus principales colaboradores, pues de lo contrario aseveró que también serán investigados por los mismos delitos como el ex funcionario capitalino.

Además, indicó que el Grupo Andrade continúa con el mismo esquema de corrupción con otros nombres de empresas, por lo que alertó que en caso de que deseen un cambio proporcionará información precisa sobre esta situación.

 

Misiva del asesor de Transparencia

Se les alertó sobre la corrupción en sus distribuidores y ahora FCA opta por ocultar la documentación a la PGJDF

1.- Es de su conocimiento el ex Secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Jesús Orta Martínez, se vio obligado a renunciar por el fraude administrativo, que se dio en la renta de 1,850 patrullas en 3,300 millones de pesos, después de que en la mañanera frente al Presidente, se le informó por corresponsal extranjero (Los Ángeles Press) el cochinero y simulación administrativa que se dio vía una empresa denominada Total Parts and Components que resultó ser una filial de Grupo Andrade, donde la jefa de gobierno optó por mentir o dar información falsa y equivocada, pero las mentiras se caen y  resulta ser que el pedido de los vehículos a ustedes, se hizo vía Auto Hangar por lo tanto, sí tienen los documentos solicitados por la PGJDF .

2.- De Pena el escrito, sin fundamentación alguna, sin ostentarse como licenciada y Ojo sin membrete de FCA, de fecha 21 de Noviembre de 2019 de la C o Lic Rosa María Garcia Jiménez, su gerente de litigio, donde falsamente informó a la PGJDF que FCA, no participó en el suministro vehículos para patrullas (extraño no encontrar registros laborales o de ella como abogada con cédula 6921040).

3.- Nadie mejor que ustedes, saben de las auditorías que Diamler Chryrsler  practicaron a Grupo Andrade, sobre la corrupción, en la que está y siempre ha estado involucrada y supongo están enterados que inclusive el Presidente de la República, ordenó la investigación sobre la renta que hizo ésta a la Policía Federal de 1,500 patrullas en 2.7 millones de pesos cada una, vía la empresa Integra Arrenda, como lo publicó Reforma.

4.- No tarda mucho, en aflorar en medios de prensa, sobre Grupo Andrade, los nuevos contratos en los estados y municipios, de esta empresa multi nombres, para simular con FCA, que opera con los funcionarios, generando los anexos de las bases direccionados a las marcas o equipos de esta empresa, en su mayoría Dodge, por la corrupción que opera y perdón FCA para colmo opta por ocultar la información y documentación al respecto.

5.- FCA conoce de la sanción, que ya les impuso la SEC por 91 y 93 millones de dólares, precisamente por estas mismas prácticas de corrupción.

6.- Peor aún que -entre otros- Mauricio Gómez Aguado Orozco, su Gerente de Operaciones de Flotillas y representante legal de FCA México, generó documentos que acreditan la participación de FCA, en el suministro y respaldo de agencias Dodge en vehículos que fueron convertidos en patrullas, lo que contraviene las garantías de planta, a sabiendas que esta acción, sólo se hace para inflar los costos de los vehículos por el supuesto equipo policial direccionado, y ganar así los contratos multimillonarios repartiendo dinero por todos lados; y eso no dudaría que incluye a personal de FCA, porque saben lo que ha sucedido y son omisos.

7.- En este caso, ya le costó «la chamba» y vida política al ex secretario de Seguridad Pública de la CDMX, así también extrañamente el funcionario que firmó el contrato en la Policía federal resultó ser el mismo que firmó el contrato de la CDMX, lo que habla de delincuencia organizada entre agencias FGA y funcionarios,  entre ellos con Grupo AUTOMUNDO con AMEESA o Grupo Andrade igual y Rosa María García Jiménez opta por mentir y no reconocer ante la PGJDF (FGJCDMX) la participación de FCA, cuando hay bastantes documentos del corporativo, en las investigaciones administrativas y penal en proceso, en las carpetas y expedientes.

FINALMENTE : Por lo anterior, en términos de la Ley Anti corrupción FCPA que rige a FCA junto con su Código de conducta, la APAC, les solicitó, se definan, si por los mega contratos que han recibido de sus citados distribuidores corruptores, que además han generado un monopolio, veremos si ustedes optarán por ser parte de esa corrupción, delincuencia organizada, cohecho, simulación o fraude más lo que resulte o les pasara lo mismo que al ex secretario de Seguridad, que le sucedió por subestimar entre otros, las consecuencias de sus mensajes, donde informó que el solicitó al Coorporativo Chrysler que hubiese la disponibilidad de vehículos Charger, Ram Wrangler y Journey desde enero de 2019 .

