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Latinoamérica

Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón

Los feminicidios deJuárez se incrementaron desde 2008 con la militarización, una decisión de Felipe Calderón con mayor impacto contra la población

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Cuerpo de una joven de 14 años asesinada el 28 noviembre de 2008, sin identificar, en Ciudad Juárez tras la escuela CECATI 21. Foto: red

Por Lourdes Godínez Leal

MÉXICO, DF.- El gobierno que iniciará su gestión en México el 1 de diciembre, recibirá como herencia el incumplimiento de la emblemática sentencia sobre feminicidios del llamado caso de Campo Algodonero, en medio del aumento de la violencia contra las mujeres. El conservador presidente Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Mientras, la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en solo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio, como se definen las muertes de mujeres por razón de su género. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.

A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90, cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado. Así lo denunciaron en julio organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés).

Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Calderón desde comienzos de 2007, agravó la violencia de género.

Incumplimiento

Fue en 2001 cuando ocurrieron los homicidios de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, pero correspondió al saliente gobierno cumplir la sentencia de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.

Sin embargo no lo ha hecho plenamente. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón debe el castigo a los responsables de los crímenes, además de la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, ordenada por la corte interamericana en 2009. Adeuda asimismo la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas. También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en dos ocasiones ante la CorteIDH que había un “avance” en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de solo uno de los tres asesinatos.

Solo el 9 de este mes las autoridades federales y estadales asumieron una añeja demanda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y anunciaron que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero. Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas.

El grupo estaría integrado por la española Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual e investigadora del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia, y Madeline Rees, exrepresentante de la Alta Comisionada en Bosnia. También se incorporaría como perito externo el fiscal español Carlos Castresana, que entre otros cargos ejerció por tres años como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero Castresana ha sido acusado en México de violencia familiar por su exesposa, la periodista Sanjuana Martínez.

La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la “incongruencia” del Estado mexicano por pretender que un hombre acusado de violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.

Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CorteIDH dijeron que buscarán que el equipo internacional también revise otros dos casos ocurridos en Ciudad Juárez.

Se trata de los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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