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El menosprecio del siglo

Feminicidios: Los desequilibrios de una madre

Implicaciones y corrupción detrás de los feminicidios de Ciudad Juárez, un entramado tenebroso para las madres de víctimas.

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En San Deigo, por el refugio político de Francisca Galván Segura. Foto: LA Press

En San Diego, por el refugio político de Francisca Galván Segura. Foto: LA Press

Guadalupe Lizárraga

Norma Ledesma, directora de la organización Justicia para nuestras hijas, se quejó a los medios de Chihuahua:

“Hay muchas garantías para los delincuentes, pero para quienes nos defendemos, estamos vulnerables y desprotegidos”.

Lo dijo en referencia al asesinato del hermano de la activista Marisela Ortiz. Según la información periodística, el hermano de Marisela fue asaltado en su propio negocio y al resistirse le dispararon. Nada relacionado con los feminicidios ni la impunidad por éstos. Marisela Ortiz así lo hizo saber en las redes sociales.

Sin embargo, la señora Ledesma, no perdió pisada, y aunque se tardó unos días en reaccionar, aprovechó para “llevar agua a su molino”, como dice el refrán cuando alguien ve la oportunidad de beneficiarse a costa de otro.

Ledesma simuló denunciar las “garantías para los delincuentes” cuando ella misma es esa garantía. Voy por partes. Ledesma, siendo madre de víctima de feminicidio en 2001, amenazó a Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth desaparecida hace cuatro años, al exigir la verdad sobre el crimen de su hija en la “Caminata por la vida”, a finales de enero de este año. El acoso reiterado de Ledesma, acompañado de allanamiento policial, causó terror en la familia Castañeda Alvarado y tuvo que huir de Juárez. La madre, con sus cuatro hijos, pidió refugio político a Estados Unidos el 11 de febrero de 2013. Es la primera madre de Juárez que ha obtenido un refugio, en veinte años, por acoso de las autoridades de Chihuahua.

Refugio polítco de Karla Castañeda.

Refugio polítco de Karla Castañeda.

Norma Ledesma ya había hecho lo mismo con Manuel García, hermano de Bertha, madre del Comité con hija desaparecida. Manuel ayudaba a la asesinada Marisela Escobedo a buscar a su hija, mientras también buscaba a su sobrina Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero de 2008.

García fue amenazado, la primera vez, en diciembre de 2010, por un subcomandante de la policía bajo órdenes de la fiscal Rosa María Sandoval, aún activa en la Fiscalía General del Estado. Las amenazas tenían como propósito obligar a García a cambiar su testimonio recién dado al Ministerio Público para incriminar a Marisela Escobedo como miembro del cártel de Sinaloa, una semana después de que la asesinaran. El subcomandante fungía de guardaespaldas de Norma Ledesma y presumía una relación sentimental.

Manuel García primero se escondió en México, después en Tamaulipas y terminó pidiendo refugio político a Estados Unidos, ante la negativa de Ledesma de ayudarlo. Estuvo un mes detenido en Migración, mientras las autoridades realizaban las investigaciones para la entrevista de “miedo creíble”, y posteriormente fue aceptado.

Una tercera persona, víctima de los acosos de Ledesma, es la abogada del Comité de Madres de Juárez, Francisca Galván Segura, quien ahora se encuentra recluida en el Centro de Detención de Otay, San Diego, en espera de protección a su vida. Ella huyó de Ciudad Juárez el 19 de febrero de 2013 y pidió el refugio tres días después por el puente fronterizo de San Diego.

Cuando las autoridades migratorias le preguntaron a Galván por qué no solicitó el refugio por Juárez, ella contestó que tenía miedo de que se lo negaran y pudiera “pasarle algo a ella o a los miembros de su familia que también habían amenazado”.

Galván, sentada detrás de una pared de plástico transparente, cuenta a través de un auricular cada palabra que Ledesma le echó en cara, incluso frente a un agente: “Tú no te vas a morir de un balazo. A ti te van a partir en cachitos. Y yo no acepto traiciones”.

En otra ocasión, Galván fue testigo directo cuando Ledesma dijo a un fiscal que “sembrara unos cuerpos de la fosa común, para calmar a las madres”. Galván, al escucharla en la reunión, guardó silencio absoluto, más por la drástica sorpresa que se llevó, que por miedo en ese momento.

