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Latinoamérica

Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón

Los feminicidios deJuárez se incrementaron desde 2008 con la militarización, una decisión de Felipe Calderón con mayor impacto contra la población

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Cuerpo de una joven de 14 años asesinada el 28 noviembre de 2008, sin identificar, en Ciudad Juárez tras la escuela CECATI 21. Foto: red

Por Lourdes Godínez Leal

MÉXICO, DF.- El gobierno que iniciará su gestión en México el 1 de diciembre, recibirá como herencia el incumplimiento de la emblemática sentencia sobre feminicidios del llamado caso de Campo Algodonero, en medio del aumento de la violencia contra las mujeres. El conservador presidente Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

Mientras, la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en solo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio, como se definen las muertes de mujeres por razón de su género. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.

A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90, cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado. Así lo denunciaron en julio organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés).

Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Calderón desde comienzos de 2007, agravó la violencia de género.

Incumplimiento

Fue en 2001 cuando ocurrieron los homicidios de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, pero correspondió al saliente gobierno cumplir la sentencia de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.

Sin embargo no lo ha hecho plenamente. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón debe el castigo a los responsables de los crímenes, además de la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, ordenada por la corte interamericana en 2009. Adeuda asimismo la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas. También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en dos ocasiones ante la CorteIDH que había un “avance” en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de solo uno de los tres asesinatos.

Solo el 9 de este mes las autoridades federales y estadales asumieron una añeja demanda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y anunciaron que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero. Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas.

El grupo estaría integrado por la española Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual e investigadora del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia, y Madeline Rees, exrepresentante de la Alta Comisionada en Bosnia. También se incorporaría como perito externo el fiscal español Carlos Castresana, que entre otros cargos ejerció por tres años como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero Castresana ha sido acusado en México de violencia familiar por su exesposa, la periodista Sanjuana Martínez.

La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la “incongruencia” del Estado mexicano por pretender que un hombre acusado de violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.

Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CorteIDH dijeron que buscarán que el equipo internacional también revise otros dos casos ocurridos en Ciudad Juárez.

Se trata de los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.

* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

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La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

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Latinoamérica

OPS alerta que contagios de Covid-19 continúan al alza en estados turísticos de México

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Por Ignacio García

La Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó que los casos de Covid-19 continúan al alza en México, principalmente en las zonas turísticas del país, donde se registraron visitas masivas durante las fiestas de fin de año.

El organismo internacional señaló que los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur son las zonas en donde se han reportado más padecimientos por las visitas turísticas a las áreas de playas durante diciembre pasado.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que México es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en América Latina, por lo cual manifestó que deben continuar las medidas restrictivas a la movilidad para contener los padecimientos.

De acuerdo con la representante de la OPS, las autoridades mexicanas deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que se presenten incidentes relacionados con la cepa viral, aunado a que también se detectaron los primeros casos de la nueva variante británica.

Indicó que han localizado tres variantes distintas del SARS-COV-2 en el continente americano, por lo que sostuvo que ha sido una de las regiones más afectadas por ese virus, pues también se han identificado en Estados Unidos, Brasil y México, tres de las naciones con el mayor porcentaje de padecimientos y defunciones.

Sostuvo que hasta que se aplique de forma masiva la vacunación en los países latinoamericanos se logrará una disminución gradual de los padecimientos, no obstante, existen pocas dosis y una distribución en algunas naciones específicas.

 

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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