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Justicia pendiente

Feminicidios de clase, la violencia “normal” de Juárez

Los feminicidios en Juárez, después de veinte años, no son prioridad a resolver para las autoridades, mientras las madres viven en extrema precariedad económica

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Casa de una jovencita víctima de feminicidio en Ciudad Juárez Foto: FGS

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- El grupo de académicas abocadas al análisis de la violencia contra las mujeres del Colegio de la Frontera Norte, Campus Ciudad Juárez, realizó el seminario internacional “Cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”. El ejercicio académico a cargo de la socióloga Julia Monárrez Fragoso, tuvo como objetivo escuchar a las madres, quienes han sido las principales investigadoras de las desapariciones forzadas de sus hijas y sus feminicidios, pero también se enfocó a reflexionar y analizar el contexto en el que surge esta violencia con más de veinte años en Juárez.

Entre las ponencias, destacaron los testimonios de Silvia Banda y Luz Elena Muñoz, ambas madres de víctimas. Silvia Banda era madre de Fabiola Janette Valenzuela de 20 años, asesinada el 16 de septiembre de 2010, quien dejó un niño de dos años de edad. Lucía Muñoz aún busca a Nancy Ivette Navarro Muñoz, quien fue desaparecida el 13 de julio de 2011 a la edad de 18 años, cuando salió a buscar trabajo al centro de la ciudad.

El seminario del COLEF también fue marco para presentar propuestas orientadas a la visibilidad de las desapariciones y feminicidios como un problema público, y no sólo como estadísticas de cuerpos. La representante jurídica del Comité de Madres de Juárez y Familiares con Hijas Desaparecidas, Francisca Galván Segura, así lo planteó en su ponencia en la que partió de la tesis de que al tratarse de “feminicidios de clase” se normaliza la violencia contra las mujeres, porque no tienen poder ni recursos para defenderse.

Galván Segura señaló que la violencia contra el sector más vulnerable de las mujeres de Juárez, se ha normalizado por la impunidad de los criminales. Hasta ahora, en veinte años, los feminicidios de Ciudad Juárez siguen envueltos en misterios y corrupción en las invetigaciones.

En la ponencia presentada por la abogada espcialista, “Feminicidios de clase como la normalización de la violencia”, señaló que “las autoridades hablan de restos de las jóvenes por decenas o cientos, como si fueran objetos. Los medios las identifican como cuerpos numerados, pero se olvidan que fueron vidas con ilusiones y con familias” dijo.

La experta enfatizó en la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas: “en más de 20 años no ha habido ninguna autoridad que responda con justicia a la madre de una desaparecida. Cuando las madres van a pedir ayuda se les maltrata, se les ignora o se les miente”, denunció ante el auditorio de académicas y miembros de organismos no gubernamentales. Informó también que las autoridades ofrecen una despensa a las madres con mayor precariedad la cual equivale a un valor aproximado de 8 dólares y se reparte cada mes. “Solo la normalidad del crimen en nuestra vida pública puede corromper de esa manera los corazones de quienes han sido designados para protegernos”, impugnó.

Galván Segura se refirió a los funcionarios públicos como “los que saben mejor que nadie que las leyes han dejado de reconocerse y respetarse, y que no ha habido una investigación respecto a los responsables de los crímenes”. Habló por el Comité de Madres y fue enfática al sostener que han dejado de confiar en las autoridades, porque éstas “han amenazado de muerte, porque han guardado silencio, porque nos han mentido, porque han manipulado las evidencias sobre los crímenes de las jovencitas”y puntualizó: “de todo esto hay pruebas, hay registros, hay nombres con apellidos.”

Se refirió a los feminicidios como crímenes de clase y observó que en Ciudad Juárez no existe una colonia de bajo estrato social que no haya sufrido o esté en riesgo de sufrir la desaparición de una jovencita,  máxime si llega a ser desaparecidas en el centro de la ciudad.

Solas en el dolor Foto: FGS

Cuestionamientos y propuestas del Comité de madres

¿Cómo cambiar la perspectiva institucional a un diagnóstico de género?

Primero, decir ausentes o extraviadas tiene una connotación de voluntariedad de las jóvenes desde la perspectiva de las autoridades. Y esto genera retraso en su búsqueda, porque hay que esperar 48 o hasta 72 horas para levantar un reporte. A veinte años de tener el problema Sin embargo, las madres hoy en y varios miles de desaparecidas y asesinadas, las autoridades todavía le dicen a las madres que se esperan porque a lo mejor sus hijas se fueron con el novio.