Y la intimidación a Galván Segura continuó, ya hasta con la intervención de otros agentes y del mismo presidente municipal que con su dedo índice de la mano derecha todavía le dijo: “usted cuídese de los malos”, mientras ella denunciaba que los policías municipales estaban allanando la propiedad de Karla Castañeda.

Galván siguió recibiendo amenazas por teléfono y todo lo documentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que solicitó medidas cautelares. Pero para la Comisión no había prisa y cuando dio respuesta, Galván ya estaba en San Diego.

Otra testigo habló que detrás de los acosos a las madres del Comité de Juárez también estaba el fiscal de género, Ernesto Jáuregui. Incluso se alertaban entre ellas para protegerse unas a otras.  Una madre contó cómo había sido atropellada otra para acallarla porque se había dado cuenta quiénes estaban involucrados en el rapto de su hija. Otro testimonio cuenta de cómo le habían echado agua al tanque de gasolina del auto de un familiar de desaparecida, mientras le mostraron viva a la joven raptada, dentro en un bar, drogada y explotada sexualmente. Así va surgiendo cada historia macabra conteniendo la verdad.

Abusos e intimidaciones no han dejado de desvelarse en torno a la figura de Norma Ledesma y el mundo de los feminicidios, algunos testimonios de manera anónima y otros bajo la promesa de confidencialidad. Pero todos estos testimonios colmados de miedo.

Norma Ledesma también aprendió a “manejar” a la prensa. Lo mismo el reportero de La jornada que la corresponsal de Proceso son “sus amigos”, según sus propias palabras. Y modifican, suavizan, copian y pegan, escamotean la información que favorece a Norma, sin realizar una investigación de fondo sobre sus recursos y sus espectáculos de terror como el actuar con drama frente a huesos sembrados en el desierto, cuando ella misma lo sugirió al fiscal, y lo corroboraron las madres a las que compensa económicamente.

Ahora, Ledesma encuentra otra oportunidad para mentir, para fingir un dolor que, desde nuestra investigación y juntando las piezas podemos aseverar que ni remotamente siente por los demás, pero que con sus actuadas lágrimas justifica los recursos obtenidos de agencias internacionales y del mismo gobierno del Estado de Chihuahua.

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Norma Ledesma, Justicia para nuestras hijas. Foto: red

Las mentiras de Norma Ledesma sobre Marisela Ortiz

Ledesma habla a la prensa sobre la vulnerabilidad y la falta de protección de los ciudadanos, en los que se incluye. Ella no es una ciudadana común y corriente más. Ella ni siquiera es una madre de víctima de feminicidio más. Ledesma es privilegiada con guardaespaldas de tiempo completo pagados por el erario. Trabaja en su organización, sí, pero tiene oficina en el gobierno del Estado bajo nómina, según el testimonio de una funcionaria de la misma fiscalía.

El Centro de Justicia de Mujeres montado por el gobierno del Estado lleva el nombre de su hija. No tiene los nombres de las más de cinco mil desaparecidas y asesinadas en 20 años. No. Sólo lleva el nombre de su hija.

La táctica de Ledesma es criticar “la poca efectividad del Estado, a través de sus fuerzas policíacas, al no ser capaz de garantizar la seguridad a sus gobernados”. Éste es el doble juego de las organizaciones enfocadas en los feminicidios y desaparcidas: un discurso para las agencias financiadoras y otro con el gobierno. En ambas partes cobran. Tan sólo de Global Fund for Women, Ledesma recibió unos 100 mil dólares al año, por simular sus investigaciones.

Ledesma dijo que Marisela Ortiz “vive fuera del país, hasta el momento no la han podido contactar, más a nombre de la ONG Justicia por Nuestras Hijas”. Y utiliza a la prensa para mandarle sus condolencias. ¿Qué no son amigas?

Es extraño. Todos vemos a Marisela Ortiz activa en las redes sociales, en su perfil de Facebook, incluso tiene un grupo de seguidores para su organización. Marisela Ortiz no se está escondiendo, sigue en el activismo con dolor, pero con fuerza. Ledesma miente nuevamente sobre ella.