A ) Extrañamente, ustedes ya estaban enterados, fueron omisos y Grupo Andrade continúa haciendo sus tranzas, ya con otros nombres de empresas, hasta que les pase a ustedes, lo que al secretario de Seguridad ya le pasó, más lo que sucederá, si es que cambiaron las cosas en México, por las que votamos todos. 

B ) si requieren videos, documentos e información, si les interesa su empresa o ya no ser ser parte de la inseguridad que tenemos, por estos corruptos y empresarios corruptores, estoy para proporcionales la información a efectos de que tomen medidas preventivas y sancionatorias de fondo y forma. 

                                              Atentamente 

                                            A bien de México 

                                             José Luis Moyá 

                       Asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción 

                                    Cel 5525203030 / ifai1@me.com 

Mexico Violento

Asesinato o fabricación de delitos, opciones que dan a periodista por revelar contratos ficticios de la CFE

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Despacho 14
El violento oficio de escribir

  • Audio-amenaza de muerte contra periodista

  • Cárcel o Panteón, la oferta del Residente de Obra y su mano derecha

  • Dama de compañía de nuevo entrevistada

“Mi única locura fue esperar tantos años. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Lo maté así porque yo quería que sufriera, que tuviera una muerte fea, quería vengarme por su infidelidad. Lo peor es que yo me conozco: si no lo mataba, me iba a quedar con él, porque yo lo quería, me parece”.
Marisa Gristein, autora de Mujeres Asesinas

 

Por Alfredo Griz

¡Alfredo, hijo de tu perra madre, ya te van a meter a la cárcel, el ingeniero Loya y Circe, pero si no los dejas en paz ni ahí, pues ahí mismo te van a matar, tenemos personal ahí adentro, perro culero, bájale huevos o ya sabes!, es la amenaza más reciente contra el periodista que ha revelado una serie de reportajes sobre la corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a través de contratos ficticios en la residencia de obras de Yucatán en obras del Tren Maya.

El mensaje de audio por WhatsApp, directo y sin cortapisas, fue enviado el 12 de agosto y es explícito en el remitente. Se refiere a los servidores públicos Marco Antonio Loya Izaguirre y Circe Viridiana Palma Martínez, ambos imputados en varias carpetas de investigación por el hostigamiento y homicidio en grado tentativa a este periodista y señalados por contratos fraudulentos en la CFE, así como de hacer pagos de servicios sexuales con partidas presupuestales para viáticos que les provee la Comisión Federal de Electricidad a los funcionarios.

Las agresiones, el acoso incesante, la intimidación por parte de funcionarios de gobierno local, es una constante, sin embargo, bajo resguardo y con las medidas de protección federal, aun se respira el miedo y se siente el temor fundado de que en cualquier momento algo podría pasar.

En un ejercicio periodístico apegado a derecho, las revelaciones de corrupción y tráfico de influencias circulan desde hace varios meses en este espacio; sin embargo, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad siguen en funciones sin que se les someta a auditoría por sus superiores. Tampoco nadie de los involucrados ha salido a dar una declaración al respecto, ni a pedir derecho de réplica, pese a que se les contactó para hacer valer su derecho. Solo ignoraron los mensajes y correos.

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Casandra, una de las damas de compañía que era contratada para dar servicios sexuales a los involucrados e imputados, reveló más datos e hizo más señalamientos directos sobre la empleada Circe Viridiana Palma Martínez, a quien se refiere como madrota o la poquianchis. En su testimonio, revela el pago de sus servicios con recibos de viáticos para los empleados.

La amenaza enviada en formato ahora de audio, con toda la intención de intimidar, es la insistencia para que este periodista deje de publicar sus correrías sexuales a cargo del erario y sus actos de corrupción, rayando en una escalada de violencia y agresiones que han sido reportadas a diferentes instancias internacionales.

