Por Ignacio García

Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.

Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.

Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.

El juzgado sexto de Distrito en materia de Amparos y Juicios Federales del Estado de México le concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo que le solicitó René Gavira Segreste, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria (Segalmex), contra cualquier orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

El juzgador aceptó la solicitud que presentó el ex funcionario federal que es acusado de ser uno de los principales responsables de los desvíos de más de 142 millones 440 mil pesos en la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya giró la orden de aprehensión en contra del ex servidor público por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, no obstante, al contar con el amparo no podrá ser detenido.

El juzgador giró las órdenes de aprehensión contra 22 ex funcionarios federales de Segalmex por los desvíos millonarios cometidos durante 2019 y 2021, periodo en el que se habrían desviado millones de pesos del presupuesto de la institución federal creada en el actual sexenio.

Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a nueve ex servidores públicos relacionados con los desvíos millonarios en Segalmex durante los primeros tres años de la actual administración, tras las denuncias identificadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF identificó desvíos de hasta 20 mil millones de pesos en el manejo de la cuenta pública de 2019, 2020 y 2021, cifra que sería superior al esquema de corrupción conocido como “la estafa maestra”.

• Responden a la versión oficial sobre el hallazgo del cadáver de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco

• Toman distancia de las declaraciones de las fiscalías de Sinaloa y Chihuahua

Por Rodolfo Soriano Núñez

La Compañía de Jesús en México, los así llamados jesuitas, publicaron al mediodía de este miércoles un comunicado en que se acusa de recibida la información dada a conocer por las fiscalías de los estados de Sinaloa y Chihuahua, sobre el hallazgo del presunto cadáver de José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco.

Portillo Gil ha sido señalado en diversas versiones como el autor material del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, de 79 y 80 años de edad, respectivamente; además del guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, así como del joven beisbolista Paul Osvaldo Berrelleza Rábago.

En el comunicado, los jesuitas insisten en que el hallazgo del cadáver de ninguna manera resuelve ni el asesinato de sus compañeros de orden religiosa, ni tampoco ayuda a resolver el «problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara».

Portillo Gil habría sido localizado en un camino rural en la sindicatura de Picachos, en Choix, Sinaloa, poco más de 150 kilómetros al sureste de Ciudad Obregón, Sonora. Diana Carolina Portillo Gil, hermana de quien se presume responsable del asesinato a los jesuitas, acudió a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Los Mochis, Sinaloa, e identificó el cadáver, pero espera a que se realicen las pruebas genéticas que permitan confirmar su identidad.

Entérate: José Noriel Portillo Gil ‘El Chueco’, del cártel de Los Paredes, con dominio en Sonora desde 1990 (losangelespress.org)

Según informa la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, el cadáver habría sido encontrado la noche del martes 21 de marzo, alrededor de las ocho, en el pasaje descrito. Las primeras valoraciones estiman que el cuerpo tenía al menos un día en ese lugar.

César Jáuregui, fiscal del estado de Chihuahua, da cuenta del hallazgo del cadáver del presunto asesino de los sacerdotes jesuitas, entre otras víctimas, el 22 de marzo de 2023.

En uno de los párrafos de su comunicado, la Compañía de Jesús subraya que «la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial» y lejos de sumarse al tono con el que las fiscalías difundieron la información en Culiacán y Chihuahua capital, hacen ver que «este desenlace, de confirmarse, no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos.»

Texto completo del comunicado de la Compañía de Jesús en México.

Recuerdan también su «llamado a que se cumplan a cabalidad las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instaladas apenas la semana pasada, para construir condiciones de seguridad de la región». El texto íntegro del comunicado se puede consultar en la página de la parroquia que los jesuitas administran en la comunidad de Cerocahui.