Bien entrenada en el discurso, Ledesma remata a la prensa: “Seguimos diciendo que los que levantamos la voz, tenemos pocas garantías de que se nos escuche, sin embargo continuamos”. Ledesma no sólo ha sido escuchada por las autoridades, sino también le dan recursos para moverse en un auto oficial con chofer y guardaespaldas desde Chihuahua a Juárez, con la justificación de realizar talleres para las madres con hijas desaparecidas o revisar expedientes desde un hotel de lujo o un buen restaurante pagado con el erario.

A las madres de víctimas las obliga a ir a la revisión de expedientes, les toma fotografías y les da dinero periódicamente para poder sentarlas en un taller, desde 50 pesos hasta 1000 o 1500 dependiendo de la resistencia que ponga la madre o el argumento de necesidad que le dé.

Habrá quién considere que sacar a luz los desequilibrios de una madre de víctima de feminicidio no es moralmente correcto. Para ellos hay que responder con la misma moral que se exige. Si la madre ha sufrido tan dramática tragedia ¿qué hace en una oficina de gobierno? Está claro que una víctima con poder y recursos no es la estrategia más racional para enfrentar los crímenes de género. Está claro que estos crímenes son perpetrados con la complicidad del Estado.

Es imposible que una persona con la experiencia de la tragedia del feminicidio, como las madres de Juárez y la misma Norma Ledesma, goce de plena salud mental para liderar proyectos y conducir investigaciones de corte criminal, más aún sin tener la competencia profesional para ello. La prueba está en la proyección de sus agresiones que han causado los refugios políticos y la siembra macabra de huesos en el desierto. Pero tener el talante para lucrar con los feminicidios, incluso con el de su propia hija raya no sólo en un desequilibrio emocional, sino moral.

Termino con sus propias palabras: “Pero debemos seguir levantando la voz por todas estas personas que ya no se están callando”.

@gpelizarraga

 

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El Caso Wallace

El abogado que metió a la cárcel a la señora Wallace

Crónica sobre el penalista José E. Patiño Hurtado que metió a la cárcel a Isabel Miranda Torres, la señora Wallace, y de cómo aún sigue enfrentándola

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Por Guadalupe Lizárraga

I

–¡El que se suba, mátenlo! –gritó una mujer para impedir que se subieran a la estructura que sostenía un panel de publicidad exterior.

Era la tarde del 17 de  julio de 1998 y la voz de María Isabel Miranda Torres, «la señora Wallace». Su aspecto corpulento de mujer poco afable destacaba entre una veintena de hombres a su alrededor. Empleados bajo sus órdenes intentaban impedir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase Publicidad en zonas prohibidas de Tlalpan, sobre Periférico Sur, en la colonia Héroes de Padierna.

Por parte de la Delegación Tlalpan, unas ochenta personas enfrentaban la resistencia Wallace, al tiempo que también iban desmontando las estructuras de otra empresa. El abogado José Patiño Hurtado, entonces subdirector Jurídico y de Gobierno, lideraba el conflicto. Un hombre alto, moreno, de estructura fuerte, cuarenta y tanto años de edad, vestido con chamarra de piel negra y camisa color claro, intentaba que la mujer entrara en razón.

–Señora, voy a quitarle los espectaculares, grite o patalee, los tengo que quitar porque son peligrosos, no tiene autorización para montarlos ahí –relataba Patiño haberle dicho en aquel momento.

Pero ella, con cúter en mano, empezó a cortar una de las mangueras de las cuatro que tenía unidas el sistema hidráulico de la grúa que operaba el trabajador de Tlalpan, quien tenía la orden de quitar los paneles. Cuando Isabel Miranda terminó de cortar la manguera dio el cúter a un hombre joven que estaba a su lado y éste continuó cortándolas. Era su hijo, Hugo Alberto Wallace.

Después del corte de tres mangueras, la grúa empezó a desestabilizarse y Hugo Alberto corrió a subirse a su auto, un Cutlass gris, que había metido al predio sin autorización, mientras uno de sus empleados corrió a abrir la puerta a toda prisa. Patiño y otros funcionarios también corrieron para bloquear la salida con la intención de impedirle que huyera. Sin embargo, Hugo Alberto aceleró el auto, lanzándolo con determinación contra ellos.