Artículo 19, una de las organizaciones más reconocidas por la defensa de la libertad de expresión en el mundo y protección a periodistas, ha acompañado a quien esto escribe en todo el hostigamiento vivido durante los últimos tres meses; de igual manera lo ha hecho el Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Asesinato o fabricación de delitos

En varias carpetas de Fiscalía General de la República, los imputados también han intentado manipular los hechos junto con autoridades locales con una serie de acciones legales para impedir que este periodista deje de escribir respecto a los negocios turbios que tienen en la Residencia de Obra y Transmisión en Mérida Yucatán. Sin embargo, no son pocas las evidencias que sustentan la corrupción en la CFE.

La intención de los servidores públicos imputados es clara: asesinar al periodista, silenciarlo para siempre. No obstante, el intento ha sido fallido por la incompetencia de los emisarios. De allí que la otra opción que buscan los funcionarios con tráfico de influencias en la fiscalía es la cárcel, a través de la fabricación de delitos, como sucedió en el caso del periodista Héctor Valdez Hernández, de Tulum en red. Valdez lleva casi dos años en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado falsamente de abuso sexual, después de haberle pedido ayuda al presidente López Obrador en la conferencia mañanera por la persecución del exalcalde de Tulum tras revelar su corrupción.

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Por eso, con cada agresión, hay una nueva denuncia, un nuevo señalamiento, nuevos indicios y nuevas pruebas para demostrar de que tras el hostigamiento y atentados están los servidores públicos Circe Viridiana Palma Martínez y Marco Antonio Loya Izaguirre, y con el cúmulo de evidencias es la fiscalía quien tiene la responsabilidad en sus manos.

Ante esta situación y derivado de todas las demás agresiones sufridas, es que de nueva cuenta se hace la denuncia pública y de igual forma se agrega a la denuncia penal, para que obre en autos como dato de prueba.

La citada Circe Viridiana Palma Martínez ha tratado de utilizar a las autoridades para criminalizar la libertad de expresión, y meter a la cárcel a este periodista por publicar sus fechorías y sus escándalos sexuales dentro de la Comisión Federal de Electricidad, diciendo que son actos de intimidación o molestia hacia su persona. Se le olvida a la funcionaria que no sólo es una simple ciudadana imputada en varias carpetas de investigación, sino que es una servidora pública federal, y por los actos que se le denuncian es la malversación de fondos de la paraestatal CFE, tráfico de influencias y el uso indebido del servicio público. Adicional a ello, se le responsabiliza por los atentados contra este periodista, junto con el ingeniero Marco Antonio Loya Izaguirre.

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El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

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Autoridades de Cefereso de Chiapas golpean a Luis Díaz Pantoja, preso político por 37 días de protesta pacífica

TAPACHULA.- Luis Díaz Pantoja, preso político del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 de Chiapas, denunció que fue víctima de agresiones físicas e intento de homicidio por parte del director de seguridad y sus subordinados, después de mantener 37 días de protesta pacífica por la falta de atención médica, alimentos, higiene y las violaciones de derechos humanos contra los reos del penal.

A través de una carta a Los Ángeles Press, el preso político relató que por la mañana agentes de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del penal federal, sin embargo, esto provocó que las autoridades penitenciarias agredieran a los reos, principalmente contra su persona, aunado a que le arrojaron gas lacrimógeno que también lo intoxicó.

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De acuerdo con Luis Díaz Pantoja, padece problemas para respirar después de haber inhalado el gas lacrimógeno que le rociaron, pero enfatizó que en ningún momento se opusieron a las agresiones de las autoridades penitenciarias, que su protesta ha sido pacífica, pese a que de forma permanente han violado los derechos humanos de los reos.

De la misma manera, las autoridades penitenciarias solicitaron el apoyo de sujetos armados que desde la azotea del penal les apuntaron, especialmente a él, por lo que reiteró que en varias ocasiones entregó un pliego petitorio para que el comité de preliberación sesione el decreto presidencial.

Asimismo, Luis Díaz Pantoja solicitó a su abogado que interponga una denuncia contra todos los directivos del Cefereso de Chiapas, incluyendo a la directora del penal Ericka Adriana Tenopala Chausse y a su director de Seguridad, de apellido Guillén, por intento de homicidio, aunado al abuso de la fuerza pública, debido a que mantiene una resistencia civil pacífica para garantizar la accesibilidad de los derechos humanos de los reos.

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Desde hace varios días, los presos del penal federal, incluido Luis Díaz Pantoja han acusado que se han suscitado constantes violaciones de derechos humanos, por lo que refirieron que no ha existido algún tipo de atención de las autoridades penitenciarias y que les permitan mejores servicios en el centro de reclusión federal.

 

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