Ahora las madres usan el término desaparecidas, desde otra connotación que va más allá del secuestro o la desaparición forzada, y que conlleva un conjunto de delitos incluyendo el feminicidio no tipificado en nuestro estado, pese a que es el problema central por el cual se identifica internacionalmente a nuestra ciudad.

Hay madres en Ciudad Juárez que oficialmente no podrán tener los cuerpos de sus hijas, sino solamente un papel donde se informe que la muestra ósea que se cotejó es de su ser querido, que no hay nada que entregar para honras fúnebres, solo el dictamen en un papel oficial. Esto ejemplifica la importancia y urgencia al actuar cuando se tiene el reporte de una joven desaparecida.

Despensa que otorga el gobierno de Chihuahua como ayuda a las madres de víctimas de feminicidios Foto: FGS

Algunos planteamientos del Comité de Madres:

1. La visibilidad de las víctimas. Tiene que haber un registro completo de quiénes son las víctimas. Su historia de vida completa, para analizar los patrones criminales. Las víctimas deben ser tratadas mediáticamente con estricto respeto, principalmente por las autoridades. Cualquier autoridad que haga comentarios a los medios fuera de lugar, con denotaciones misóginas, deben ser retirados de inmediato de la investigación, y puestos a disposición de sus superiores y hacer el anuncio público para informar a todos ese retiro obligatorio. Deben ser exhibidos para evitar confusiones e impunidad. Esto no es un juego. La autoridad debe actuar con el ejemplo moral que se requiere para atender este gravísimo problema.

2. Medios con perspectiva de género. Los medios deben ser atendidos por una persona especializada en el manejo de la información con perspectiva de género y debe haber una coordinación con las madres de las víctimas. Esto no significa censura o control informativo. Significa cooperación y ayuda a hacer visibles a las jóvenes secuestradas. Toda la sociedad debe estar atenta a esto, y sólo puede lograse con unidad e inteligencia.

3. Sanciones para periodistas que infrinjan los códigos éticos. Los periodistas que hagan un uso de la información no responsable, o promuevan una declaración de las autoridades con intenciones misóginas, u ofensivas para las víctimas o sus familiares deben ser sancionados negándoles el acceso a la información mediante un comunicado público a su mismo medio, redes sociales y a los demás. Si no se exige el respeto a todos y cada uno de los involucrados en difundir este problema, seguiremos dando pequeños pasos sin avanzar. Se necesita seriedad y compromiso de la sociedad en su conjunto.

4. Soluciones radicalmente distintas. Las acciones de las autoridades deben ser visibles para todos. Quiénes son las autoridades, qué méritos tienen para estar en esta búsqueda. No estamos buscando animalitos. Son vidas humanas en riesgo. Y las víctimas merecen la mejor disposición y vigilancia de la sociedad, principalmente de las autoridades, por toda la felicidad que ya se les ha robado. Por otro lado, las autoridades trabajan con recursos públicos, nuestros impuestos. Por lo tanto, es menester saber quién es quién en estas delicadas tareas, por toda la trayectoria de desconfianza que ya se tiene con los gobiernos en todos los niveles.

5. Se debe visibilizar la información. Cada determinado período, las autoridades deben estar elaborando breves actualizaciones de su trabajo para informar a las madres. Estas actualizaciones deben ser registradas públicamente, no ante los medios necesariamente, pero estar disponibles. Las madres deben saber qué se ha hecho mes a mes en la investigación de sus hijas. Si hay un informe que registre inactividad de una autoridad por tres meses o más, esta autoridad debe ser llamada a cuentas por el Comité de Madres, y dar una explicación pública sobre esa situación.

6. Las autoridades tendrán que clasificar la información de extremo riesgo. La madre tiene derecho a ser informada. Y son las autoridades las que deben estar dando cuentas a las madres de las víctimas y saber medir los niveles de riesgo. Las organizaciones civiles no están capacitadas para medir los riesgos, es tarea de la autoridad.

7. Organizar periódicamente reuniones entre autoridades. Las madres deben reunirse con autoridades, pero también con profesionales en sociología, criminología, investigadores forenses, comunicólogos e iniciados en la materia, para conocer el estado o status del problema y resolver dudas, explicar el contexto y mejorar la coordinación.

8. Terminar con la impunidad. Comprendemos que llevamos veinte años padeciendo estos crímenes en completa impunidad. Necesitamos ser atendidos y ayudados para armonizar nuestras vidas, las vida de las familias con la vida pública de Ciudad Juárez. Y esto sólo puede lograrse a través de un acuerdo explícito entre las autoridades y la sociedad. Un nuevo contrato, con nuevas obligaciones y acuerdos. Todos debemos poner nuestra voluntad en ello. Ya no podemos postergar más la atención a estos crímenes y seguir durmiendo tranquilos.

 

Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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