–¡Nos aventó el coche! Otro funcionario me jaló de la chamarra para evitar que nos atropellara –prosiguió Patiño, instalándosele un gesto de sorpresa que vino del recuerdo.

El conflicto se llevó el tiempo promedio de una jornada laboral, desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche. Patiño no era la primera vez que se encontraba con Isabel Miranda por problemas similares. Sin embargo, ese día impidió que la mujer impusiera su voluntad y quedara impune.

Hugo Alberto Wallace logró escapar, pero los empleados de la delegación impidieron que ella hiciera lo mismo y fue llevada por la policía local al Ministerio Público. Los cargos fueron resistencia a la autoridad, daño a propiedad ajena en agravio al Gobierno del Distrito Federal y homicidio calificado en grado tentativa. El juez Joel Blanno García, a cargo en ese momento del juzgado en turno del Reclusorio Norte, del Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, la absolvió de los dos últimos cargos, pero dictó prisión preventiva por el de resistencia a las autoridades. Cinco días después, salió libre.

II

Hablar con el abogado José E. Patiño Hurtado es un vertiginoso vaivén entre la historia y el presente. Su memoria privilegiada para los nombres y hechos nos retrata realidades a detalle de aquel día en que metió a la cárcel a la «señora Wallace».

–Yo la iba a meter a la cárcel por el uso indebido de documentos falsos –explicó Patiño–. Preparé un expediente con los supuestos permisos y escrituras que tenía para montar los espectaculares en los bosques públicos.

–¿Escrituras?

–Sí, eran escrituras falsas. Cuando llegamos como gobierno a la delegación de Tlalpan, empezamos a hacer recuperación de esos terrenos, unos en Lomas de Cuilotepec, La Cuchilla de Padierna, El llano, Coapa, son algunos.

Patiño comentó que no todo fue éxito. Isabel Miranda llegó a quedarse con propiedades acreditándolas con documentos falsos de administraciones pasadas.

Uno de estos casos que confirmaron las afirmaciones del abogado fue el expediente 762/2000 que se abrió en contra de Luciano Ureña Pérez, propietario original del predio ubicado en la avenida Miramontes #3158, Ex hacienda de Coapa, Delegación Tlalpan. Ureña Pérez había denunciado y demostrado la falsedad en peritajes y documentos por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, perdió el caso en 2001 contra Hugo Alberto Wallace Miranda y Claudia Wallace Miranda. El perito, ingeniero civil Eduardo Adolfo Castañeda Niebla, falseó el dictamen en favor de los Wallace, y Miranda presentó documentos notariales falsos, utilizando también sellos falsos del testimonio notarial 35004 con fecha del 20 de julio de 1992, de la Notaría número 4 y falsificando además la firma del notario Felipe de Jesús Zacarías Ponce.

Copia de averiguación previa del despacho jurídico de Isabel Miranda para alegar ser propietaria de terrenos pese a falsedad de documentos y falsificación de firmas notariales.

Desde entonces, Miranda empezaba a cobrar notoriedad por sus acciones ilícitas e infundía temor al rodearse de abogados como Ricardo Martínez Chávez, quien hizo las gestiones para sacarla de la cárcel en 1998, y quien después fue acusado de trata sexual en el Distrito Federal, y asesinado en Tamaulipas el 5 de enero de 2017 por supuestas relaciones no satisfactorias con el narcotráfico, tres meses después de haber sido nombrado como coordinador regional de la procuraduría local en ese estado.

III

José Patiño vivía en las colinas del norte de la Ciudad de México. El camino serpenteaba para llegar a su casa, rodeado de macizos de flores y árboles pequeños. El edificio era de tres niveles y utilizaba el primero como garaje. Un amplio salón se abría con la puerta en el segundo nivel. La decoración destacaba en paredes con arte prehispánico y pisos de madera cubiertos con tapetes estilo persa. Un piano antiguo atraía la vista a uno de los costados; del otro, una sala de estar en piel café con una mesita al centro cubierta de expedientes judiciales. Entre éstos, se asomaba un pequeño libro con las hojas amarillas por el tiempo.

