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Latinoamérica

Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón

Los feminicidios deJuárez se incrementaron desde 2008 con la militarización, una decisión de Felipe Calderón con mayor impacto contra la población

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Cuerpo de una joven de 14 años asesinada el 28 noviembre de 2008, sin identificar, en Ciudad Juárez tras la escuela CECATI 21. Foto: red

Por Lourdes Godínez Leal

MÉXICO, DF.- El gobierno que iniciará su gestión en México el 1 de diciembre, recibirá como herencia el incumplimiento de la emblemática sentencia sobre feminicidios del llamado caso de Campo Algodonero, en medio del aumento de la violencia contra las mujeres. El conservador presidente Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Mientras, la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en solo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio, como se definen las muertes de mujeres por razón de su género. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.

A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90, cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado. Así lo denunciaron en julio organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés).

Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Calderón desde comienzos de 2007, agravó la violencia de género.

Incumplimiento

Fue en 2001 cuando ocurrieron los homicidios de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, pero correspondió al saliente gobierno cumplir la sentencia de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.

Sin embargo no lo ha hecho plenamente. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón debe el castigo a los responsables de los crímenes, además de la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, ordenada por la corte interamericana en 2009. Adeuda asimismo la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas. También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en dos ocasiones ante la CorteIDH que había un “avance” en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de solo uno de los tres asesinatos.

Solo el 9 de este mes las autoridades federales y estadales asumieron una añeja demanda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y anunciaron que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero. Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas.

El grupo estaría integrado por la española Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual e investigadora del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia, y Madeline Rees, exrepresentante de la Alta Comisionada en Bosnia. También se incorporaría como perito externo el fiscal español Carlos Castresana, que entre otros cargos ejerció por tres años como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero Castresana ha sido acusado en México de violencia familiar por su exesposa, la periodista Sanjuana Martínez.

La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la “incongruencia” del Estado mexicano por pretender que un hombre acusado de violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.

Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CorteIDH dijeron que buscarán que el equipo internacional también revise otros dos casos ocurridos en Ciudad Juárez.

Se trata de los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

La red en lucha

Gobierno de México exige de nuevo visa a ecuatorianos para evitar “oleada migratoria”

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Sara España/Micaela Valera
El País

Solo uno de cada tres ecuatorianos que vuela hasta México aduciendo que viaja por turismo vuelve a su casa. Esa estadística equivale en cifras absolutas a 54.000 personas que salieron de Ecuador en ocho meses y se quedaron o intentaron quedarse como migrante ilegal en otro lugar. En Estados Unidos, principalmente. Ante la nueva oleada detectada por México desde que eliminara la exigencia de visado a los ecuatorianos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado marcha atrás y reinstaurado el requisito migratorio.

A partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022, de momento, quienes elijan a México como destino deberán pedir autorización previa a las autoridades migratorias. La Cancillería ecuatoriana reaccionó al anuncio de México con un comunicado de cuatro párrafos en donde toma “conocimiento” de la decisión que achaca “al alto número de connacionales que son víctimas de mafias que utilizan este mecanismo con la intención de trasladarlos irregularmente hacia Estados Unidos”.

La decisión precedió en días a la llegada del presidente de la nación andina, Guillermo Lasso, para unirse a la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México por la Firma de los Tratados de Córdoba. Pese al revuelo que levantó el anunció de México, la agenda de Lasso a partir de este martes estará centrada en consolidar el acercamiento de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ninguno de los dos países ha confirmado si el asunto de las visas estará en la conversación entre Lasso y López Obrador.

Lasso, quien aterrizó el lunes en Ciudad de México y se quedará hasta el próximo jueves, ha destacado que las conversaciones con López Obrador se centrarán en apertura económica y comercial, cooperación, y planes de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard ha recibido al mandatario en su primera visita oficial a México como jefe de Estado y ha dado una afectuosa bienvenida pública tanto al presidente como a su esposa. La Secretaría de Exteriores mexicana ha detallado que después de la cita entre ambos presidentes para conversar “sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional”, Lasso volverá a la capital mexicana para proseguir con asuntos de su agenda de trabajo privada.

Fuente original: El País

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La red en lucha

Violencia del Estado persiste en Colombia tras los acuerdos de La Habana en 2016

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Por Ignacio García

Tras los acuerdos de La Habana en 2016 firmados por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano sigue ejerciendo violencia contra los ciudadanos.

De acuerdo con el Tercer Informe sobre los asesinatos sistemáticos en Colombia durante 2021, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz), después de cinco años de haberse firmado los acuerdos por las autoridades colombianas, mil 201 líderes han sido asesinados y el Estado ha sido incapaz de detener la violencia.

El estudio revela que el gobierno de Iván Duque ha minimizado los efectos de la violencia en ese país atribuyendo los homicidios sistemáticos a una disputa de territorio para la ilegalidad.

En las zonas del país donde asesinan a defensores de derechos humanos existen organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, pero el gobierno nacional ha desestimado las nuevas formas del paramilitarismo, aunado a que se siguen desarticulando las organizaciones comunitarias en defensa de los territorios y en los distintos territorios del país.

Al respecto, Lady Johanne Rondón Arévalo, activista e integrante del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, y Juan Sebastián Granada-Cardona, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron en entrevista con Los Ángeles Press que la fiscalía de Justicia ha elogiado la actuación del gobierno, pese a que tendría que ser una institución independiente.

Las condiciones de violencia en Colombia han continuado con una profunda inequidad social, altos índices de corrupción e impunidad, aunado a que el gobierno nacional ha priorizado el uso de la fuerza antes del diálogo y consenso correspondiente a un Estado de Derecho, señalan los académicos.

Asimismo, se ha mantenido la violencia institucional, estructural y la ejercida a través de los cuerpos públicos de seguridad que dan cuenta de la prolongación de las formas criminales que se instalaron en el poder desde hace más de 40 años y que se han sofisticado a través de nuevas formas de operación por medio de recursos del crimen organizado.

El informe refiere los distintos casos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, feminicidios, violencia estatal cometida durante el primer semestre de este año.

También 69 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad de este año, 106 ex combatientes de las FARC, así como 45 masacres cometidas por el Estado colombiano, por lo que advirtieron que de continuar esta tendencia constante contra la ciudadanía el tejido social colombiano seguirá siendo afectado.

Además, la violencia del Estado pudo evidenciarse cuando la Fuerza pública se utiliza contra la ciudadanía violentando los derechos humanos y criminalizando la protesta social como forma de deslegitimación de las exigencias ciudadanas como sucedió en abril pasado con las protestas contra el gobierno de Duque.

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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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