Cuando mis ojos se posaron en automático sobre el libro, Patiño lo cogió, buscó el índice y estiró la mano para mostrármelo: Santa Ana y Juan Álvarez, frente a frente, el autor era Fernando Díaz Díaz, de una colección de la SEP de 1972. El entusiasmo le inyectó un brillo a su mirada de ojeras sombrías. Me contó que se trataba de su tatarabuelo Juan Álvarez Hurtado, por parte de su madre. De cómo el general, miembro de una pléyade de liberales en 1854, había participado junto con Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal en la elaboración del Plan de Ayutla para terminar la dictadura de Santa Anna.

La conversación con José Patiño era intensa. La madrugada no hacía mella en el vigor de sus relatos. Desde la historia del general Álvarez  y cómo entregó sus riquezas a la causa para ayudar a la liberación de México, hasta su niñez en el orfanato Nuestros Pequeños Hermanos con el Padre Wasson,  en Cuernavaca, Morelos. Patiño tenía cinco años cuando secuestraron y asesinaron a su padre. Su madre investigó el crimen por su cuenta y descubrió que se trataba de un grupo de gavilleros, dedicados a asaltar y a violar en la sierra de Guerrero y solían esconderse en Iguala. La familia se apoyó en el abuelo y se mudaron a Cuernavaca para proteger a los hijos. Dos años después, la madre de Patiño fallecía de cáncer.

–El Padre Wasson, cuando se entera de la muerte de mi madre, le dice a mis tías “déjenos a los muchachos”, y mi hermana fue la única que no entró, pero mis hermanos y yo nos quedamos ahí, porque mi madre había sido bienhechora del orfanato.

Allí,  José Patiño conoció al escritor Erich Fromm. Él vivía en Cerritos, Cuernavaca, y Patiño ya cursaba la preparatoria.

–Erich Fromm nos daba clases de Psicología en la prepa. Era algo maravilloso platicar con ese personaje. Recuerdo que nos decía: «Lo más importante del hombre es la raíz, pero más  importante aún es su existencia. A ver platícame tu vida», y empezábamos los jóvenes a tartamudear con nuestras historias, y nos interrumpía: «No, no, lo más importante eres tú, a ver cuéntame de ti». Era tan preciso en su vida.

IV

En  2012, José Patiño Hurtado dio una entrevista a Carmen Aristegui, conductora entonces de MVS, quien buscaba verificar si la ficha signalética de Isabel Miranda de Wallace, publicada el 14 de abril de ese año por la revista Proceso, era oficial. El hecho cobraba relevancia porque Miranda corría como candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el PAN. Y Patiño confirmó los hechos de aquel día de 1998: “Miranda sí estuvo presa”.

Fue un golpe seco a la imagen mediática de la señora Wallace, quien todavía desafiando en tono de burla al semanario Proceso, mandó imprimir en tamaño poster la fotografía de su ficha policial negando que fuera ella y jugaba con la información sobre su estatura. También dijo que se trataba de una campaña negra. Algunas encuestas sobre preferencias electorales todavía en marzo de ese año de 2012, la sostenía en la segunda posición para los capitalinos, pero después de las declaraciones de Patiño y la amplia difusión de los medios bajó a la tercera posición perdiendo por más de 300 mil votos con respecto al PRI que fue el que subió a la segunda posición.

Patiño recuerda que después de esa entrevista, incluso en la misma noche, recibió una llamada del abogado de Isabel Miranda, Samuel González Ruiz. Fue para amenazarlo.

–A mí no me andes amenazando –respondió Patino a González– Demándame, yo sí me dedico a esto. Y dile a esa señora que conmigo se topa con pared. (…) ¡Te espero donde gustes!

Patiño con el documento que ampara a la periodista contra acoso de PGR. Foto: Los Ángeles Press

V

En noviembre de 2016, José Patiño volvió a cruzarse con el nombre de Isabel Miranda de Wallace. Esta vez, el abogado tramitaba mi amparo y protección de la Justicia federal contra el acoso de autoridades de la Procuraduría General de la República, específicamente contra supuestos agentes ministeriales que pretendían llevarme a declarar a una “subdelegación” por mis reportajes sobre la falsedad del caso Wallace, mientras participaba en un evento universitario de derechos humanos en Baja California. La acción venía presuntamente como consecuencia de la denuncia interpuesta por Isabel Miranda en 2014, de acuerdo a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014 contra David Bertet, presidente de la organización de derechos humanos En Vero y contra mi persona.

Ante la viralización de la noticia en las redes sociales lanzada por la directora de La Jornada de Baja California, Mireya Cuéllar, la señora Wallace cuestionó a través de su cuenta de Twitter que por qué tenía miedo en ir a declarar. Que mi negativa había sido un «ardid publicitario» para llamar la atención. Pero Patiño me informó que autoridades de la PGR confirmaron en audiencia judicial que ellos no habían enviado agentes ministeriales a Baja California, y que ya no existía la averiguación previa mencionada, pese a que David Bertet llegó a trasladarse desde Canadá a México para ratificar ante el Ministerio Público su recepción.

Cuando pregunté a Patiño su opinión sobre Miranda respecto a estas agresiones a la prensa respondió con indignación:

–Atacar a libertad de prensa, a los periodistas y a los activistas de derechos humanos que se preocupan por gente que no tienen a nadie quien les ayude, que han sido condenados a la injusticia, es de alguien perverso. Isabel Miranda de Wallace es perversa, es mala en ese sentido. Se ha puesto a hablar que los defensores de derechos humanos son delincuentes, eso es muy grave… Además su arrogancia, su ignorancia, su prepotencia… tiene todo lo negativo de un ser humano.

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Con voz propia

Gobernadores, los clientes de Isabel Miranda de Wallace

Graco Ramírez, gobernador de Morelos, después de haber sido presionado por Isabel Miranda de Wallace, consume sus servicios de publicidad exterior

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Guadalupe Lizárraga

María Isabel Miranda Torres, desde que fabricó el caso Wallace en 2005, no ha dejado de ganar dinero. Además de obtener recursos del Estado como “víctima”, pese a que no se ha resuelto el caso y no hubo evidencias periciales ni científicas del supuesto crimen contra su hijo Hugo Alberto, el gobierno mexicano la sigue privilegiando. Sin embargo, Miranda, ansiosa de poder y no conforme con esos privilegios, ahora encontró otra forma de exprimir el erario: manipulando la información sobre cifras de secuestros para presionar a los gobernadores a que consuman sus servicios de publicidad exterior, al mismo tiempo que juega con el tráfico de influencias políticas para golpear a las verdaderas víctimas de fabricación de delitos o a quien le dé la contra.

Graco Ramírez es una de sus presas más recientes por la ambición de promoverse como candidato a presidencia de México, quien no ha escatimado recursos para contratar los espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad. Una empresa, por cierto, que enfrenta varias demandas y la mayoría de sus espectaculares opera con amparos porque están sobredimensionados, en azoteas, adosados, en escuelas o invaden espacios en la vía pública, de acuerdo a la información proveída por el reportero Pedro Suárez Aguilar en el diario mexicano El Economista.

El primer paso de Miranda Torres para llegar al erario de Morelos fue dar una conferencia de prensa y entrevistas a modo en las que destacó que el estado de Morelos era el primer lugar en secuestros del país en marzo de 2016. Denuncias en los medios con titulares llamativos, y ataques al gobierno de Graco se multiplicaron en las redes sociales y crearon el ambiente de ser el más peligroso estado, pese a que Guerrero ya llevaba más de dos mil ejecuciones y varios secuestros masivos (ahora van 3003 asesinatos, de acuerdo al último registro periodístico de Luis Fontova, desde Acapulco). Pero en la mira de “la señora Wallace” primero estaba Morelos. Veamos un breve recorrido por los titulares de los medios durante estos recientes meses.

Marzo 2016 / Radio Fórmula

Morelos es el  primer lugar en secuestros, dice Miranda de Wallace

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace informó que Morelos ocupó el primer lugar de secuestro en marzo por cada 100 mil habitantes.

Abril 2016 / MVS Noticias

Morelos ocupa el primer lugar en secuestros: Alto al Secuestro

“En el último año para acá Morelos se había estado manteniendo muy bajo. Hoy al tener siete secuestros por cada 100 mil habitantes se coloca en el primer lugar, sin embargo, si lo vemos en términos absolutos”, indicó Isabel Miranda de Wallace.

Junio 2016 / La Jornada Morelos

Miranda de Wallace afirma que Morelos es puntero en secuestros

Meses más tarde, la empresa de Showcase Publicidad empieza a exhibir los anuncios de “Graco Ramírez transforma Morelos”. Y el siguiente paso de Miranda es convocar a nueva conferencia de prensa ahora para decir que en Morelos se ha reducido el número de secuestros, y sin titubear recomienda a los gobernadores “a seguir el ejemplo de Graco”.

15 de Agosto 2016 / Radio Fórmula

Desciende el secuestro en Morelos, reconoce Miranda de Wallace

13 de Octubre 2016 / Uno TV

Morelos ejemplo a seguir en lucha contra el secuestro: Isabel Miranda

Foto; S. Saldaña.

Fotos: S. Saldaña.

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Pero mientras recompensa a Graco a través apapachos en los medios, Isabel Miranda ya tiene en la mira a otros cuatro estados, y por lo pronto lanzó la pedrada a Veracruz.

20 de Octubre 2016 / Formato 7

En secuestro, Veracruz repunta a nivel nacional: Miranda de Wallace”

Miranda es un icono de la ilegalidad en México. Su trayectoria criminal –pública– inicia desde 1998, por intento de homicidio contra un trabajador de la delegación Tlalpan que operaba una grúa para quitar uno de los espectaculares de su empresa que violaban los reglamentos del Distrito Federal. Miranda mandó cortar los cables de la grúa poniendo en grave riesgo la vida del operador, después de negarse a retirar el espectacular por su propia cuenta pese a que se le notificó con antelación.

Sus delitos se fueron incrementando con la calumnia a quien se opusiera a sus opiniones o denunciara sus acciones ilegales, con la corrupción a autoridades, falsificación de documentos, perjurio, hasta crímenes de lesa humanidad como la tortura y el encarcelamiento injusto, usurpando facultades exclusivamente judiciales para sostener la historia del hijo muerto supuestamente en 2005. Jueces, agentes ministeriales, periodistas y funcionarios administrativos de todos los niveles han pasado por su nómina extraoficial. No son pocas las evidencias ni las personas que atestiguan sus crímenes, con denuncias formales ante la PGR, donde se ha infiltrado incluso su propia familia, entre ésta su hermana María Magdalena, encargada de un despacho de Recursos Humanos.

Para México, Isabel Miranda Torres es un mal público que está perjudicando a todos y cada uno de los ciudadanos. Su nivel de corrupción ha fracturado profundamente al Estado de derecho y es lo que afecta a todo aquel que vive en este país. Tan sólo para sostener la historia del hijo muerto ha corrompido jueces, agentes ministeriales, periodistas, y funcionarios administrativos en todos los niveles. Personas claves que deberían ser pilar de solidez en un auténtico Estado de derecho.

Su modus operandi para obtener beneficios de gobernadores como el caso de Graco Ramírez, alterando a su conveniencia la información sensible sobre seguridad pública, resulta en extremo grave en un país donde la impunidad está sellada con acuerdos políticos. Miranda, activa en el saqueo del país con una irrisoria bandera de “sociedad civil” que todos le permiten, ha seguido la lógica depredadora del priismo en su expresión más fascista, con un arma muy peligrosa como es la manipulación informativa del secuestro con lo que montó su fábrica de culpables.

Si no se detiene ya, decenas de familias mexicanas más pasarán a ser víctimas directas de su avaricia de poder, pero más aún, toda una nación seguirá siendo rehén de su ignominia.

Twitter: @gpelizarraga

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Con voz propia

La farsa de Peña Nieto: Libertad de expresión en México

Con tema de la libertad de expresión, Enrique Peña Nieto inauguró la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, como si de otro país se tratara.

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Foto; Notimex

Foto; Notimex

Guadalupe Lizárraga

De todos los mexicanos es sabido, que su país es el más peligroso de toda América Latina para los periodistas. Este récord fue alcanzado durante la administración de Peña Nieto, de acuerdo a la conclusión del último informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Incluso, después del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinoza Villarreal en junio de 2015 en la Ciudad de México, la organización afirmó que ya no quedaba ningún refugio para los periodistas mexicanos en peligro.

Artículo 19, otra organización independiente de derechos humanos de los periodistas, con sede en el Distrito Federal, también demostró que durante la administración de Peña Nieto se habían incrementado las agresiones al gremio. “Cada 26 horas es agredido un periodista en México”, apuntó, mientras que en la administración de Calderón se cometía una agresión cada 48 horas. De hecho, el informe de esta organización fue titulado como “Estado de censura”.

Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, que dirige el peruano Ricardo Trotti, en sentido contrario a los informes de las anteriores organizaciones, fue parte del escenario para la farsa de Enrique Peña Nieto sobre la libertad de expresión y los derechos fundamentales para los periodistas.

En un boletín de la agencia gubernamental Notimex, la cual pese a estar pagada con nuestros impuestos, solo funciona para hacer eco de lo que dice el gobierno, se difunde el discurso de Peña. Nada más cínico.

Fuera del escenario peñista, México se encuentra en una crisis de derechos humanos, con varias decenas de miles de desaparecidos, con el mayor número de periodistas asesinados en el mundo, con otros miles que nos fuimos al exilio por amenazas y censuras, y con un sistema de justicia que se dedica a fabricar culpables, tortura y encarcelar para dar las cifras a la prensa.

En este contexto, el discurso de Peña con la participación de los periodistas internacionales a quienes se les pagó también para estar en la asamblea del SIP, pone de relieve también el cinismo mediático que hace mancuerna con el del criminal en Los Pinos. Dejo a Usted, lector, la nota completa para que juzgue usted mismo.

México, 14 de Oct. (Notimex). “La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

Además “la libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de la ciudadanía, cuya defensa nos compromete a todos”, subrayó el mandatario durante la inauguración de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.

La mejor garantía para avanzar hacia una sociedad de derechos y de libertades, añadió, es la libertad de expresión y por ello su gobierno es respetuoso “de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas”.

El mandatario ratificó la Declaración de Chapultepec, adoptada en marzo de 1994 y que contiene principios para la protección de periodistas.

En ese marco enfatizó que es obligación de un Estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, “especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.

“La intimidación y los ataques contra periodistas no solo afectan su integridad y el ejercicio de sus libertades individuales, sino que nos dañan como sociedad”, expuso ante directivos de medios de comunicación.

Durante su administración, añadió, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege a 452 personas: 285 son activistas de las garantís individuales y 167, informadores.

En tanto que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión cuenta con nuevas atribuciones legales contra ataques a periodistas.

A la fecha ha atraído 48 casos, y en apoyo al Mecanismo de Protección ha dado seguimiento a 249 solicitudes de medidas cautelares para proteger a periodistas y sus familiares.

En este contexto Peña Nieto sostuvo que es “consciente que pese a los avances en los últimos años, aún hay crímenes contra los periodistas que debemos resolver”.

Externó que para que este esfuerzo ofrezca mejores resultados, es necesario que los gobiernos de los estados asuman la responsabilidad que les corresponde.

“En la era de la información y el conocimiento, los gobiernos tenemos que actuar auténticamente en una caja de cristal, al lado de la sociedad y bajo el escrutinio de los medios de comunicación, y así lo entendemos en México”, afirmó.

El mandatario destacó que con el aumento en la cobertura de Internet, los medios de comunicación, los blogs y las redes sociales, son una plataforma para denunciar lo que no funciona, al tiempo que las sociedades demandan respuesta inmediata a sus inquietudes.

“La justa insatisfacción ante problemas complejos como la pobreza, la desigualdad o el lento crecimiento de la economía, junto con la expectativa de soluciones rápidas, a menudo producen frustración”, dijo.

Estos “pueden ser factores que expliquen el desencanto con la democracia y el pesimismo sobre el futuro que sabemos existe en muchas sociedades”, abundó.

“Esta insatisfacción con la democracia suele ser tierra fértil para la demagogia, abre la puerta a soluciones mágicas o promesas irrealizables y siempre existe el riesgo de que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas”, advirtió el gobernante.

Sin embargo en las naciones donde se impone la demagogia, lejos de alcanzar el cambio anhelado, “encuentran división o retroceso”, hizo notar el presidente de la República.

Por ello los gobiernos democráticos “nos enfrentamos al reto de mejorar nuestra forma de interactuar o dialogar con los ciudadanos, de explicar de manera convincente los avances y sumar esfuerzos para superar los desafíos de nuestro tiempo”, comentó.

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